La agonía del sistema monetario, a comienzos 2021
Omar E.
Bello R.
La economía
venezolana se desenvuelve ahora, a comienzos 2021, con un sistema monetario,
sui generis, que origina costes transaccionales y sociales superiores a los que
surgirían del funcionamiento de un sistema formal viable.
Ante la
degradación de la moneda de curso legal, el bolívar soberano, la sociedad se
las ha arreglado para el desarrollo de una desordenada y traumática
dolarización informal, tal vez en la peor de sus modalidades.
A cierta
altura, y ante las dificultades que ha confrontado para mantener la continuidad
del sistema monetario, el gobierno se ha comportado como una especie de free
rider, lo que le lleva a moverse dentro de la dolarización informal para
encubrir sus propias limitaciones. No se atreve a dar el paso hacia una
dolarización formal o a la asunción de una reforma monetaria genuina. Prefiere
navegar en un limbo monetario que implica un costo social alto.
En ese
sentido, ha obligado a la banca al otorgamiento compulsivo de créditos,
indexados a la variación del tipo de cambio, ha dispuesto una fijación parcial
del precio de la gasolina en la divisa estadounidense y, ahora, se aproxima a
la digitalización del efectivo, permitiendo transacciones interbancarias a partir
de cuentas en moneda extranjera, lo que constituiría, quizás, una tabla de
salvación ante el hundimiento del sistema monetario formal.
Se ha
repetido, en Venezuela, la trayectoria que ocurre en otros sistemas monetarios
lesionados, es decir, le evolución desde una larga etapa de estabilidad
inicial, a otra de sobre emisión todavía moderada, para pasar a una de sobre
emisión exagerada, hasta llegar, adonde estamos hoy, de un virtual abandono del
sistema monetario.
De modo que
se asiste a una transición institucional traumática.
Se recorre,
desde un sistema monetario, con un signo monetario nacional, dotado de un cono
monetario donde sobresale el papel moneda, y teniendo al banco central como
emisor de dinero primario y a los bancos como emisores de dinero secundario,
hacia otro sistema, con signo monetario extranjero (principalmente el dólar
estadounidense), con un cono monetario incompleto, sin monedas acuñadas y baja
disponibilidad de billetes de baja denominación, cuya introducción al país ha
sido realizada por la sociedad, puesto que opera sin la dirección de un banco
central local y sin creación de dinero secundario.
Un tránsito
en el que, además, ante la virtual inutilidad del papel moneda nacional, se
intenta una digitalización con la moneda extranjera, que se combinaría con el
manejo del efectivo en esa misma moneda, incluyendo operaciones con medios
digitales.
Por
momentos, podría pensarse que el gobierno aspiraría a que obrase, además, la
milagrosa superación de la restricción financiera externa y del déficit fiscal
estructural, que constituyen los principales orígenes de la
hiperinflación.
Quizás no
quisiera entenderse que esos propósitos no le son posibles sin que, antes, se
hagan los arreglos de fondo que se imponen, aquéllos que permitan el
fortalecimiento de la capacidad productiva y exportadora del país, a la vez que
hagan posible la recuperación de la base imponible, sin lo cual no puede
trascenderse al nocivo desequilibrio fiscal que compromete al sistema económico
y que destruye, por ende, el nivel de vida de la sociedad venezolana.
Dadas estas
consideraciones iniciales, cabría hacer, en lo que sigue, una valoración un
poco más amplia de estos temas que no estaría exenta, por cierto, de juicios de
valor discutibles.
127 años, 11 años, 3 años…
El sistema
monetario nacional, fue originalmente organizado teniendo al bolívar
como la moneda de curso legal, cuya aparición data desde su creación en 1879,
viéndose extendida su vigencia hasta 2006, cuando fue modificado mediante la
primera reconversión monetaria (2007-2008), aquélla que dio origen a la nueva
unidad monetaria, la del bolívar fuerte, mantenida hasta agosto 2018, en
la oportunidad en que fue adoptada una segunda reconversión monetaria, con la
introducción del llamado bolívar soberano, unidad monetaria que
aún conserva su vigencia formal.
