La Era de la Carne

Publicado en elpais.com

El consumo de animales es un lujo reciente para la humanidad. Tal vez la alerta de la OMS marque el principio del fin de esta época

MARTÍN CAPARRÓS 31 OCT 2015 - 20:00 CET

La carne se ha vuelto, de pronto, todavía más débil. Ya la atacaban desde varios flancos y ahora, de pronto, el golpe artero: que produce cáncer. Lo sabemos, tratamos de ignorarlo: vivir produce mucho cáncer y estas vidas del siglo XXI producen, sobre todo, paranoicos, ciudadanos tan satisfechos de esas vidas, tan aburridos de esas vidas que viven para conservarlas. Para eso se atrincheran en sí mismos —porque todo lo que viene de fuera puede ser peligroso: humos, sales, azúcares, hidratos, grasas, drogas varias, cuerpos extraños o incluso conocidos—. Y ahora, faltaba más, la carne cancerera.

Dicen que, en el principio, la carne hizo a los hombres: que aquellos animalitos carroñeros que fuimos hace tres millones de años desarrollaron sus mentes gracias a las grasas y proteínas animales que comían cuando encontraban algún cadáver sin terminar. Así fueron mejorando y aprendieron a matar ellos mismos y mejoraron más y descubrieron el fuego y cocinaron y, tan lentos, se hicieron hombres y mujeres. Comían carne cazada y frutos recogidos hasta que, hace unos días, alguien entendió que si enterraba una semilla conseguiría una planta y el mundo se fue volviendo otro, éste: aparecieron la agricultura, las ciudades, los reyes, nuevos dioses, la rueda, los metales, millones de personas, las caries, las clases, la riqueza y sus variadas injusticias. La revolución neolítica cambió todo y, con todo, la alimentación: desde entonces los humanos —salvo, claro, los ricos y famosos— comimos más que nada algún cereal o tubérculo o verdura acompañados de vez en cuando por un trocito o dos de alguna carne. Y así fue, durante diez mil años, hasta que, unas décadas atrás, las sociedades más ricas del planeta entraron en la Era de la Carne.

La carne es estandarte y es proclama: que este planeta sólo se puede usar así si miles de millones se resignan a usarlo mucho menos

Ahora nos parece normal, pero es tan raro: un bistec con patatas, unas salchichas con puré, un pollo con arroz, proteína animal con algún vegetal acompañando, es una inversión del orden histórico, tremendo cambio cultural —y ni siquiera lo pensamos—. Y menos pensamos lo que eso significa como gesto económico, social. No le digan a nadie que lo está diciendo un argentino: comerse un buen bife/chuletón/bistec, un gran trozo de carne, es una de las formas más eficaces de validar y aprovechar un mundo injusto.

Consumir animales es un lujo: una forma tan clara de concentración de la riqueza. La carne acapara recursos que se podrían repartir: se necesitan cuatro calorías vegetales para producir una caloría de pollo; seis, para producir una de cerdo; diez calorías vegetales para producir una caloría de vaca o de cordero. Lo mismo pasa con el agua: se necesitan 1.500 litros para producir un kilo de maíz, 15.000 para un kilo de vaca. O sea: cuando alguien come carne se apropia de recursos que, repartidos, alcanzarían para cinco, ocho, diez personas. Comer carne es establecer una desigualdad bien bruta: yo soy el que puede tragarse los recursos que ustedes necesitan. La carne es estandarte y es proclama: que este planeta sólo se puede usar así si miles de millones se resignan a usarlo mucho menos. Si todos quieren usarlo igual no puede funcionar: la exclusión es condición necesaria —y nunca suficiente—.

Cada vez más gente se empuja para sentarse a la mesa de las carnes —los chinos, por ejemplo, que hace 20 años consumían cinco kilos por persona y por año, y ahora más de 50— porque comer carne te define como un depredador exitoso, un triunfador. En las últimas décadas el consumo de carne aumentó el doble que la población del mundo. Hacia 1950 el planeta producía 50 millones de toneladas de carne por año; ahora, casi seis veces más —y se prevé que vuelva a duplicarse en 2030—. Mientras, un buen tercio de la población mundial sigue comiendo como siempre: miles de millones no prueban la carne casi nunca, la mitad de la comida que la humanidad consume cada día es arroz, y un cuarto más, trigo y maíz.

Tardará: pero alguna vez, dentro de décadas, un siglo, los historiadores empezarán a mirar atrás y hablarán de estos tiempos —un lapso breve, un suspiro en la historia— como la Era de la Carne

Y aparecen las grietas en el imperio de la carne. Primero fue el imperativo de la salud: cuando nos dijeron que su colesterol nos embarraba el cuerpo. Y ahora, en los barrios más cool de las ciudades ricas, cada vez más señoras y señores rechazan la carne por convicciones varias: que no quieren comer cadáveres, que no quieren ser responsables de esas muertes, que no quieren exigir así a sus cuerpos, que no quieren. Llueve, estos días, sobre mojado: la amenaza del cáncer. Hasta que llegue la imposibilidad más pura y dura: tantos querrán comer su libra de carne que el planeta, agotado, dirá basta.

Tardará: el comercio mundial de alimentos está organizado para concentrar los recursos en beneficio de unos pocos, intereses potentes defenderán sus intereses. Pero alguna vez, dentro de décadas, un siglo, los historiadores empezarán a mirar atrás y hablarán de estos tiempos —un lapso breve, un suspiro en la historia— como la Era de la Carne. Que habrá, entonces, pasado para siempre.

Martín Caparrós es escritor y periodista argentino y autor de Hambre (Anagrama)

Diálogo y convivencia internacionales.

Felix Arellano.

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La votación en el Consejo Permanente de la OEA, ha sido un punto de inflexión que ha dejado claro la debilidad del liderazgo bolivariano, que se limita al reducido grupo de radicales dentro de la ALBA

En el escenario internacional encontramos un creciente número de factores potenciales de conflicto, pero también encontramos fuerzas de diálogo y negociación que pueden abrir camino al delicado equilibrio entre convivencia y diversidad. En este orden de ideas, observamos cómo los países más poderosos, que mantienen sistemas políticos democráticos, tienden a privilegiar la prudencia y el diálogo en escenarios de conflicto. No obstante las contradicciones que caracterizan la política exterior de los Estados Unidos, que en muchos casos ha privilegiado el uso de la fuerza; actualmente, con la llamada Doctrina Obama, se puede apreciar la importancia asignada al diálogo y la diplomacia multilateral en casos como el medio oriente, Corea del Norte, Irán o Cuba. En lo que respecta a la Unión Europea (UE) esa ha sido la tendencia.

Países de poder intermedio como India y Suráfrica, si bien mantienen sistemas democráticos, éstos enfrentan serias debilidades institucionales, esquemas de exclusión social aún vigentes y diversos problemas económicos. Todo lo cual pareciera fundamentar una actuación internacional limitada, incluso en propios espacios geopolíticos de influencia.

