Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com
Luego de la contundente victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones para la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, el año 2016 se inició augurando la apertura progresiva de mayores espacios de libertad y de respeto a los derechos humanos. Con ello, se comenzaría a superar la terrible situación arrojada sobre la población por las desacertadas políticas del gobierno, con leyes que estimularían la actividad económica y restablecerían la confianza. El hecho de que ello no haya ocurrido obliga a indagar por qué. Ofrezco las siguientes líneas como enseñanzas de lo que, a mi juicio, fue este Anno Horribilis.
1) El gobierno destapó su carácter no democrático, de dictadura, al desconocer las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional valiéndose de un TSJ írrito, producto de designaciones fraudulentas de la AN anterior, en manos chavistas. A ello se le suma la anulación del derecho a revocar el primer mandatario, el presidio de más de un centenar de venezolanos por razones políticas, la persecución de personeros de la oposición, la negación de abrir canales humanitarios para traer medicamentos y muchos otros atropellos a los derechos humanos, civiles y políticos consagrados en nuestra Carta Magna. Es decir, no obstante su (cuestionada) legitimidad de origen, estamos en presencia de un gobierno de facto, dictatorial, que opera al margen de la Constitución.
2) Esta conducta obedece a la conformación de un Estado Patrimonialista en el cual se disuelve la distinción entre la hacienda pública y el patrimonio privado de quienes mandan. Éstos han terminado privatizando los bienes públicos para su usufructo personal, ¡pero en nombre del socialismo! Central a ello ha sido la destrucción del entramado mercantil para asignar recursos y satisfacer necesidades, el arrinconamiento del sector privado y la destrucción del Estado de Derecho, y su reemplazo por decisiones arbitrarias apoyadas en la fuerza del poder. Los controles de precio y las regulaciones punitivas han representado una veta sumamente lucrativa para el arbitraje (reventa de productos, gasolina o dólares regulados, a precios muy superiores) y la extorsión por parte de funcionarios militares y/o civiles con incumbencia al respecto en virtud de las normas interventoras implantadas. Ello se ha afianzado con la impunidad, la ausencia de transparencia y la no rendición de cuentas, así como con la complicidad desde las altas esferas del poder. Así lo atestigua la defensa inmediata e irreflexiva de aquellos acusados de narcotráfico, lavado de dinero y de otras marramucias.
3) Como resultado, se viene consolidando una nueva oligarquía militar-civil que expolia la riqueza social, encubierta en una retórica “revolucionaria” que la proyecta como defensora del “pueblo”. Se inventan enemigos incursos en perversas conspiraciones contra la “revolución” para echarles la culpa de los desmanes causados por su negativa a enmendar políticas, su incompetencia y por la desidia en el manejo de la cosa pública, así como por la corrupción y el robo de los dineros públicos. En esta visión maniquea de patriotas y revolucionarios contra todo aquel que discrepe de la “buena nueva”, el gobierno concibe la acción política como una guerra. No se procura labrar los consensos requeridos para darle piso a sus iniciativas de política, ni se buscan acuerdos con fuerzas opositoras para tales fines. Al no reconocer la legitimidad del adversario político desaparece la política propiamente dicha y se sustituye por la confrontación en contra de aquél, a veces violenta, incitada por insultos y prédicas de odio desde el poder. Se acentuó la naturaleza fascista del régimen, pero amparada en simbolismos propios de la retórica comunista. Se dependió cada vez más de los militares y del terrorismo de Estado contra figuras opositoras para mantenerse en el poder.
4) La conducta de esta oligarquía trasladó la dinámica política y el acontecer económico al mundo de lo irracional. Su ideología ya no pretendió conquistar más adeptos a sus políticas en competencia con otras representaciones de la realidad, sino galvanizar a sus partidarios con toda suerte de disparates en preparación de una confrontación final que liquide a las fuerzas democráticas. Se alimentaron fanatismos para forjar un espíritu de secta dispuesta a defenderse, con cualquier medio a su disposición, contra lo que le ha sido señalado como amenaza. Con tal blindaje ideológico se han amparado desde las filas oficialistas niveles inusitados de crueldad y de agresión contra los venezolanos. La insania en que ha caído el régimen encuentra expresión en la bochornosa denuncia del ministro Reverol de que se habían acaparado en galpones suizos y de otros países europeos los billetes de Bs. 100 para atentar contra la “revolución” (¡!)[1]. El hecho de que el responsable de asesinar a mansalva a venezolanos humildes -delincuentes e inocentes- bajo el manto de los Operativos de Liberación (¿Liquidación?) del Pueblo (OLP) -otrora comandante de la Guardia Nacional señalado por la DEA de estar incurso en tráfico de drogas- acuse a la “ultra-derecha” de estar detrás de esta presunta conspiración da una idea de cómo la ideología permite bañar a cualquier gorila de “virtudes izquierdosas”. El país, definitivamente, ha sido puesto de cabeza.
5) Muchos de los dirigentes de la MUD han evidenciado no entender a cabalidad a qué nos estamos enfrentando. Los reflejos condicionados adquiridos por los más veteranos en otra época y las ilusiones de los nuevos, los llevaron a confiar en que Maduro respetaría el juego democrático. Quienes se sentaron a dialogar bajo auspicios del Vaticano con representantes del neofascismo pensando en que la perentoria necesidad de encontrarle salidas a una crisis que ha causado tanto sufrimiento llevaría a acordar metas mutuamente compartidas, han tenido que despertar a la desagradable realidad de que éstos no respetan reglas de juego alguno: no les interesa la suerte de los venezolanos, sólo su permanencia en el poder para seguir esquilmando a la Nación. Se ha puesto fehacientemente de manifiesto que lo único que hará retroceder al fascismo es una demostración contundente de fuerzas. ¡Y los venezolanos favorables al cambio tenemos esa fuerza! Constituimos más del 80% de la población, nos ampara el orden constitucional vigente y contamos con el apoyo internacional. Es de presumir, también, que esta disposición abrumadora por el cambio sea compartida por el grueso de la Fuerza Armada, que no está conformada por marcianos ajenos a la suerte de su país. Es cierto que Maduro ha hecho todo lo posible por corromper a los estamentos de mando para hacerlos cómplices del régimen de expoliación instaurado, pero es dudoso que ello haya comprometido a cal y canto el respaldo mayoritario de la fuerza.
6) El desafío que enfrenta la dirigencia democrática en 2017 es cómo conjugar estas distintas manifestaciones de fuerza para lograr un pronunciamiento decisivo de los militares -único punto de apoyo que le queda al régimen- a favor de la restitución del orden constitucional. Se trata de activar a las mayorías a través de movilizaciones, protestas y la concertación de apoyos internacionales en torno a un programa democrático, que incite la aparición de ese “Larrazábal II” al que se refirió el Padre Ugalde. En ello tiene papel central la definición de un proyecto país alternativo al desastre actual que, por su coherencia, convicción y claridad de propósitos, no deje lugar a dudas sobre la capacidad y determinación de rescatar a Venezuela de manos de las mafias que hoy la asfixian, y de enrumbar al país a un futuro posible de crecientes niveles de bienestar. Si bien la confección de un programa económico para la transición, actualmente en discusión, es importante, ello dependerá primordialmente de un liderazgo político valiente, inteligente y comprometido. ¿Qué reacomodos se requieren para que las fuerzas democráticas logren el éxito que todos deseamos?
