ENTREVISTA
Víctor Rago: “El destino de la universidad se va a jugar a corto plazo”
POR Hugo Prieto
Víctor Rago
retratado por Alfredo Lasry | RMTF
TEMAS PD
Entrevista
No me voy a detener en el crimen que se ha cometido con la obra de
Carlos Raúl Villanueva, sometida a la destrucción, al saqueo y al robo
consuetudinario. En cambio, le he pedido a Víctor Rago* que se detenga en el
deterioro institucional, en el debilitamiento, que a lo largo de estos años ha
transitado la UCV. El Gobierno ha tenido paciencia, visión estratégica, para
explotar la disidencia interna y el divorcio manifiesto que hay entre las
autoridades y comunidad universitaria. Simultáneamente, por vía de la asfixia
presupuestaria, ha sometido a la institución a un coma inducido. Sólo hace
falta activar las cargas de demolición para que el reloj de la Plaza del
Rectorado implosione y deje a oscuras lo que una vez fue el reducto del
conocimiento y la civilidad en Venezuela.
A la vista, la UCV abandonada a su suerte, víctima de continuos robos,
sin servicios públicos y sometida a la asfixia presupuestaria. Le propongo
entonces que vayamos al plano institucional, en el cual hay desgaste y una
inercia inquietante. ¿Cuál es el papel que ha jugado el gobierno universitario?
Habría que comenzar señalando que la situación de las autoridades
rectorales y decanales, así como en el caso de los representantes profesorales
al Consejo Universitario, a los Consejos de Facultad, de Escuela y de los
Institutos es una situación completamente anómala, por el hecho de que no se
han renovado desde hace bastante tiempo. A la hora de examinar cuál es la
responsabilidad en medio de la crisis, esa circunstancia es muy importante,
porque su actuación depende, en cierto modo, del grado de solidez que tengan su
ejercicio, en el entendido de que se están llevando a cabo en los lapsos que la
ley establece. Ya sabemos cuál es la razón por la cual no se han podido
realizar nuevas elecciones en diversas instancias (sentencia del TSJ), el
empeño, la tenacidad con que el Gobierno ha tratado de imponer el art. 34 de la
Ley Orgánica de Educación que es, claramente, violatorio de la autonomía
universitaria. Ese artículo determina nuevas condiciones para la realización,
la organización y la elección de nuevas autoridades. Dicho esto, en la medida
en que las autoridades se han mantenido en sus cargos, contraen inevitablemente
una responsabilidad en el funcionamiento de la institución. Esa circunstancia
no deja de ser peculiar. Por un lado, nos podríamos ver tentados de exculpar a
las autoridades, de exonerarlas, de algunas de sus responsabilidades, por el
hecho de que están ejerciendo sus cargos en las condiciones ya señaladas; pero,
por otro lado, en la medida en que siguen siendo las autoridades, deben asumir esa
responsabilidad y demostrarle a la comunidad universitaria qué es lo que están
haciendo.
¿Qué papel ha jugado el Gobierno?
Aparte de impedir la realización de nuevas elecciones, el Gobierno ha
desarrollado una política deliberada de sofocamiento presupuestario de las
universidades. Y la verdad es que eso impone límites muy serios, impedimentos y
obstáculos muy difíciles de superar por las autoridades para el cumplimiento de
sus actividades.
Quiérase o no, lo que hemos visto es un desgaste en todos lo sentidos.
Pero la pregunta es ¿qué legitimidad tienen las autoridades en este momento?
Ésa es una pregunta muy difícil de responder. Las autoridades siguen
siendo autoridades en la medida en que no han sido reemplazadas por ningún
mecanismo de sustitución basado en las leyes. Entonces, un ejercicio en
condiciones tan dificultosas acarrea, efectivamente, pérdida de legitimidad
para las autoridades. En varias oportunidades hemos señalado una crítica,
porque las propias autoridades han dejado de apoyarse en la propia comunidad
universitaria, llevan a cabo un ejercicio alejado de la vida universitaria
concreta. Las autoridades experimentan una sensación de indefensión y de
soledad a la hora de ejercer sus funciones y frente al Gobierno, pero
subestiman el único modo que, a mi juicio, existe para superar esa sensación de
indefensión y de soledad, que no es otro que la convocatoria a la comunidad
universitaria para enfrentar los problemas. Es decir, colocarse al frente y con
el respaldo de esa comunidad, actuar. No es lo mismo hacerlo al margen de la
comunidad universitaria. Las autoridades aducen que no pueden hacer lo que
tienen que hacer, pero no se proveen, no se dotan, del único medio capaz de
proceder y otorgarle fortaleza que es apoyarse en la comunidad universitaria y,
muy particularmente, en la comunidad académica, en la comunidad estudiantil y
profesoral.
Víctor Rago retratado por Alfredo Lasry | RMTF.
Se ha dicho tantas veces que la universidad es reflejo de lo que ocurre
en el país, cuya dirigencia política actúa desconectada del cuerpo social. Eso
ha traído como consecuencia la despolitización de la sociedad. ¿Cuál va a ser
la manifestación de esta conducta en la universidad?
