martes, 13 de diciembre de 2022

El callejón sin salida de Maduro

 El callejón sin salida de Maduro

 

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

 







La escalada en el precio de la divisa, su presión al alza de los precios internos, y el consecuente deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y de quienes dependen de otras rentas fijas, pone de manifiesto el callejón sin salida a que Maduro ha conducido la economía. Quiso ganar méritos con la liberalización de precios y de la divisa, pero sin alterar la esencia del régimen de expoliación que instauró su mentor desmontando el Estado de Derecho. Un poquito de historia ayuda a poner el problema en perspectiva.

 

Chávez llegó al poder con una prédica populista y patriotera que prometía redimir al “Pueblo”. Su éxito requería allanar las condiciones para repartir la renta petrolera a discreción entre sus partidarios, sin restricciones de ningún tipo. Fue clave para superar las dificultades políticas que inicialmente provocó la acción de su gobierno. Por tanto, desmanteló sucesivamente aquellas instituciones que se interponían al ejercicio de su voluntad, pues ésta no era otra cosa que su “revolución”. El vacío de poder resultante lo llenó con su autoridad personal omnímoda, amparada en el carisma que arrojó su irreverencia ante normas y poderes establecidos, y la portentosa renta petrolera captada, sobre todo a partir de 2006, que alimentó el gasto populista. Desactivado el imperio de la ley, pudieron cobijarse bajo su ala protectora apetitos depredadores de toda laya. Su único compromiso era profesar lealtad a quien profesaba ser el hijo genuino del Libertador. Así Chávez pudo instrumentar su ascendencia y la prolífica renta que cayó en sus manos para forjar complicidades que consolidarían su apoyo, sobre todo entre militares corruptos.

 

Maduro, designado sucesor del “eterno”, no contó con el carisma de aquél ni con los montos de renta que alegremente dilapidó para granjearse apoyos. Ante la ausencia del poder personal de su mentor, optó por enfrentar el vacío institucional montando una institucionalidad paralela. La complicidad de un poder judicial corrupto le permitió violentar abiertamente el orden constitucional para desactivar un poder legislativo en manos de fuerzas democráticas y, con ello, alegar un régimen de emergencia permanente para gobernar por decreto, hacerse aprobar sus presupuestos ante el tsj abyecto y acentuar los controles sobre la economía. Y, frente las protestas, arreció con medidas de represión que dejaron centenares de muertos y consolidó un régimen implacable de terrorismo de Estado. Complementó su golpe poniendo a militares traidores al frente de responsabilidades políticas y económicas cruciales –incluida PdVSA—y trampeando el sistema electoral para instalar una supuesta asamblea constituyente y “reelegirse”. Es decir, contribuyó a “institucionalizar” el entresijo de intereses que conforman el régimen de expoliación. Con ello se llevó a la economía por delante, reduciéndola a menos de la cuarta parte de cuando llegó a la presidencia y desatando una cruel hiperinflación. Llevó a millones a la miseria, al destierro o la muerte.

 

La liberalización de algunos controles de precio, de la circulación del dólar y las medidas para abatir la hiperinflación –asesoradas por profesionales vinculados al expresidente ecuatoriano Rafael Correa--se montó sobre tal bagaje. Y, dada la enorme potencialidad de la economía venezolana, sofocada por años, estos respiros iniciales detuvieron la caída libre de la actividad productiva y esta empezó a crecer. A la par, la dolarización se reflejó en la proliferación de comercios de importación –los bodegones—y la revitalización de algunas construcciones en el este de Caracas. La hiperinflación cedió, al fin, al quemar divisas para retrasar el ajuste cambiario, reducir el gasto público –rebajando drásticamente los sueldos (reales) de los empleados—y secando el crédito bancario con encajes prohibitivos. Fueron los ingredientes de la tan cacareada “normalización” de la economía de la que alardeó Maduro.  

 

Simular tal vitrina buscó tapar el colapso de los servicios públicos, incluyendo a la salud y la educación, la miseria de quienes no disponían de dólares, la destrucción de PdVSA y la escasez de gasolina, y el hecho de que la inflación todavía era de las mayores del mundo, sólo superada por la de Zimbabue. Bajo la superficie se imponía la realidad de una economía devastada, ingresos fiscales insuficientes, una corrupción desatada y una administración pública sin capacidad de respuesta.

 

Pero la pretensión de Maduro de cosechar réditos surfeando la ola de una promisoria liberalización incipiente se olvidó de lo más importante: sin garantías, no hay confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión la “normalización” hace aguas. En primer lugar, porque –como hemos explicado en otras oportunidades—intentar estabilizar una economía con niveles de desempleo tan altos solo con medidas de contracción monetaria, atenta contra la recuperación económica e impide, por tanto, incrementar la recaudación fiscal. Siendo que la República está en default desde 2017 e impedida, además, de acceder al sistema financiero de EE.UU. por las sanciones, tampoco tiene acceso al financiamiento externo. Todo aumento del gasto, bien sea para atender una mejora salarial o de los servicios públicos tropieza con la falta de recursos. Se financia, por ende, con emisión monetaria (dinero “inorgánico”), combustible de la inflación y de la disparada del dólar. En segundo lugar, sin inversión no hay crecimiento de la producción y de la capacidad exportadora, del empleo y de la productividad. Recurrir al dinero de Monopolio para incrementar los salarios, resultó una burla que hoy agota la paciencia de sectores crecientes.

 

Las reservas internacionales están en su mínimo histórico y ya no es posible contener el alza del dólar. Desde principios de mes (diciembre), el bolívar se ha depreciado en casi un 40%. La inflación se acelera y aumenta el malestar. Los servicios públicos están cada vez peores y recrudece la escasez de gasolina. Se acabó la cuerda de la “normalización” de Maduro. Al aproximarse las elecciones presidenciales, ¿Qué va a hacer? ¿Volver a decretar aumentos salariales imprimiendo dinero, o renegar de éstas? La reversión a un proceso de hiperinflación es una posibilidad real. Zimbabue parece estar en camino.

 

No hay manera de estabilizar exitosamente la economía venezolana si no se crean condiciones para incentivar la inversión productiva. Pero para ello son menester las garantías y seguridades provenientes del ordenamiento constitucional, así como su observación estricta por parte de los distintos órganos del Estado. Ello es condición sine qua non, además, para concertar importantes créditos con los multilaterales y negociar la reestructuración de la cuantiosa deuda externa que agobia a la República.  Pero cumplir con estas condiciones implica desmontar el régimen de expoliación, razón de ser de la “revolución” bolivariana.  De ahí el callejón sin salida en que se encuentra Maduro. O restablece las garantías, arremete contra los corruptos y garantiza la realización de unas elecciones creíbles, que abran las puertas al restablecimiento pleno de los derechos ciudadanos, o se cierra tras el andamiaje del Estado de Terror y de la falta de garantías que ha erigido para capear el creciente temporal con base en la represión. El cierre reciente de unas 100 emisoras de radio de provincia no es muy alentador.

 

La apuesta de Maduro es lograr escapar de este desiderátum con el levantamiento de las sanciones que tanto han fastidiado la voracidad depredadora de sus cómplices. Cree que, así, podrá conservar el apoyo de éstos y lograr, a la vez, un mejor posicionamiento interno para enfrentar las elecciones con mejoras puntuales, sin hacer excesivas trampas. Ya ha confesado que, no habrá elecciones confiables si no se le concede su deseo. Y empiezan a salivar Diosdado Cabello y otros con la perspectiva de oportunidades que entrevén con la dispensa otorgada a la empresa Chevron para exportar petróleo venezolano y con los USD 3 mil millones para atender la emergencia humanitaria. Caimanes en boca de caño.

 

De ahí lo decisivo de una negociación sólida y coherente con los objetivos planteados. Liberar los presos políticos, recuperar las garantías básicas y garantizar unas elecciones confiables, deben ser condiciones para acceder al levantamiento progresivo –contra verificación de avances concretos—de las sanciones. Obviamente, ello dependerá de la sintonía lograda con quienes han instrumentado estas sanciones en torno a los objetivos buscados y la estrategia para logarlos. Esperemos que el liderazgo democrático esté a la altura. 

sábado, 10 de diciembre de 2022

Modernización e institucionalización

 

Modernización e institucionalización

El máximo impacto político se produce cuando se combinan el cambio de las expectativas (que proviene de la movilización social) con el cambio de las capacidades (que proviene del desarrollo económico)



·         JESÚS E. MAZZEI ALFONZO

08/12/2022 05:00 am



Modernización, es un proceso de cambio social integral, que ha sido experimentado primero por los países que hoy llamamos desarrollados, tras cuyas huellas siguen hoy todos los demás. La institucionalidad es una situación estable. La modernización, en efecto como proceso de cambio lleva a ella, es altamente inestable. La modernización se expresa en procesos tales como los siguientes: urbanización (vive más gente en las ciudades que en el campo); industrialización (el sector más fuerte de la actividad económica es el secundario, o sea la industria, hoy en día el sector servicios, es el sector de la expansión del capitalismo del porvenir ); secularización (racionalización de la política y pérdida de sus fundamentos metafísicos y tradicionales); democratización (incorporación de nuevos sectores sociales a la participación política) e intensificación de las comunicaciones.

Por otra parte, en lo psicológico cambian los valores, actitudes y expectativas, en el sentido de aceptar y desear el cambio y afrontar la realidad en lugar de resignarse a ella. En su comienzo, la modernización tiene un gran impacto sobre el crecimiento demográfico, que luego aminora su expansión. En el plano social, los grupos primarios, de roles difusos (familia, comunidad local) son complementados por grupos secundarios, de roles específicos (asociaciones deliberadamente organizadas); por otra parte, el tradicional sistema bifurcado de status, con "desigualdades acumulativas" es reemplazado por estructuras de status pluralistas, de "desigualdades dispersas". En lo económico, las actividades se diversifican, se eleva el nivel de la especialización ocupacional, aumenta el capital a invertir para crear un puesto de trabajo, aparece la agricultura "de mercado"; las actividades extractivas (primarias) pierden importancia relativa frente a las actividades de transformación o industriales (secundarias) y luego ocurre lo mismo con éstas frente a las actividades terciarias (comercialización, servicios, etc.), hoy se desarrolla en el sector digital. Los dos aspectos de la modernización más vinculados a la política son el desarrollo económico y la movilización social. El máximo impacto político se produce cuando se combinan el cambio de las expectativas (que proviene de la movilización social) con el cambio de las capacidades (que proviene del desarrollo económico).

Ahora bien, siguiendo al siempre recordado Mikel de Viana s.j, la modernización implica tres condiciones: 1. Un uso de la racionalidad instrumental del que dependen las consideraciones de posibilidades y viabilidad objetiva.2. El establecimiento de una naturaleza centrada en el sometimiento transformador mediante la ciencia y tecnología y 3. El establecimiento de normas abstractas que constituyen las reglas de juego de los espacios públicos (derecho, mercado etc). Hoy Venezuela, vive un proceso a la inversa.

Por otra parte, la institucionalización entendida como el proceso por el cual las organizaciones y procedimientos adquieren valor y estabilidad, se mide por la adaptabilidad, coherencia, complejidad y autonomía de los organismos y sus procedimientos. Por ello, en un sistema político que lleva a cabo un proceso de modernización debería al menos ser capaz, por un lado, de innovar políticas públicas para promover reformas sociales y económicas y, por el otro de asimilar a las fuerzas resultantes de la modernización, ya sean grupos nuevos o tradicionales politizados, a través de instituciones políticas que representen el interés público y tengan por ello una dimensión moral. Esta última se relaciona con formas de comportamiento reguladas e institucionalizadas que, por su predictibilidad generan confianza entere la sociedad. Como diría el colega español Fernando Vallespín, de Max Weber:” … Su tesis central sobre el desarrollo del mundo moderno se aprende ya desde el primer curso de sociología. Modernidad equivale a la racionalización de todos los procesos sociales con el fin de resolver de la manera más eficiente posible cuestiones de naturaleza práctica. Y racionalización se conjuga con industrialización, burocratización, especialización, secularización, avance del capitalismo…”. En el socialismo hay involución y no modernidad.

Venezuela desde 1936, transitó este camino dentro de un proyecto de apertura política con pausas y avances (López-Medina y Trienio adeco), se continua en la autocracia pérezjimenista (con un retroceso en lo político, pero modernizante en lo urbanístico y económico). Todo ello, sustentando por el peso cada vez mayor peso del petróleo en la economía y la transformación del mapa productivo y de la sociedad, que va transitando su camino de una sociedad rural a una urbana y cada vez más moderna, proceso que ha sido estudiado desde la perspectiva de la ciencia política, entre otros, por mis maestros Juan Carlos Rey, Humberto Njaim, Maruja Delfino, Haydee Farias, Graciela Soriano de García Pelayo, Ricardo Combellas, Andrés Stambouli, Diego Bautista Urbaneja, Aníbal Romero, Carlos Romero, Ángel Álvarez entre otros politólogos hasta llegar al proyecto de democracia civil del 1958 a 1999, proceso que significo avances en todos los aspectos sí lo comparamos con las realizaciones de los marxistas trasnochados de hoy en día, en lo político, económico, social, educativo, petrolero, cultural, urbanístico, telecomunicacional, sanitario, expectativa de vida, en la infraestructura de servicios, exportaciones no tradicionales, militar, política exterior entre otros; y estos últimos años, se ha vivido un retroceso impresionante y lamentable, en esas dimensiones, que ha hecho retroceder al país en forma significativa.

Hoy entonces, este proceso está en un retroceso, impresionante con intentos de desmordernización, eliminación de símbolos de nuestra identidad, cultura, nacimiento de nación un intento de desoccidentalización. Corresponderá pues, en el futuro revertir esta tendencia y trabajar en un horizonte temporal de largo plazo para que la generación de nuestros hijos y nietos, tengan un país de acuerdo a los tiempos que ellos se merecen democrático, moderno, solidario, próspero y equitativo. Incomparable al actual proceso histórico de tendencia marxista socialista, que ha sido de un innegable retroceso en estas dos variables, cuando el país ha retrocedido en el campo de la calidad de la prestación de sus servicios públicos.

jesusmazzei@gmail.com

 

jueves, 8 de diciembre de 2022

Uruguay: ¿presión peligrosa?

 

Uruguay: ¿presión peligrosa?, 

por Félix Arellano





Uruguay: ¿presión peligrosa?
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fgap1749@gmail.com


Desde que Luis Lacalle Pou asumió la presidencia en Uruguay (01/03/2020), inició una estrategia de promover la modernización del Mercosur, privilegiando su apertura comercial e inserción más activa en la economía global, lo que conlleva la necesaria revisión de los compromisos relativos a la unión aduanera. Ha logrado algunos avances, que le deben resultar tímidos y muy limitados, por ello y, ante la amenaza que puede representar para sus objetivos la llegada de Ignacio Lula Da Silva a la presidencia de Brasil, en los últimos días ha incrementado significativamente la presión, lo que ha generado un ambiente muy tenso frente a la débil Cumbre Presidencial semestral.

La Cumbre prevista para los días 5 y 6, en la cual Uruguay entrega la presidencia semestral al Presidente de Argentina, se perfilaba débil, pues en principio ningún presidente había confirmado su participación y, la decisión del gobierno uruguayo de presentar la solicitud formal de incorporación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (Cptpp por sus siglas en ingles), –integrado por 11 países de la región Asia pacifico, entre los que se encuentran Chile, México y Perú– lo que se suma al proceso de consultas individuales que está desarrollando con China, para la eventual negociación de una zona de libre comercio. Todo un conjunto de decisiones que llevan al Mercosur a una fase peligrosa para su futuro.


Mercosur enfrenta una diversidad de problemas, que bien podríamos definir como estructurales. No ha logrado perfeccionar plenamente la zona de libre comercio, toda vez que no se deciden a enfrentar los diversos obstáculos que limitan o impiden el acceso al mercado; tampoco han avanzado en la conformación de la unión aduanera, por la cantidad de excepciones que presenta el Arancel Externo Común y poco han trabajado para la conformación del mercado común, particularmente, en lo que respecta a las llamadas políticas macroeconómicas duras.

No podemos dejar de mencionar que también presenta problemas institucionales, entre otros, las debilidades del mecanismo de solución de controversias, la complejidad del sistema de toma de decisiones y la ausencia de mecanismos de equidad.

Frente a un panorama técnico tan complejo, sorprendentemente los gobiernos se han concentrado, en los últimos años, en un debate ideológico, estéril y paralizante, que se agudizó con el ingreso del gobierno bolivariano de Venezuela, pero se ha mantenido no obstante la suspensión aplicada al gobierno venezolano, en el marco de la Carta Democrática del Mercosur (Protocolo de Ushuaia).

El debate ideológico ha concentrado la atención, desplazando los temas fundamentales del proceso de integración, lo que se puede interpretar como la excusa que cubre la falta de voluntad política para avanzar en compromisos que exigen de una mayor concesión de soberanía nacional. Ante esta situación, que se mantiene por varios años, la decisión del gobierno uruguayo de avanzar individualmente en potenciales negociaciones comerciales con terceros países, enfrenta la Mercosur ante difíciles escenarios.

En su estrategia de presión para modernizar el Mercosur, el Presidente Lacalle Pou ha logrado algunos avances. Se han disminuido los niveles del Arancel Externo Común; para los críticos una reducción muy tímida, empero, lo más delicado es que se mantiene como un arancel «poco común», por la cantidad de excepciones que mantiene (listas nacionales de excepciones, regímenes especiales de importación, juguetes, sector automotor, azúcar, bienes de capital, lácteos) que recientemente han sido prorrogadas por 7 años.

Las negociaciones comerciales con terceros países constituyen el tema bandera de la estrategia uruguaya y, al respecto, el presidente Lacalle Pou ha planteado una propuesta de agenda de negociaciones muy ambiciosa por el número de países que incluye.

Producto en gran medida de la presión uruguaya el cuadro de las negociaciones comerciales de Mercosur se resume en los siguientes términos: i) negociaciones en pleno desarrollo con Canadá, Corea del Sur, Singapur y Líbano; ii) diálogos exploratorios con: Indonesia y Vietnam; iii) contactos informales con: Túnez, Marruecos, Nigeria y la Unión Africana. El presidente Alberto Fernández de Argentina reacio a una agenda tan ambiciosa, ha decidido no participar en las negociaciones que se adelantan con Corea del Sur.

Los gobiernos de Brasil y Paraguay han apoyado la estrategia uruguaya sin asumir una posición muy activa; empero, ante la decisión de solicitar de forma individual la incorporación en al Cptpp, se han unido al gobierno argentino y han declarado que «tomaran medidas de represalia, si el Uruguay avanza en su intención de negociar de forma individual acuerdos con terceros países».

El presidente Lacalle Pou realizó las consultas con los diversos partidos políticos que hacen parte del poder legislativo, antes de presentar la solicitud de adhesión al Cptpp, el Frente Amplio, la oposición de izquierda, que participó en las consultas, declaró públicamente la preocupación por mantener una estrecha relación con el Mercosur.

Todo pareciera indicar que el gobierno uruguayo está dispuesto a seguir adelante en su estrategia de inserción individual en el mundo global y, por lo pronto, los otros tres países fundadores del Mercosur por primera vez han utilizado un tono más duro, abriendo la posibilidad de aplicar sanciones al Uruguay

Correspondería en la Cumbre de Jefes de Estado decidir entre: i) suspender al Uruguay por la violación de las normativas de la unión aduanera; ii) realizar la revisión profunda de su normativa y dinámica de funcionamiento para concentrar el proceso en el libre comercio y eliminar los temas de la unión aduanera y el mercado común; o iii) seguramente mantener la actitud evasiva de los últimos años y encontrar una fórmula de equilibrio, que permita salir sin graves consecuencias de la reunión con la clásica foto del cierre, pero con un volcán en potencial erupción, que no ofrece la estabilidad.

La Cumbre de Jefes de Estado se enfrenta uno de los momentos más difíciles en la compleja situación que vive el Mercosur, momentos de decisiones que pueden ser traumáticas, pero son necesarias, esperemos que no asumo la clásica actitud de la evasión acumulando los problemas y destruyendo las oportunidades del proceso de integración.

 

Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo

martes, 6 de diciembre de 2022

LAS NUEVAS EXPRESIONES DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO PARA LA ECONOMÍA

 

LAS NUEVAS EXPRESIONES DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO PARA LA ECONOMÍA

EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ

 


El sentido de las nuevas expresiones del presidente Nicolás Maduro, lo aplicamos retomando los momentos en que fue militante del movimiento político organizado bajo el liderazgo del fallecido Presidente Hugo Chávez, ya en funciones en 1999, o cuando fue Canciller, o los tiempos más recientes, con sus ejecutorias en el plano presidencial en donde para sus tiempos últimos, ha venido a dar el giro que señalaremos en esta nota.