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Sistemas
monetarios
Duración
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Signo monetario
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Entidad emisora
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Cono monetario
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1879- 2006
127 años
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Bolívar
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Bancos privados de emisión
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Monedas
Billetes
Mediante emisión múltiple
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Banco Central de Venezuela
(desde 1940)
|
Monedas
Billetes
Mediante emisión
centralizada
|
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2007- 2018
10 años,7 meses
|
Bolívar fuerte
|
Supresión de tres (3) ceros
|
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2018- 2021
2 años, 5 meses
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Bolívar soberano
|
Supresión de cinco (5) ceros
|
La larga permanencia
del sistema monetario original, sin modificación de su signo monetario, por
unos 128 años, denotaría que la moneda nacional pudo cumplir cabalmente,
durante todo ese tiempo, sus funciones como unidad de cuenta, medio de pago y
depósito de valor, lo que contrasta con la historia posterior.
El desvanecimiento de la estabilidad nominal
La
explicación central de este singular hecho, al menos para lo que concierne a la
mayor parte del siglo XX, radicaría en la incontrovertible estabilidad nominal
de la que pudo gozar la economía venezolana durante varias décadas, gracias a
un tipo de inflación anual que solo alcanzaba un dígito inusualmente bajo
(1,4%, como promedio anual, entre 1950 y 1973).
Este
singular estatus fue posible sostenerlo gracias a dos fundamentos que fueron
inconmovibles durante largo tiempo: la viabilidad financiera externa, que se
vio quebrantada desde 1983, junto al manejo fiscal generalmente prudente que
prevaleció en las administraciones de gobierno durante varias décadas, hasta
que llegaran los tiempos en que prevaleció la inmoderación en el manejo de las
finanzas públicas y la aparición de déficits fiscales crónicos.
La
viabilidad financiera externa se reflejaba en un nivel confortable de reservas
internacionales y un tipo de cambio fijo que fungía como el ancla nominal de la
economía.
Los signos
de una mayor inflación vinieron a presentarse entre mediados de los setenta y
los ochenta (s. XX), cuando la tasa interanual alcanzó a dos dígitos bajos, un
grado de variación que se mantuvo hasta el año previo al de la primera
reconversión monetaria, cuya entrada en vigor se hizo posible desde comienzos
2008, sustentada en el Decreto Ley de Reconversión Monetaria,
Gaceta Oficial 38.638 del 06 de marzo 2007
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INFLACIÓN EN VENEZUELA
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Etapas
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Grado
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Variación promedia anual,
excepto 2018-2020 con variación intermensual
|
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1950-
1973
|
Inflación baja
Privilegiada
estabilidad
|
1,4
|
|
1974-
1986
|
Ruptura de
estabilidad
Iniciación de
inflación intermedia anual de dos dígitos
|
10,9
|
|
1987-
1996
|
Acentuación y
persistencia de inflación intermedia
|
50,7
|
|
1997-
2012
|
Retorno a
inflación intermedia moderada
|
24,7
|
|
2013-
2017
|
Transición hacia
inflación alta, tres dígitos anuales, e inicio de inflación de dos dígitos
intermensual
|
181,5
|
|
2017-
2020
|
Hiperinflación
|
46,6
|
Quebrantamiento de la capacidad institucional
Alberto Alesina y Lawrence H.
Summer demostraron, desde hace algún tiempo, la correlación
existente entre el funcionamiento de una banca central que disponga de
independencia frente al gobierno y la obtención de bajos grados de inflación.