Bueno, la desmovilización de la comunidad universitaria. Esa falta de
conexión real entre las autoridades y los universitarios que no son, digamos,
una masa manipulable ni muchísimo menos, sino que se constituye en un cuerpo,
más o menos estructurado, que tiene conciencia de sí mismo y de la
responsabilidad que tienen con la institución y, en particular, con la crisis
nacional. Hay, ciertamente, una fractura importante entre la conducción
institucional y lo que constituye -material e intelectualmente- la institución,
que son los universitarios.
En agosto del año pasado se encendieron las alarmas, porque el TSJ
estableció un plazo de seis meses para que las autoridades resolvieran el tema
de las elecciones con arreglo a un nuevo reglamento electoral. Los estudiantes
se movilizaron en defensa de la autonomía. ¿Qué ocurrió finalmente?
Las autoridades dejaron transcurrir esos seis meses sin hacer nada, sin
proponerse hacer lo único que cabe hacer en semejantes circunstancias, que no
es otra cosa que decirle al Gobierno: «Sí, queremos hacer las elecciones;
estamos urgidos de realizar las elecciones universitarias para que se renueven
los cuadros directivos de la institución, pero las vamos a hacer con arreglo a
la ley de universidades vigente». Eso sería un acto de reafirmación autonómica
que requiere energía, que requiere disposición, audacia y valentía, pero como
la audacia en solitario cuesta mucho, insisto en la idea de que las autoridades
deberían apoyarse en la gran colectividad que encabezan. En la medida que no lo
hacen, las autoridades se deslegitiman. Ellos tendrían que haber llamado a la
celebración de elecciones.
¿Así, sin más?
Está planteado un debate sobre la democracia universitaria, porque
podríamos pensar razonablemente, e incluso desde una perspectiva política, que
la participación de la comunidad universitaria, lo que incluye a los
estudiantes y a los profesores, a los empleados y a los obreros, digamos,
apunta a la constitución de un frente unido para precaverse y para defenderse
de las agresiones gubernamentales. Eso plantea, sin duda, la adopción de nuevas
prácticas democráticas en la universidad. Muchos de esos sectores, incluido el
de los estudiantes que votan en esas elecciones, han reclamado históricamente
un mayor grado de participación en el valor de su voto para la elección de las
autoridades. Otros sectores de la comunidad universitaria han reclamado su
inclusión, porque sencillamente están excluidos. Sin duda alguna, la
universidad es una institución académica, no podría ser otra cosa. Pero eso no
significa que no puedan revisarse las normas universitarias vigentes, porque
esas normas, obviamente, son perfectibles.
En medio de esta desconexión, mientras la crisis avanza y la universidad
se sigue deteriorando, ¿cada quien está haciendo lo que puede o esto es un
sálvese quien pueda?
Se están haciendo esfuerzos, las propias autoridades hacen lo que
pueden, pero en la universidad hay grupos de opinión, hay grupos organizados
del profesorado y del movimiento estudiantil. Si bien la universidad enfrenta
una situación muy difícil debido a las políticas gubernamentales, que procuran
su subordinación al proyecto político del chavismo, también arrastra -desde
hace tiempo- una profunda crisis que reclama de sus miembros, y en particular
del profesorado y de las autoridades muy especialmente, un debate serio, una
discusión sobre el sentido de la propia institución. Ese debate incluye el tema
de la democracia interna. Eso no se ha hecho. Uno de los factores que la
debilitan, precisamente, es el abandono en la práctica del ejercicio
deliberativo, aplicado sobre la propia institución, la mirada sobre sí misma.
Da la impresión de que quienes han tenido la responsabilidad de dirigirla en
los últimos años posponen los debates internos, quizás tratando de defenderse
de las agresiones externas. Pero una institución debilitada tiene muy pocas
probabilidades de salir airosa en una confrontación con un enemigo tan poderoso
como el propio Gobierno.
Si esa ha sido la situación -inercia, debilidad y falta de
deliberación-, ¿por qué otros componentes de la comunidad universitaria -los
profesores o los estudiantes- no toman la iniciativa y exploran esa salida?
Antes de la pandemia, algunos sectores universitarios se habían
manifestado en ese sentido. (Ucevistas por la unidad de las fuerzas
democráticas, por ejemplo, es un grupo que se ha pronunciado no una sino en
tres ocasiones para abrir el debate, como una forma de preservar la institución
y defenderla de las agresiones externas). Lo que ocurre es que se
interpuso la pandemia y actualmente, la palabra movilización hay que entenderla
en el sentido electrónico. Ese grupo, incluso, ha solicitado derecho de palabra
ante el Consejo Universitario y no se le ha concedido. Diría que en las
circunstancias actuales es muy difícil avanzar como pudiera esperarse.
Víctor Rago retratado por Alfredo Lasry | RMTF.
Tomada la Asamblea Nacional y desmantelados los partidos políticos, el
Gobierno viene por las organizaciones de la sociedad civil. Parece que llegó la
hora de ponerle la mano a la UCV -y a las universidades autónomas-. Mejor
imposible. Va a encontrar a una institución debilitada y en crisis. ¿Cuál es la
perspectiva que vislumbra alrededor de este planteamiento?