Brasil constituye un caso interesante, ya que en los últimos años ha tratado de fortalecer tanto su sistema democrático, como la economía interna. Los años del Presidente Lula fueron muy activos en el escenario internacional y regional. Su activismo se ha sentido particularmente en la esfera económica: OMC, G.20, BRICS, Mercosur, etc. Pero debilidades del modelo político, dado el sesgo autoritario que tiende a caracterizar al populismo, lo enfrenta en los actuales momentos a serios problemas de estabilidad política, lo que se proyecta en su debilitamiento internacional.

Países poderosos con modelos autoritarios presentan tendencias más complejas y, ante la ausencia de controles y limites internos, se inclinan más fácilmente por la violencia y el uso de la fuerza. China representa un caso complejo. Luego de abrir su economía con Deng Xiaoping y con el objetivo de mantener el dinamismo de su economía y liderazgo mundial, tiende a valorar un poco más la importancia del diálogo y la convivencia. En tal sentido, apreciamos una China prudente y negociante en la Organización Mundial del Comercio, en diversos grupos económicos: G.20, BRICS, APEC; también lo ha sido en escenarios de conflicto como el medio oriente y Corea del Norte. Empero, también encontramos una China beligerante en temas territoriales geopolíticos, particularmente frente a sus vecinos en el Mar de China.

Rusia es el caso grave que confirma la reflexión, pues siempre ha mantenido una tradición autoritaria en su política interna y la apertura económica asumida con la caída del comunismo, se ha caracterizado por una gran corrupción y ausencia tanto de transparencia, como de reglas claras. Con esa rígida base nacional, mantiene como uno de sus objetivos fundamentales de política exterior retomar territorios hoy independientes, que los considera partes del gran imperio ruso. Estilo imperial también caracteriza su participación en escenarios globales como el oriente medio, Siria, la primavera árabe o Asia.

El proceso bolivariano aspiraba un liderazgo medio, pero pregona, en su falso discurso, un liderazgo mundial. Todo este sueño se va desvaneciendo, en la medida que se agota la chequera petrolera. La votación en el Consejo Permanente de la OEA, ha sido un punto de inflexión que ha dejado claro la debilidad del liderazgo bolivariano, que se limita al reducido grupo de radicales dentro de la ALBA. Este grupo agradece los favores de la chequera, pregona el discurso anti sistema, pero aplica modelos económicos de mercado.

Adicionalmente, en la medida que crece el autoritarismo en el proceso bolivariano, su comportamiento internacional se va tornando más violento, con un discurso de descalificación y exclusión. Nos urge fortalecer nuestra democracia interna, para retomar un papel más activo en pro del diálogo y la convivencia internacional.

PREINSCRIPCIONES

PREINSCRIPCIONES

La Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, se complace en anunciar el inicio del proceso de preinscripción del período II-2015, para aspirantes interesados en comenzar estudios en el I-2016:

Para los interesados en la Maestría en Economía Internacional, deberán contactar directamente con el Postgrado durante el Lapso: 27 de Octubre al 30 de Noviembre 2015 en Horario: lunes a viernes 7:00 pm a 12:00 pm Teléfono: (0212) 6050457 Dirección: Av. Edison, Centro Comercial Los Chaguaramos, piso 4, Oficina 4-3. Los Chaguaramos

Prof. Alfredo Ordóñez López

Responsable del Postgrado

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la situación del país

Academia Nacional de Ciencias Económicas 

La población venezolana viene padeciendo un acelerado deterioro en sus condiciones de vida desde hace tres años. La tasa de inflación, actualmente la más alta del mundo, se une al desabastecimiento, la desmejora de los servicios públicos, la mengua de los salarios, la grave situación de inseguridad y la penuria en que se encuentran los servicios de salud, para empobrecer a las mayorías, no obstante los cuantiosos ingresos captados por el país bajo la presidencia de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. La Academia Nacional de Ciencias Económicas considera su deber pronunciarse sobre las causas y consecuencias de tan lamentable situación, en beneficio de contribuir con su comprensión y con la formulación de políticas que puedan sacar al país de tal extravío. Si bien este empobrecimiento se ha agravado por la caída en los precios de exportación del petróleo, sus causas anteceden a esta situación. Encuentran sus raíces en el proyecto económico implantado por ambos gobiernos, que ha despilfarrado los enormes recursos percibidos, destruido la capacidad productiva doméstica, alimentado la inflación, y aumentado nuestra dependencia del ingreso petrolero y de proveedores foráneos.

Un cálculo somero de los recursos manejados por el régimen bolivariano entre 1999, su primer año de gobierno, y 2014, da una cifra superior a 1,3 billones[1] de dólares entre ingresos al Gobierno Central, incremento de la deuda pública y gasto social (parafiscal) de PDVSA. El objetivo económico principal proseguido ha sido el de centralizar en manos de la Presidencia de la República estos cuantiosos recursos para su aplicación discrecional con fines políticos. Para ello se desmanteló el marco institucional del Estado de Derecho que regulaba la Hacienda Pública, así como las relaciones entre el Estado y el sector privado, al acceder Chávez al gobierno. En el ámbito de lo macroeconómico, los proventos de la venta de petróleo en los mercados mundiales pasaron a disposición directa del Ejecutivo para su reparto directo a través de “misiones”, se eliminó en la práctica el control legislativo sobre el gasto público, se estableció un control cambiario que pretende ocultar la devaluación sostenida del bolívar y que reservó el usufructo de las divisas al arbitrio del Ejecutivo, y se acabó con la autonomía del Banco Central de Venezuela. En el plano microeconómico se socavaron los derechos de propiedad y las garantías procesales y para la solución de controversias, se sometió la economía a una serie de regulaciones y controles, y se congeló el mercado laboral, tanto en lo que respecta a su movilidad, como en relación con la contratación colectiva.

Como resultado de estas medidas, el Sector Público Restringido[2] aumentó su peso en la economía venezolana desde un 26% del PIB en el último año del gobierno de Rafael Caldera, hasta un 40% en los últimos cuatro años. Desde el 2010, el déficit público ha superado el 10% del PIB, llegando a ser más del 15% durante el último trienio. Ello está asociado a una política monetaria expansiva y permisiva. A partir del 31 de diciembre de 2010, la liquidez monetaria se ha multiplicado 10 veces, un 97% de incremento sólo en lo que va de 2015, sin que se haya aumentado el crédito bancario a la inversión reproductiva. Una tercera parte de la liquidez se origina en el financiamiento del BCV al flujo de caja de PDVSA, hecho posible por La reforma de la Ley del Instituto Emisor de 2010. Por su parte, el régimen de control cambiario implantado desde comienzos de 2003, en vez de impedir la fuga de capitales, fortalecer la moneda y defender las reservas internacionales, se ha traducido en una salida de más de $180 millardos por las cuentas financiera y de errores y omisiones[3], una caída de las reservas a los niveles precarios de ese año, y una cotización del dólar en la frontera que ha llegado a ser 130 veces superior a la tasa oficial de Bs. 6,30. Y como el otorgamiento de divisas a este último precio está fuertemente racionado y sujeto al arbitrio discrecional de los funcionarios que deciden al respecto, su cotización en el mercado paralelo se ha convertido en referente para la fijación de precios domésticos, impulsando aún más la inflación. Todo lo anterior ha socavado la confianza en el bolívar, que ha dejado de operar como depositario de valor y unidad de cuenta, colocando a Venezuela al borde de la hiperinflación.

En lo interno, bajo el pregón de construir un “socialismo del siglo XX1”, se arrinconó a la economía privada, expropiando empresas productivas del campo y la ciudad –a veces sin compensación-, y estableciendo un draconiano control de precios que impide cubrir adecuadamente los costos de producir y comercializar bienes y servicios. Esto ha fomentado la búsqueda de rentas fabulosas arbitrando entre precios altamente distorsionados -particularmente en transacciones transfronterizas, en las que puede cobrarse en dólares-, provocando un clima de gran incertidumbre que ha socavado la iniciativa empresarial y, con ello, la inversión y el empleo productivo, mientras incentiva actividades especulativas de todo tipo, en connivencia con funcionarios corruptos. En consecuencia, la productividad laboral ha descendido en más de 12% desde 2008, con su inevitable efecto sobre la remuneración real de los asalariados. Como contraparte y secuela también de la excesiva sobrevaloración del tipo de cambio oficial, Venezuela se ha hecho mucho más dependiente del extranjero para la provisión de bienes de consumo y para la producción. En 2012 las importaciones llegaron a cuadruplicar el monto de las de 1998.

Esta conducción de lo económico ha acentuado la vulnerabilidad del país ante los altibajos del mercado petrolero internacional. El petróleo provee actualmente el 96% de los ingresos por exportación, pero el manejo de esta industria según criterios políticos, en contraposición a lo que debería ser su misión corporativa, hacen que una parte significativa de estos recursos no ingresen al país y/o sean utilizados para fines que merman significativamente su capacidad de respuesta a los desafíos del negocio petrolero. Para el cierre de 2014 los estados financieros de PDVSA mostraban $27 millardos en cuentas por cobrar –buena parte acreencias con países cuyas importaciones de crudo venezolano son financiadas a través de PetroCaribe-, una deuda externa por $46 millardos y aportes por encima de $8 millardos al año para atender el servicio de la deuda contraída por la nación con la República Popular de China. En lo interno, la empresa pierde cerca de $15 millardos anualmente por el subsidio a la gasolina y otros combustibles. Las insuficiencias de caja provocadas ha obligado a PDVSA a depender del financiamiento monetario del BCV para poder cumplir con sus compromisos, no sin diferir el pago a muchos proveedores. Adicionalmente, enfrenta demandas en su contra que suman varios millardos de dólares por parte de distintas empresas transnacionales, algunas ya con fallos en contra. Es decir, la fuente principalísima de divisas con que cuenta el país para atender las importaciones y el pago de la deuda, y sobre la cual ha descansado buena parte de las políticas “socialistas” de ambos gobiernos, está extenuada, sin que sea fácil su recuperación. Peor aún, no tiene reemplazo inmediato: las exportaciones no tradicionales han prácticamente desaparecido con el abandono inconsulto del pacto andino y la incorporación del país a Mercosur -con posibilidades de exportación mucho menores-, y el costo de la contratación de empréstitos con el extranjero, dada el desacertado manejo de la economía, es actualmente prohibitivo. Sin políticas conducentes al desarrollo de la competitividad de empresas e industrias domésticas, basadas en el fortalecimiento del talento y de sus capacidades de innovación, Venezuela no podrá superar la situación de postración que ahora exhibe.

Es menester entender que las políticas de reparto, suponiendo precios internacionales del petróleo en torno a los $100 el barril, descansan en controles y regulaciones severas que han generado incentivos perversos que destruyen la actividad productiva. Las distorsiones engendradas son pasto de buscadores de fortuna que se han ido apoderando de nichos importantes en los circuitos económicos. La merma en los precios de exportación del crudo venezolano ha puesto de manifiesto de la manera más cruda la inviabilidad de continuar con tal esquema. Y los cambios estructurales evidenciados últimamente en el mercado petrolero mundial no auguran un repunte importante de precios para 2016. Las largas colas de venezolanos observadas por doquier buscando alimentos, medicamentos y otros productos incrementan la tragedia representada por un alza desmedida de precios –este año se estima que la inflación podrá superar el 180%. Esta realidad no se corrige con medidas represivas ni cierres de fronteras. Tampoco puede aceptarse la actitud del Banco Central y de otros organismos, de ocultar la información sobre el acontecer económico, violando los artículos 311 y 319 de la Constitución, como si con ello la grave situación no existiese. Para este año se vislumbra una caída significativa de la producción doméstica –estimada por el Fondo Monetario Internacional en 10%-, que se acumula con la contracción del 4% ocurrida en 2014.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas hace un llamado a las autoridades públicas, los partidos políticos, al sector empresarial, las universidades, los trabajadores y al público consumidor, a concertar los esfuerzos necesarios para producir un cambio fundamental en la conducción de los asuntos económicos y así poder superar la grave situación en que nos encontramos. Es imperativa la liberación de las fuerzas productivas para aliviar la escasez, generar fuentes de ingreso que complementen progresivamente al petróleo en la provisión de divisas y proveer empleo productivo y bien remunerado. Venezuela tiene los recursos con los cuales superar la presente situación. En este cometido el Ejecutivo tiene la responsabilidad central. Debe instrumentar un ajuste que restablezca los equilibrios macroeconómicos esenciales que permitan la unificación del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio para abatir la estanflación, generar expectativas favorables a la inversión y establecer condiciones financieras que promuevan el ingreso de los capitales necesarios para que estos cambios tengan viabilidad. Este esfuerzo requiere el restablecimiento pleno de los derechos de propiedad y el levantamiento del aparato punitivo de controles y regulaciones que está asfixiando a la economía. Un programa bien diseñado de apoyo a los sectores más vulnerables podrá reducir el impacto adverso de estas medidas de saneamiento en el corto plazo mientras se generen los empleos productivos bien remunerados que sustenten mejoras en el bienestar de los venezolanos.

Una conducción política nacional que hable con claridad al país, que asuma las responsabilidades del caso y que no rehúya la tarea de labrar los consensos que viabilicen este ajuste al menor costo posible, es imprescindible. Ya basta de buscar “culpables” al deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos como excusa para no enmendar sus propios errores de política. El país no toleraría que no se asuman claramente las grandes responsabilidades que el momento exige. El grave empobrecimiento de los venezolanos causado por la inflación desbordada requiere respuesta inmediata. La Academia Nacional de Ciencias Económicas asume la suya, poniendo sus capacidades de análisis y de divulgación como contribución a este esfuerzo.

Fuente: Academia Nacional de Ciencias Económicas

http://ance.org.ve//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

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[1] 1.300.000.000.000 de dólares (1,3 X 10^{12 ).}

[2] Conformado por Gobierno Central, PDVSA, muestra de empresas públicas no financieras, IVSS y Fogade.

[3] Hasta finales de 2014

Desafíos al multilateralismo

Profesor Felix Arellano

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Pero recordemos que el multilateralismo también ha demostrado su capacidad para promover la conformación de la sociedad civil internacional y estimular la democratización de las relaciones internacionales, en tal sentido, a los defensores de la libertad y la democracia nos queda un doble desafío: la lucha interna e internacional para la consolidación de tales valores

El multilateralismo, no obstante haber sido creado por los Estados Nacionales que lo tratan de mantener bajo su hegemonía y contradicciones, ha dado claras evidencias de su versatilidad para adecuarse a los cambios de la dinámica mundial. De hecho está resultando una plataforma adecuada para nuevos actores y nuevos temas de la agenda mundial, incluyendo las tendencias transnacionales y transgubernamentales; empero, actualmente está enfrentando serios desafíos que ponen a juego su existencia.