Para una
valoración nacional de este asunto, se tendría que comenzar por decir que el Banco
Central en Venezuela nació como una sociedad mixta, con la participación de
capital público y privado, lo que garantizaba cierto manejo ortodoxo que servía
como contrapeso a la propensión que generalmente manifiestan los gobiernos en
el sentido de hacerse de financiamiento fiscal mediante la emisión de dinero de
la banca central.
Su alcance
normativo, marcado por los consejos recibidos por los diseñadores de su primera
Ley, dentro de lo cual destacaban las ideas del economista chileno Herman Max,
permitieron a sus autoridades disponer de una guía apropiada para un manejo
cuidadoso durante sus primeros tiempos, tal como se adelantó.
No se
olvide que, antes de su creación, eran seis los bancos privados que ejercían la
función emisora del papel moneda, es decir, de los billetes que circulaban como
medio de pagos, ajustada su magnitud a coeficientes asociados a su capital y a
la tenencia de oro. No puede desmerecerse que esta influencia haya condicionado
al comportamiento del ente emisor, en sus primeros decenios de funcionamiento,
aquéllos que se corresponden, además, con el ingreso de Venezuela como miembro
fundador del Fondo Monetario Internacional, cuya representación era ejercida
por el BCV.
Quepa hacer
la salvedad que tal conducta se veía apuntalada por la adopción de políticas
fiscales generalmente prudentes, que mostraban reducidos márgenes en cuanto al
tamaño del déficit fiscal, que se veía atendido, en todo caso, mediante la
colocación de letras del tesoro que se rescataban dentro de la propia vigencia
presupuestaria.
No
obstante, la historia comenzó a verse alterada desde mediados de los setenta.
Como parte
de la euforia estatista que arropó a la élite dirigente del país, durante el
primer gobierno de Pérez (1974-1979), el BCV también fue plenamente estatizado,
conservándose en el seno de su Directorio una participación corporativa,
representativa de varios segmentos institucionales pertenecientes al sector
privado (Consejo Bancario Nacional, FEDECÁMARAS, CTV).
Podría
decirse que ello marcó una inclinación que se hizo más proclive a la idea según
la cual la banca central debía estar bajo los dictados del gobierno, postura
que se hizo más evidente cuando se presentaron necesidades de financiamiento
público que no se podían afrontar con participación del mercado financiero.
Podría
decirse que allí se situaba la fina línea que separa una emisión de dinero
ordenada de una sobre emisión.
Si bien se
dictó una nueva Ley del BCV, hacia fines 1992, en la que se daba a ese ente
cierto grado de autonomía, buscando sustraerle de las presiones del gobierno y
evitando que se diese un financiamiento monetario de los déficits fiscales,
solo tuvo una efímera vigencia. La crisis financiera (1994-1995) y las medidas
adoptadas por el Ejecutivo Nacional y el Congreso implicaron, infortunadamente,
un debilitamiento y hasta retroceso para el cumplimiento de la función
monetaria que correspondía al ente emisor.
Años
después, cuando llego a darse el cambio político de fondo, desde 1999, se
introdujeron, de manera desaconsejable, prácticas contables y sucesivas
reformas de la Ley del BCV
que estaban claramente orientadas a hacer una utilización indebida de ese ente,
colocándolo abiertamente como un vehículo de financiamiento del gasto
gubernamental.
Tales
iniciativas estuvieron asociadas a la cobertura del inmoderado aumento del
gasto público, asociado en un todo a la adopción de un cambio económico institucional
que terminó estando signado por un desperdicio mayúsculo de recursos, lo que
condicionaba el surgimiento de un déficit fiscal potencial que debía ser
financiado con la movilización de nuevas fuentes.