Las expectativas son gravísimas para la universidad. Son perfectamente
previsibles los planes de ejercer ahora un control efectivo sobre las
universidades. El Gobierno ha procurado -con éxito- debilitarlas a lo largo del
tiempo. Ha actuado con visión estratégica y con paciencia. No ha podido ganar
elecciones de autoridades o estudiantiles, ni obtener resultados satisfactorios
para ellos. Sin embargo, el Gobierno ha sabido esperar y durante estos años ha
restado competencias a los órganos de dirección universitaria y ha asumido
funciones y atribuciones propias de esos órganos de dirección, ha puesto
condiciones y asigna presupuestos ridículamente deficitarios. Ha permitido
reiteradas agresiones. Las universidades han sido saqueadas, robadas una y otra
vez. Además, ha sabido explotar las disensiones internas, entre otras, el
divorcio entre las autoridades y la comunidad universitaria. La comunidad
siente que las autoridades no cumplen con sus funciones, no han hecho lo
suficiente y son corresponsables del deterioro institucional. Los planes
académicos, prácticamente, han desaparecido. La institución se encuentra en un
estado de deterioro y de fragilidad enorme. No veo, excepto en algunos sectores
organizados, ninguna iniciativa vigorosa de defensa de la universidad ante un
horizonte de derrota institucional previsible, ahora que el Gobierno toma el
control de todos los resortes y de todas las palancas necesarias para la
gestión del país.
Su respuesta va más allá del planteamiento que le hice anteriormente. Lo
que está anunciando es un puntillazo. La UCV está a punto de demolición, ¿es
así?
Si la universidad no reacciona, en forma masiva, en forma robusta, con
autoridades resueltas y con una comunidad académica movilizada, vamos a
confrontar situaciones muy difíciles. No quiero incurrir en dramatismos o
pesimismos tremendistas, pero lo cierto es que no hay ningún signo de que el
Gobierno haya renunciado a su propósito estratégico de tomar el control de las
universidades autónomas. El itinerario que las instituciones han descrito en
los últimos años ha sido de debilitamiento constante. Sí, las universidades
corren serio peligro en el futuro inmediato. El destino de la universidad se va
a jugar a corto plazo. Si eso no es entendido por las propias autoridades y no
se incorpora como una preocupación entrañable y básica en la comunidad
universitaria, en la comunidad académica, siempre insisto en eso, la
institución no va a encontrar los medios eficaces para defenderse, para
reafirmarse como una institución vital y necesaria para el país.
El punto es el siguiente. El Gobierno tiene que demostrar que esto es
una revolución y que las disidencias no forman parte del ecosistema político.
El fin último es la unidimensionalidad, pensar en otra cosa sería
ingenuo.
Sí, sería una verdadera candidez. No hay duda de que el Gobierno no se
va a contentar, únicamente, con proclamar su carácter revolucionario, sino que
va a tratar de concretarlo en los hechos; y la universidad es, por definición,
un espacio de disidencia. El Gobierno no está dispuesto a tolerar la libre
discusión. El riesgo real que corren las universidades imana, justamente, de su
propia condición. Es decir, de ser espacios que reconocen la disidencia y el
pensamiento plural. En un régimen de orientación autocrática, en un gobierno
claramente autoritario, la universidad es una institución sumamente incómoda.
En lo que sea posible, el Gobierno va a adscribir a las universidades al
proyecto político que impulsa. Mi preocupación personal es ¿qué vamos a hacer
los universitarios frente a un escenario de semejante peligrosidad?
¿Cuál es el riesgo que corre el país?
Nos movemos en el terreno conjetural, aunque hay asuntos previsibles.
Las instituciones existen para crear nuevos conocimientos. ¿Cómo? Mediante su
inserción compulsiva dentro de los planes del Gobierno, incluido el plan de la
patria. No es difícil imaginar un escenario donde determinadas carreras,
determinadas prácticas profesionales resultaran en desventaja frente a las que
el Gobierno considerara prioritarias para su concepto del desarrollo nacional.
En ese escenario, las humanidades y las ciencias sociales independientes,
reflexivas y libres serían las primeras víctimas en una situación hipotética
como la que estamos examinado.
Es muy curioso. ¿No fue eso lo que hizo Pinochet en Chile argumentando
que las ciencias sociales eran un semillero del marxismo?
Eso se inscribe dentro de la mentalidad desarrollista. A mí no me parece
tan curioso constatar esa semejanza. En el fondo, todos los autoritarismos se
parecen. La universidad es la institución social, por antonomasia, que se opone
diametralmente a la conducción autoritaria de la vida nacional. Y eso es, al
mismo tiempo, la fortaleza y las desventajas de las universidades, y exige de
los universitarios un grado agudo de conciencia cuando la situación muestra
signos de que puede ser peligrosa para ella.
***
*Víctor Rago es antropólogo por la Universidad Central de
Venezuela y doctor en lingüística por la Universidad de la Sorbonne-París IV.
Profesor de la Escuela de Antropología (de la cual fue director) y del
doctorado en Ciencias Sociales de la UCV. Exdecano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la UCV.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario