La paz y sus perspectivas

Leer esta nota en: www.talcualdigital.com

Felix Arellano

En otro orden de ideas, también preocupa que las FARC no evidencien haber comprendido sus colosales errores, ni superado su anacrónico y falso discurso. Esperemos que el pueblo colombiano, que conoce muy bien lo duro que es prosperar, no se deje engañar con los cantos de sirena que prometen la riqueza fácil

Es muy factible que el próximo 02 de octubre gane el SI en el plebiscito que consulta al pueblo colombiano sobre el acuerdo de paz con las FARC-EP, el bajo nivel del umbral establecido, el 13% del padrón electoral, es una garantía de confianza para el gobierno. Y todos compartimos que, luego de más de cincuenta años de guerra, con unos costos humanos impactantes, la paz es necesaria. Además, la paz en Colombia beneficia a toda la región; empero, existe legítima preocupación sobre las perspectivas de las paz, tanto para Colombia, como para sus vecinos. Varias de las dudas que han presentado los críticos no han sido atendidas y el gobierno moviliza su maquinaria con aires triunfalistas y con la rigidez que le caracteriza.

La paz es necesaria y la negociación ha sido compleja, técnicamente detallada y exhaustiva, un gran esfuerzo; empero, desde sus inicios ha presentado debilidades, que fueron alertadas y no resueltas. La agenda inicial de la negociación representó un triunfo para las FARC, la presentaban como un beligerante, calificación que fue permanentemente rechazada por el gobierno colombiano. Sentarse con un grupo, ayer considerado terrorista y narco guerrilla, a negociar políticas públicas que son competencia de los órganos legislativos, resultaba desproporcionado. Iniciar el proceso de negociación sin el desarme de la guerrilla fortaleció sus posiciones. Adicionalmente, que el Presidente Santos presente la negociación como su proyecto personal, le ha restado confianza y participación nacional.

Cuando el gobierno promueve el acuerdo de 297 páginas, a muchos colombianos preocupa que el tecnicismo de la justicia transicional, se convierta en la práctica en la impunidad de los delitos atroces, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El procurador del país lo ha alertado, sin mayores resultados. Los diez curules garantizados en el Congreso para el 2018 y 2022, pueden parecer insignificantes, pero afectan a pequeños grupos políticos colombianos que les resulta difícil lograr representación por la vía democrática, en el rígido juego político colombiano.

También inquieta como el hábil discurso gubernamental ha eliminado las vinculaciones de las FARC con el rentable negocio del narcotráfico y los secuestros. Un marketing subliminal que pareciera promover la “pureza ideológica” de las FARC, ha dejado anonadado al país. En este momento pareciera que el gobierno también trata de ocultar el tema de los disidentes de las FARC que no apoyan las negociaciones, que seguramente aspiran mantener su negocio de guerrilla vinculado al narcotráfico.

Por otra parte, el discurso gubernamental presenta el plebiscito en una polarización maniqueista, entre paz y guerra, lo que es falso y manipulador. Nadie rechaza la paz, pero en democracia se pueden cuestionar algunos de las estrategias y tácticas de negociación y del texto del acuerdo. Dividir el país puede dar resultados a corto plazo, para garantizar el triunfo del plebiscito, por el bajo nivel del umbral del 13%, pero puede dejar una población resentida para las elecciones del 2018.

Las lecturas pedagógicas de algunos puntos débiles de la negociación y del acuerdo resultan delicadas. Una de ellas es que pareciera conveniente promover la guerrilla, para garantizar beneficios procesales en la justicia transicional, subvenciones personales y cargos seguros en el Congreso.

En otro orden de ideas, también preocupa que las FARC no evidencien haber comprendido sus colosales errores, ni superado su anacrónico y falso discurso. Esperemos que el pueblo colombiano, que conoce muy bien lo duro que es prosperar, no se deje engañar con los cantos de sirena que prometen la riqueza fácil, distribuida por un todo poderoso, que aspira llegar al poder por la vía democrática, para luego destruir las instituciones y perpetuarse.

Para los vecinos de Colombia, es preocupante, entre otros, el silencio sobre los disidentes de las FARC, que podrían buscar refugio en las fronteras quienes, armados y con mentalidad guerrera y subversiva, pueden agravar los problemas ya existentes.

La ideología en el régimen bolivariano

 Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

Una ideología es una representación simplificada del mundo, cuya visión es sesgada en función de favorecer o promover el usufructo del poder de determinado grupo o grupos social(es). Se nutre de percepciones, creencias y valores relevantes para la población, que pueden dar pie a mitos fundacionales acerca de la verdadera identidad de un pueblo, esbozada en unos orígenes épicos que forjaron sus virtudes y fortalezas. Ello suele sintetizarse en símbolos maniqueos que sirven de referentes para interpretar el acontecer social y político. Vale señalar que toda ideología asume de manera explícita o encubierta un posicionamiento moralista ante los dilemas o escogencias que enfrentan los individuos o colectivos, que sirve de guía para distinguir opciones correctas de aquellas consideradas equivocadas, lo bueno de lo malo. Este forjamiento ideológico reemplaza percepciones (más o menos) objetivas del entorno social con una falsa realidad que augura seguridad en un futuro providencial para aquellos que lo asumen. En general, las ideologías suelen filtrar los hechos, con lo que se interponen a un discernimiento más realista de los fenómenos sociales y políticos.

Una ideología no es un cuerpo de ideas propenso a ser validado mediante su contrastación empírica, pero suele ser considerada por sus partidarios como una representación verídica del mundo. El ejemplo más notorio es el del comunismo, que alega fundamentarse en una teoría pretendidamente científica del cambio social desarrollada por Carlos Marx. En otros casos las ideologías se basan en verdades reveladas que son tomadas como dadas y, por tanto, no están sujetas a cuestionamiento. En el caso de las religiones, se trata simplemente de profesar fe en verdades atribuidas a divinidades o a las acciones de éstas, plasmadas en alguna liturgia o texto sagrado. Si bien la separación de Iglesia y Estado en el mundo occidental ha descargado en gran medida su influencia sobre la conducción del poder, ello es algo recién.

El régimen bolivariano

La ideología ha sido decisiva para la entronización de la llamada “revolución bolivariana”. Un ideario ultra nacionalista, que elevó el culto a Bolívar -tan presente en el país- a una bandera de lucha contra quienes supuestamente traicionaron sus postulados, contribuyó a enterrar la legitimidad de los partidos que se habían alternado en el poder desde 1959. Se nutrió del resentimiento generado por la incapacidad de éstos de cumplir, luego de la década de los ’70, con sus propias promesas de justicia social. La refundación de la Patria bajo el imaginario “Bolivariano” insufló la ilusión de muchos de que alcanzarían anhelos largamente postergados con el desalojo de adecos y copeyanos del poder, rescatando así el legado del héroe. Hugo Chávez se erigió en el “profeta” de tal mandato.