Una parte
de ese financiamiento provino del banco central, mediante la adopción de
medidas y mecanismos que eran contrarios, en un todo, a la estabilidad nominal,
entre ellos destacaban:
Sobrestimación de la utilidad cambiaria al objeto de
propiciar una mayor generación en el remanente de utilidades que debía serle
traspasada al Ejecutivo Nacional
Confiscación de reservas internacionales, mediante su
traspaso parcial al Fondo Nacional de Desarrollo (FONDEN, sin ninguna
contraprestación para el ente emisor. De este modo se dio luz verde para una
inapropiada segmentación en la posesión de las reservas internacionales,
debilitando así al ente responsable del manejo del mercado cambiario doméstico,
tal como lo era el BCV
Autorización al financiamiento directo de empresas del
estado, dentro de lo que destacaba particularmente el caso de PDVSA.
Nunca se
había llegado tan lejos.
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LEYES, DECRETOS
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OBJETO
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2002
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Introduce posibilidad de transferencia de recursos del
BCV a la Tesorería Nacional, sin contraprestación
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2005
|
Introduce el concepto de nivel adecuado de reservas y
de transferencias mensuales a un fondo en divisas a ser manejado por el
Ejecutivo Nacional (FONDEN)
Se dispone una inicial transferencia al FONDEN, de USD
6 mil millones, sin contraprestación
|
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2009
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Autoriza al BCV al financiamiento directo a entes
públicos, sin límite de plazo, en particular, la adquisición de títulos
valores emitidos por PDVSA
|
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2010
|
Introduce obligaciones al BCV para destinadas al
apuntalamiento de la economía socialista comunal
|
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2014, Decreto
|
Afina el concepto de transferencias al FONDEN,
calificándolas como reservas excedentarias
|
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2015, Decreto
|
Reduce la capacidad de control parlamentario sobre el
BCV e introduce normas que conducen a una mayor opacidad informativa
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Primera reconversión monetaria, 2007
La inflación
acumulada, hacia 2006- 2007, ya había ido erosionando la representatividad del
cono monetario, desmejorando su propiedad para servir de sostén del movimiento
transaccional de la economía. Dada esa debilidad se hacía necesaria la
introducción de billetes con una más alta denominación y la menor utilización
de monedas metálicas.
Ya, en ese
contexto, se dispusieron las iniciativas para una modificación del sistema
monetario al objeto de darle vigencia a una nueva unidad monetaria, el llamado
bolívar fuerte, que implicaba una reducción de tres ceros respecto del viejo
cono monetario
Desde
entonces, el canje de un bolívar fuerte, amonedado, equivalía a un billete de
bolívares mil.
No puede
dudarse que la indicada modificación tenía su justificación.
Aun así, le
hizo falta que viniera acompañada de algún programa de estabilización nominal,
de modo que pudiera dársele la durabilidad que se le hacía necesaria al nuevo
sistema monetario.
Dicha
opción no fue nunca considerada dentro del frenesí expansionista bajo el que se
desenvolvía el gasto público, que se empinaba a cifras desconocidas, después de
2004, año cuando tiene sus inicios el primer ascenso desmesurado de los precios
petroleros (2004- mediados 2008).
Se trataba,
mucho más, de una operación de cosmética que permitiera alimentar los circuitos
de propaganda oficial, que de una medida que estuviera verdaderamente orientada
a garantizar la monetización de la economía venezolana.
Más bien,
en ese contexto, el gobierno se las dio más por la acentuación de su carrera de
aumento del gasto público, que se realizaba mediante la inédita ejecución de
varios presupuestos paralelos: el ordenado por la Ley de Presupuesto, los
gastos ordenados a PDVSA para el sostenimiento de las “Misiones”, el uso
discrecional del FONDEN, la canalización de fondos de la deuda bilateral con
China a través del cofinanciamiento con el BANDES.
De ese modo
se asumía un elevado endeudamiento, en moneda extranjera, que no se
justificaba, dado el alto superávit que se registraba en la cuenta corriente de
la balanza internacional de pagos, por entonces el más alto registrado dentro
de las economías de América Latina, de acuerdo a las cifras llevadas por la
CEPAL.