Este cambio, indudablemente, está asociado al final –o Adiós- de la “Revolución” que se planteó ejecutaría aquel movimiento, y que hemos referido en una nota anterior[1]. En los tiempos iniciales de aquella, esto es finales de los noventa, era frecuente escuchar y leer a los dirigentes de la misma,  sobre la necesidad de dar a conocer  “lo que aquí estaba pasando”. Se trataba de señalar la acción de un pueblo en funciones para hacerse partícipe en una gran transformación. Estas palabras y expresiones ya no son vendibles o mercadeables y han pasado a surgir otros personajes,  lideres, e intereses.

Otro elemento condicionante del cambio de expresiones por parte del presidente NM refiere, indudablemente, a la convicción que tiene la administración bolivariana sobre que la economía se encuentra en un franco proceso de nivelación, recuperación y desprendido encaminamiento a que se convierta el avance económico en un proceso constante y perdurable, como es tratado en los análisis sobre la dinámica del desarrollo[2].

En fin, con la mayor fuerza y el mejor entusiasmo ha pasado el Presidente a hablar de otra manera y a usar con destemplanza nuevas expresiones, que parecieran concernir a una nueva ilusión  o entusiasmo para los administradores del país. Veamos algunas de ellas a partir del discurso y declaraciones a la prensa, en la reunión del 30 de noviembre de los corrientes.

Puede señalarse que de las pocas referencias que hizo el Presidente NM  relacionadas con la causa “revolucionaria”, se encuentra lo referido al caso de A. Saab y los ataques a la oposición  “unitaria” (como se autodenominan ella misma) y a los EE.UU en sus distintas gestiones con la misma oposición. Mas importante pasa a ser resaltar el entusiasmo y la fuerza que le puso a la idea de un nuevo plan (el cuarto para la administración bolivariana) y una nueva fase para 2023/2030 en un arranque que habría permitido observar un año 2022 muy bueno (¡!!!???) y un año 2023 que será mejor.

Para que pueda darse el éxito de estos perfiles según el Presidente, es necesario desarrollar circuitos/círculos virtuosos en la economía. Como es conocido en los análisis y propuestas de desarrollo, los círculos virtuosos son contrarios al llamado círculo vicioso de la pobreza, que ha estado presente e influenciado diferentes análisis de casos de países. Terminó en este punto el Presidente, en un concepto en teoría del desarrollo que la izquierda latinoamericana y mundial discutió y negó de manera abundante, grosso modo durante los años 60/80 del siglo pasado, y que  es el relativo al despegue económico al estilo de Rostow (recientemente revalorizado por algunos en el ámbito de la profesión).

Planteando así, el mecanismo de impulso que debe tener la economía, el Presidente llegó al llegadero, que no fue más que abandonar el modelo rentista, construyendo en contraposición, un modelo no dependiente del petróleo o no rentista. Su expresión fue enfática y categórica: debemos abandonar el modelo imperante o que imperó durante alrededor de 120 años. Para ello la administración del Presidente NM vuelve  a ofrecer la idea de los motores, que inicialmente pudimos ubicar 15, después 17 y ahora se tratará de 18. Todo esto, a pesar de las evidencias de inacción o destrucción que puede revisarse en distintos niveles de los registros nacionales para sectores, ramas o productos, según enfoques que se hagan.

Se trata ahora de generar riqueza y más riqueza (¡Ah caramba!, sobre ella reflexionaba Carlos Marx en los Elementos Fundamentales…), logrando la recuperación e impulsando el crecimiento y alcanzando producir o manejar masas de dinero se trate de dólares, euros, rublos o cualquier moneda o activo de reserva importante, en un contexto que, como es conocido, su administración, se ha esforzado grandemente por defender la moneda nacional (Bolívar fuerte o digital en sus expresiones más recientes) de conspiraciones, intrigas y guerra económica (¡!!!!????). A todas estas, le surgieron al Presidente ilustraciones claras y definidas  como son los casos asociados a la importancia  de diversos servicios turísticos que apuntalarían al turismo como uno de los motores reales.

Como se observa, el Presidente NM tiene nuevas expresiones para su manejo público y administrativo, y así lo manifestó en su alocución y en las repuestas a la prensa.

6 de diciembre de 2022

@eortizramirez

eortizramirez@gmail.com

domingo, 4 de diciembre de 2022

Política exterior brasileña Quo Vadis en el 2023

 

Política exterior brasileña 

Quo Vadis en el 2023

El actual panorama exige perspicacia, habilidad y prudencia, visto los últimos movimientos del presidente saliente a menos antes de la toma de posesión, por una parte un silencio enigmático y movimiento de piezas a través de sus soportes políticos


 

·         JESÚS E. MAZZEI ALFONZO

01/12/2022 05:00 am



Miriam Gomes Saraiva politóloga resume acertadamente y muy bien, lo que ha sido la política exterior bolsonarista desde su llegada al poder y las interrogantes que plantea al futuro “…Al llegar a la presidencia en 2019, rompiendo con una tradición de continuidad, Jair Bolsonaro estructuró una nueva política exterior, basada en nuevas ideas y poniendo en jaque los estándares que habían guiado la inserción internacional de Brasil durante mucho tiempo. Los temas de política exterior de Bolsonaro, en muchos casos, buscaban satisfacer las demandas de grupos específicos que lo habían apoyado en la campaña electoral, reduciendo la centralidad decisoria del Ministerio de Relaciones Exteriores…”

Ahora bien, la elección de Lula el 30 de octubre abre la posibilidad a que se elija a otro profesional de Itamaraty y entre las varias candidatas más escuchadas o sonadas hasta ahora en los corrillos del Palacio de Itamaraty o la prensa son hasta los momentos, las Embajadoras María Luiza Viotti y María Laura Rocha quienes tienen amplia experiencia en el manejo de misiones diplomáticas en el exterior y una hoja de vida interesante de trabajo y experiencia vital, al interno de la corporación diplomática brasileña, uno de los requisitos fundamentales en Brasil para ser un buen canciller, como lo ha comprobado la hasta ahora la amplia historia diplomática brasileña. Esto será una de las variables para que se retomen los temas tradicionales de la política exterior brasileña.

Ahora bien, sí repasamos entonces, ahora, los principios fundamentales de la política exterior brasileña, por lo menos hasta el año 2018, que hubo para algunos analistas una ruptura no sólo en los principios sino en la forma de ejecución de los mismos, que algunos diplomáticos jubilados o expertos en relaciones internacionales en Brasil, estiman que serán retomados, y para ello, tenemos dos muestras; por un parte, el reciente discurso del Lula en la reunión del COP27 sobre Clima en Egipto y por la otra, su visita, a Portugal. A Lula el tema internacional le gusta, estimo, que tendrá una intensa diplomacia presidencial en su nuevo gobierno.

Efectivamente, los principios rectores que han regido históricamente la política exterior del Brasil y que son sus ejes en la formulación e implementación son los siguientes:

Pacifismo: Se fundamenta en la no-confrontación, la búsqueda de soluciones pacíficas negociadas de las controversias, la condena del uso de la fuerza para la obtención de resultados externos.