Pero destruidas las bases políticas del contrato social inspiradas en la “siembra del petróleo”, había que construir uno nuevo. En ello fue de gran utilidad la asimilación de categorías discursivas comunistoides que proveyeron una simbología maniquea a la medida de las expectativas populistas prevalecientes en el país. Los culpables de la pobreza serían ahora los capitalistas, sus protectores imperialistas y sus agentes políticos, tildados todos como de “ultraderecha” y opuestos, por ende, al “progreso de los pueblos”. La razón o supremacía moral descansaría por antonomasia en la “izquierda socialista”, campeona del pueblo. Armado de esta mitología, Chávez procedió a destruir la institucionalidad asociada a la democracia representativa, pero cuidándose de profundizar el tutelaje del Estado sobre las actividades económicas que heredó de sus antecesores.

El comunismo, como proyecto de sociedad inspirada en el marxismo, es una quimera que dio lugar a los totalitarismos más crueles. Pero su asociación con el historial de luchas de las clases trabajadoras por conquistar derechos laborales y sociales le ha revestido con una aureola justiciera que aun genera réditos para propuestas como las del “socialismo del siglo XXI”. No importa que éste no tuviese nada que ver con la visión productivista con que Marx quiso fundamentar la superación del capitalismo, lo importante para el chavismo fue apertrecharse de categorías con las cuales culpabilizar a quienes se interponían al reparto discrecional de la renta petrolera, verdadero cimiento del proyecto chavista[1]. Con la prédica “socialista” se desmanteló el marco institucional con que la economía de mercado arbitraba transacciones entre privados, de éstos con el Estado y para  asignar recursos, para reemplazarlo con decisiones del líder indiscutido, tomadas a discreción.

Una nueva oligarquía

Los criterios de asignación descansarían ahora en la lealtad para con los preceptos “revolucionarios” pero, sobre todo, con quienes pretendidamente encarnaban éstos. La fijación de precios y el cúmulo de regulaciones y controles manejados por funcionarios públicos, así como la “custodia” del cumplimiento de esta normativa asignada a la Guardia Nacional, abrieron oportunidades inauditas para el lucro a través de la extorsión, el desvío de recursos, contrataciones fantasmas, comisiones, ventas al extranjero y sobreprecios, que fueron aprovechadas ante el marginamiento del mercado. El abundante ingreso petrolero cobijó el costo de tales extravíos, no obstante su impacto destructivo sobre la producción nacional. La prédica “socialista” fue un artificio invalorable para la centralización del poder en manos de Chávez y de sus acólitos. Sirvió para legitimar un sistema de usufructo de la riqueza social que ha dado lugar a una dinámica de acumulación estrechamente vinculada a la estructura de ese poder, al margen de lo pautado en nuestra Carta Magna, y de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Ungido de consignas anticapitalistas, el designio “socialista” encubrió la entronización de verdaderas mafias delictivas en los organismos públicos o en negociados con éstos. Con la disolución del Estado de Derecho se instaló un Estado Patrimonialista que privatizó en manos de los autoproclamados “revolucionarios” el patrimonio público. Entre muchísimos ejemplos, está la afrenta que representó para los venezolanos que padecen severamente la ausencia de divisas, el regalo “personal” de Maduro a Fidel, llevándole una comitiva de 80 personas para celebrar sus 90 años a un costo de unos $400.000 que, claro está, no son suyos. Pero la ideología trastoca afrentas como ésta en apologías al socialismo y loas a sus esfuerzos por evitar que el pueblo sucumba ante los embates de una supuesta “guerra económica” librada contra él. Así, con el mayor desparpajo, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, afirmó hace poco que, si no fuera por la Agenda Económica Bolivariana, la pobreza sería del 88% (¡!).

El problema para los oligarcas que controlan actualmente el poder, es que el proyecto chavista ha perdido su atractivo para la población. Ésta percibe de manera cada vez más diáfana la impostura de quienes pregonan ser “socialistas” mientras abusan del poder para expoliar la riqueza social, generando gran penuria para el resto de los venezolanos. Pero aunque el liderazgo chavista se sabe desenmascarado, no abandona sus poses. Desprovistos de apoyo social y político, busca recomponer rápidamente sus bases de sustento para no ser desplazado del poder. Y para esto sigue siendo de gran utilidad la ideología, pues su prédica extrema y reiterada genera fanatismos.

Las posturas destempladas de Maduro, Cabello y otros, a pesar de enajenar la voluntad mayoritaria, acentúan los resortes de lealtad y de “compromiso revolucionario” de la reducida secta que todavía comulga con esas ideas. Y son las instituciones del Estado, pobladas por el chavo-madurismo de fanáticos, el único apoyo que les queda. La obnubilación que resulta de asumir posturas ideológicas radicales permite escamotear la realidad y sustituirla por ficciones compartidas que “relativizan” los desafueros que se cometen, tranquilizando conciencias en nombre de la “revolución”. De ahí la liberalidad con que Maduro y los suyos cometen toda suerte de delitos contra la cosa pública y contra el ordenamiento jurídico formal, porque cuentan con la anuencia (complicidad) del tsj y de otras instancias de poder. Apropian créditos adicionales y subastan recursos mineros sin la aprobación de la Asamblea Nacional, violan el mandato popular al pretender invalidar los diputados de Amazonas, atentan contra la democracia y la Constitución obstaculizando con artimañas la realización del Referendo Revocatorio, amparan a quienes son señalados de narcotráfico y de otros crímenes. Su preocupación no es convencer al país –que ya saben en su contra-, sino blindarse entre ellos asegurando que los fanáticos cierren filas dócilmente en torno a las fechorías cometidas.

La prédica “socialista” terminó abrigando un estado de creciente anomia, sin seguridades, normas ni derechos humanos, para abrigar prácticas depredadoras contra la cosa pública. El Estado de Derecho fue sustituido por el ejercicio arbitrario de la fuerza contra quienes amenazan los privilegios de la oligarquía militar civil, como lo revela la condena de Leopoldo López y otros inocentes. Ésta se refugia en una retórica radical con la pretensión de activar solidaridades automáticas entre la secta que, en diversas instancias, maneja los resortes del poder. De ahí la campaña desaforada de Cabello, cual inquisidor del siglo XXI, para botar a quien no sea “revolucionario” –incondicional- de los organismos públicos y resguardar así los atropellos del poder contra toda vacilación. La amenaza contra la fortaleza asediada de la “revolución” es un argumento predilecto del fasciocomunismo. Están obligados a creer en sus disparates porque de lo contrario se les desmorona el poder. En el centro del precario sustento de Maduro está la disposición de sectores militares encumbrados a convalidar sus atropellos, a quienes procura amarrar con una argamasa de complicidades y una retórica “revolucionaria” que incita a la lealtad con el legado de Chávez. La ideología no ha sido poca cosa en la instalación de la tragedia venezolana, pero agota hoy sus potestades embaucadoras.

---

[1] “Este es un socialismo petrolero. No se puede concebir el modelo económico que queremos construir en Venezuela si no incluimos la gota petrolera. (…) Con el petróleo haremos la revolución socialista”,declaraciones del presidente Chávez recogidas por el diario, El Nacional, Pág. 4 Nación, 30 07 07.

¿DE DONDE SALIÓ TANTA POBREZA?

EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ

Entender el empobrecimiento de los venezolanos en los últimos lustros, no puede partir del discurso oficial, entre otras razones por el grado de ideologización que ha adquirido este último, en el sentido de ocultamiento de la realidad. Para ilustrar esto último puede partirse de la más reciente cadena que le oímos al presidente Nicolás Maduro y la cual se transmitió el 18 de Agosto de 2016 (ver www.vtv.gob.ve). En esta cadena nacional, donde se activó el motor número 15 –o último- de los que puso en marcha la administración bolivariana desde comienzos del año 2016, deben destacarse varios elementos para ilustrar lo indicado. 1. El Presidente señaló que en la administración bolivariana se ha dedicado un 64% de los ingresos petroleros a solucionar y atender necesidades sociales diversas de los ciudadanos, mientras en las administraciones anteriores se promedió un 30%. Algún día habrá que medir la eficiencia en la administración de ese porcentaje de  más de un billón de dólares de ingresos del caso, con los resultados de pobreza acumulados desde 1999. 2. Complementando lo anterior pronosticó una reducción de la pobreza y de la pobreza crítica para lo que resta de 2016, a pesar de existir un contexto de “guerra económica”. Como se sabe, esta última no es más que una excusa permanente. 3. Señaló también el Presidente que, en el futuro cercano, Venezuela seria reconocida como expresión de un milagro económico donde consolidaría el estado de bienestar (¡!). Para esto ofreció y amenazó con mantener por 10, 20 o 30 años la inamovilidad laboral, y aumentar salarios para combatir la inflación impuesta por “ellos” (debe entenderse se refería a grupos empresariales y políticos en líneas de oposición o simpatizantes del capitalismo). 4. El Presidente -y funcionarios que lo acompañaban- destacó como muy importante la subida de la nómina de Sidor en número superior a 17.000 trabajadores, a pesar de tener en números reales -y ofrecidos por los mismos funcionarios- una producción bajísima en relación a niveles alcanzados anteriormente y de que uno de los descubrimientos del mismo Presidente para el nuevo socialismo es que hay que desarrollar la productividad.

La CEPAL, en años recientes, había señalado una disminución de la pobreza en la región; en tiempo más cercano aun, ha resaltado un cambio de esa evolución, destacando un resurgimiento de la pobreza. Venezuela y los administradores bolivarianos, se ufanaban con índices y todo, de haber disminuido la pobreza; hoy día, a pesar de sus entusiasmos y exageraciones, ya no son tan enfáticos, aun con lo indicado en la cadena del Presidente aludida. Nuestra idea, indicadores más, indicadores menos, es que la pobreza no ha dejado de crecer en los últimos 30 o cuarenta años. El salario real que en los setenta  comenzó una caída, no ha dejado de tenerla.

A comienzos de los noventa, observamos cómo producto de políticas y acumulación de problemas se comenzaba a desarrollar en Venezuela una especie de miseria violenta, agresiva y que no se observaba en la previa evolución de la nación. A algún autor pudimos leerle, su acertada y premonitoria afirmación de que de ahí en adelante debíamos prepararnos para observar el regreso a tallas bajas, nuevas enfermedades y el resurgimiento de viejos padecimientos. Efectivamente, eso ha sucedido y hoy se presenta con una aguda aceleración, pues a los deterioros en el salario real se le suma la escasez y usencia de medicamentos. El hambre y la escasez viajan en las personas, en el Metro y transportes y se desplazan en las calles; en su delgadez, en la permanencia de enfermedades sin solución y atención estatal  -por el agudo también deterioro de los servicios públicos-, pero igualmente en las deformaciones físicas y la presencia de aspectos e imágenes desconocidas -o no tan manifiesta y agudamente presentes- en la vida urbana e incluso rural en la Venezuela anterior a aquellos años.

El surgimiento de ciudades y el desarrollo de las que ya existían, permitieron, con la aparición del petróleo y el impulso de la industrialización, la promoción de la civilidad, la vida urbana, el orden y el aprovechamiento de servicios públicos en salud y educación. Por lo menos ya abiertamente desde los años cincuenta, la educación pasó a ser un claro mecanismo de ascenso social y mejoramiento de las familias. Las campañas públicas de vacunación, fumigación, construcción de carreteras –algunas iniciadas incluso décadas atrás de los años señalados-, permitieron que una economía de poca población y baja tasa en su crecimiento, vieran mejorar sus condiciones de vida. Finales de los cincuenta, años sesenta y parte de los setenta, permiten apreciar retrospectivamente una población nativa de mezcla con migraciones -sobre todo europeas- que albergaba la idea de progreso y de posibilidades de desempeño. La izquierda política no lo creía así. Pero eso era desarrollo. Y hasta los menos favorecidos en la distribución del ingreso, podían albergar posibilidades de hacer algo o de mejorar.

A todo eso se le aunaba una difusión de valores, de orden y disciplina en la sociedad. Los elementos disonantes del equilibrio social eran pocos –entre otras razones por eso la izquierda política fracasó en tales años y décadas-, por y a pesar del rentismo,  el cual no había entrado todavía en sus mayores niveles de perversión. Estos comenzaron o se profundizaron con la Venezuela Saudita y se empezó a abandonar la idea e importancia del trabajo y el progreso y con ello -y con las terquedades y falta de previsión de administraciones de los años ochenta y noventa-, comenzó a ampliarse la inestabilidad en los manejos estatales, y a extenderse y a aparecer la pobreza y la miseria violenta, correspondientemente.

Visto así, los pobres de hoy se comenzaron a impulsar en los ochenta y los noventa, debido a las ejecutorias de políticas sin consenso, sectarias, no inclusivas y sin rostro humano, como se señaló en varias oportunidades. Pero lo que no se podía prever era que una administración que ya lleva más de 17 años, podía abonar el terreno y encaminar el país hacia mayor miseria, enfermedades y pobreza. La administración bolivariana que comenzó ilusionando a muchos con las ideas de adecentar el país, eliminar la corrupción y enrumbar con consenso al país por el camino del desarrollo, ha terminado funcionando con aquellos perfiles y con los de administrar una “revolución” ya vieja y fracasada.

El escenario, aunque siempre se puede empeorar, es ya bastante problemático. La administración bolivariana hoy día se presenta contraria al rentismo – pues ha asumido su crítica- pero es de las que más lo ha apuntalado y ha convertido el erario público  en escenario de buscadores de renta y corrupción. No perfila ninguna posibilidad de cambio en política económica, por sus compromisos políticos nacionales e internacionales que, curiosamente, se presentan como de izquierda y revolucionarios. Ha tratado de crear un hombre nuevo pero ha convertido su idea del socialismo en la dependencia más crasa de los ingresos y apoyos estatales, en condiciones de una promesa de bienestar que solo logran materializar los corruptos, los articulados a los apoyos estatales o los sectores que nacieron con altos niveles de vidas o son los mejores ubicados en la distribución del ingreso. De resto, clases medias y sectores populares diversos, han ido siendo afectados por la hiperinflación, la escasez y la falta de oportunidades y que perciben que cada día las cosas no continúan igual, sino que están peor.

Es este el escenario donde la distribución espacial de ciudades como Caracas, ha ido perfilando, en base al deterioro de los servicios, desorden y pérdida de valores desde la escuela y la familia, o permite observar, la extensión de la miseria que ya han venido destacando varias universidades o institutos nacionales como la UCV, UCAB, USB, CENDES e IESA,  en registros y estudios diversos. En este sentido, el triángulo que sobre Caracas marcan Los valles del Tuy; Guarenas–Guatire; Las adjuntas, zonas cercanas y los Teques, marca una pauta de alta preocupación para el equilibrio urbano regional. Con estas dimensiones, la pobreza no está estable, cada día crece más.

Contrario a lo que afirma el Presidente Nicolás Maduro, no es un milagro económico lo que se encontrará en Venezuela, es casi lo que se requerirá para que -en otras condiciones políticas y administrativas-  la nación y sus ciudadanos vuelvan a encontrar un sendero. Consenso, unión sector público sector privado, desarrollos de exportaciones alternativas que solo se logran en contextos favorables con la inversión y la producción, fortalecimiento institucional, mejores o particulares prácticas y otros elementos, son parte de lo trajinado para estructurar políticas diferentes y más adecuadas que las que se siguen -sin ningún éxito- aplicando en Venezuela. Tampoco será tan fácil como creen algunos contrarios a la administración bolivariana, pero el trazo en el que esta persiste es suficientemente equivocado, distorsionante y generador de pobreza. Es de allí de donde sigue saliendo pobreza y miseria violenta.

eortizramirez@gmail.com

@eortizramirez

Nueva Política Industrial

Análisis e Información sobre Comercio  y Desarrollo Sostenible para América Latina 

E15INITIATIVE

PUENTES

,

VOLUME 17 - NUMBER 5

Nueva política industrial y de manufactura: opciones para la política de comercio internacional

11 August 2016

Harsha V. Singh

El renovado énfasis en la política industrial pareciera, en ocasiones, darle un nuevo impulso al sector manufacturero en la dirección de un crecimiento sostenido. Es prioritario promover la competitividad a través de la promoción de habilidades específicas, tecnologías y mercados relevantes y a través del desarrollo de alianzas público-privadas (APP) para generar inversiones y sinergias que actualicen la inversión, la innovación y la diversificación de las estructuras de producción nacionales.

Tomando en cuenta un mercado globalizado con crecientes vínculos entre el comercio, la inversión, los servicios, la tecnología y las cadenas globales de valor (CGV), las actuales iniciativas de política industrial reflejan una perspectiva más integral sobre los pasos necesarios para construir capacidades y sistemas domésticos. Sin embargo, aun con este nuevo énfasis se ha prestado poca atención al vínculo entre la nueva política industrial y el sistema global de comercio e inversión del siglo XXI. Aun cuando el sistema de comercio global ya cuenta con una variedad de reglas relacionadas al uso de políticas industriales, no se ha considerado una revisión profunda de los acuerdos existentes en relación con las nuevas políticas a lo largo de todo el rango de actividades económicas en manufactura, agricultura y servicios.

Dado este contexto, se estableció el Grupo de Expertos en Nueva Política Industrial y el Sistema de Comercio como parte de la Iniciativa E15. El objetivo fue examinar los retos y las oportunidades del resurgimiento de las políticas industriales y su superposición con el sistema global de comercio. Se examinó la evidencia empírica sobre los tipos de políticas industriales empleados por países en distintos niveles de desarrollo y se evaluó el grado en que las normas existentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) imponen una limitante obligatoria o proporcionan la flexibilidad adecuada en el uso de dichas políticas.

Adicionalmente, se discutió cómo las disciplinas de comercio en los acuerdos megarregionales y en otros tratados de libre comercio (TLC) están restringiendo o incrementando la admisión de ciertas políticas industriales. De la misma manera, se consideró la existencia de objetivos públicos de interés multilateral común a lo largo de las políticas industriales, lo que podría sugerir la necesidad de expandir la flexibilidad disponible en los actuales regímenes de comercio. Sobre la base de estas evaluaciones, se propusieron opciones para mejorar las normas de comercio internacional, encaminadas a apoyar los objetivos de la política industrial que promuevan la competitividad y el desarrollo sostenible.

Cambios sistémicos e implicaciones para la política industrial y de comercioActualmente, hay cambios en curso orientados a sistemas que deben ser cuidadosamente tomados en cuenta en el análisis de la conexión entre la política industrial y de comercio; los que incluyen: 1) cambios económicos dentro de las naciones, los que implican una necesidad de adaptar las políticas industriales hacia las condiciones domésticas en evolución; 2) el rápido crecimiento de los países en desarrollo, el cual ha alterado las condiciones de competencia entre economías nacionales; 3) el incremento de la competencia en los mercados mundiales ha implicado que la adquisición de capacidades tecnológicas por parte de los países en todos los niveles de ingresos se haya convertido en una condición indispensable para la política industrial; 4) el surgimiento de tecnologías disruptivas con alto impacto económico, las cuales han alterado el ambiente operativo de las interacciones comerciales internacionales; 5) la importancia de las consideraciones de desarrollo sostenible en el mercado y el crecimiento de estándares privados, los cuales son cada vez más demandados por la industria, la sociedad civil y los responsables de la gestión pública como respuesta a las expectativas sociales; 6) el crecimiento de las CGV, las que han cambiado el foco de la política industrial hacia la participación en las cadenas de suministro y su actualización; y 7) la creciente superposición que se ha desarrollado entre algunos temas de política –incluyendo los regímenes de bienes y servicios, así como el de inversiones y el alcance extendido de la política de comercio más allá de las medidas de fronteras– las cuales demandan una mayor coordinación de políticas entre Gobiernos, los responsables de la gestión pública y el sector privado.

Ante estos cambios, los responsables de la gestión pública deben tomar en consideración un gran número de variables que son relevantes para las políticas industriales, por lo que resulta crucial priorizar entre ellas, a fin de dar mayor efecto a los esfuerzos de política. Dos iniciativas merecen un enfoque especial: una es desarrollar cambios orientados hacia los sistemas que faciliten las operaciones de empresas e industrias y proporcionen un camino para mejorar la competitividad, reconociendo el rol fundamental de las políticas de comercio; otra es desarrollar una buena relación de trabajo entre el Gobierno y los productores a nivel sectorial o de empresa. Finalmente, la política industrial experimenta tanto éxitos como fracasos. Un sistema flexible que monitoree y se adapte a las necesidades es lo más apropiado.

“Las actuales iniciativas de política industrial reflejan una perspectiva más integral sobre los pasos necesarios para construir capacidades y sistemas domésticos. Sin embargo, aun con este nuevo énfasis se ha prestado poca atención al vínculo entre la nueva política industrial y el sistema global de comercio e inversión del siglo XXI.”

Opciones para la política de comercio internacionalLas discusiones a nivel internacional comúnmente se dan en términos de intervenciones de política. Sin embargo, las políticas industriales son mayoritariamente políticas domésticas y por lo tanto, cualquier análisis de la dimensión internacional debe comenzar por examinar algunos elementos relevantes de estas últimas. La estrategia, bajo las actuales condiciones, debería reconocer que la política industrial no es una colección de políticas, sino un conjunto de procesos.

Dado el amplio alcance de la política industrial y las considerables brechas tanto en la información como en la capacidad técnica e institucional que prevalecen en muchos países, las opciones del Grupo de Expertos consideran iniciativas que reflejan nuevas visiones de política y la evolución de las condiciones del mercado global.

De opciones duras a suavesLa política industrial se ha sido enfocando cada vez más, incitando un cambio en el énfasis de opciones de política suaves, en lugar de duras. Adicionalmente, se ha dado un movimiento concurrente hacia políticas orientadas a las inversiones. La experiencia práctica ha validado la expectativa de que la construcción de sistemas y el aumento en la coordinación de políticas promueven un número de actividades interrelacionadas con impactos horizontales y podrían tener un alcance más amplio. En este contexto, los países menos adelantados enfrentan mayores dificultades para implementar políticas suaves u horizontales debido a limitaciones de capacidades.

Cooperación internacional para compartir informaciónDado que los países en desarrollo enfrentan algunas brechas de información y limitaciones de capacidades, resulta útil desarrollar una aproximación internacional cooperativa para reunir información en casos de estudio y experiencias sobre temas específicos. La tendencia hacia una mayor dependencia de las APP para subsanar los esfuerzos de algunas políticas industriales, así como la superposición entre las políticas necesarias para lograr objetivos importantes son áreas de cooperación en la práctica de compartir información. Cabe mencionar que los países no mantienen el mismo grupo de políticas industriales a medida que se desarrollan.

Argumentos para una mayor flexibilidad en los acuerdos internacionalesUna amplia gama de herramientas se utilizan para lograr los objetivos de las políticas industriales; los más importantes son las subvenciones, los requisitos de contenido local (RCL), la facilitación de la investigación y el desarrollo y las condiciones de operación para los negocios. Los argumentos que resaltan las limitaciones impuestas por los sistemas legales en relación con estos instrumentos no indican que las políticas para el desarrollo se encuentran totalmente cerradas, sino que algunas políticas que se encontraban más libres en el pasado, ahora se encuentran restringidas por las normas de los acuerdos legales como los de la OMC.

Al evaluar la superposición entre las medidas de políticas industriales más comúnmente utilizadas y las limitaciones establecidas en los acuerdos legales, podría resultar valioso examinar una propuesta para modificar las disciplinas que engloban los RCL –incluyendo una combinación de mayores disciplinas y flexibilidad– en conjunto con la práctica de compartir beneficios entre el inversionista y el país anfitrión.

Otro criterio para considerar la flexibilidad surge si un objetivo social o mundial importante puede conseguirse por medio de la política industrial. No obstante, los requisitos en acuerdos legales como la OMC restringen la implementación de dicha política. Revisar las subvenciones relacionadas al medioambiente puede ser pertinente en este contexto.

Argumentos para más disciplinas en acuerdos internacionalesCon la perspectiva de que se requiere una mayor flexibilidad en los acuerdos internacionales, se entiende también que en ciertos casos se necesita un mayor número de disciplinas para antidumping, medidas compensatorias y para las subvenciones a la pesca. Al aplicar el mismo criterio utilizado para evaluar la necesidad de mayor flexibilidad en los acuerdos legales, ambas áreas de política califican para merecer énfasis por parte de disciplinas adicionales.

Disciplinas en nuevos acuerdos plurilateralesAcuerdos plurilaterales de amplia cobertura, tales como el Acuerdo de Asociación Transpacífico, tendrán como resultado un incremento en las limitaciones operacionales de las políticas industriales en relación con las que actualmente existen bajo la OMC. Esto tiene tres implicaciones: 1) la flexibilidad de políticas disponible se verá afectada por aranceles, derechos de propiedad intelectual, procesos que afectan los estándares –incluyendo estándares que enfatizan el desarrollo sostenible–, empresas estatales y las transferencias de datos electrónicos; 2) los nuevos acuerdos plurilaterales darán como resultado la creación de estándares más elevados en los mercados de los miembros, con las empresas líderes en esos mercados replicando dichos estándares a lo largo de sus CGV; y 3) dada la importancia de un sistema multilateral incluyente para el desarrollo sostenible y la mitigación de diferencias, es importante buscar caminos para transitar de acuerdos de cobertura limitada hacia un sistema multilateral de comercio.

Recomendaciones de políticaEl Grupo de Expertos presentó 18 opciones de políticas públicas de corto a mediano plazo. El objetivo es proveer mejor información a los países y mejorar las capacidades de los responsables de la gestión pública y las empresas en relación con el diseño e implementación de políticas industriales. También buscan considerar las restricciones legales más relevantes en los acuerdos internacionales, mientras se atienden las áreas en donde se requieran disciplinas más fuertes. Las opciones también lidian con temas no legales mediante un análisis cooperativo, a fin de mejorar la efectividad de las políticas industriales, incluyendo los esfuerzos relacionados con las CGV, así como la racionalización de los índices que guían las prioridades de las políticas. Adicionalmente, también se sugieren opciones para apartarse de los acuerdos plurilaterales en favor de los marcos multilaterales.

Establecer centros regionales de excelenciaLos responsables de la gestión pública y los representantes empresariales de países selectos deberían convenir dichos centros para discutir las preocupaciones prácticas de política previamente identificadas. Esta iniciativa debería ser auspiciada idealmente por un banco de desarrollo a fin de que las ideas puedan ser implementadas rápidamente con apoyo financiero. Los centros serían particularmente útiles para las economías más pequeñas, las cuales generalmente tienen recursos limitados para discutir la cantidad de retos y para recolectar la información necesaria.

Desarrollar un marco de trabajo o modelo para acuerdos de APPEs necesario desarrollar un modelo para acuerdos de APP en sectores específicos, el cual haya sido implementado exitosamente en países similares. Utilizando este modelo, se deben identificar las políticas con mayor impacto e interconexiones con otras políticas y considerar las brechas que deben ser atendidas en el contexto del marco de política nacional.

Identificar industrias de rápido crecimiento y cadenas de política para apoyarlasEn los centros regionales o globales de excelencia, se debe identificar una lista de industrias de rápido crecimiento en países con distintas categorías de ingresos, así como las cadenas de políticas que los apoyan dentro de las industrias relevantes. La lista deberá identificar el camino para desarrollar una trayectoria dinámica de crecimiento económico para países en grupos de ingresos diversos. Los responsables de la gestión pública podrán 1) distinguir entre las inversiones enfocadas en nuevas industrias o actividades de aquellas que apoyan a industrias viejas o en declive o 2) identificar los pasos necesarios para promover la actualización tecnológica dependiendo del nivel de desarrollo y las capacidades prevalecientes dentro de un país.

Identificar componentes de políticas comunesHay que identificar componentes clave de políticas públicas entre los factores que son enfatizados para mejorar la facilidad para hacer negocios, junto con aquellos considerados en los índices globales de competitividad e innovación. Debido a que debería existir un cuerpo de trabajo considerable en esta área, sería útil compilar los escenarios de mejores prácticas y cómo las limitaciones y problemas específicos fueron atendidos en diferentes situaciones. Esta información debería estar disponible dentro de una plataforma de discusión y sugerencias para los responsables de las políticas públicas y empresas con el objetivo de abordar temas específicos.

Interactuar con empresas líderes en las cadenas de suministroIncluir en una plataforma de CGV que será establecida por el Grupo de Expertos del E15 sobre el tema la posibilidad de discutir la efectividad mejorada de las políticas industriales, particularmente involucrando a las empresas líderes en las cadenas de suministro globales. Esta discusión podría capturar las sinergias a través de la participación de las empresas líderes bajo esfuerzos regionales o internacionales en común, mejorando las capacidades y utilizando recursos e interacciones concebidas bajo las recomendaciones de los centros regionales de excelencia.

Mejorar la capacidad y estándares de las industrias pequeñasSe deberán realizar esfuerzos especiales para considerar los retos antes mencionados para el sector de pequeñas industrias, utilizando casos de estudio e iniciativas de colaboración a través de una plataforma en común. Dicha plataforma podría ser parte de los centros regionales de excelencia.

Considerar la flexibilidad de la OMC para RCLLos miembros de la OMC podrían considerar otorgar alguna flexibilidad en las condiciones legales y regulatorias de los RCL, con base en algún nivel determinado de ingreso –o porcentaje del comercio global–, sobre las cuales no se aplicaría la prohibición de RCL. Alternativamente, la prohibición podría transformarse en una prueba tomando como base los “efectos adversos” a ser examinados a través de los procesos de solución de diferencias, similar al sistema regulatorio para subvenciones domésticas.

Cerrar los vacíos legales para las disposiciones relacionadas a RCLOtra opción podría ser utilizar el marco de trabajo para un esfuerzo plurilateral sugerido por Cimino et al. (2014) para cerrar los vacíos legales para las disposiciones relacionadas a los RCL. Este acuerdo podría combinar disciplinas más estrictas con algo de flexibilidad, especialmente con aquellos con una presencia más reducida en el comercio global para un bien determinado.

Eximir a las políticas de limitaciones legales para un acuerdo de bienes globalesComenzar una discusión para identificar una lista de objetivos globales o bienes globales sobre los cuales se pueda llegar a un acuerdo para eximir a dichos bienes de las limitaciones legales a fin de que las políticas industriales puedan desarrollar esos productos. Estos objetivos podrían estar relacionados con la salud, sustentabilidad ambiental, acceso público a investigación selecta apoyada por fondos públicos y ayuda alimentaria, por ejemplo. Para mantener la efectividad de las políticas industriales, podía resultar útil enfocarse en un número reducido de temas específicos de amplio apoyo. Un buen candidato para esto podrían ser las normas revisadas para subvenciones ambientales.

Revisar las disciplinas internacionales sobre subvenciones ambientalesEsto podría hacerse de la siguiente manera. En primer lugar, expandir la lista de subvenciones no-recurribles para cubrir: desarrollo y actualización de infraestructura de energía renovable, tarifas reguladas y esquemas de garantía demanda/precio (sin RCL); subvenciones de consumo/rebajas; productos de energía renovable fuera de la red.

En segundo lugar, aproximaciones alternativas más allá del artículo 8 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias: prueba del preámbulo del artículo XX del GATT; asignaciones limitadas sobre una lista de subvenciones en beneficio del medio ambiente (modelo basado en el “Compartimento Verde” del Acuerdo sobre Agricultura); restringir las medidas compensatorias en contra de bienes verdes, aplicación obligatoria de la prueba de interés público y una norma de aranceles aligerada.

En tercer lugar, se podría expandir el trato especial y diferenciado para países en desarrollo: subvenciones para productos de energía renovable fuera de la red; los países menos adelantados podrían otorgar ciertos tipo de subvenciones prohibidas sujetas a la implementación de condiciones estructurales.

Consolidar disciplinas específicas en áreas de preocupación comúnLas economías más grandes deberían integrarse como un grupo para identificar las disciplinas adicionales aceptadas en acuerdos bilaterales con respecto a las subvenciones a la pesca, así como al antidumping y medidas compensatorias para objetivos ambientales y tratar de utilizarlas como base para lograr un acuerdo con una membresía más amplia en la forma de un acuerdo plurilateral de la OMC con beneficios de nación más favorecida para los que no sean miembros de este acuerdo plurilateral.

Desarrollar marcos para la transferencia de datos y requisitos de privacidadDesarrollar marcos para la transferencia de datos y requisitos de privacidad con diferentes temas de relevancia pertenecientes a diferentes tipos de datos. Se deben implementar programas de entrenamiento vinculados a estos requisitos, con coordinación regional entre asociaciones industriales o entre países desarrollados y en desarrollo.

Desarrollar nuevos mecanismos en la OMC para discutir temas emergentesDesarrollar un nuevo mecanismo de discusión dentro de la OMC, desvinculado de cualquier negociación, para discutir asuntos nuevos o incrementalmente significativos, tales como temas como logística y políticas regulatorias así como temas transfronterizos tales como la consistencia de estándares, movilidad de negocios, información de comercio e infraestructura de comercio electrónico. La discusión podría aspirar a gestionar situaciones que surjan debido a los vínculos entre el comercio digital y las cadenas de suministro y los cuales presentan preguntas que van más allá de la jurisdicción de cualquier miembro individual de la OMC.

Desarrollar un marco común para estándares privadosBasado en el trabajo actual de organizaciones internacionales tales como el International Trade Centre, el Banco Mundial y el Foro de las Naciones Unidas sobre Normas de Sostenibilidad, se podría desarrollar un marco de principios a fin de brindar mayor armonización entre los estándares privados. Un esfuerzo inicial, por ejemplo, podría hacerse al desarrollar esto bajo un marco similar al Documento de Referencia para los Servicios de Telecomunicaciones de la OMC.

Preparar una hoja de ruta para facilitar la evaluación de conformidadPreparar una hoja de ruta para aumentar la capacidad y facilitar la evaluación de conformidad para estándares de un país en los mercados de otro. Este esfuerzo debe ir más allá de aceptaciones mutuas a nivel bilateral y transitar hacia una iniciativa más grande y con múltiples naciones.

Identificar disposiciones en TLC sujetas a ajustes de inclusiónIdentificar disposiciones potenciales en TLC, incluyendo megarregionales, para ajustes que puedan incluir el objetivo de inclusión, especialmente con respecto a las evaluaciones de conformidad.

Establecer umbrales para expandir las normas de origen en los TLCPara las normas de origen, todos los TLC que agrupen por lo menos una quinta parte del comercio mundial deberían incluir a países menos adelantados como si fueran miembros de dicho TLC. Una vez que los miembros del TLC agrupen dos terceras partes del comercio mundial, las normas de origen deberían volverse multilaterales.

Acuerdo para facilitar una hoja de ruta inclusiva para el comercio sostenibleFinalmente, se recomienda iniciar discusiones para un Acuerdo para Facilitar una Hoja de Ruta Inclusiva para el Comercio Sostenible (AFIRST, por sus siglas en inglés). Los modelos actuales encaminados a encontrar compromisos y aceptación voluntaria de disciplinas y principios deseables, así como opciones para permitir a los países actualizar sus capacidades para cumplir con estándares más elevados podrían brindar un punto de partida para este debate. Esta recomendación desarrolla la idea que mientras que la regulación del comercio global se encuentra cada vez más fragmentada, hay una necesidad de construir un marco amplio y consistente para facilitar las condiciones inclusivas que logren transitar hacia un régimen donde todos puedan participar de manera más efectiva y tengan la posibilidad de oportunidades de crecimiento y desarrollo más grandes por medio del comercio y la inversión.

ConclusiónLa economía global ha evolucionado a un nivel que pocos podrían haber anticipado hace una generación. El cambio tecnológico y los vínculos crecientes entre economías han traído nuevos e importantes factores de competitividad en el proceso de integración y desarrollo. Con las redes de producción y distribución organizados cada vez más en cadenas de valor regionales o globales, una creciente superposición se ha desarrollado entre los temas de política. En este mundo interconectado, la experiencia nos indica que las políticas restrictivas son menos exitosas en lograr los objetivos de mejora sostenida de la productividad y competitividad doméstica.

Las brechas que la nueva política industrial busca atender están orientadas hacia consideraciones sistémicas o institucionales, mientras que incorporan temas específicos de algunos sectores o industrias. Adicionalmente, se incluyen objetivos globales y domésticos que reflejan las preocupaciones sociales y ambientales. Se deben de llevar a cabo esfuerzos de política pública coordinados para que cada una de estas iniciativas, con aproximaciones suaves u horizontales, generen el mayor impacto posible. Para mejorar la efectividad de dichas políticas se debe dirigir un esfuerzo considerable al desarrollo de información e instituciones, así como una mejora en la coordinación e interacción entre los Gobiernos y el sector privado. Estos esfuerzos cooperativos deben ser llevados a cabo a los niveles nacional, regional e internacional para permitir a los países, particularmente los menos desarrollados, transitar positivamente en un camino de desarrollo sostenible.[1]

---

[1] Este artículo ha sido adaptado de un estudio más extenso que se puede encontrar en Singh, H. (2016).New industrial policy and manufacturing: options for international trade policy. Ginebra, Suiza: ICTSD & WEF.

TAG: 

E15 EXPERT GROUP ON INDUSTRIAL POLICY, E15INITIATIVE, INDUSTRIAL POLICY

This article is published under

Puentes

,

Volume 17 - Number 5

COMUNICADO

COMUNICADO

La Maestría en Economía Internacional tiene el penoso deber de informar  el lamentable fallecimiento de la estudiante Emperatriz Pantaleón, quien falleció el 06 de agosto de 2016 como consecuencia de un accidente automovilístico en San Cristóbal, estado Táchira.

                                                                                                           

En nombre del alumnado, profesores y personal administrativo de este postgrado, el Comité Académico se permite expresar su más sentido pésame a familiares y amigos de la estudiante Pantaleón, quien se caracterizaba por su compañerismo, dedicación y responsabilidad.

Paz a sus restos!

Maestría en Economía Internacional

Comisión de Estudios de Postgrado  

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales      

    

Mercosur: argumentos contradictorios

Leer esta nota en: www.talcualdigital.com

Felix Arellano

Frente a la crisis el proceso bolivariano está reaccionando, como es usual, con soberbia e insultos, lo que debilita su posición e incrementa su aislamiento. Las divergencias se exacerban y se oyen versiones de ruptura. Esperemos que prevalezca la prudencia y la crisis contribuya a promover la necesaria reingeniería del Mercosur

La crisis del Mercosur hace evidente la expresión “las pequeñas cosas dan idea de lo grande”, pues la presidencia semestral del bloque, una institución simbólica, formal y procedimental, está desnudando la grave problemática del bloque. Un primer indicador el “problema Venezuela”, que se remonta a su ingreso irregular, que se hizo efectivo violentando normas y maltratando a Paraguay, con su arbitraria suspensión. Pero las contradicciones eran evidentes, el gobierno bolivariano y sus políticas expropiadoras y destructivas chocaban frontalmente con la normativa del Mercosur; empero, la afinidad ideológica y la fortaleza de la chequera petrolera, cautivaron a los gobiernos radicales del sur.

Venezuela entró irregularmente y por varios años su discurso antisistema y anacrónico cautivó a los miembros generando lo que se ha denominado “el Mercosur ideológico”, periodo durante el cual se han menospreciado los compromisos fundacionales comerciales y aduaneros. Ahora los países están despertando del falso sueño y empiezan a cambiar; también el proceso bolivariano y su chequera se van deteriorando.

Como parte del sainete de la presidencia encontramos argumentos contradictorios. Las posiciones del gobierno bolivariano y del Uruguay sorprenden por su debilidad jurídica y contradicción. Para ellos, la normativa del Mercosur se limita a la obligación de la rotación semestral por orden alfabético de la presidencia, y olvidan la regla de oro del bloque, la unanimidad en la toma de decisiones, uno en contra y se paraliza la decisión, en estos momentos tenemos tres en contra.

El Uruguay con un sólido prestigio en el hemisferio y en el bloque, está asumiendo una penosa posición, pues también menosprecia la “cláusula democrática del Mercosur” (el Protocolo de Ushuaia). Este sería el camino jurídico para abordar el “caso Venezuela”, pues su aplicación sometería al proceso bolivariano a observación, limitado para ejercer la presidencia. Ahora bien, sorprende el temor de los gobiernos para aplicar tal normativa frente a la grave situación de deterioro de la institucionalidad democrática y derechos humanos que vive Venezuela.

El caso de Argentina también ha preocupado, por las ambiguas posiciones, entre la aparente firmeza del Presidente Macri y la debilidad de la Canciller Malcorra, concentrada en buscar votos para su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Pero esta situación parece que empieza a cambiar y el gobierno argentino se ha sumado claramente al rechazo de la presidencia bolivariana.

La argumentación del gobierno brasileño también amerita reflexión. Se ha centrado en resaltar los incumplimientos de Venezuela, en particular de los compromisos asumidos en el protocolo de adhesión, lo que le desmerita para presidir el bloque. Esta tesis tiene sus contradicciones. Por una parte, los incumplimientos son otro de los graves problemas del bloque, todos tienen incumplimientos, lo que en parte tiene que ver con las complicaciones en la toma de decisiones, la ambigüedad frente a la supranacionalidad, que ha generado que muchas normas no han sido incorporadas por los países miembros. Por otra parte, debemos destacar, que muchas de las condiciones del protocolo de adhesión de Venezuela han sido desproporcionadas, asumidas de forma autoritaria y requieren de una revisión.

Frente a la crisis el proceso bolivariano está reaccionando, como es usual, con soberbia e insultos, lo que debilita su posición e incrementa su aislamiento. Las divergencias se exacerban y se oyen versiones de ruptura. Esperemos que prevalezca la prudencia y la crisis contribuya a promover la necesaria reingeniería del Mercosur, oportunidad para revisar, entre otros, los obstáculos al programa de liberación, sincerar la unión aduanera, perfeccionar el sistema de toma de decisiones, conformar mecanismos de protección temporal, avanzar en el mercado común y revisar las condiciones de adhesión de Venezuela como miembro pleno.

Medidas económicas recientes

 La ANCE ante las recientes medidas económicas

La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), alarmada por el sostenido deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos, se siente en la obligación de dirigirse al país para reiterar preceptos básicos de la ciencia económica que ofrecen pautas para la superación de tan grave trance.