Se trataba
solo cuestión de tiempo, cuando el ciclo de los precios internacionales del
crudo decayese hacia la baja, como
ocurrió en 2009, y luego a fines 2014- 2016, para que se viera debilitada
grandemente la capacidad para importar y se pusiera en entredicho la
continuidad a un tipo de cambio real, claramente apreciado.
Era tiempo,
por tanto, para que se diera también la acentuación del ritmo de la inflación y
quedara cuestionada la nueva moneda, cuya vida solo pudo alcanzar apenas
alrededor de una década.
Como
constatan en las cifras oficiales del BCV, dicho indicador fue moviéndose,
desde un grado de inflación intermedia, de dos dígitos por año, a uno cada vez
más alto, hasta llegar a tres dígitos anuales, tendencia que explicaría la
efímera vigencia del referido sistema monetario, el del bolívar fuerte.
Infortunadamente,
desde fines 2014, la situación económica presentó un desmejoramiento aún mayor
y con signos de una mayor complejidad, lo que nos llevó a valorarla, en su
momento, como una crisis económica sistémica, de la cual no se ha librado el
país, todavía a comienzos 2021.
El sector
externo había iniciado su completo colapso, por lo cual la economía se ubicaba
nuevamente bajo el supuesto de una aguda restricción financiera externa que
comprometía su crecimiento económico.
Se hacían
difíciles de sostener las importaciones, las cuales declinaron abruptamente, al
tiempo que el servicio de la deuda pública externa comenzaba a dar también
señales de hacerse insostenible. Se incumplían compromisos con el sector
privado, dentro del sistema de control de cambios. Recuérdese el caso de las
líneas aéreas.
Las
reservas internacionales descendían casi de un modo irreversible y se hacían
esfuerzos desesperados para darle continuidad a los pagos externos, entre ellos
la liquidación de activos públicos en moneda extranjera, en algunos casos con
abultados descuentos, como la factura petrolera de Santo Domingo, negociada con
Goldman Sachs.
Se tenía
dificultades para mantener incólume la capacidad para importar y ya no era
posible el sostenimiento de un tipo de cambio fijo, que siguiera sirviendo como
ancla nominal de la economía.
Al mismo
tiempo, la situación fiscal empeoraba, el déficit público se ampliaba, sin que
las fuentes de ingresos ordinarios dieran signos de recuperación.
Se reducía
el aporte brindado por el ingreso fiscal petrolero, por el descenso de la
producción y la fuerte caída del precio internacional. El gobierno eximía a
PDVSA del pago de sus impuestos, algo insólito. Se hacían claros los síntomas
de degradación del todopoderoso estado petrolero.
Los
ingresos fiscales del resto de la economía comenzaban a mermar por la reducción
de las importaciones y debido al descenso de la actividad económica, lo que
implicaba una disminución sostenida de la base imponible del sector moderno de
la economía. Los ingresos del SENIAT se alimentaban más de la apariencia
nominal originada por la mayor inflación, que de un aumento de la tributación
en términos reales.
Se fue así
poniendo de manifiesto la existencia de un déficit fiscal estructural, que ya
denotaba un estado inequívoco de insolvencia fiscal, que se hacía extensivo
hasta PDVSA. El pago del servicio de la deuda pública externa se veía
interrumpido, llegándose así a un estado de default, en su componente
titularizado, lo que rompía los lazos con el mercado internacional de activos y
dejaba en el limbo las obligaciones financieras externas del estado.
No
resultando suficientes los ingresos fiscales recaudados desde el SENIAT, el
sector público se fue haciendo, adicto, cada vez más, al financiamiento
monetario del banco central, que se adelantaba por dos vías: la del
financiamiento directo recurrente otorgado a PDVSA,
no obstante, su condición de empresa ya insolvente, y mediante la compra de
deuda pública, en forma directa y mediante triangulaciones.
