Venezuela y la OEA.

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Felix Arellano

La comunidad internacional debería observar con asombro como en Venezuela progresivamente se deteriora la institucionalidad democrática, por el poder hegemónico del Ejecutivo frente a los demás poderes públicos

En estos momentos Venezuela representa complejos retos para la Organización de Estados Americanos (OEA). Por una parte, pone a prueba la eficiencia de la normativa vigente en materia de respeto a la institucionalidad democrática y derechos humanos; por otra, representa un reto para la revisión y perfeccionamiento de las normas, particularmente la Carta Democrática Interamericana, entre otros, en lo relativo al desarrollo del tema de la legitimidad del ejercicio democrático. El proceso bolivariano, por su parte, desprecia tanto a la OEA, como en general al multilateralismo, que pretende poner límites o controles a la soberanía absoluta y juega a perpetuarse en el poder a pesar del creciente aislamiento internacional, seguramente considera que Corea del Norte lo ha logrado.

El caso Venezuela representa un desafío para eficiencia de las normativas sobre clausulas democráticas vigentes en nuestro hemisferio, especialmente en la OEA y en el Mercosur, con el Protocolo de Ushuaia. La comunidad internacional debería observar con asombro como en Venezuela progresivamente se deteriora la institucionalidad democrática, por el poder hegemónico del Ejecutivo frente a los demás poderes públicos. Resulta grave la actual situación, donde se va destruyendo sistemática a la Asamblea Nacional, recientemente electa, por pretender cumplir con sus funciones constitucionales y ejercer acciones de supervisión y sanción. También en el tema de los derechos humanos encontramos una larga lista de violaciones de la normativa internacional.

En el caso del Mercosur, en sus primeros días de gobierno el Presidente Macri expresó sus intenciones de invocar el Protocolo de Ushuaia ante la situación que se vive en Venezuela; pero con los días, tanto sus problemas internos, como su agenda externa se han agudizado, y el tono sobre Venezuela ha disminuido. La situación interna de Brasil tiene paralizado al Mercosur y, adicionalmente, no debemos olvidar que para aplicar medidas se requiere de la unanimidad de los miembros, difícil de lograr ante las posiciones del gobierno brasileño y la prudencia del Uruguay.

En el caso de la OEA, la situación también resulta compleja. Es cierto que tanto un país miembro, como el Secretario General, como lo establece la Carta Democrática Interamericana, pueden solicitar la aplicación del mencionado instrumento, frente a una situación de deterioro democrático que enfrente un país miembro. También es cierto que con el Sr. Almagro se cuenta con una persona más responsable en el cumplimiento de la normativa de la OEA. Ahora bien, no podemos menospreciar la habilidad bolivariana de controlar la organización mediante su chequera petrolera y, en particular, con Petrocaribe. Con el voto del Caribe el gobierno bolivariano controla la OEA. Cabe destacar que el Caribe se opone a Venezuela en el caso de Guyana, por eso el bajo perfil que de nuevo está jugando el proceso bolivariano en ese tema, a los fines de mantener el apoyo del Caribe en la OEA.

También conviene destacar que la situación venezolana en el contexto internacional se deteriora progresivamente. Desde la mayoría de países democráticos se presentan cuestionamientos y alertas ante la grave situación política y económica del país. Igualmente, debemos recordar que en la votación que solicitó el gobierno de Colombia en la OEA (28 agosto 2015), para tratar el caso del estado de excepción adoptado por el gobierno bolivariano en la frontera, los resultados no fueron nada positivos para Venezuela; pues tanto el Caribe, como la mayoría del Mercosur, se abstuvieron, cuando los bolivarianos esperaban un respaldo contundente.

Pareciera que en las actuales condiciones la aplicación de la Carta Democrática de la OEA podría avanzar si se aplica lo establecido en su Artículo 20, en relación a la labor de diálogo y buenos oficios que podría promover la organización para restablecer el ordenamiento constitucional en Venezuela. Por esta vía podría ser posible lograr el apoyo de los países del Caribe y del Mercosur en su conjunto; luego, en la medida que el gobierno bolivariano rechace todo intento de diálogo o mediación, podría obligar a la OEA a considerar el tema de eventuales sanciones.

Otra temática que no podemos dejar de resaltar, tiene que ver con el reto que la negativa experiencia venezolana representa para impulsar reformas profundas en las normativas de cláusulas democráticas, que permitan una efectiva participación de la sociedad civil en la denuncia, control y seguimiento del funcionamiento de la institucionalidad democrática. Otro tema importante, podría ser la creación de mecanismos de alerta temprana que permitan a la comunidad internacional actuar más eficientemente.

Gobernanza comercial en un mundo de cadenas globales de valor

Tomado de

http://www.ictsd.org

PUENTES

Análisis e Información sobre Comercio  y Desarrollo Sostenible para América Latina 

GLOBAL VALUE CHAINS

PUENTES

,

VOLUME 17 - NUMBER 2

12 April 2016

Sherry M. Stephenson

Las cadenas globales de valor (CGV) involucran una amplia variedad de actores e instituciones que abarcan un gran número de disciplinas comerciales y de inversión. Esta complejidad ha implicado un reto para los tomadores de decisiones, en tanto se ha vuelto una tarea crítica impulsar un mejor entendimiento de las implicaciones de las CGV desde una perspectiva ligada al desarrollo sostenible y a la gobernanza internacional.[1]

Como contribución a dicho proceso, el grupo de expertos de E15, convocado por ICTSD y el Foro Económico Mundial, en sociedad con el Banco Interamericano de Desarrollo, analizó los retos y las oportunidades que la expansión y consolidación de las CGV han creado para la gobernanza del comercio mundial y para el desarrollo económico, dando como resultado una serie de opciones de políticas que se presentan de manera resumida a continuación.

Nuevos retosLas CGV son producto de las reformas a las políticas comerciales junto con la reducción de los costos de transporte y la revolución de las tecnologías de la información, cuyos avances han dado a las empresas la capacidad para organizar sus necesidades de producción a escala internacional.

Dichas cadenas suelen estar impulsadas por las decisiones de inversión de las corporaciones multinacionales que, por lo general, involucran a empresas ubicadas en diferentes países, formando una línea de producción con vínculos ascendentes y descendentes.

Si bien es cierto que las CGV permiten a las empresas concentrarse en tareas específicas, también aumentan su interdependencia. De igual manera, las CGV no son uniformes en lo que respecta a gobernanza o incentivos, por lo que las implicaciones con respecto a la participación en una cadena dependerán de su tipo y estructura.

No obstante lo anterior, la fragmentación de la producción internacional ha creado nuevas oportunidades para los países en desarrollo gracias a la eliminación de la necesidad de ser cada vez más competitivos en todos los aspectos que envuelven a algún bien en particular.

Unirse a una CGV también suele asociarse a una mayor inversión extranjera directa (IED) y a la transferencia de conocimientos hacia la economía local, pero dichas oportunidades también acarrean nuevos retos. En primer lugar, la evidencia muestra que la mayor parte de las redes de producción tienen una orientación regional y se concentran en tres centros de actividad: Norteamérica, Europa y Asia Oriental. Esto representa un reto para los países en desarrollo que se encuentran lejos de estos centros industriales. En segundo lugar, las políticas comerciales, particularmente los acuerdos comerciales preferenciales (ACP) desempeñan un rol no menos relevante en la formación de las CGV.

En este contexto, los integrantes de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, han tratado de superar dichos retos al incorporar disciplinas fundamentales para la inserción en CGV. El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, firmado el 10 de febrero de 2014, abarca facilitación del comercio y cooperación aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, inversión, servicios transfronterizos, servicios financieros, servicios marítimos, telecomunicaciones, comercio electrónico, entre otros.

Estos son temas fundamentales para la operación de las cadenas, pues la posibilidad de entrar a un mercado internacional depende de la creación de un entorno nacional receptivo y atractivo para la entrada de flujos de IED, mismos que ahora se consideran clave para estimular la inserción a las cadenas.

La Alianza del Pacífico también ha incorporado servicios dentro de un amplio abanico de disciplinas, como comercio electrónico, que ha tenido enormes impactos a la hora de garantizar el flujo de datos y por lo tanto para facilitar el comercio digital de bienes y servicios.

Es más, el trato que se la ha dado a los servicios dentro de la Alianza Pacífico ha sido esencial para sustentar el deseo de sus integrantes de fomentar la operación de CGV. De hecho, la elección del enfoque de lista negativa para la liberalización de servicios es vista como un paso importante para facilitar la fluidez de las redes integradas de producción.

Dicho enfoque incluye todos los sectores de servicio dentro de su ámbito de disciplinas, a menos que se especifique lo contrario, y ofrece la ventaja de mantener la aplicación de las regulaciones vigentes en sus compromisos consolidados, lo que no generaría distancia alguna entre lo que se incluye en el acuerdo y los niveles de acceso a mercado, facilitando la comprensión de las oportunidades ofrecidas a inversionistas y comerciantes. Además de lo anterior, la “cláusula de ratchet” permitiría con el tiempo desarrollar en la Alianza un enfoque dinámico que aseguraría que toda liberalización unilateral en servicios quede permanentemente captada para el beneficio de sus integrantes.

“La Alianza del Pacífico también ha incorporado servicios dentro de un amplio abanico de disciplinas, como comercio electrónico, que ha tenido enormes impactos a la hora de garantizar el flujo de datos y… facilitar el comercio digital de bienes y servicios.”

Si bien los ACP pueden generar incentivos en cuanto a costos y regulaciones, las estrictas normas de origen tienden a desincentivar el uso de insumos más baratos provenientes de terceros. La Alianza del Pacífico optó por un criterio más bien liberal, en tanto permitiría la “acumulación” y facilitaría que toda la región se viera como un área importante para futuros inversionistas, productores y comerciantes, sin un alto costo que desincentive a proveedores externos.

Con respecto a los ACP, pueden adelantarse dos importantes implicaciones políticas que se derivan del presente análisis. En primer lugar, la integración y el ascenso en las CGV depende en gran medida de las reformas a las políticas nacionales, las que deben ir más allá de los instrumentos más específicos de política comercial. Para los países que estén dispuestos a usar las CGV como motor de desarrollo, es importante mantener un régimen de importación abierto, minimizar las fricciones en el comercio y mejorar la conectividad, además de impulsar la capacidad de absorción para generar beneficios dinámicos obtenidos de la IED.

En segundo lugar, en una economía globalizada habrá efectos secundarios (spillovers) internacionales a causa a las políticas nacionales o a la operación de las mismas cadenas de valor. Dichos efectos podrían incluir a las empresas más importantes que abusen de su posición dominante o pueden derivarse de la competencia entre esquemas nacionales de incentivos diseñados para atraer IED.

En general, los expertos suelen estar de acuerdo en que la estructura normativa vigente de muchos acuerdos comerciales podría no estar lo suficientemente equipada para responder de manera óptima a la realidad de la fragmentadas redes de producción. Las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) todavía funcionan de modo vertical.

Un enfoque más integral, que considere la aplicación horizontal de disciplinas en áreas como transparencia, estándares, competencia, contratación e inversión en bienes y servicios –como la estructura del acuerdo adoptado por los integrantes de la Alianza del Pacífico– podría ofrecer un enfoque alternativo a la gobernanza del comercio que resulte más en línea con el mundo de la producción y comercio en redes.

Además de lo anterior, la falta de una serie coherente de disciplinas multilaterales para la inversión representa un punto débil cada vez más evidente dentro del sistema internacional, en tanto faltan además otras disciplinas horizontales, específicamente en relación al movimiento de personas físicas y las políticas de competencia. Mientras tanto, diversas iniciativas de naturaleza plurilateral como el Acuerdo sobre Comercio de Servicios y esquemas megarregionales como el Acuerdo de Asociación Transpacífico y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión podrían impactar considerablemente el desarrollo de las CGV.

Opciones de políticasEn vista de tales desarrollos, a continuación se presentan diversas opciones de políticas relevantes para las CGV a fin de mejorar la gobernanza en el comercio. La primera serie de recomendaciones se centra en las opciones para el diseño de las políticas nacionales para la integración y mejora de las CGV. Estas apuntan a contribuir a un mejor entendimiento de la operación de las CGV, y a impulsar el diálogo y fortalecer las capacidades del gobierno. La segunda serie de opciones de política visualiza posibles pasos hacia una agenda informada sobre cadenas de suministros para futuras negociaciones comerciales.

Diseño de políticas nacionales para la integración y mejoramiento de las CGVEn primer lugar, deben desarrollarse y refinarse las herramientas del conocimiento para impulsar un entendimiento empírico y sofisticado de la operación de las CGV dentro del comercio internacional. El comercio según el valor añadido (TIVA, por sus siglas en inglés) debería expandirse y podría ser la base para una colaboración más cercana entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la OMC, las organizaciones internacionales y los bancos de desarrollo en el análisis del impacto de las CGV en los patrones de comercio e inversión.

En segundo lugar, podría establecerse y diseñarse una “Plataforma de desarrollo de las CGV” como mecanismo de intercambio sobre las dimensiones comerciales y de desarrollo de las CGV y como foro para el diálogo sobre las políticas. La plataforma podría cumplir cuatro funciones: 1) operar como portal para la investigación sobre los impactos en el desarrollo de las CGV; 2) brindar información a los legisladores sobre la operación de las mismas CGV; 3) detectar las barreras a las que se enfrentan las empresas de los países en desarrollo y; 4) establecer una red mundial de expertos en el desarrollo de CGV.

En tercer lugar, podrían establecerse “Consejos de cadenas de suministro” específicos para analizar las cadenas de suministro en determinados sectores. Dichos Consejos, compuestos por empresas privadas, autoridades comerciales y reguladores podrían dedicarse a dos áreas de trabajo principales: 1) ejecutar estudios sobre redes de producción específicas e; 2) identificar su estructura de gobernanza y restricciones regulatorias.

