Venezuela, entre la vida y la muerte
Humberto García Larralde, economista, profesor (j),
Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com
A Jorge
Díaz Polanco y otros venezolanos de bien, comprometidos con su país,
que no
alcanzaron a ver el final de esta pesadilla.
Cuba y el otro museo del terror, Corea del Norte, con los
cuales suele asociarse el término “socialismo”, son regímenes totalitarios
dinásticos, retrógradas, dedicados a consolidar, a sangre y juego, privilegios
para su casta militar dirigente. Como terminó por reconocer el propio Fidel
Castro, no representan opción para nadie. Pero como el vocablo “socialista” es
polisémico, sirve también para referirse a los estados de bienestar existentes
en algunos países europeos --Dinamarca y otros países escandinavos, el Reino
Unido, hoy gobernado por el Partido Conservador, Alemania, bajo el liderazgo de
la socialcristiana, Angela Merkel--, diametralmente diferentes: economías de
mercado robustas, instituciones sólidas que aseguran derechos individuales,
civiles y políticos para todos, seguridad social omnicomprensiva y los más
altos niveles de vida del globo. Se trata de prósperos países capitalistas,
pero con profundo contenido social. Pero, al provenir de una cultura política
que tuvo fuerte impronta marxista, la socialdemocracia europea ve obnubilada su
percepción de la abominación comunista, que niega toda idea de justicia y de
libertad. No entiende que cierta prédica de izquierda sirve, hoy, para encubrir
prácticas que en nada se diferencian de las peores expresiones fascistas.
Lo que se juega Venezuela en los próximos meses son
sus posibilidades reales de vida como país o, alternativamente, de segura
muerte. Ya ha avanzado demasiado su desintegración. El 2020 será el séptimo año
consecutivo de contracción: para diciembre, el tamaño de nuestra economía
estará en torno a la cuarta parte de la existente en 2013. No es una mera
estadística. Es el cierre y la quiebra continuada de empresas, la destrucción
de empleo, el colapso de la producción de alimentos y de los servicios
públicos, la hiperinflación desatada por un gasto público financiado con
emisión monetaria, la práctica desaparición del poder de compra de los sueldos
y salarios. Es la consecuente desnutrición, la desesperación y angustia de
tantos. Son las muertes evitables –de haberse podido conseguir los medicamentos
y salvaguardado el sistema de salud--, es el secuestro del futuro para una
generación de jóvenes, el robo de una jubilación digna para quienes trabajaron
toda su vida. Son los millones que han tenido que huir, buscando su
sobrevivencia. Y ahora emerge la enorme vulnerabilidad de la población ante la
pandemia mortal que azota el mundo, dada la falta de equipos e insumos, y el
colapso de los hospitales, a pesar del heroico esfuerzo de los trabajadores de
la salud.
Pero no sólo es el desplome económico. Con el
desmantelamiento del marco institucional que aseguraba nuestros derechos y
señalaba nuestros deberes, desaparecen las bases normativas para la convivencia
en sociedad. Se asienta la anomia, el dictamen arbitrario del más fuerte, del
que posee las armas. Las palancas del Estado están, hoy, en manos de militares
corruptos y esbirros cubanos y, crecientemente, de una variada gama de
organizaciones delictivas que aseguran la permanencia de Maduro en el poder Sin
posibilidades de ciudadanía, sin apego a normas de convivencia civilizadas y
con la absoluta ruina de nuestros medios de subsistencia, Venezuela está
dejando de ser. Se considera un “Estado fallido”.
Esta consunción no es fruto de guerras ni del azar. Es
el resultado inevitable de un régimen de expoliación articulado en torno al
poder, devenido en Estado Patrimonialista. La narrativa “socialista” ha
servido para justificar el desmantelamiento del Estado de Derecho y el
arrinconamiento de los mecanismos autónomos de mercados en competencia para la
asignación eficiente de recursos productivos. Los sustituye el arbitrio de la
fuerza y la lealtad hacia quienes la comandan, conformando verdaderas mafias
que controlan de manera exclusiva y excluyente al Estado: la “revolución”
puesta al servicio de una oligarquía criminal[1].
Son los verdugos de Venezuela, en primer lugar, la cúpula militar corrupta y
los agentes nazi-cubanos: Maduro, los hermanitos Rodríguez, El Aissami y cía.,
quienes se han adueñado del país. En próximas entregas, haremos referencia a
ello.
Insólitamente, a pesar del desastre urdido por Maduro
y la descomposición de su gobierno, el rechazo masivo de la población y el
repudio internacional a su gestión, se mantiene aferrado al poder. No ha habido
límites éticos, morales o políticos que no haya traspasado con tal de seguir
depredando al país. Su perversidad y capacidad para hacer el mal, al costo que
fuese, ha superado toda expectativa racional. Cuenta, para ello, con más de 60
años de experiencia represiva cubana. Pone en evidencia, una vez más, que el
fascismo concibe a la política como una guerra conducida por otros medios,
ahora contra una mayoría decisiva de venezolanos. Su última agresión ha sido
cerrar definitivamente los mecanismos constitucionales para que ésta exprese su
voluntad, maquinando una farsa para “elegir” en diciembre el parlamento para el
período 2021 - 2026, sin auditoría alguna de máquinas y del registro electoral,
y cambiando los procedimientos de votación y de asignación de diputados. Para
asegurar su triunfo, el tsj de Maduro confiscó los partidos opositores
principales y trampeó la designación del CNE, además de perseguir dirigentes
opositores, muchos presos o en el exilio. Tales comicios, tan burdamente
amañados, han sido denunciados por los voceros de las democracias occidentales.
No hay forma que la oligarquía criminal ceda el poder,
que no sea por la fuerza. De ahí la imperiosa necesidad de una respuesta unida,
que aglutine la mayor cantidad de voluntades, para convertir a la farsa
electoral de Maduro en una gran derrota política. Ello contribuirá a minar, aún
más, sus bases de sustento, de manera de forzar las puertas de una transición
política que restituya las condiciones necesarias para recuperar la libertad y
el sustento de los venezolanos.
La propuesta lanzada por el presidente (e) Juán Guaidó
debe ser vista con este fin. No es tiempo para visiones de parcela, sino para
aunar esfuerzos que logren la salida del usurpador. En este orden,
organizaciones de la sociedad civil proponen realizar una consulta vinculante,
conforme al artículo 70 de la Constitución, sobre el cese de la usurpación. Con
tal mandato, la Asamblea Nacional electa en 2015 designaría, en un lapso no
mayor de dos meses, un gobierno de unidad nacional y el nombramiento o
ratificación de los otros poderes públicos, seguido de la convocatoria a
elecciones generales libres y justas en un plazo perentorio, solicitando el
apoyo y certificación de la comunidad internacional.
El compromiso de los venezolanos demócratas es evitar
que desaparezca nuestro país. No se trata de regresar al pasado –de esos polvos
rentistas, vinieron estos lodos totalitarios—sino de construir una economía
social de mercado, competitiva, de fuerte protagonismo ciudadano. Dependerá de
todos.
[1] (https://transparencia.org.ve/project/crimen-organizado-y-corrupcion-en-venezuela-un-problema-de-estado/).