Mientras la
base monetaria y M2 experimentaban inmoderados crecimientos, la demanda deseada
de dinero se veía comprometida y decaía por la crónica represión financiera
bajo la que se desenvolvía la banca por la regulación del BCV, absurdo que
promovía sostenidamente la sustitución de moneda nacional por la extranjera, y,
además, por la continuada caída del PIB real. Cada vez, con la existencia de
menos empresas se requerían de menos tenencias de dinero en manos del público.
Tal
desequilibrio monetario obraba como un mecanismo que determinaba una presión
sostenida sobre el tipo de cambio, el del mercado informal, cuya dinámica de
depreciaciones sucesivas le imponía su directa incidencia a la variación
ascendente del nivel interno de los precios, como parte de una extendida
dolarización.
La moneda
nacional se depreciaba irreversiblemente y la inflación se acentuaba, pasando a
moverse a ritmos anuales que eran cada vez más alarmantes. El proceso de
desestabilización nominal escapaba de las manos a las autoridades.
Representaba
los tiempos en que el efectivo en manos del público y la banca presentaba una
aguda escasez en su distribución, llegándose hasta el surgimiento de graves
problemas de orden público, como los escenificados en escenarios en interior
del país, el caso de Ciudad Bolívar. Incluso se daba la inusitada aparición de
monedas informales con microcirculación local
Arribo a la segunda reconversión monetaria, 2018
De modo
que, a la altura de agosto 2018, se hizo obligada, forzosa, la introducción de
una segunda reconversión monetaria, mediante la cual se sustituía al cono
monetario establecido en 2007, haciéndose una supresión adicional de cinco
ceros al bolívar fuerte. De este modo, se ponía a disposición del público una
nueva familia de billetes y monedas con nuevos diseños.
A partir de
ese cambio, un bolívar soberano equivalía 100 mil bolívares fuertes.
No
obstante, la vigencia de este nuevo cono monetario, introducido cuando ya había
despegado la hiperinflación, anticipaba signos de una corta vida, que le harían
entrar en un precoz estado de inoperancia, muy tempranamente, dando más fuerza
al proceso de dolarización informal que se desarrollaba por iniciativa de la
sociedad.
Dos hechos
dieron motivo para que se acelerara el proceso de sustitución de la moneda
nacional por la moneda extranjera:
En primer lugar, la elevada inflación previa, la de tres
dígitos por año, que había escalado hasta los dos dígitos intermensual, hacia
fines 2017, alcanzando así un estado de hiperinflación, que se prolonga todavía
a comienzos 2021 Véase la variación intermensual del IPC
nacional (BCV, excepto 2020 octubre a diciembre)
Obviamente,
la acentuación de la inflación deterioraba sostenidamente el nuevo cono
monetario de un modo muy rápido y acentuado, dificultando el normal funcionamiento
de las transacciones comerciales dentro de una economía monetaria que requería
del uso de dinero efectivo en su propia moneda.
En segundo término, también lo coadyuvó, el levantamiento
del control de cambios, claramente desde 2019, al suspenderse la vigencia de
los ilícitos cambiarios, dictada desde 2010, y al autorizarse el funcionamiento
de un mercado cambiario, de relativa libre oferta y demanda entre los
particulares, a través de las mesas de cambio extranjero de los bancos y,
además mediante la venta de euros en efectivo, también a través de los bancos,
a partir del suministro que les hacía el banco central, en el llamado “mercado de
intervención”.
Con dichas
medidas se facilitaba el acceso del público a la moneda extranjera, en efectivo,
y a su utilización en el mercado de bienes, desde donde ya se daba un efecto
inequívoco de desplazamiento de la moneda de curso legal por el dólar
americano, una especie de crowding out.
Toda esta
situación dio naturalmente ímpetu a favor de una mayor frecuencia de
operaciones dolarizadas dentro de la economía.
Meses
antes, desde fines 2017, el gobierno había intentado, vanamente, la
introducción de una presunta moneda criptográfica, el petro, que no pudo servir
como un relevo sustitutivo, ni de la dolarización, ni de la moneda de curso
legal.