Las bondades del multilateralismo son diversas y entre ellas destaca constituir la base para la construcción del diálogo, la convivencia, la paz y la gobernabilidad internacional. Luego, con el tiempo, ante el surgimiento de nuevos actores internacionales, como las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las complicaciones técnicas en la agenda internacional, el multilateralismo también ha representado la base para la incorporación de tales innovaciones.

Que en las Naciones Unidas hayan aprobado la participación de las ONG como observadores y que tengan derecho a voz, es un avance importante. Por otra parte, la agenda progresivamente compleja de la ONU, evidencia la incorporación de los nuevos temas. Que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluya la sanción directa a los individuos responsables de los delitos, también evidencia el dinamismo del multilateralismo.

Pero los gobiernos en términos generales se resisten a los cambios, pues un multilateralismo creciente y solido tiende a limitar las visiones de soberanía absoluta. En este sentido, encontramos algunos retrocesos que ilustran las contradicciones. La Organización Mundial del Comercio, de reciente creación (1995), no permite la participación de las ONG como observadores. Varios gobiernos han actuado en complicidad para evitar la aplicación de las sentencias de la Corte Penal Internacional; el Mercosur ha adoptado una institucionalidad muy débil para mantener la hegemonía de los gobiernos; los gobiernos de la región han evitado aplicar la cláusula democrática ante la situación que enfrenta Venezuela y, el gobierno bolivariano se ha retirado de las instituciones multilaterales que pueden representar algún tipo de limitación para su autoritarismo como la Comunidad Andina, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos o el CIADI.

Entre los retos que enfrenta el multilateralismo destaca el tema de la toma de decisiones. No es fácil mantener un sistema democrático y participativo en las organizaciones universales con un creciente número de miembros. Frente a tal situación algunas organizaciones han adoptado mecanismos menos democráticos. En el caso de la ONU, se ha reservado para el Consejo de Seguridad, con sus 15 miembros y 5 de ellos permanente, las decisiones más complejas e importantes, pero al conferir veto a los miembros permanentes se ha paralizado a la institución. En las instituciones financieras, como el Banco Mundial o el FMI, el voto se corresponde con el nivel de las cuotas, lo que presenta una discriminación.

La OMC mantiene un sistema democrático, cada país un voto, pero ahora enfrenta el reto el de los gobiernos antisistema, que juegan al deterioro progresivo del multilateralismo.Tal situación está generando la parálisis de la OMC, como se aprecia ante el estancamiento de las negociaciones en la Ronda Doha, lo que en parte ha motivado que algunos países interesados en avanzar más rápidamente adopten la modalidad de la conformación de bloques, como el transpacífico y el transatlántico.

El proceso bolivariano ha desarrollado un discurso y práctica antisistema agresivos, que ha contribuido a debilitar el multilateralismo regional. Ha cuestionado profundamente las organizaciones existentes y ha promovido nuevas instituciones, generando fragmentación, duplicación y debilidad de las organizaciones. Ha desarrollado una campaña para debilitar o destruir las instituciones multilaterales con alguna autonomía de acción, como la Comunidad Andina o el sistema interamericano de los derechos humanos.

Pero recordemos que el multilateralismo también ha demostrado su capacidad para promover la conformación de la sociedad civil internacional y estimular la democratización de las relaciones internacionales, en tal sentido, a los defensores de la libertad y la democracia nos queda un doble desafío: la lucha interna e internacional para la consolidación de tales valores.

Consequences of Cartelisation in Primary Commodities: Focus on Natural Rubber and Banan

Publicado en http://www.ictsd.org/themes/global-economic-governance/research/consequences-of-cartelisation-in-primary-commodities

Date period

14 October 2015

by

Pradeep S. Mehta, Udai S. Mehta

Implemented jointly by ICTSD and the World Economic Forum, the E15Initiative convenes world-class experts and institutions to generate strategic analysis and recommendations for government, business and civil society geared towards strengthening the global trade and investment system for sustainable development. The E15 Expert Group on Competition Policy is co-convened with Bruegel.

Increasing global interdependence and economic linkages clearly make a case for not only challenging the philosophy underpinning the case of exemption of export cartels from national competition legislations, but also changing this philosophy. This think–piece, with the help of two illustrative case studies, shows the impact of cartelisation in primary commodity markets. The case of natural rubber cartelisation relates to the effects of cartels in a primary raw-material market. The second relates to cartelisation in bananas along the vertical chain and downward monopolistic pressure from the retail level.

The paper briefly analyses the economic consequences of export cartels while highlighting the need for international rules. It describes the political economy of the genesis of export cartels and also deals with the different types of exemptions being granted to the export cartels under domestic competition laws. Following an examination of the remedies for export cartels within the multilateral trade regime and by way of the extraterritorial application of domestic competition laws, it takes up the case of natural rubber and banana to depict the extent of anticompetitive harm due to the prevalence of export cartels.

Studies find evidence that international cartels, primarily organised by firms headquartered in industrialised nations, cause prices to rise above competitive levels for buyers in developing countries. Aside from having developmental consequences outside their territories, export cartels have also been seen to impact domestic welfare by influencing domestic production and pricing decisions. Operating such cartels in the home country can also create a potential situation of “conscious parallelism” when sensitive price information is shared to set prices for foreign markets. Another domestic effect is the exclusion of competition between export traders. There are various arguments made against exemptions of export cartels from domestic competition laws in many jurisdictions. Export exemptions undercut international trade policies that promote freer international trade and greater market integration. Another argument against exemptions is that the benefits do not reach the intended beneficiaries. It has frequently been argued that large international companies, not small and medium-sized ones, are taking advantage of export cartel exemptions, thus defeating their purpose.

In the World Trade Organization (WTO), a Member country cannot bring a complaint against another Member country for anticompetitive conduct by private actors. It can be said that the WTO is without a mandate to deal with such issues in the case of private export cartels, though in cases of state-related export cartels, there is a possibility of triggering the WTO dispute settlement framework in certain circumstances. This calls for a multilateral framework on competition law and policy to combat anticompetitive practices emanating even from private export cartels and framing an effective policy to combat export cartels in general. At present, there is no international forum authorised to work towards a legally binding compromise or common rules on a global competition agreement.

Export cartels should not benefit from a blanket exemption from competition laws, which would exclude them even from scrutiny under a rule of reason approach. When assessing the impact of an export cartel, a number of issues need to be considered in each particular case. Among them would be whether the cartel is a new entrant, the nature of efficiencies claimed, the market structure, and the degree of import penetration. Keeping in view the linkage between competition law and world trade system, there seems to be a fit case for designing effective remedies for export cartels under the WTO regime. The UNCTAD has also suggested that developed countries should abolish export cartel exemptions on a non-reciprocal basis. The growth of effective antitrust enforcement regimes from perhaps three active jurisdictions in the 1980s to dozens today is an example of voluntary global policy harmonisation. The time has come for WTO Members to consider resuscitating negotiations on the WTO’s role on competition law and policy, which have been stalled for a decade.