En cuarto lugar, y a partir de las propuestas arriba mencionadas, podría convocarse una “Cumbre sobre cadenas de suministro” con cierta regularidad, en la que se reunirían Gobiernos y el sector privado para compartir experiencias y análisis generados por la Plataforma y los Consejos antes mencionados.

Hacia una agenda de cadena de suministro para futuras negociaciones comerciales

En relación a la segunda serie de opciones de política, podría establecerse, en primer lugar, un programa de trabajo horizontal sobre CGV dentro de la OMC, para con eso explorar áreas en las que la disciplinas pudiesen ajustarse o desarrollarse. Esto ayudaría a enfocar las negociaciones en la OMC sobre los temas que abarca el sistema y que abordan la operación de las cadenas suministro a partir de una perspectiva de política de gobernanza comercial.

En segundo lugar, se podría explorar la necesidad de crear nuevos acuerdos de cooperación internacional para tratar con las posibles externalidades negativas o efectos secundarios de la acción unilateral y de las políticas nacionales que busquen fomentar la integración de las CGV.

“Las negociaciones comerciales deberían adoptar un enfoque actualizado sobre cadenas de suministro que integre bienes, servicios e inversión bajo grupos específicos de actividades productivas asociadas a un sector o cadena de valor particular.”

En tercer y último lugar, las negociaciones comerciales deberían adoptar un enfoque actualizado sobre cadenas de suministro que integre bienes, servicios e inversión bajo grupos específicos de actividades productivas asociadas a un sector o cadena de valor particular.

Los cambios en el paradigma del comercio y de la inversión a escala mundial, provocados por las cadenas de suministro y las economías interconectadas, deberán reflejarse en la adopción de un enfoque integral para la formación de normas futuras.

Prioridades y próximos pasosLa primera serie de opciones de políticas no requiere cambios institucionales dentro de la OMC u otros acuerdos comerciales y contribuiría al intercambio de ideas en torno a una agenda estructurada. La segunda serie, en una agenda actualizada de cadenas de suministro, implica cambios en la manera en que los foros de negociación internacional trabajan o abordan las negociaciones. Estas opciones de naturaleza más sistemática podrían apuntar a un horizonte de tiempo más largo.

Opciones a corto plazoEl desarrollo y refinamiento de las herramientas del conocimiento requiere, por una parte, del compromiso de organizaciones como la OMC, OCDE, UNCTAD, International Trade Centre, Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo para expandir el conjunto de datos TIVA y, por otra, del trabajo en conjunto con autoridades nacionales para desarrollar información de entrada y salida a fin de desarrollar informes regulares sobre el funcionamiento de las CGV.

Muchas de estas organizaciones ya incluyeron a las CGV como tema principal de interés dentro de sus investigaciones. De hecho, en enero de 2016 la OMC publicó nuevos perfiles estadísticos sobre las CGV para 61 economías y reunió una serie de indicadores comerciales sobre las CGV.

La Plataforma de desarrollo de las CGV es un proyecto mayor y necesitaría el impulso de un consorcio de instituciones que estudien políticas, organizaciones intergubernamentales o una combinación de ambas. Dicha recomendación se está llevando a buen término en la forma de un “Centro de investigación de cadenas globales de valor” que el Gobierno chino estableció en Beijing y que comenzó a operar de manera oficial a principios de 2016. Muchas organizaciones internacionales y universidades ya se apuntaron como socios de la iniciativa que seguro mejorará el entendimiento de las implicaciones de las CGV para el desarrollo.

Opciones a mediano plazoLos analistas comerciales podrían encabezar los Consejos de cadenas de suministro, pero los Consejos deberían conformarse principalmente por empresas privadas, cuyos aportes comerciales serían esenciales para bosquejar la manera en que el proceso de formación de redes opere en los sector pertinentes.

De igual manera, un consorcio de organizaciones intergubernamentales podría establecer y convocar una Cumbre de cadenas de suministro, la que debería contar con la aceptación y apoyo del sector privado.

Con respecto a la segunda serie de opciones, el primer paso para poner en movimiento una agenda actualizada sobre cadenas de suministro para futuras negociaciones consistiría en una discusión sistemática que abarque todo el sistema de la OMC sobre los impactos de las CGV en la gobernanza de comercio internacional mediante la creación de un programa de trabajo sobre cadenas de valor y desarrollo. El proceso tendría que iniciarse desde adentro y estar encabezado por un grupo de miembros de la OMC.

Opciones a largo plazoLas opciones para nuevos acuerdos de cooperación internacional y la adopción de un enfoque de cadena de suministro en las negociaciones es más ambicioso y requeriría de un amplio consenso entre los miembros de la OMC. Dada la diversidad de puntos de vista, sería viable avanzar sobre una base plurilateral.

De manera alternativa, algunos países podrían elegir acuerdos preferenciales como un terreno de prueba para nuevas disciplinas. De hecho, cada uno de los acuerdos megarregionales que están negociándose o se han cerrado tienen como uno de sus objetivos el funcionamiento de las CGV al momento de diseñar disciplinas comerciales relevantes.

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[1] Este artículo ha sido adaptado de un estudio más extenso que se puede encontrar en Stephenson, S. (2016). Trade governance frameworks in a world of global value chains. Geneva, Switzerland: ICTSD & WEF.

La economía de Venezuela se apaga

Tomado de www.infolatam.com

"El racionamiento de divisas, el racionamiento de energía, y las distorsiones generadas por los controles de precios y la inflación sobre el mercado de trabajo van conduciendo gradualmente al país a una parálisis".

Infolatam
Caracas, 21 abril 2016

Por LEONARDO V. VERA

El Fondo Monetario Internacional, en su reporte de Perspectivas Económicas Mundiales acaba de señalar que la economía venezolana estará registrando una caída del Producto Interno Bruto de 8%, el mayor retroceso de cualquier país a nivel mundial y una tendencia que acumularía tres años consecutivos de contracción económica. La estimación para Venezuela coincide con la hecha en una nota de prensa hace unos días por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) donde la caída se proyecta en 6,9%, y con la hecha en el mes de marzo por la firma consultora Latin Focus, que ubicó un retroceso de 7,2 puntos del PIB. De materializarse esta expectativa de crecimiento, Venezuela habrá perdido para final del año y con respecto al año 2013 más de una tercera parte de su PIB por habitante, sin contar los estragos que la crisis económica ha venido causando en el poder de compra y en la calidad de vida de la población.

Venezuela es el único país del mundo hoy día con inflación de tres dígitos (con registros mensuales de 15%); con escasez de alimentos y medicinas por encima de 50%, y con una creciente precarización del trabajo, a decir por el desconcertante fenómeno del “bachaqueo” (o comercio informal de compra y reventa de productos con precios controlados). La encuesta de condiciones de vida, ENCOVI, conducida por tres universidades nacionales, estima que el 73% de los hogares en Venezuela han caído por debajo de la línea de pobreza.Dos años antes, en 2103, la porción de los hogares en situación de pobreza estaba en sólo 31%. Por su parte, la encuesta Datanálisis, dada a conocer en el mes de abril, señala que 84% de la población considera que la situación del país es mala o muy mala.