El universalismo: entendido este como el todo el acervo de contactos bilaterales que constituyen el patrimonio histórico del Brasil, su vocación universalista. También la diversidad de contactos bilaterales y multilaterales sirve para la realización de los intereses nacionales.

Juridicismo: respeto a los tratados y convenciones, entendidas como manifestaciones sacrosantas del Derecho Internacional y que son asumidas por la voluntad nacional.

Realismo, autonomía heterodoxa, pragmatismo: acciones vinculadas a los intereses nacionales. Se abandona la idea de construcción y el uso del papel de potencia del país, para ganancias internacionales, se despolitiza y desideologiza la acción internacional (cosa que en el gobierno de Bolsonaro no se hizo)

Autodeterminación y no intervención: son alimentados por el carácter pacificista de la política exterior y sobre todo por el realismo que ilumina a su ejecutoria internacional, basado en la cooperación y negociación y en el tratamiento de la diplomacia multilateral.

Por lo tanto, hay una tradición de la praxis diplomática, la cual es radicalmente contraria a la intervención, el rechazo que podría dar el legitimar eventuales intervenciones o acciones correctivas fuera del sistema o ambiente de poder internacional. Se defienden en forma contundente los principios de autodeterminación y no intervención de los pueblos.

Si partimos de los años noventa durante los Gobiernos de Collor, Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso, podemos apreciar en esa política pública esos hilos conductores, que se afianzan en la época de Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Temer, cuestionados por el presidente Jair Bolsonaro.

En el futuro, la economía brasileña buscará reinsertarse en una economía internacional altamente integrada y competitiva, hoy con fuertes tensiones ocasionadas por el COVID-19, la guerra de Ucrania que ha quebrantado las cadenas de suministro y de valor y además, por la creciente amenaza de estanflación, para el año 2023, según pronostican organismos internacionales y expertos como Nouriel Roubini.

Además, siempre buscará mantener los márgenes de maniobra, para no inviabilizar su histórico proyecto nacional, con base a los principios arriba enunciados, sobre todo los de pragmatismo, realismo y autonomía heterodoxa. Ahora bien, la política exterior de este país, tiene tres indagaciones que responder en los años por venir:

En primer lugar, ¿qué es lo que Brasil desea obtener de su relación con el medio internacional en la próxima década luego del gobierno de Bolsonaro? la respuesta evidente y con un claro objetivo, es conseguir el intercambio externo para la realización del desarrollo, tanto en su dimensión económica como social, para lograr profundizar los derechos humanos y medio ambiente, elementos que sirvan y puedan ser complementados con acuerdos y sistemas que ayuden a las políticas internas.

En segundo lugar, ¿cómo el Brasil desea relacionarse con la comunidad internacional?, aquí están los principios que tradicionalmente han orientado su política exterior, tales como la no intervención, el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos y la solución pacífica de las controversias.

La tercera interrogante, cuál es el mundo que ellos desean?, puede estar resumida en algunas ideas fuerzas: paz, desarrollo, y participación amplia, por ello es que el Brasil de acuerdo a los especialistas buscará, esperamos vigorizar los valores de la democracia, los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Estas y otras interrogantes, la tendrán que responder la gestión del nuevo ministro. Será un cambio de las formas, de sustancia más no del contenido. Método, substancia y alcance.

Debido porque el contexto de la nueva administración de Lula, será en un entorno, un contexto histórico-político interno y externo y además, con una coalición de gobierno diferente a la del año 2002 y esto se observa en como el Presidente electo esta semana en Brasilia, buscara mejorar la articulación política de lo que ellos denominan el gabinete de transición política y gubernamental que coordina Geraldo Alckmin. Veremos como siguen evolucionado los acontecimientos.

El actual panorama exige perspicacia, habilidad y prudencia, visto los últimos movimientos del presidente saliente a menos antes de la toma de posesión, por una parte un silencio enigmático y movimiento piezas a través de sus soportes políticos como el Partido Liberal y mostrándose en graduación de los nuevos oficiales del ejército brasileño en la Academia Militar de las Águilas Negras (Aman), que tiene una importante simbología política en la entrega de los sables de la promoción Bicentenaria de la Independencia del Brasil. Ahora todo esto indudablemente repercutirá en la formulación de la nueva política exterior brasileña, porque el peso del bolsonarismo como movimiento político y la actuación futura de Bolsonaro como opositor del gobierno de Lula, está allí y en la conducción de la política exterior en defensa del interés nacional, de acuerdo a sus preceptos tradicionales, será un reto, ya por supuesto Bolsonaro será un crítico feroz de la nueva acción exterior.

jesusmazzei@gmail.com

 

HECHOS ECONOMICOS NUEVOS

OMAR BELLO RODRIGUEZ


Hechos nuevos[1]

Desde noviembre, 26, 2022, se han sucedido dos hechos nuevos que implican modificaciones en el desenvolvimiento de la economía venezolana.

El acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional (MDN)

En primer lugar, se ha dictado un segundo Acuerdo de la  MDN, surgido de su más reciente reunión celebrada en Méjico, en esa misma fecha, conocido como “Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano”[2].

Tal decisión implicaría la movilización de acervos en moneda extranjera[3] que se canalizarían  para atender las “Medidas de Protección Social”, dentro de un marco programático establecido entre las partes, en el que se daría prioridad al reforzamiento del sistema público de salud, al mejoramiento del  suministro de electricidad, a la atención de la infraestructura educativa pública, a la ampliación del Programa Mundial de Alimentos y, además, a la atención de las consecuencias ocasionadas por las fuertes lluvias acaecidas en varias localidades del país, en 2022.

Dicha movilización de recursos se haría a través de un fondo fiduciario, a ser establecido con la participación de agencias de la ONU, denominado como Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano”.

A ese respecto se crea una estructura burocrática ad hoc, con participación de las partes: la Mesa Nacional de Atención Social (MNAS), para “la concreción de acciones y programas específicos de protección social”, con facultades negociadoras; una entidad técnica, el   Grupo Especial para la Atención de los Efectos del Sobrecumplimiento (GEAS); la Comisión de Seguimiento y Verificación, una vez se encuentre en marcha el mecanismo de financiamiento mencionado.

La referida movilización de acervos exige de varias diligencias que estarían relacionadas con la forma que adoptaría el levantamiento de las prohibiciones  que pesan para el uso de tales activos en moneda extranjera, que son propiedad del estado venezolano[4]. Esto incluye el acceso al oro monetario mantenido en el Banco de Inglaterra (31 toneladas), envuelto en un litigio, no concluido; acceso a cuentas de entes públicos congeladas por la OFAC; disposición de la posición acreedora en el FMI incluida la asignación de DEGs, lo cual entraña una decisión política de ese organismo.

A ese respecto cabe hacer algunos comentarios.

En el FMI, Venezuela posee unos haberes, no tiene pasivos, lo que le ofrecería dos posibilidades: acceder a una parte de los activos, conforme a las normas del ente, además de brindarle la oportunidad  de obtener alguna facilidad financiera, en la medida que califique para ella[5],. Esto exigirá el destrabado del acceso, que data desde principios 2019, por decisión de su Directorio Ejecutivo.[6]  Además de ello deberá resolverse lo atinente a la entrega de información macroeconómico pendiente al ente multilateral, cuyo atraso se ha extendido desde 2006[7]

De otra naturaleza resulta el estatus  que exhibe el oro monetario, depositado en el Banco de Inglaterra. A este respecto, debe recordarse que con la investidura del gobierno interino resultó designado un Directorio del BCV, paralelo al que estaba en funciones, que dispuso el bloqueo del referido activo.