Reflexiones sobre el Acuerdo Transpacífico (TPP).

Publicado en el Diario TalCual

13-10-2015

FÉLIX ARELLANO felixarellano50@yahoo.com

Estas dinámicas democráticas y participativas no son del interés de los gobiernos autoritarios que seguramente preferirán el show del falso discurso

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Luego de cinco años de negociaciones se ha firmado el mega acuerdo comercial Transpacífico (TPP), integrado por doce países, liderizados por Estados Unidos y Japón, incluye tres países de nuestra región (Chile, Perú y México) y una participación heterogénea como se aprecia por la membrecía de países como Vietnam o Brunei. Para entrar en vigencia aún está pendiente la ratificación de los órganos legislativos de cada país, lo que en Estados Unidos se pudiera complicar, por el clima electoral, las dudas de líderes del partido demócrata como Hillary Clinton y la oposición del movimiento sindical (AFL-CIO).

Pero el acuerdo firmado está generando retos e inquietudes. Los radicales de nuestra región, que viven pregonando el fin del imperio, sufren una nueva derrota, pues con este acuerdo se consolida el poder económico comercial de los Estados Unidos, la primacía de su agenda de negociación y las cadenas de agregación de valor que tiene al imperio como epicentro. Para otros países un gran reto, es el caso de China y las otras potencias emergentes de los BRICS (Brasil, Rusia, India, Sudáfrica); pero también es un reto para la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Adicionalmente, surgen dudas por la falta de transparencia durante el proceso de negociaciones. El economista Joseph Stiglitz ha resaltado las limitaciones que puede representar al libre comercio. Pero también se debería profundizar en la naturaleza de las normativas que se adoptan, pues podrían generar mayor inequidad y exclusión en el comercio internacional.

No se puede negar que la firma del tratado representa otro éxito de la política exterior del Presidente Obama que, entre otros, suma las negociaciones con Irán sobre el plan nuclear y con Cuba. Pero además consolida el liderazgo de los Estados Unidos en materia de comercio e integración, que se inicia con la firma del TLC con Canadá y México en 1994 y con la de la OMC en el marco de la Ronda Uruguay en 1995. En ambos casos Estados Unidos logró imponer lo que se ha llamado la agenda de nueva generación, que adiciona a los tradicionales temas relativos a manufacturas; la negociación del comercio de servicios, las inversiones, la propiedad intelectual, las compras públicas. Luego se han incorporados aspectos ecológicos y laborales vinculados al comercio.

Uno de los aspectos más relevantes del TPP es que profundiza en aspectos regulatorios, en la adopción de estándares productivos que condicionan la corriente comercial. En contravía a la dinámica en la OMC, en el TPP se está regulando la naturaleza de los procesos productivos de los países miembros para disfrutar del comercio liberado. Tal situación puede generar muchas dudas, en principio los ecologistas lo encuentran positivo, ya que puede ser la forma de imponer procesos productivos sustentables, pero también puede ser la excusa para imponer condiciones productivas que benefician a las grandes corporaciones y excluyen a los más débiles.

Al regular los procesos productivos, Estados Unidos y los demás países del TPP, consolidan sus cadenas de agregación de valor ya existentes, lo que beneficia sus sectores productivos, pero excluye al resto del mundo. En este contexto, la OMC, como el foro universal para la regulación del comercio, pierde espacios, lo que debilita la gobernabilidad económica internacional y el resto del mundo pierde oportunidades de comercio. El TPP puede ser una estrategia para limitar a China, que seguramente acelerará sus acciones para construir un bloque comercial en el marco de la APEC.

Estados Unidos logra el TPP y está avanzando otros dos grandes acuerdos: el Transatlántico con la Unión Europea y un mega acuerdo de servicios (TISA). Los demás países miembros de la OMC, incluyendo los BRICS, deberían poner tales acuerdos en la agenda de discusión para evaluar la naturaleza de las normativas que se están adoptando, pero esto significa trabajar en profundidad y en equipo: gobiernos, sectores productivos, academia y sociedad civil. Estas dinámicas democráticas y participativas no son del interés de los gobiernos autoritarios que seguramente preferirán el show del falso discurso.

CUATRO OPCIONES PARA EL BIENESTAR.

EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ.

Los venezolanos adquirieron un nivel de vida respaldado en oportunidades de empleo, niveles de salario que permitían alcanzar un nivel de vida superior al de varios países de América latina, apoyo en seguridad social y servicios públicos, entre otros elementos. Ese nivel de vida empezó a deteriorarse –inicialmente en los sectores menos favorecidos en la distribución del ingreso- con los aumentos de los precios petroleros y los niveles de endeudamiento del país desde mediados de los años setenta. Ninguno de los dos tipos de aumento, ni las ejecutorias de variadas administraciones, con sus respectivos sesgos en la elaboración de la política económica y social, permitieron aumentar ni el desarrollo ni el bienestar de los venezolanos. Es esa la evolución desde los años referidos hasta los inicios de la administración bolivariana, y esta última ha continuado –grosso modo- con los mismos resultados. Es de ahí que los registros y balances sobre el deterioro del salario real sigan siendo de los elementos relevantes en la evaluación de lo que en otro trabajo llamamos el paquete de pobreza. Es este, en parte, el sentido recogido en la afirmación contenida en el documento Compromiso con Venezuela de Fedecámaras: “La calidad de vida de las personas solo puede incrementarse sostenidamente con una economía que año tras año logra crecer. A pesar de los cuantiosos recursos naturales y el talento con los que cuenta nuestro país, hemos retrocedido año tras año con respecto a América Latina y al mundo en indicadores de competitividad, inversión y calidad institucional.” (Fedecámaras, Compromiso con Venezuela. 2014.)

Varias son las opciones que en una economía pueden considerarse para atender las necesidades de aumentar o mantener el bienestar de sus ciudadanos. En el caso de Venezuela es ineludible considerar su condición de economía productora de petróleo y petroestado. Considerando administraciones siempre polémicas, como la segunda de Carlos Andrés Pérez y la bolivariana desde 1999, podemos resaltar cuatro perspectivas.

La primera opción remite a la perspectiva tradicional entre crecimiento y bienestar. Se considera que a una dinámica intensa en el crecimiento para el mediano plazo, corresponderá automáticamente un impulso en el bienestar de la población. Es este el sentido que se le ha dado a varios elementos de política y dinámica macroeconómica en la economía venezolana. Es el caso de los megaproyectos en la segunda administración de Carlos Andrés Pérez, los cuales se consideraban estimularían las variables aludidas. En el caso de la administración bolivariana el proyecto ferrocarrilero (para 2014 con varios años de aletargamiento de su intensidad), obras del metro, puentes sobre el Orinoco, construcción de viviendas han ocupado ese lugar.

En segundo lugar, se encuentra la opción de los Programas Sociales Compensatorios (PSC) en la administración de Pérez señalada. Se consideró en esta que, dado el innegable panorama de pobreza y deterioro en el bienestar, los PSC (sobre todo a través de la red escolar y de salud, y focalizando en los sectores o grupos sociales más vulnerables) contrarrestarían los efectos de los programas de ajuste y estabilización enmarcados en el llamado Gran Viraje. En el caso de la administración bolivariana desde 2004 se desarrollaron grandemente las misiones, que abarcan salud, educación, vivienda y otros. Puede afirmarse que en esta administración ha habido mayor sectarismo y acotación ideológica al momento de difundir la atención social. Las preguntas en ambas administraciones han sido: ¿Cuánto tiempo puede la administración mantener el programa de atención social? ¿Contrarrestan estos últimos significativamente la pobreza? Debe aceptarse que, la asignación de viviendas en la administración bolivariana, ha significado un salto de importancia en la valoración de familias que han sido beneficiadas en tal sentido y más allá de los condicionantes políticos, puesto que al momento de aquella asignación y en el uso de la vivienda misma no han estado claros los criterios de propiedad. Se mantiene además el agudo problema de los déficits habitacionales y si se han cumplido o no las metas trazadas para la satisfacción de los mismos.

Una tercera opción, más especifica que las anteriores es la que se da a través de los aumentos de salario vía decreto gubernamental. Desde los tiempos de la Venezuela de los años setenta, la nación venezolana presencia episodios relacionados donde los aumentos de salario de tal tipo son interpretados a la luz de si pueden o no compensar los aumentos de precios tenidos en períodos relativamente recientes a los mismos; si estimulan nuevos aumentos de precios dados las crecidas en la capacidad de compra o si realmente permiten aumentar el bienestar de los ciudadanos. Desde el punto de vista político son apartados, así, cualesquiera criterios sobre el desarrollo de la productividad. Todo este escenario se ha complicado grandemente dados también los registros y mediciones sobre la llamada cesta o canasta alimentaria -por familia de alrededor de 5 miembros- o la canasta básica que incorpore los servicios y bienes restantes que necesita la misma familia. En el contexto de la administración bolivariana y reconocidos los efectos de la inflación, también se ha terminado conceptualizando que en una familia puedan existir dos o más salarios mínimos.

Siguiendo los registros que presenta Anabella Abadi –y depurando los planteamientos en su debida temporalidad- (Todo lo que usted necesita saber sobre el aumento del Salario Mínimo. www.prodavinci.com, 30 de Abril, 2014) puede destacarse como en la administración bolivariana se habían presentado -en quince años- 25 aumentos de salario y en el caso del presidente Nicolás Maduro (NM) -hasta mayo de 2014- se tenían acumulados cinco para su primer año de gobierno (con el último el salario mínimo se habría ubicado en BsF. 4.251,4 y con el bono de alimentación alcanzó a BsF. 5.602).

Esa última combinación se le ubica propiamente como el salario integral y debe apreciarse que el bono de alimentación generalmente aumenta menos que el salario y, dados niveles altos de inflación como los de 2013 (56%) o los registrados ya entrado 2014 y los cuales se habían previsto (5% en varios meses; 5,7% en abril y 5,7% también en mayo, www.el-nacional.com, 17-5-14 y www.elmundo.com.ve 13-06-14), es fácil que en tales momentos se hayan perfilado perdidas de poder adquisitivo. Ello llevó, entre variados factores presentados (aumentos de precios de bienes regulados, fijación de precios de otros rubros que significaron aumentos) al director de econométrica, una firma consultora, a ubicar una pérdida de poder de compra de 4% mensual ya establecido el escenario 2014 (ver www.eluniversal.com 12 de mayo 2014). El nivel de inflación acumulado para mayo 2014 había  alcanzado 23% (www.elmundo.com.ve 13-06-14). Para el mes de noviembre del mismo año la inflación acumulada alcanzó 60,1% (www.el-nacional.com 1 de enero 2015); superando para ese mes como se observa el nivel acumulado en 2013. Definitivamente la inflación terminó registrándose para 2014 en un monto de 68,5% (ver www.informe21.com 14-02-15).

Ajustando a los precios a enero de 2014 Abadi presenta que el salario máximo alcanzado habría estado en 2007 con un nivel de Bs F 3.657, aunque aquel último aumento coloca el salario en BsF. 3.995, pero con tendencia a presentarse más bajo en adelante;  globalmente “Desde 1999 los ajustes sólo han logrado mantener el Salario Mínimo alrededor de su promedio de los últimos 15 años”. igualmente de interés es resaltar sus registros sobre la relación entre el aumento de mayo 2014 con el costo de las canastas para las familias: “…desde el inicio de la gestión del Presidente Maduro y tras 4 ajustes, el Salario Mínimo nunca llegó a cubrir el costo de la Canasta Alimentaria Normativa y mucho menos de la Canasta Básica. Si se mantiene la tendencia, el ajuste de 30% de mayo de 2014 también será insuficiente”.

Comenzando el último trimestre de 2014, Cendas (grupo de análisis que tradicionalmente ha supervisado la inflación y sus repercusiones en la canasta alimentaria y la básica) difundió sus apreciaciones y registros sobre el costo alcanzado por la canasta alimentaria y básica –como en otros casos deben entenderse en su debida temporalidad-. En cuanto a la primera, para el mes de septiembre de 2014 su valor se ubicó en 14.080,98 bolívares, incrementándose el mismo en Bs. 598,42 -4,4%, con respecto al mes de agosto de 2014 y 97,7% entre septiembre de 2013 y el mismo mes de  2014-; requiriéndose de esta manera, 3.3 salarios mínimos para poder adquirir la canasta (Ver www.elmundo.com.ve). 

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Cendas-FVM, señaló que la canasta básica familiar registró un aumento de 11.819,03 bolívares (92,9%) entre agosto de 2013 y agosto de 2014 y pasó a ubicarse su costo en 24.541,63 bolívares. Requiriéndose, en tales condiciones, 5,8 salarios mínimos (Bs 4.251,78) para poder cubrir todos los gastos relativos a una familia. La canasta básica familiar que mide el Cendas-FVM se refiere al conjunto de bienes y servicios indispensables a los que debe acceder una familia para satisfacer sus necesidades fundamentales (gastos alimentarios, alquileres, vestimenta y salud, entre otros elementos). Debe señalarse que esto representó alrededor de 93% de aumento -para un año- en el costo de tal canasta básica y según estos registros presentados para octubre 2014 (Ver MSN Dinero, www.msn.com 14/10/14). Los registros de la misma fuente reseñados para mayo de 2015 resumen los efectos de la inflación y el correspondiente deterioro en las condiciones de vida de la población, vistos a la luz del precio de la misma canasta básica familiar: “El precio de la Canasta Básica Familiar (CBF) de abril costó Bs. 37.960,36 aumentando Bs. 2.835,91 (8,1%) con respecto al mes de marzo, según el estudio del Centro de Documentación y Análisis Social de la federación Venezolana de maestros. La variación anualizada para el período abril 2015-abril2014 fue de107,2% o Bs. 19.638,07; lo que representa tres y medio salarios mínimos (Bs. 5.622,48). Se requieren 6.8 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica para una familia de cinco miembros.” (www.el-nacional.com 20 de mayo 2015).

Para noviembre 2014 el presidente NM comunicó al país un nuevo aumento del salario mínimo -con vigencia para el mes de diciembre del mismo año-, representando, en esta oportunidad, el sexto que el presidente NM decretaba en año y medio de gobierno. Y alcanzando a ser el número 28 –según los registros oficiales- en 16 años de administración bolivariana. Con el aumento de 15% anunciado el 3 de noviembre, el salario mínimo llegaba  a Bs F. 4.889,1. Es el tercer ajuste aprobado sólo en 2014, tras el de 10% de enero 2014 y el de 30% de mayo de 2014, con lo que se acumulaba un aumento de 64,5% en un año, con una inflación interanual que alcanzó a 63,4% en agosto de 2014. En un contexto inflacionario dinámico e intenso como el que Venezuela registraba ya en 2014, el aumento del salario mínimo al no tener en paralelo un acrecentamiento en la oferta de bienes, su capacidad de compra desaparece rápidamente y la administración se enfrenta en estos casos a un círculo vicioso entre nuevos aumentos e inflación. Algunos estiman así que de ser una solución de corto plazo pasa a ser un problema de largo plazo. Y efectivamente, ante 28 aumentos del salario mínimo y recrudecimientos de la inflación se trata de un círculo vicioso (Anabella  Abadi M. ¿El aumento del salario mínimo recupera la capacidad adquisitiva del venezolano? www.prodavinci.com 3 de noviembre, 2014). Otro tipo de análisis nos remite a la comparación de los niveles alcanzados por el salario mínimo -recurrentemente aumentado- con el precio de las canastas, pues para el último trimestre del año 2014 las cifras de instituciones como Cenda -tal cual se destacó- ubicaban (grosso modo) la canasta alimentaria en más de 14.000 Bs F. y la básica en más de 24.000 Bs F. en un contexto de agudizada y crecientemente extendida escasez. En momentos cercanos a los señalados, varios funcionarios expresaron numerosos reconocimientos y elaboraron perspectivas altamente positivas para 2015 en los asuntos indicados. Un caso es el del Vicepresidente de Planificación y Conocimiento quien aseguró que el salario mínimo se ubicó -dado el aumento decidido por la administración- por encima (4.888 bolívares) del valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN; 5.741 bolívares); llegando a afirmar lo siguiente: "El valor general del salario, del ingreso general de nuestras personas, el mínimo pasa a estar rondando los 7 mil bolívares", así como que "En el pasado donde trabaja una persona por hogar, ahora tenemos cerca de dos personas que trabajan por hogar. Eso permite que las cifras del ingreso por hogar se ubiquen en 13.300 bolívares por casa. Trabajan más personas por casas y evidentemente, al subir el salario mínimo y el ticket de alimentación, se mejora la situación desde el punto de vista de los hogares" (www.eluniversal.com 04/11/2014).

Entrado ya 2015, Cendas presentó cifras que podrían apreciarse como consolidadas dado el tiempo transcurrido en meses -según las referencias anteriores- y las cuales representan una diferencia no insignificante; aunque no alteran el sentido de las tendencias señaladas en cuanto al deterioro del salario real y de las posibilidades de acceso a la canasta alimentaria (en descargo de la organización debe recordarse el retraso que han presentado distintas instituciones públicas en el suministro de la información de variables fundamentales de la economía como la inflación). De esta manera, para Cendas la Canasta Alimentaria tuvo un costo para el mes de diciembre de 2014 de 12.306,09 bolívares, con un incremento de 91% en relación a diciembre de 2013 (Bs. 5.889,99). De manera más especifica la organización destacó como entre noviembre y diciembre el costo de los alimentos básicos varió en 14,6% (1.566,36 bolívares más por los mismos productos). En diciembre de 2014 subieron nueve de los 11 rubros que componen la canasta alimentaria. Entre los productos que más vieron incrementados sus precios: carnes y preparados (36,8%), grasas y aceites (24,8%), leche, quesos y huevos (17,1%), cereales 13,3% y verduras 10,6% (ver www.6topoder.com 19 de febrero de 2015).

Observado desde la perspectiva de finales del tercer trimestre de 2015, el panorama es considerablemente más complicado en cuanto a deterioro acumulado, si se parte de medir solamente el costo alimentario. Así, el Centro de Documentación de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) señaló que la Canasta Alimentaria Familiar (familia de cinco miembros) del mes de agosto aumentó a 50.625,52 bolívares. Entre julio y agosto la misma presentó un aumento de 8.943,82 bolívares, lo que representó un incremento de 21.5% en un mes, requiriéndose 6,8 salarios mínimos (7.421,68) para poder adquirirla (www.el-nacional.com 30 de septiembre 2015).

Con una inflación de 68,5% en 2014 y acentuada durante el transcurso del primer semestre de 2015 (observada por variados medios a pesar de los retraso en la entrega de los índices inflacionarios mensuales por parte del BCV; extraoficialmente se estimaba para mayo de 2015 que, durante los cuatro primeros meses del año, la inflación sumaba cerca de 50% según fuentes vinculadas a la administración bolivariana -ver www.elestimulo.com 04/05/2015-; para el último trimestre de 2015 diversas fuentes ubican la inflación para 2015 bordeando el 200%.), una escasez acentuada y convertida en un problema estructural que se ha expandido a la generalidad de productos y bienes, una descapitalización y desvalorización en cuanto a activos, patrimonios y salarios dadas las presiones y combinaciones entre los movimientos ascendentes del dólar libre –que no ha encontrado contención en ninguno de los regímenes cambiarios instrumentados- y la inflación, la administración bolivariana a través de la alocución del presidente NM del 1ro de mayo de 2015 pasó decretar un nuevo aumento del salario mínimo. La medida quedó incorporada a otras medidas de ajuste salarial dentro del sector público. Señaló NM: "He ordenado y he firmado el punto de cuenta para decretar 30% de aumento del salario mínimo y las pensiones: 20% a partir del 1° de mayo y 10% a partir del 1° de julio. He ordenado el ajuste inmediato de toda la tabla de la administración pública nacional y de la FANB". Con el 20% de aumento de mayo el salario mínimo se ubicó en 6.746,97 bolívares, y con el 10% de julio, se ubicaría –y efectivamente así fue- en 7.421,66 bolívares, representando estos aumentos un alza de 1.799,18 bolívares al mes y 59,97 bolívares diarios (ver www.el-nacional.com sábado 02 de mayo y domingo 03 de mayo de 2015). Debe señalarse que este nuevo aumento del salario mínimo pasó a añadir más distorsiones en la diferenciación de salarios según estratos ocupacionales y tipos de trabajadores como profesionales, técnicos, personal operativo por mencionar algunos de los casos (ver www.el-nacional.com 05 de mayo de 2015). (En un contexto de aguda escasez e inflación el 15 de octubre de 2015 el Presidente NM volvió a decretar otro aumento en el salario mínimo: 30% del salario mínimo, el cual se ubicaria a partir del 1° de noviembre en Bs 9.648,16; igualmente se dio un aumento de la base de cálculo del ticket de alimentación a 1,5 unidades tributaria y el número de dias a 30, lo que representa alrededor de Bs 6.750; el salario integral se ubicó asi en 16.399 Bs.F.; ver www.elmundo.com.ve 16 de octubre 2015 y www.eluniversal.com 16 de octubre 2015). 