La economía venezolana se está apagando con una expectativa cierta de caer en una “trampa de pobreza”. El término acuñado a finales de los años cincuenta por el economista norteamericano Richard Nelson para recoger la situación donde una economía queda capturada en un círculo vicioso de alta fertilidad y bajo capital humano, pero con los años se ha extendido para describir el contexto de economías que han perdido sus fuerzas motrices para crecer y salir de la pobreza por incapacidad de concretar acciones coordinadas por parte de sus actores críticos.

La trampa de pobreza hacia la que se orienta Venezuela se va haciendo estructural, y no porque haya algo intrínsecamente malo o defectuoso en la base inicial de recursos que ha tenido el país a su disposición, sino más bien por los gravísimos errores en el diseño y accionar de las políticas públicas llevadas a cabo por la llamada “revolución bolivariana”. Tres ejemplos ilustran muy bien como la incapacidad de crecer de Venezuela se ha venido fraguando por gravísimos errores de política y el despilfarro.

Las empresas locales en Venezuela no pueden incrementar su actividad hoy día porque están sometidas a un creciente racionamiento en la asignación de divisas que no les permite traer materias primas, insumos y partes importadas esenciales para la producción. Ciertamente el país ha sufrido desde mediados del año 2014 una merma significativa de ingresos externos por la caída en los precios del crudo petrolero, pero para algo están las reservas internacionales ¿Qué pasó con ellas? ¿Cómo es que el país con mayores superávits comerciales de la región, que disfrutó por una década de precios altos del crudo no pudo acumular reservas defensivas? 

Las restricciones, no solo energéticas

El presidente Nicolás Maduro apruyeba las medidas de restricción de consumo de electricidad con su gobierno

La respuesta es que el Banco Central de Venezuela aceptó durante la bonanza transferir las reservas internacionales a un fondo de inversión opacó (el FONDEN) donde los recursos en dólares fueron despilfarrados. Casi 60.000 millones de dólares fueron transferidos desde el Banco Central a ese fondo en 10 años. Ya en el año 2013, mucho antes de la caída del precio del crudo, el gobierno de Maduro comenzó a restringir las importaciones pues las reservas líquidas de Venezuela estaban en niveles críticos.

La situación hoy día, con precios del petróleo para Venezuela de sólo 27 dólares el barril, es realmente apremiante. Con ese precio, para cumplir sus compromisos externos y para no reducir aún más las importaciones y profundizar aun más recesión, Venezuela requiere de 30.000 mil millones dólares en financiamiento externo. Como el gobierno de Venezuela ha decidido mantenerse aislado de la comunidad financiera internacional, pues ahora apela a un mayor racionamiento de divisas, que es como apostar a la parálisis.

Las empresas en Venezuela tienen una segunda restricción para producir: energía. Puede parecer insólito que un país cuya mayor proyección al mundo sea su potencial energético, no tenga energía eléctrica suficiente para sus sectores industriales y comerciales. Pero esa es la realidad. El pasado año con una economía cayendo en casi 5 puntos del PIB, Venezuela presentó un déficit de energía eléctrica, según los técnicos, cercano a los 1.100 megavatios. Por esa razón las empresas y los centros comerciales en Venezuela son objeto de racionamiento energético y la administración pública está trabajando sólo cuatro días a la semana y en medio turno ¿Cómo ha sido eso posible?

La razón parece ser, una vez más, el despilfarro. Una comisión que desde la Asamblea Nacional investiga la crisis en el sector eléctrico ha determinado que en los últimos 5 años se destinaron cerca de 30.000 mil millones de dólares en inversiones para recuperar la infraestructura termoeléctrica. Pero una buena parte de las obras no se terminaron. En otros casos los equipos instalados eran obsoletos, de segunda mano y nunca generaron energía. La situación actual es que las dos mayores platas termoeléctricas del país, Planta Centro y Termocentro, no están generando energía. Así con la llegada del fenómeno de “El Niño”, Venezuela no pudo recuperar y mucho menos instalar un sistema termo que pudiera compensar la caída en la generación hidroeléctrica. Si el país se propusiera una meta de crecimiento de 3% para el próximo año, requería una disponibilidad de 5.400 megavatios y no tiene de donde sacarlos.

Una tercera restricción que dificulta la producción es la disponibilidad de mano de obra. Puede parecer, increíble, pero las empresas no encuentran personal competente para los turnos de trabajo. La razón no es difícil de vislumbrar.  En Venezuela existen controles de precios y controles a los márgenes de ganancia. Ningún sector escapa de estas regulaciones. Pero la inflación es ya de tres dígitos y este año puede subir a 500%, lo que hace cuesta arriba que muchas empresas puedan ofrecer a sus trabajadores alzas salariales equivalentes.

En consecuencia, frente a la dramática caída del salario real, el trabajador venezolano está migrando en forma masiva al negocio que se ha formado con la venta de productos con precios regulados, donde los ingresos son más altos. Contactos y una red de distribución es más que suficiente para comprar a precio ridículamente baratos y vender al precio de mercado negro. El control de precios y la escasez ha hecho de éste un nicho dinámico (o el motor) en la economía venezolana, a costa de la paralización del resto de la economía.

Así, el racionamiento de divisas, el racionamiento de energía, y las distorsiones generadas por los controles de precios y la inflación sobre el mercado de trabajo van conduciendo gradualmente al país a una parálisis de la cual no podrá salir sino acciona un programa de reformas y reconstrucción económica que le permita recobrar las fuentes básicas del crecimiento.

¿Y los BRICS?

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Felix Arellano

En estos momentos, pareciera que el grupo pierde capacidad de acción, fortaleza y liderazgo, situación que consolida tanto las potencias, como al sistema

Cuando se institucionaliza el grupo de las potencias emergentes los BRIC (Brasil, Rusia, India, China) en el 2008 (sin Sudáfrica, que se incorpora en el 2011), las expectativas sobre potenciales cambios en la arquitectura económica, y particularmente financiera, internacional, eran altas. Por el contrario, en estos momentos, pareciera que el grupo pierde capacidad de acción, fortaleza y liderazgo, situación que consolida tanto las potencias, como al sistema. Otro golpe para el falso discurso bolivariano, que sataniza al sistema, sin valorar sus beneficios y mitifica al sur, sin comprender sus debilidades.

No ha sido nada fácil para los BRICS lograr posiciones homogéneas en los complejos temas de la agenda económica mundial. Tampoco han logrado desarrollar un liderazgo creativo, coherente y sistemático en sus espacios naturales: las organizaciones económicas internacionales, en particular en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Estas debilidades de acción internacional enfrentan un nuevo reto, su exclusión de las meganegociaciones comerciales internacionales. Los mega acuerdos que se están negociando y firmando, como el Transpacífico (TPP), excluyen a los BRICS, lo que representa un serio desafío para sus perspectivas y liderazgo internacional.

Adicionalmente, las dificultades económicas que afectan a la mayoría de sus miembros, les resta capacidad de acción en el tema financiero, que institucionalmente definieron como prioritario. En efecto, pareciera tiempos de estancamiento para las potencias emergentes. Rusia en situación muy complicada, pues además de caer el precio del petróleo y en general de las materias primas, está enfrentando serias sanciones económicas internacionales por el caso de Ucrania, lo que limitan sus posibilidades de crecimiento económico.

China, el más poderoso del grupo, empieza a reducir los niveles de crecimiento, está disminuyendo su consumo interno, lo que afecta al resto del mundo, particularmente a los exportadores de materias primas que han logrado bonanza gracias al consumo de China. Adicionalmente, las perspectivas no son promisorias, pues China acumula problemas sociales y políticos (con la población rural, grupos étnicos y religiosos excluidos) que pueden incidir negativamente en su desenvolvimiento económico.

El caso de Brasil se presenta más agudo, pues combina deterioro económico y grave crisis política, que se resolverá cuando el país cuente con un gobierno estable y sólido. Si la Presidenta Dilma se mantiene en el poder, la crisis de gobernabilidad se acentuará cada día, deteriorando aún más los problemas económicos. Si la Presidenta renuncia, que sería lo más inteligente políticamente, el nuevo gobierno de transición será débil para una acción económica e internacional de envergadura y básicamente debería acelerar la convocatoria a elecciones.

Sudáfrica enfrenta el progresivo deterioro de los precios de las materias primas, lo que reduce sus ingresos, agravando la crisis social que le afecta, por los crecientes reclamos laborales de mejores condiciones de vida. La India pareciera el miembro mejor posicionado económicamente; pero, como todos los demás, también enfrenta graves problemas sociales de exclusión y marginalidad que pueden desencadenar en crisis políticas y de gobernabilidad.

El debilitamiento de los BRICS debería orientar su atención, entre otros, a la diversificación y fortalecimiento de sus economías, mayor competitividad, productividad y sostenibilidad ecológica; en el ámbito social la tarea permanente es la reducción de pobreza e inclusión social. Pero también deberían enfrentar los problemas políticos: de la estabilidad social y gobernabilidad y todo pareciera indicar que frente a tales problemas la alternativa es mayor y mejor democracia, transparencia, diálogo, tolerancia. Los autoritarismo existentes en algunos de ellos, en especial en China y Rusia, representan fuentes estructurales de conflicto social.

Pero no todo es negativo, pues los BRICS nos aportan una significativa lección: la importancia del mercado para la generación de riqueza, crecimiento económico y bienestar social. Varios de ellos han experimentado el fracaso del comunismo y, para superar pobreza y lograr bienestar han tenido que desarrollar políticas económicas de apertura al mercado. Lamentablemente, para los radicales, como los bolivarianos, por su ceguera ideológica, esta lección resulta difícil de entender, aceptar y practicar. A la dictadura de los Castros, con más de cincuenta años de fracasos, les está resultando difícil superar la ceguera ideológica, no avanzan en los cambios necesarios y agudizan sus problemas.

¿Dónde están los 3.500 millones de dólares de la ayuda venezolana a Nicaragua?

http://www.14ymedio.com/internacional/millones-dolares-ayuda-venezolana-Nicaragua_0_1981001892.html

IVÁN OLIVARES, Abril 17, 2016

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en Managua. (Confidencial)

TEMAS

Venezuela, Nicaragua,economía, cooperación

Políticos y economistas coincidieron en criticar la forma opaca e ineficiente con que se manejaron los recursos provenientes de la privatización de la cooperación venezolana –un poco más de 3.500 millones de dólares en nueve años, o más de un millón de dólares por día– tal como lo muestra una serie de reportajes especiales publicados por Confidencial a partir del análisis de 1.207 documentos filtrados desde Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa). El análisis de esos documentos muestra cómo el desvío de la cooperación estatal venezolana derivó en un emporio de "nuevos ricos" y en un frenesí de proyectos para gastar a manos llenas los petrodólares venezolanos: una línea aérea, siembra de gusanos de seda, reactivación de los cultivos de algodón, un hotel para Edén Pastora, un autódromo y más.

El diputado por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, opina que el manejo fue "turbio". "Desde sus inicios, esta operación fue turbia, y fueron aumentando los grados de oscuridad, a medida que fue aumentando el volumen de los recursos, pero eso no es exclusivo de los negocios de Albanisa. Tal vez es más pronunciado, porque esa es una de las políticas del régimen: ocultar, manipular, falsificar cualquier tipo de información. Con mucha mayor razón, ésta", explica el legislador opositor.

Por su parte, el economista Adolfo Acevedo opina que "esa falta de transparencia nos está pasando factura hoy, porque el panorama se está volviendo más complicado. El Gobierno le informa al Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno jamás le informa a la ciudadanía: le informa al FMI", lamentó.

Para el consultor privado Rodrigo Obregón Robles, exvicegerente general de Albanisa, la opacidad es producto de una planificación precisa.

El desvío de los fondos derivó en un emporio de "nuevos ricos" y en un frenesí de proyectos para gastar a manos llenas los petrodólares venezolanos

"Cuando hay opacidad, lo que se pretende es ocultar qué es lo que verdaderamente hay detrás de un plan. Esto nos permite inferir que hubo una planificación en la cual se trató siempre de conservar ese ambiente nubarroso, para ocultar la verdadera esencia del plan que se tenía preconcebido".

Basado en los cuatro años que trabajó para Albanisa (adonde llegó en 2008, trasladado desde la Empresa de Puertos de Nicaragua, donde era gerente general), Obregón asegura que "los hechores intelectuales percibieron que habría una gran cantidad de recursos que había que aprovechar, para no salir nuevamente sin muchos activos, a como salieron muchos" el 25 de abril de 1990. Ya con esa experiencia, dijeron: "No nos vuelve a suceder. Hay que trabajar de una manera diferente".

Si se critica la falta de transparencia, también se cuestiona la incapacidad para gestionar una fortuna que pudo ser empleada para traer verdadero desarrollo al país, y que al final solo sirvió para enriquecer a quienes la gestionaban, así como a sus hijos y testaferros.

Consultado al respecto, el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Carlos Langrand, muestra cómo esos recursos (en promedio, 550 millones de dólares anuales entre 2011 y 2014, según un detalle presentado por Acevedo), no solo no se usaron para mejorar Nicaragua, sino que sirvieron para retroceder en materia de institucionalidad.

El legislador recuerda que la noticia de que Venezuela quería ayudar a Nicaragua "causó un nivel de expectativa importante, sobre todo por las condiciones blandas que se ofrecían (25 años de plazo y 2% de interés), pues significaba un monto importante para cualquier plan de desarrollo como nación, como Estado, de infraestructura, a nivel productivo, a nivel de una revolución tecnológica, de una revolución educativa".

Si se critica la falta de transparencia, también se cuestiona la incapacidad para gestionar una fortuna que pudo ser empleada para traer verdadero desarrollo al país

Señala que pudieron construirse carreteras de primer nivel para conectar el triángulo minero con Bilwi, o Nueva Guinea con Bluefields, o el puerto de aguas profundas en Monkey Point. "Adicionalmente, podíamos reforestar toda Nicaragua, en vez de convertir a Alba Forestal en depredadora del ecosistema. Esa cartera de proyectos debió verse como parte de un proyecto de nación, no como proyectos de la familia Ortega Murillo", sentenció.

En vez de eso, Ortega usó esa deuda "de manera privada, para su clientelismo político, para demoler la institucionalidad del Estado, y para trastornar la vida del nicaragüense, que ya había llegado a acariciar lo que es el sistema democrático, y convertirlo en una dictadura autocrática", concluyó.

Sáenz opina que "esta gente hizo charanga con estos recursos, seguramente pensando que nunca se iban a acabar; que el comandante era eterno, que la 'revolución bolivariana' era eterna, que esta 'generosidad' era inacabable, y que en consecuencia, nunca se iba a pagar".

"Eso me recuerda los grandes proyectos en la década de los 80, como el ingenio 'Victoria de Julio': centenares de millones de dólares, tecnología de última generación, y ahora solo ves predios baldíos, disputas por tierras. O el 'proyecto Chiltepe', o el proyecto 'Valle de Sébaco', que terminaron siendo elefantes blancos. En este caso, me parece que realmente es irresponsable. Más que irresponsabilidad, fue una gestión fraudulenta".

El parlamentario dice que si esos 3.500 millones de dólares hubieran sido gestionados de manera eficaz y con un sentido empresarial, el país podría tener ahora "un buen puerto en el Caribe", si los administradores de Albanisa hubieran decidido construirlo. "Aunque lo retuvieran privadamente, pero ya le quedaba a Nicaragua un puerto en el Caribe", valoró.

El parlamentario Sáenz dice que si esos 3.500 millones de dólares hubieran sido gestionados de manera eficaz y con un sentido empresarial, el país podría tener ahora "un buen puerto en el Caribe"

Otra posibilidad era "tratar de transformar a Nicaragua en una potencia agroindustrial", para lo que pudo ejecutarse un programa de riego masivo, que permitiera dar el salto que el país necesita. "O pudieron crear un banco que cobrara tasas de interés razonables, a plazos razonables, viabilizando un programa de competitividad y productividad, y mejorando las capacidades de las pequeñas y medianas empresas del país".

En vez de tener riego, crédito y un puerto en el Caribe, propusieron un proyecto para criar gusanos de seda, instalar un hostal, desarrollar un proyecto de vigilancia, jardinería...

"Si alguien tuviera algún sentido de responsabilidad en la camarilla gobernante, algún sentido de lo que significa el costo de oportunidad de los recursos, algún sentido de lo que han significado estos recursos para este país como una oportunidad histórica... Ortega, si leyera esto, debería correrlos a toditos, porque manejaron esto como si fuera una pulpería, centaveando, y lo mismo hablaban de 200 millones de dólares para una empresa de tecnología de comunicaciones de punta, que de un hostal".

Obregón recuerda de esa época que "llegaban personas, desde güiriseros, con proyectos ya formulados, a pedirle al señor [Francisco] López que intercediera ante la máxima autoridad de Albanisa (o sea, Daniel Ortega), para que les prestaran dinero. Él [López] exigía que los proyectos se los entregaran bien formulados, lo más completo posibles, y que él les iba a avisar".

Más allá de la posibilidad de que López se quedara con los proyectos para ejecutarlos él, el ex vice de Albanisa cree que la razón para coleccionar tantos planes de negocios era "crear centros de gastos. Por cada uno de esos proyectos se asignaron cuentas como investigación y desarrollo, donde se pudiese justificar a futuro gastos millonarios en la formulación, investigación, implementación y creación de nuevas empresas".

En vez de tener riego, crédito y un puerto en el Caribe, propusieron un proyecto para criar gusanos de seda o instalar un hostal

Explica que "un investigador puede cobrar una cantidad importante de dinero, justificando gastos de movilización y talento. Infiero que la intención era crear centros de gastos para justificarlos. Yo siempre creí que esa era una empresa diseñada para perder. Es una empresa consumidora de capital.

A Obregón no le resulta extraño encontrar en los papeles del Alba la existencia de una renta a car, y una empresa de vigilancia, que tienen dos años de no poder cobrar por sus servicios a las mismas empresas del Alba, todas subordinadas a Francisco López, en parte, porque eso dejaba abierta la posibilidad de 'inflar' esos gastos en el momento en que fuera necesario. Como al momento de una auditoría, por ejemplo.

Otra razón es que "había que generar empleo para una masa clientelar de la población. Muchísima gente que dio el voto al presidente Ortega en noviembre de 2006, llegaba a pedir trabajo. Entonces, había una orientación de crear plazas para paliar el desempleo, y se dio esa oportunidad de poner inclusive profesionales como guarda de seguridad" de la empresa SSF.

A la larga, ninguno de los grandes proyectos del ALBA trabajaría con los guardas de SSF, sino con los de El Goliath. La razón es que "cuando la familia vino reclamando apropiarse de su feudo, cada quien vino y creó empresas para tercerizar de todo, implementando una estrategia de crecimiento a lo interno, con recursos internos, para no tener que pagar servicios externos", explica Obregón.

Venezuela sufre cada día en que el petróleo se mantiene alejado del precio de cien dólares por barril, lo que incrementa su necesidad de recursos. En especial, siendo que el 'socio' nicaragüense no fue el mejor administrador, lo que resulta especialmente evidente al llegar el tiempo de las 'vacas flacas'.

"Albanisa es una empresa mixta, donde una empresa estatal nicaragüense tiene el 49% de las acciones. Esto se volvió más complicado, porque antes nos decían que era deuda de una empresa estrictamente privada, que era Caruna. Ahora la deuda pasa a ser asumida por una empresa nicaragüense estatal. Hoy más que nunca -en especial después que la compró el Banco Central de Venezuela- se vuelve imprescindible aclarar el tema de esa deuda", remarca Acevedo.

El diputado Enrique Sáenz opina que la deuda deben pagarla "quienes la disfrutaron"

El diputado Enrique Sáenz opina que la deuda deben pagarla "quienes la disfrutaron. Habría que ver si el patrimonio que han acumulado es suficiente, porque aquí ha habido derroche. Ha habido también metidas de mano en el camino, que le queda un pedacito a este, un pedacito a otro. ¿El patrimonio acumulado basta para pagar la deuda? ¿Los negocios que han hecho tienen suficiente rentabilidad para honrar la amortización y los intereses? Ellos deberían pagar, pero seguramente, si Venezuela cobrara, después de entregar todo el patrimonio, todavía van a quedar debiendo".

Confrontado con esa interrogante, Obregón admite que "es difícil sacar conclusiones ante tantas medias verdades y mentiras completas, porque desde que comenzaron a hablar de la construcción de una refinería para procesar 150.000 barriles de petróleo por día, estaba clarísimo que no se podía hacer eso, mientras no existieran estudios de mercado en la región".

"La esencia de todo este enjambre es que hay una deuda impagable por Albanisa, que no podrá ser pasada en su totalidad a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y Pdvsa, como socio mayoritario con el 51%, va a decir 'yo asumo el 51% de todo esto, y pongámosle punto final porque es insostenible". En especial, viendo las perspectivas a largo plazo de los combustibles fósiles a nivel mundial, y el desarrollo y avance de las energías renovables".

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Nota de la Redacción: Este artículo ha sido publicado previamente en el diario digital nicaragüense Confidencial. Lo reproducimos con la autorización del medio.

El caso “Panama Papers” pone de relieve la necesidad de tener sistemas fiscales justos

http://blogs.worldbank.org/voices/es/el-caso-panama-papers-pone-de-relieve-la-necesidad-de-tener-sistemas-fiscales-justos

ENVIADO POR SRI MULYANI INDRAWATI EL VIE, 04/15/2016

El escándalo denominado “Panama Papers” nos recuerda que ocultar la riqueza y evitar el pago de impuestos no es algo fuera de lo común ni —en muchos casos— ilegal.

Pero la embarazosa filtración de la información expone algo más: la confianza pública se quiebra cuando las empresas, los ricos y los poderosos pueden ocultar su dinero sin violar la ley. Si no se aborda esta infracción, los que no son lo suficientemente ricos como para ocultar el dinero estarán menos dispuestos a pagar y contribuir al contrato social en el que se intercambian impuestos por servicios de calidad.

Cuando era ministra de Finanzas de Indonesia, mi país de origen, vi de primera mano cómo un sistema fiscal débil erosionaba la confianza pública y permitía un capitalismo amiguista. Surgieron mercados paralelos para combustibles que recibían altos subsidios, las conexiones familiares permitían conseguir empleo y los sobornos ayudaban a los servidores públicos a aumentar sus salarios. La evasión fiscal fue algo común entre las élites y el país no pudo movilizar los recursos necesarios para construir infraestructura, crear puestos de trabajo y reducir la pobreza.

Introducir el concepto de la transparencia y la rendición de cuentas en ese sistema corrupto fue difícil, y generó oposición política y provocó retrocesos. Buscamos hacer algunas mejorías de tipo técnico que podrían parecer básicas, pero que no existían entonces. Estas incluyeron auditorías de mejor calidad, controles internos más fuertes y nuevos sistemas informáticos para minimizar la interacción entre personas y, por ende, las oportunidades de aceptar sobornos. También creamos incentivos para los funcionarios públicos, elevamos su moral y promovimos la disciplina.

Indonesia es solo un ejemplo de cómo la ruptura de un contrato social obstaculizó el desarrollo. De hecho, la movilización de recursos para prestar servicios y fomentar el desarrollo es un desafío mundial en el que muchos países carecen tanto de una fuerte base tributaria como de la capacidad para crearla. El 50 % de los países en desarrollo recauda menos del 15 % de su producto interno bruto (PIB) en impuestos, y muchos de ellos dependen en gran medida de los recursos naturales. En cambio, el promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de aproximadamente un 34 %. (i)

Cinco años después de comenzar nuestras reformas en Indonesia, la cantidad de contribuyentes subió de 4,35 millones a casi 16 millones. Los ingresos tributarios aumentaron en un 20 % anualmente. Con estos ingresos, fortalecimos nuestro presupuesto, redujimos nuestra deuda, y aumentamos la capacidad del país de proporcionar servicios esenciales como carreteras, agua potable y salud. Una economía robusta sirvió de ayuda, pero también el hecho que la confianza aumentó, algo que el sector privado necesitaba para realizar inversiones y crear empleo.

Las repercusiones de los “Panama Papers” podrían inspirar un sistema fiscal internacional más fuerte y más justo basado en sistemas tributarios sólidos, buenas instituciones e integridad. Existen esfuerzos alentadores del Grupo de los Veinte (G-20) y otros foros internacionales (i) destinados a implementar reformas fiscales sólidas y promover la cooperación internacional obligatoria. Ahora puede ser el momento de pasar de las palabras a la acción.

Para cumplir con nuestros objetivos mundiales de poner fin a la pobreza y promover la prosperidad compartida, debemos ayudar a los países a superar desafíos extraordinarios en materia de políticas y administración tributaria. Nuestros clientes enfrentan una amplia gama de problemas, que incluyen empresas —tanto nacionales como extranjeras— que no cumplen con las normas tributarias; una gran cantidad de compañías informales que no están en los libros de contabilidad; sistemas de administración de los ingresos y de gestión de gobierno deficientes, y desconfianza de la opinión pública.

El Banco Mundial apoyó las reformas que encabecé en Indonesia y la institución está aumentando su capacidad de hacer más. El Equipo sobre Asuntos Tributarios Internacionales, recientemente formado, está recopilando información y conocimientos sobre los problemas específicos que enfrentan nuestros clientes y está colaborando con ellos en la búsqueda de soluciones. Nos han dicho que les gustaría recibir ayuda en temas fiscales internacionales, como los precios de las transferencias, una práctica que las empresas internacionales pueden usar para enviar las ganancias a sus filiales y minimizar su carga fiscal. También buscan apoyo en materia de políticas tributarias, incluyendo el impuesto al valor agregado, y temas relacionados con la transparencia, como la recopilación de datos fiscales y la divulgación de los ingresos provenientes de los recursos naturales. Nuestros equipos ya colaboran con los Gobiernos de Pakistán, Colombia y varios países de Europa oriental para lograr avances en estos asuntos.

Aportaremos nuestras conclusiones en iniciativas conjuntas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos. Estas iniciativas tienen como objetivo ayudar a los países a fortalecer sus sistemas tributarios, coordinar la ayuda mundial relacionada con los impuestos, y garantizar que los intereses de los países en desarrollo sean escuchados en el creciente diálogo internacional sobre las reformas tributarias.

Como exministra de Finanzas, sé muy bien que la confianza es una parte fundamental de la ecuación. A nadie le gusta pagar impuestos y esa aversión solo aumenta si las personas sienten que sus contribuciones son malgastadas o robadas. Las reformas tributarias son una pieza vital de la construcción de sociedades equitativas en las que las élites siguen las reglas. Esas reformas pueden facilitar que los gastos de los Gobiernos sean eficientes, proteger a las personas pobres y vulnerables y, al mismo tiempo, combatir la corrupción.

Tal vez no logremos que las personas y las empresas disfruten el hecho de pagar impuestos, pero debemos crear sistemas que dificulten el ocultamiento de la riqueza y la evasión del pago de las obligaciones correspondientes. Esto es un aspecto fundamental de la lucha contra la pobreza.

La contraofensiva fascista

Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

La mayoría de los analistas observan los procesos políticos desde una perspectiva racional. Para ello está la teoría y los procesos históricos e institucionales a partir de los cuales sistematizar sus metodologías de análisis.  Pero la política, cuando se conduce por medios personalistas en medio de un vacío de contrapesos institucionales al poder central, no siempre se atiene a lo que podemos considerar racional. Ello es más cierto aun cuando se está en presencia de la monopolización del poder por parte de fuerzas fascistas. El caso venezolano es muy ilustrativo al respecto.  

Habiéndose entrampado en un proyecto exageradamente dependiente del ingreso petrolero, el régimen agotó rápidamente las oportunidades que le deparaban los altísimos precios del crudo en el mercado internacional y se quedó a la intemperie, sin cobijo alguno, cuando éstos se desplomaron. Además de haber puesto todos sus huevos en la misma canasta, la “revolución”  había quemado sus naves frente a la economía privada, al destruirla progresivamente. Nunca tuvo un plan “B” y el terrible costo de su tozudez se manifiesta trágicamente hoy en una angustiosa situación de hambre, desesperación y hasta de fallecidos por no conseguir medicamentos u obtener los tratamientos médicos requeridos. La desidia criminal de tan tamaña irresponsabilidad les valió un repudio masivo de la población, expresado en la contundente derrota que sufrieron en las elecciones legislativas del 6 de diciembre pasado. Todo indicaría que, en aras de la sobrevivencia del chavismo y de la preservación de sus posiciones de poder, habría interés en controlar los daños, enmendar los errores, reducir vulnerabilidades y reordenar sus fuerzas. Pero aquí es donde se presenta la irracionalidad intrínseca en la naturaleza fascista de este movimiento.

El fascismo no es sustenta en la razón, sino en la pasión. Se legitima invocando epopeyas de un pasado glorioso en el que supuestamente fueron forjadas las virtudes del pueblo. Tales virtudes, mitificadas por el tamiz de reminiscencias selectivas, fundamentan el triunfo de la Nación frente a sus enemigos, por lo que deben recuperarse. Para ello nutre su imaginario de representaciones maniqueas que enfrentan el “bien” con el “mal”, con base en símbolos de esa contienda fundacional. Se forjan construcciones ideológicas que ensalzan el liderazgo resoluto del hombre fuerte y de las ideas que predica. Éstas expresan, por antonomasia, el interés colectivo superior en torno al cual se amalgama al pueblo en su lucha por rescatar las virtudes anheladas. La lealtad para con ese liderazgo debe sobreponerse, por tanto, a la prosecución del interés individual y los sacrificios involucrados marcarán la formación del Hombre Nuevo. La política se entiende, en este contexto, como una guerra contra quienes encarnan el mal –los enemigos del pueblo, traidores de la patria-, con los cuales no debe haber trato ni negociación posible. El pueblo, bajo el liderazgo supremo que encarna sus intereses, abdica de su ciudadanía y se subsume en una masa informe que sólo cobra vida en ordenaciones regimentadas para librar batallas contra los enemigos. En éstas, la violencia se justifica, pues se trata de defender los intereses supremos de la patria.

Lo anterior explica por qué, al sufrir una derrota o un tropiezo significativo, lejos de buscar acuerdos que permitan recomponer sus fuerzas y preservar sus avances, el fascismo suele atrincherarse en posiciones extremas que buscan “profundizar la lucha”. La épica termina siendo lo que le da sentido a su política y entrar en acuerdos con el “enemigo” simplemente la desinfla de toda su vitalidad. Desde luego, detrás de esta intransigencia se cobijan los intereses creados en torno al usufructo ilimitado del poder y que significan oportunidades prácticamente irrestrictas para expoliar la riqueza social. Pero en vez de proyectarse como una élite que explota a un pueblo, la retórica de la “revolución” se camufla en un ideario que permite movilizar a éste en su defensa, porque, por definición encarna una lucha justiciera. La retórica comunistoide representa hoy la manera más efectiva de esta postura. El control de los medios y una propaganda incesante que falsifica la realidad con base en embustes y medias verdades, construye ante los suyos una única referencia a su proceder. Se genera así un escenario que legitima y refuerza la confrontación intransigente.

 Luego de la contundente derrota en las elecciones parlamentarias, Maduro y los suyos cerraron toda posibilidad de entendimiento con la nueva mayoría de la Asamblea Nacional y se propusieron simplemente anular sus potestades -seguramente bajo recomendación cubana-, como hicieron con el triunfo de Ledezma en la Alcaldía Metropolitana. En este empeño urdieron tramposamente una composición aun más sectaria y partidista del tribunal supremo de justicia, violando los procedimientos y criterios establecidos en la constitución para ello, para “invalidar” todo lo que aprobase la nueva representación de la voluntad popular. Leyes para otorgar títulos de propiedad a los asignatarios de viviendas por la Misión Vivienda, la reforma de la Ley del Banco Central que busca circunscribir sus funciones a la constitución y, ahora, la Ley de Amnistía y Reconciliación, son torpedeadas por un tsj que, como señala el Chigüire Bipolar, prácticamente declara inconstitucional a la constitución, en defensa de los intereses de sus jefes políticos. Con un cinismo vomitivo e inhumano, el fascismo achaca a los que ejercían su legítimo derecho a la protesta, la responsabilidad de las 43 muertes del 2014, producidas casi todas por la Guardia Nacional, malandros “colectivizados” y el Sebin. Y declara el general López Padrino que la Ley de Amnistía recién aprobada es "un adefesio jurídico, ético y moral (que) legaliza la violación de los derechos humanos", violando el artículo 328 de la constitución y absolviendo las prácticas represivas del régimen.¡Señores, la novela de Orwell, 1984, no es fantasía y el único imaginario admisible se expresa en la “neolengua”[1] oficial! Más allá de la criminalización de la protesta, y del asesinato de los derechos y de las garantías constitucionales por parte de los “Juristas del Horror”[2], se incita a turbas resentidas y envenenadas por discursos de odio, para que impidan violentamente la entrega de la solicitud de apertura del Referendo Revocatorio ante el CNE. Y Freddy Bernal sale declarando que la marcha convocada por la MUD para el 19 de abril parece “estar buscando unos muertos”.

Algunos consideran que reflexiones de este tenor son exageradas y que la caracterización fascista del chavismo en el poder sólo busca descalificarlo. Que no es “político”, que no contribuye al diálogo, que aborta todo entendimiento con el chavismo para salir de esta tragedia. Y la MUD, creyéndose inmersa en un juego de ajedrez con un contrincante racional, se queda sin jugada cuando este riposta con artes marciales mixtas, en las que cualquier golpe es válido. Creo que no se termina de entender contra quien se lucha.

Es menester dejar las ilusiones y llamar las cosas por su nombre. Hay una claque fascista, militar-civil, enquistada en el poder que necesita insuflar la pasión de sus seguidores a través de la confrontación irracional, so pena de perder sus posiciones de privilegio. Decir así las cosas podrá ser más constructivo para forjar entendimientos con sectores chavistas democráticos, asqueados de tanta corrupción pero cautivos de una lealtad manipulada por una ideológica “revolucionaria”.

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[1] “La guerra  es la paz; / La libertad es la esclavitud; / La ignorancia es la fuerza”. Orwell, George, 1984, editorial Alfa y Omega, República Dominicana, 1984, Pág. 10

[2] Müller, Ingo (2006), Los juristas del horror. La “justicia de Hitler: el pasado que Alemania no puede dejar atrás, Editorial Actum, Caracas.