Tal determinación dio origen a un largo litigio, por ante la Alta Corte de Inglaterra, tribunal que falló a favor del referido bloqueo, una vez que conociera la opinión de la Cancillería británica, que era favorable al reconocimiento del gobierno interino.

Como se sabe, tal decisión ha sido objeto de apelaciones de parte del gobierno en funciones, apoyándose en fallo del Tribunal Supremo de Justicia que desconocía la legitimidad del Directorio paralelo, recién creado. No obstante, el tribunal británico ha desestimado ese argumento, alegando que el tribunal venezolano se encontraba tutelado por el gobierno en funciones.

De tal modo que esta madeja contenciosa deberá dilucidada antes que dichos activos puedan ser movilizados en favor del fondo fiduciario en las agencias de la ONU, lo cual implicaría, además, su posible venta y/o pignoración para su conversión en divisas convertibles.

La nueva licencia a CHEVRON

En segundo término, y ya en cuenta de la reanudación de los avances de la Mesa de Diálogo, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, ha dispuesto, vía OFAC, el otorgamiento de la licencia general N° 41[8], a la empresa estadounidense CHEVRON Corporation, en específico a las joint ventures en las que participa en la industria petrolera domiciliada en Venezuela.

Con dicha decisión se levantan las prohibiciones previas (E.O. 13-850 y amended E.O. 13-857 y 13-884) y autoriza a las  joint ventures de CHEVRON CORP (PETROPIAR y PETROBOSCAN) cuya mayoría accionaria la detenta PDVSA, para la reanudación de las  operaciones petroleras en Venezuela,  es decir, de sus actividades de producción de petróleo, mantenimiento, reparaciones y servicios, así como exportaciones, importaciones, en Estados Unidos, incluyendo diluyentes, condensados, petróleo, gas natural.

No obstante, dicha licencia queda sometida a varias restricciones, dejándose  expresa exclusión de transacciones de comercio exterior con entidades pertenecientes a Irán y  la Federación Rusa.

Su vigencia se extiende por seis meses, con renovación mensual, por lo que expiraría en mayo 26, 2023, limitándose en todo caso los términos de la  actividad de CHEVRON a los que fueron establecidos en enero 2019. En todo caso, se reserva su eventual modificación y revocación.

En cuanto se refiere a los ingresos adicionales por la reapertura de operaciones de CHEVRON en las indicadas empresas mixtas, tendría que conocerse de si tales recursos se encontrarían dentro del supuesto de “las prohibiciones de pagos de impuestos y regalías al gobierno venezolano”, materia que se discute más adelante.

Como es de suponer, ambas decisiones tienen implicaciones en el sector externo de la economía nacional, en la determinación de su balance fiscal, por lo cual llegarían a marcar  modificaciones en el balance macroeconómico interno, dependiendo de la cuantía efectiva que tenga la movilización de recursos implicados y de las modalidades y oportunidad  que finalmente tengan.

Una visión sinóptica de las materias implicadas   se resume en el cuadro de fuentes y aplicación de fondos, en moneda extranjera, que se originaría por los “hechos nuevos”, lo que se expone de seguidas.

 

 

FUENTES

APLICACIONES

Acuerdo N°2 MDN

 

Cuentas en moneda extranjera de entes públicos (¿PDVSA,FONDEN, ONT,BANDES..?)

Oro monetario en Banco de Inglaterra

Posición acreedora neta en FMI

 

 

Gastos asociados a proyectos de “protección social del pueblo venezolano, a ser financiados por Fondo fiduciario administrado por la ONU

Destacan: “reforzar sistema público de salud”, “estabilizar sistema eléctrico”, “ampliar programa mundial de alimentos”, “atender infraestructura pública”, “respuestas a consecuencias de lluvias torrenciales”

Implica la participación de laMesa de Atención Social (MNAS), acciones y programas manejados por gobierno

Efectos de Licencia N°41

 

Ingresos adicionales por reapertura de actividades de extracción y venta de crudo por CHEVRON

No tiene efecto inmediato

Estimaciones del orden de USD 80-100 MBD

Requieren de un tiempo de preparación, no inmediato

Lo crucial es de si van a causar impuesto y regalía pagadera al fisco nacional

Caben dos opciones: o se aplica al pago de deuda PDVSA-CHEVRON y/o se aplica a gasto público adicional, si es que se convierte en un ingreso fiscal petrolero

    

Posibles implicaciones

Toca comentar ahora el ámbito de las posibles implicaciones en el sector externo, en la gestión fiscal y el balance macroeconómico interno.

Ya dijimos que ello va a depender de la cuantía efectiva que tenga la movilización de recursos implicados y de las modalidades y oportunidades que finalmente adopte sus entregas respectivas[9].

Pero, antes de valorar las implicaciones, deben despejarse dos puntos susceptibles de controversia: uno, el concerniente al pago de impuestos y regalías por parte de CHEVRON y, además, la forma del repago de la deuda que PDVSA tiene con dicha empresa.

En cuanto a lo primero puede adelantarse los siguientes puntos de vista.

Se han adelantado opiniones en las que se sostiene que la prohibición del pago fiscal al gobierno no alcanzaría a las filiales de PDVSA en las cuales participa la corporación norteamericana CHEVRON (PETROPIAR, PETROBOSCAN), tratándose que su mención en la Licencia N° 41 sea una “formalidad simbólica”, según lo sostenido por el economista Francisco Rodríguez.

En estas filiales CHEVRON tiene una participación como socio minoritario y debe entenderse que sus resultados serían susceptibles del pago de impuestos y regalía[10], tal como habitualmente lo han hecho. La venta de petróleo que dichas filiales harían a través del circuito comercial CHEVRON y los resultados quedarían sí bajo la jurisdicción del fisco estadounidense.

 No tendría sentido suponer un régimen fiscal especial a CHEVRON, dejando en desventaja a las demás empresas petroleras extranjeras participantes en las otras filiales, regidas por el régimen fiscal ordinario.

 

En cuanto a la deuda de PDVSA con CHEVRON solo podrían anotarse conjeturas.

En principio, se trata de una obligación financiera, originalmente cifrada en USD 2 mil millones, cuyo saldo deudor se desconoce, en todo caso con un vencimiento final en 2026, lo que daría margen para su posterior repago. De haberse convenido el pago de la totalidad del saldo deudor, de un modo anticipado, con el producido de ingresos netos que se originarían de la aplicación de la Licencia N° 41, naturalmente mermaría los fondos que le quedarían al estado venezolano (PDVSA, fisco nacional).

Recuérdese que este fue la manera convenida con el INE y REPSOL para la reanudación de nuevas exportaciones petroleras:  la autorización de aplicar el ingreso adicional por dichas exportaciones al repago de las deudas respectivas.

Ítems relevantes

Indicadores

Atributos

Fuente

Producción petrolera adicional, acuerdo CHEVRON

80-100 MBD, inicialmente

Horizonte: 6 meses a un año

Opinión del experto petrolero Francisco Monaldi[11]

Producción petrolera 2022, promedio (enero/octubre)

689 MBD (fuentes secundarias)

724 MBD (cifra oficial reportada)

 

 

OPEP

Precio petrolero cesta Merey

USD  79.82 barril

(Promedio anual 2022)

 

OPEP

Oro monetario

31 toneladas

Depositado en Banco de Inglaterra

Bajo juicio en tribunal

Precio del oro

USD 1760  por onza troy

 

COININVEST

(basado en London Bullion Market Association (LBMA)

Valor de reservas internacionales protegidas, en oro monetario, a ser activadas,  (cotización del 2/12/2022)

USD 1.852 millones

 

 

Posición de Venezuela en FMI (octubre 31, 2022)

Cuenta de recursos generales Cuota DEGs 3.722 millones

Asignación neta acumulada de DEGs 6.111 millones

 

FMI

Activos a ser descongelados

USD 3.000 millones

 

Jefe negociador de la Oposición en la MDN

 

 Implicaciones en el sector externo/balanza internacional de pagos

 

En términos generales puede decirse que los “hechos nuevos” tendrían consecuencias favorables, en el sentido de que contribuirían a un mejoramiento, en un caso de modo puntual --- el de la movilización del acervo de activos en moneda extranjera---, que quedarían disponibles para usos alternativos; en otro caso ---como flujo adicional de ingresos---, mantendrían un efecto recurrente, seguramente con un salto inicial por el aumento de exportación de crudo a Estados Unidos, aquél que se haga dentro del circuito comercial de  CHEVRON, dependiendo sus efectos posteriores  de los nuevos niveles que llegasen a ser alcanzados

De esa forma, aliviaría la restricción financiera externa, aunque no la resolvería del todo, ya que el eventual saldo superavitario de la cuenta corriente no llegará a tener la amplitud necesaria como para sentar las bases de una rearticulación externa al mercado internacional de activos.

Debe entenderse que una vez agotadas las disponibilidades de recursos movilizados por el fondo fiduciario se terminaría el efecto, aun cuando las inversiones que llegaren a realizarse aumenten la capacidad para brindar servicios públicos de salud, educación suministro de electricidad, pero que no serán concurrentes directos al fortalecimiento de la balanza de pagos.

Puede decirse que el Acuerdo logrado por la MDN gravita principalmente sobre la cuenta financiera de la balanza de pagos, aunque daría lugar a efectos indirectos en cuenta corriente, por el movimiento concomitante de importaciones asociadas a las aplicaciones a proyectos que se hagan.

Así, puede decirse que se originaría un “aumento” efectivo de las reservas monetarias internacionales, una vez que las mismas hayan sido “desprotegidas”, en aquellas partes que se corresponden con el oro monetario radicado en Londres, además de  la recuperación del acceso al balance del FMI.

En la medida que dichas reservas sean aplicadas a los proyectos de protección social, ellas se verían disminuidas, tanto en términos efectivos, como contables.

De modo que podría así darse una rebaja en el acervo de reservas internacionales, a cambio de un mayor gasto público, cuya composición podría comprender gasto   de capital, si fuere aplicado a obras y equipamiento destinadas a reforzar el sistema de salud, equilibrar el sistema eléctrico, aunque  también podría canalizarse al gasto corriente, en el caso de   erogaciones que no aumenten la capacidad productiva.

Habría que esperar para conocer las pautas que fijarían las agencias de la ONU para la aplicación de los recursos del fondo fiduciario.

En cualquier caso, por la naturaleza de los probables gastos de capital, se tendría una repercusión bajo la forma de aumento de importaciones de bienes de capital (equipamiento), quizás mayor, y para la adquisición de bienes de capital doméstico, tal vez algunas obras de infraestructura.

Lo mismo valdría para las aplicaciones asociadas a otros activos en moneda extranjera que no están tipificados como reservas internacionales, caso de cuentas de entes públicos en bancos estadounidenses que se verían liberados.

Por lo que se refiere a las implicaciones determinadas por  la Licencia N°41 podría anotarse lo siguiente.

Contribuiría al mejoramiento del saldo comercial petrolero con sus diversas implicaciones, entre ellas la apertura de posibilidades para un aumento de las importaciones de bienes y servicios, posiblemente en monto menor que el del aumento de la exportación petrolera. Ha de tenerse en cuenta que la importación de bienes y servicios por parte de CHEVRON, desde Estados Unidos, se verá aumentada (insumos, diluyentes, condensados).

En cualquier caso, habilitaría al BCV para la disposición de un ingreso adicional de divisas que permitiría una intervención adicional en el mercado cambiario formal.

Como se sabe, de las ventas que el BCV hace, vía el “mercado de intervención”, una parte puede verse aplicada al pago por importaciones, aunque otra parte se canalizaría como salida de capital, si así se hace posible, quedando una disposición local en efectivo, en divisas, bien sea en cuentas en moneda extranjera mantenidas en  la banca de depósitos, o como mero atesoramiento.

Se ha dicho que el ingreso por exportaciones CHEVRON implicaría una suma mayor al obtenido por las demás exportaciones petroleras, a otros destinos,  al verse librado los precios de realización  de los altos descuentos que suelen darse en las ventas de crudo. Se trataría de un precio petrolero realizado, sin descuentos.

Implicaciones en el balance fiscal

La recuperación de fondos “protegidos” podría considerarse, dentro del balance fiscal, como un “ingreso extraordinario”, a ser objeto de gasto público por las administraciones públicas, a ser ejecutado bajo las instrucciones que impongan las agencias ONU intervinientes, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo Parcial N°2 .

De modo que se podría interpretar como un presupuesto paralelo que no altera, por sí mismo, la naturaleza del desequilibrio fiscal dentro del presupuesto fiscal ordinario, aunque si permite la expansión del gasto y con ello de la demanda agregada interna.

Puede decirse que el déficit fiscal permanece el mismo.

En términos generales, el balance fiscal se vería mejorado, dada la disposición de nuevos ingresos fiscales petroleros,  en un caso, como ingresos  “extraordinarios” por la movilización de fondos públicos congelados en cuentas mantenidas en moneda extranjera, en otro caso, como ingresos ordinarios por la habilitación de un ingreso adicional originado por la mayor venta de petróleo en el mercado estadounidense.

En todo caso este tipo de gasto se vería favorecido, en cuanto a su calidad, por la supervisión a ser ejercida por las agencias ONU, pudiéndose verse reducida la propensión a la búsqueda de rentas por parte de los factores que interviniesen en esas operaciones.

Distinto es el caso de los efectos fiscales  atribuibles a los pagos de impuestos y regalía que harían las empresas mixtas filiales de PDVSA en las que participa CHEVRON.

Se tendría entonces un aumento del ingreso fiscal petrolero ordinario, por el aporte productivo CHEVRON, lo que representaría una fuente disponible para ejecutar gasto público adicional, siguiendo quizás las mismas pautas en cuanto a la composición y dinámica que tiene dicho gasto.