La actividad económica obedece a incentivos. Las empresas producen y/o comercializan bienes y servicios con la expectativa de obtener un beneficio que remunere adecuadamente su inversión y sus esfuerzos. Un obrero valora ser remunerado dignamente al cumplir con sus labores. El consumidor busca que el dinero que entrega en pago de bienes y servicios sea compensado con la calidad de éstos. El amparo de tales incentivos impulsa la economía hacia niveles crecientes de bienestar, como lo muestra la experiencia de numerosos países de desarrollo exitoso. Ello debe plasmarse en un marco institucional adecuado que genere un ambiente de abierta competencia, libre movilidad de los recursos productivos, transparencia y bajos costos en las transacciones a efectuarse, garantías jurídicas y estabilidad macroeconómica, en el que los precios y las remuneraciones premian el esfuerzo y la capacidad de innovar. Debe velarse, igualmente, porque la actividad económica redunde en objetivos deseados de justicia social y de protección ambiental.

Asegurar un marco institucional idóneo para superar la grave crisis económica debería ser la principal responsabilidad del actual gobierno. Lamentablemente, ha preferido continuar con las políticas económicas de su predecesor, Hugo Chávez, quien desmanteló las instituciones favorables a la economía de mercado y a las libertades individuales, confiscó empresas e instrumentó mecanismos de control y regulación, generando un ambiente de gran incertidumbre y de acoso al sector privado, que desincentivó sus actividades. Bajo la creencia de que el ingreso petrolero bastaba para alcanzar los propósitos del gobierno, se intervino el sistema de precios, sometiéndolo a consideraciones políticas. El reparto de la renta y otros recursos centralizados en manos del Ejecutivo liquidó los estímulos para aumentar la productividad, para el uso racional de los recursos como sostén de mayores niveles de consumo en el tiempo y para la adecuada remuneración al esfuerzo productivo. Se exacerbó así el intervencionismo y el tutelaje estatal que habían minado la estrategia de “sembrar el petróleo” de gobiernos anteriores.

El reforzamiento de reglas de juego no mercantiles, en un ambiente opaco en el que no se rinden cuentas sobre la aplicación de los recursos públicos, premia la discrecionalidad en la toma de decisiones a favor de intereses partidarios. Los precios regulados, divorciados de sus costos de producción y comercialización –incluyendo el incentivo de una ganancia adecuada-, la obligatoriedad de sacar permisos de todo tipo para distribuir productos y la amenaza de sanciones severas para las empresas que no cumpliesen, incentivó la búsqueda del lucro fácil para todo aquél que tuviera cómo intervenir en la aplicación de tales medidas. La brecha entre los precios de los bienes regulados y los de reventa que están dispuestos a pagar los consumidores, el aprovechamiento del diferencial cambiario para vender tales bienes en países vecinos y convertir los proventos al tipo de cambio paralelo, las increíbles fortunas que posibilitan tales prácticas en el caso de la gasolina, las oportunidades para extorsionar a productores y comerciantes que ofrecen las regulaciones punitivas a sus actividades, y la opacidad con que se efectúan muchas transacciones públicas, al margen del escrutinio de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación, han terminado por arrollar los baluartes morales que pudiesen evitar tales prácticas en distintas esferas del poder. Como era de esperar, se han creado poderosos intereses en torno a la permanencia de estos mecanismos de intervención y control. Constituyen la principal explicación de la resistencia del Ejecutivo a la rectificación de políticas para poder superar las terribles penurias que sufren los venezolanos.

Los excesivos controles de precio en Venezuela se asocian a la inflación más alta del mundo, un desabastecimiento extendido, desempleo, un empobrecimiento acelerado y un aparato productivo en el suelo. Pero el gobierno pretende ocultar tan notoria evidencia inventando una supuesta “guerra económica” de factores internos y externos contra el pueblo para explicar sus carencias. Ello es recogido en el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica que el Presidente se hizo aprobar contra la voluntad de la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, crea los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para distribuir productos alimenticios regulados directamente a los hogares. En manos de organizaciones oficialistas, ha generado numerosas denuncias de discriminación política y de corrupción. Más allá este marco ha servido para entregarle poderes extraordinarios al Ministro de la Defensa, General Padrino López, como Jefe del Órgano Superior del Comando para el Abastecimiento Soberano y Seguro, mediante Decreto N° 2367. Enumera entre sus objetivos, el perseguir y neutralizar las “acciones desestabilizadoras” que se vienen ejecutando contra “el sistema agroproductivo e industrial”. Dispondrá de equipos técnicos de carácter cívico-militares que, entre sus atribuciones, podrán obligar a “sujetos de las cadenas productivas y de distribución” a vender a “determinadas empresas u otros entes estatales el porcentaje de su producción que sea necesario“, de conformidad con la Ley de Precios Justos (Art. 7). En este orden de ideas, la Resolución 9855 del Ministerio del Trabajo crea un “régimen laboral transitorio” que permitirá la conscripción de trabajadores de empresas públicas o privadas para “el reimpulso productivo del sector agroalimentario”, en violación de libertades individuales y garantías económicas básicas.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas se siente obligada a manifestar que la economía no es un escenario de guerra que puede ser conducido con base en órdenes y controles, ni el grave desabastecimiento agroalimentario se reduce a un problema de logística militar. Políticas intervencionistas de este tipo han producido la deplorable situación que hoy padecemos, reiterando los desaciertos que han empobrecido a la población. Como afirmara una prominente figura política internacional, “cuando se está metido en un hueco, la salida no es cavando”.

Es perentorio generar condiciones que estimulen la iniciativa privada y, con ello, reactive el aparato productivo doméstico, que en muchos casos opera con apenas un 30 o un 35% de su capacidad. Ello requiere unificar y liberar el tipo de cambio, estabilizándolo en torno a sus valores de equilibrio, para que las empresas puedan importar los insumos, piezas y equipos que requieren para abastecer al país, sustituir importaciones (y con ello ahorrar divisas) y crear empleo productivo. Levantar los controles que hoy asfixian la economía y procurar el financiamiento externo tiene que ser una de las prioridades actuales del gobierno para avanzar con estos propósitos, así como sanear las cuentas fiscales para abatir la inflación y generar la confianza requerida para el cálculo económico de inversionistas, empresarios y consumidores. La adecuada instrumentación de estas medidas y la activa promoción de la competencia, de las seguridades jurídicas y de la transparencia en las transacciones, permitirán rebajar el precio –en algunos casos, sustancialmente- de muchos bienes que se importan con el dólar paralelo o que son revendidos a varias veces su precio regulado. Ello es imprescindible para que los salarios, en un ambiente que promueva la productividad, mejoren su poder adquisitivo.

Ante la severa crisis que afecta la vida de la inmensa mayoría de los venezolanos, no hay excusa para que un gobierno que alega defender los intereses del pueblo no promueva las reformas que incentiven la reactivación pronta de la economía. Venezuela cuenta con enormes potencialidades para solventar las penurias actuales. Como siempre ha reiterado en sus pronunciamientos públicos, la Academia Nacional de Ciencias Económicas se pone a la orden, conforme al artículo 2 de su Ley de creación, para contribuir a que estos cambios puedan producir los resultados deseados.

Humberto García Larralde          Sary Levy Carciente

Presidente                                        Secretaria

Caracas, 3 de agosto de 2016