En el contexto de la aguda y ampliada crisis económica y social de la economía venezolana para finales de 2015, es importante destacar la interrelación de este nivel de salario mínimo con otras variables. En estimaciones de Genny Zuñiga –Investigadora de la UCAB-, en base al salario de mayo 2015, puede apreciarse que alrededor de 40% de la población ocupada gana el salario mínimo (Bs 7.421,68) y, considerando dos salarios mínimos (Bs 14.843,36), el porcentaje alcanza a 80%. Por otra parte, al analizar las condiciones de empleo, se observa que 37% de los trabajadores no tienen contrato, 12% labora bajo un acuerdo verbal, 13% posee un contrato a término y sólo 38% contrato indeterminado. Igualmente se destaca en tales estimaciones que menos de la mitad de la población (alrededor de 40%) tiene beneficios de vacaciones, política habitacional y seguro social (www.elestimulo.com 8 de octubre 2015).

La administración bolivariana de HC Y NM siempre ha señalado el importante nivel que habría tenido el salario mínimo cuando se le compara con el contexto de países latinoamericanos. Dada la situación cambiaria que se ha tenido durante buena parte de la misma y que se ha complicado con el transcurrir del tiempo, esta afirmación es considerablemente irrelevante para el salario mínimo y los otros salarios puesto que el dólar negro o paralelo ha ido siendo un tipo de cambio marcador de los precios cuya máxima expresión la ha adquirido en el contexto de escasez presentado abiertamente para los años 2013, 2014 y 2015. Más aun, en los años señalados la panorámica cambiaria se ha complejizado  con dólar oficial 6.30 (por referir algún nivel de los presentados), Sicad I, Sicad II y SIMADI. De ahí que tan solo aplicando Sicad II para el momento del cálculo en  los propios registros del trabajo de Abadi se destaca que: “Calculando a la tasa oficial de Sicad II de 49,9764 Bs F/US$, Venezuela pasa a tener el 2do Salario Mínimo en dólares más bajo de la región con US$ 85, sólo superando a Cuba (US$ 10)”. De la misma manera, puede hacerse una acotación atinente al nivel del salario mínimo medido en dólares a partir del aumento del 1ro de mayo de 2015. Si se calcula el nuevo salario mínimo de los trabajadores y pensionados al precio del dólar a la tasa del Sistema Marginal de Divisas (el SIMADI), que había cerrado el jueves 30 de abril en 198,31 bolívares por $, aquel quedó perfilado para julio de 2015 –después de la segunda porción del aumento ya señalada- en 37 dólares. Por otra parte, el dinero adicional diario obtenido a partir del aumento es apenas la tercera parte de lo que costaba un dólar en ese mecanismo al momento referido (ver www.el-nacional.com 03 de mayo de 2015).

La cuarta opción remite a la elaboración de estrategias de desarrollo que -en la ejecución de las políticas de ajuste y en el perfil de desarrollo a largo plazo- abarcasen políticas de ingreso y empleo en la línea de un proyecto de desarrollo compartido por distintos agentes y el cual permitiese potenciar áreas fundamentales en cuanto a bienestar de la población (bienes salario, por ejemplo), el crecimiento (generación de empleo), la productividad (estímulos, acciones conjuntas entre agentes públicos y privados) o la competitividad (innovaciones, investigación y desarrollo, mejoramientos de la calidad). En el caso de la segunda administración de Pérez las conceptualizaciones o ejecutorias del Gran Viraje no estuvieron estructuradas en base al consenso. Hubo un extremismo tecnocrático y un sentido neoliberal, con un paquete considerablemente explosivo desde el punto de vista económico y social. En el caso de la administración bolivariana, tampoco se ha usado el consenso ni la participación conjunta de agentes públicos y privados; adicionalmente, todos los planes, hasta quince años de ejecutorias (incluido el Plan de la Patria… de 2013), han ido adquiriendo crecientemente un matiz sesgado hacia el estatismo y lo que tal administración percibe como socialismo (En distintas discusiones sobre el desarrollo y la elaboración de estrategias atinentes al mismo, se resalta la importancia del escenario democrático para los mejores logros e impulso de aquel, pero, igualmente se señala, entre otros tantos elementos, la importancia de alcanzar consensos para los objetivos y metas de mediano y largo plazo que se plateen las naciones. Es inevitable que sobre distintos tópicos, variados grupos sociales puedan presentar disensos o desacuerdos. Sin embargo, la tendencia dominante debería ser una donde los consensos fuesen mayores que los disensos o que aquellos tuviesen mayor representación que estos últimos).

Cualesquiera de estas opciones para el aumento del bienestar pasa ineludiblemente por consideraciones y acciones atinentes al manejo de ingresos y gastos del sector público, incluida la atención de la corrupción y en general a estructurar un nuevo perfil para la Política Fiscal, según los patrones tradicionales que ha habido en Venezuela. Las posibilidades de financiar adecuadamente el desarrollo, manejando convenientemente el ahorro nacional  es –efectivamente- la base, junto a las acciones desde el sector privado, para suministrar un impulso productivo que pueda propender al aumento del bienestar de la población (“…Ya sea en la Europa occidental de la posguerra o en la China de después de la revolución, en la República de Corea después de la reforma agraria o en Estados Unidos después del New Deal, el progreso socioeconómico ha reque­rido a menudo una combinación de libertad económica y sólidos fundamentos de educa­ción, salud e infraestructura públicas. Es casi seguro que la mayoría de países en América Latina y el Caribe requerirán reformas adi­cionales de sus contratos sociales para permi­tir a sus gobiernos proporcionar esos funda­mentos y sostener el crecimiento”  -Banco Mundial, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina, 2013, pg. 13).

En el campo fiscal, la administración bolivariana ha mantenido una permanente posición de éxito sobre los ingresos tributarios distintos del petróleo. En los inicios de la administración, instituciones como el SENIAT insistieron en la voluntad de los ciudadanos venezolanos para pagar sus impuestos que ahora –dada la presencia de la administración bolivariana- si verían reflejados en mejoras públicas. Cada proceso de recaudación de impuestos generalmente ha terminado con una evaluación de éxito en cuanto a que se ha recolectado más que el año inmediato anterior, para los efectos de aumento de los ingresos públicos. Sin embargo, la realidad fiscal de Venezuela por el lado de los ingresos tributarios no es muy distinta de otros países de la región. Los datos del Banco Mundial son expresivos en tal sentido: “Actualmente, con la excepción de Argentina y Brasil, la región se caracteriza por tener ingresos fiscales totales relativa­mente bajos. El promedio de los ingresos fis­cales totales en 2010 fue de 20,4% del PIB en América Latina, en comparación con 33,7% en los países de la Organización de Coopera­ción y Desarrollo Económico, por ejemplo. Por otro lado, en la composición de estos ingresos fiscales tenían más peso los impues­tos indirectos (a las ventas) y las contribu­ciones a la seguridad social que el impuesto sobre la renta y la propiedad, lo cual con­ducía a un sistema que no es especialmente progresivo.” (Banco Mundial, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina, 2013, pg. 12).

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