Al final, el referido gasto público adicional concurriría también al aumento de la demanda agregada interna.

Implicaciones en el balance macroeconómico interno

Se ha mencionado que la concurrencia del Acuerdo Parcial N°2 y la Licencia N° 41 coadyuvaran a la morigeración de la restricción financiera externa y a ampliar la incidencia del gasto público sobre la economía nacional, aun cuando debe entenderse que su multiplicador se verá disminuido por el componente importado asociado a los nuevos proyectos a verse financiados por el fondo fiduciario.

En principio pudieran esperarse consecuencias macroeconómicas favorables, al menos en dos sentidos:

La naturaleza del programa, autofinanciado en su totalidad con divisas (capacidad para importar) y sin emisión de dinero primario, hace suponer que no originaría presiones inflacionarias que fuesen  legítimas

El aumento de la demanda agregada interna, por el nuevo gasto público, desplazaría la demanda agregada interna pudiendo contribuir favorablemente al aumento del PIB real no petrolero

En cuanto al PIB real petrolero resulta obvio que ocurra su aumento por la mayor producción petrolera que logre realizar el aporte de CHEVRON. Un aumento del orden de 80- 100 MBD, sobre una producción actual de 650-700 MBD, implicaría un aumento   relativo directo que estaría cifrado en 11-12%, respecto del nivel 2022, a lo que debe sumarse el efecto de arrastre sobre actividades conexas a la industria petrolera que también se verían estimuladas, dándose quizás un efecto favorable en la región zuliana con la reactivación de la producción de crudo convencional que hubiere en esa cuenca.

Implicaciones para los beneficiarios de la “protección social” del Acuerdo Parcial N° 2

El tamaño de los problemas sociales  implicados parece exceder a la fuente de fondos prevista, de tal modo que si bien mejorarían los servicios de salud, educación, suministro eléctrico, programa de alimentos, atención de familias afectadas por las lluvias, lo harían en una escala insuficiente. Haría falta algo de mucha mayor dimensión.

En todo caso, puede  decirse  que mejor es algo que nada, sobre todo para el caso de una economía que ahora presenta una dimensión diminuta, cuya situación social la califica para la urgente ayuda humanitaria.

 

Consideración final

No obstante los señalamientos anteriores, ha de tomarse nota que la política económica en curso, la del giro pragmático iniciado en 2018-2019, parece haber ofrecido  ya sus mejores resultados, comenzando  ahora mostrar signos de cierto agotamiento, dado que se mantiene,  en 2022, una tasa de inflación anual muy alta, de 3 dígitos, mientras que la tasa de crecimiento del PIB real parece situarse en registros estimados que no parecen distanciarse mucho de los de 2021.

Por lo demás, la referida política, por su carácter un tanto fragmentario y parcial, no ha llegado a marcar modificaciones de la arquitectura institucional, que sigue intacta, incluidos los ecosistemas asociados a la búsqueda de rentas.

No cuesta entender que todo esto sigue imponiendo un freno al crecimiento económico y a  la disminución de la pobreza.

De modo que si bien el efecto sobre las expectativas de los agentes económicos locales puede conjeturarse como favorable, en principio, tendrá que esperar por la traducción en resultados concretos por las decisiones que sean tomadas. No se olvide que el efecto de acervo se termina con la aplicación del fondo fiduciario, que no estaría concebido para la recuperación de los fondos aplicados. Y, siendo más temporal ese efecto, las expectativas se situarían más en favor de negocios oportunistas que se vieren favorecidos indirectamente  por los proyectos que financiare el fondo fiduciario.

En cuanto a las empresas petroleras extranjeras la actitud será, al principio, de cautela, esperando el desarrollo que tenga la ejecución de la Licencia N°41. Pero, en todo caso, tendrá que valorarse teniendo en cuenta la lectura que haga la industria petrolera mundial respecto de la prolongación de la guerra en Ucrania y los juegos de sanciones recíprocas tomadas por varios estados (USA, Reino Unido, Unión Europea) y la Federación Rusa. Dicho desarrollo influirá en las eventuales oportunidades que se abrirían para Venezuela. Habría que esperar la lectura que se haga del tema desde la industria petrolera de Estados Unidos.

 



[1][1] OEBR. Valoración preliminar de las decisiones adoptadas en noviembre, 26, 2022, referida exclusivamente al ámbito económico. No trata, por tanto, ni de su significación política, geopolítica, ni mucho menos, la jurídica, en ninguno de los asuntos implicados

[2] Se trata de las negociaciones surgidas entre el gobierno, en funciones, de la República Bolivariana de Venezuela y la “Plataforma Unitaria de Venezuela”, constituida con seis de los partidos de oposición, desde agosto 2021, mediante Memorándum de Entendimiento  y cuyo primer Acuerdo pudo alcanzarse en septiembre del mismo año (Defensa soberanía de Guayana Esequiba)

[3] Implica la “necesidad de rescatar y recuperar los activos pertenecientes a Venezuela, así como el dinero y riquezas que se encuentren en el exterior”

[4] De acuerdo a palabras del jefe de la negociación, por el lado de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Gerardo Blyde, se trataría de los activos que fueron protegidos, como parte de las iniciativas tomadas por el gobierno interino, entre ellas, la retención del oro monetario en el Banco de Inglaterra, que ha sido objeto de un largo litigio. Además  incluiría también los activos que fueron objeto de retención por las sanciones económicas impuestas por la OFAC, quedando dentro de tal categoría cuentas en moneda extranjera propiedad de entes público venezolanos. Del mismo modo se entiende que incluya la posición crediticia neta en el FMI, colocada en un limbo por la indefinición creada por la coexistencia del gobierno en funciones y el gobierno interino  

[5]   Actualmente Venezuela no es elegible para financiamientos vinculados a la Aplicación de la Iniciativa de los PPME, Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral, Implementación  y Socorro ante Catástrofes, Fideicomiso para la Contención y Alivio de Catástrofes

[6] En marzo 2020 hubo un rechazo a solicitud de recursos  por parte del gobierno en funciones (USD 5 mil millones)

[7] Se hace referencia a la Misión de Consulta, anual, obligatoria para todos los estados membros

[8]  Department of The Treasury, OFAC (Office Foreign Assets Control), EO Venezuelan Sanctions Regulations. 31 CFR part 591, GENERAL LICENSE N° 41. Como motivación se ha invocado el “alivio del sufrimiento”  en el pueblo venezolano y la  “restauración de la democracia”

[9] El negociador de la Plataforma Unitaria de Venezuela ha sostenido que se trataría de una suma del orden de USD 3 mil millones, mientras que de la fuente oficial se habla de una cifra mayor, de unos USD 5 mil millones. Esto no se puede juzgar si no se conoce de los detalles que integran los distintos activos financieros implicados. El mismo negociador ha dicho que el desembolso de los fondos y sus aplicaciones tomarían unos 3 años.

[10] Inequívocamente correspondería su pago a la empresa mixta

[11] Hasta 100 MBD en el primer año, calificándola como una flexibilización gradual