Aunque se
conservan aún las estructuras administrativas y normas que le dieron origen, ha
quedado relegado a la de servir como una unidad de cuenta para la fijación del
salario mínimo y, de modo puntual, para el pago de bonificaciones del gobierno
a través del sistema de la patria, tal como lo fue en el caso del “petroaguinaldo” (2019).
La sociedad otorga primacía a la dolarización informal
De allí que
en la competencia entre los tres sistemas monetarios paralelos ---el de curso
legal, la dolarización informal y el petro---, la primacía la terminaba
alcanzando la divisa estadounidense, ante la lenta extinción del sistema basado
en el bolívar soberano y la tentativa fallida del petro.
Como cabía
suponer dentro de toda esta deriva monetaria[17],
el índice de monetización de la economía (M2/PIB) se reducía irreversiblemente,
mientras que en su contenido la divisa estadounidense pasaba a ocupar un lugar
cada vez más destacado.
De este
modo, la dolarización informal llenaba, de más en más, los vacíos funcionales
que iba dejando la moneda de curso legal.
No puede
subestimarse que, desde hacía mucho tiempo, la moneda estadounidense había
pasado a llenar la función como reserva de valor para los tenedores locales de
riqueza financiera en el país.
En diversas
ocasiones dichos tenedores fueron expatriando la mayor parte de esa riqueza
hacia el extranjero, transformándose en haberes superiores a los de las
reservas monetarias poseídas por el banco central, tal como consta en los registros
llevados por el Banco Internacional de Pagos de Basilea.
Se
correspondía con un proceso continuado de sustitución de moneda, con episodios
de intensificación, asociados a alteraciones adversas que modificaban las
expectativas del público, obrando en contra de la moneda nacional.
Los motivos
fueron muy diversos: falta de oportunidades de inversión en el país debido a
estrategias económicas equivocadas, la reiterada represión financiera que
provocaba la descapitalización del ahorro financiero mantenido en la moneda
nacional, las diversas conmociones políticas sucedidos en varios momentos, el
traslado masivo de familias a hacer vida en el extranjero. También incluía el
ocultamiento de toda una masa de dinero mal habido, antes y después de la
juerga petrolera.
Como unidad
de cuenta, la divisa norteamericana fue revelando ventajas frente a la moneda
nacional, por la menor digitación implicada en la contabilidad de las
transacciones económicas y, en los tiempos más recientes, hasta en la fijación
de los precios en determinados establecimientos comerciales. Ahora se fijan, ya
sin ningún recato, los precios de los bienes en la moneda americana.
Además de
todo esto, el estado había incentivado la dolarización del ahorro financiero,
desde 2002, cuando dispuso la equivocada medida de dolarización de la deuda
pública interna, en la oportunidad en que se hizo el canje de una parte de esa
deuda mantenida en la cartera de la banca y, posteriormente, cuando se
procedieron a las masivas colocaciones de deuda pública en el mercado local,
por la República y PDVSA, que entrañaron también dolarizaciones análogas que no
eran de ningún modo aconsejables, máxime si se había adoptado una reconversión
monetaria.
Todavía se
recuerda que en algunas de estas operaciones hubo sospechas de se desarrollaba
un enriquecimiento indebido al través del acceso a la información privilegiada
y al manejo de los procesos destinados a la adquisición de la nueva deuda,, en
mercado primario, y a su venta en mercado secundario, rentabilizando el beneficio
que propiciaba un mercado cambiario que funcionaba con dos tipos de cambio
separados por una brecha abismal.
Su valor
como medio de pago cobraba aún más relieve en la medida que el cono monetario
perdía su funcionalidad y, mucho más, al abrirse las transacciones en divisas
de un modo más diáfano desde 2019. Ya, bastante antes, había servido para tasar
el alquiler y compra- venta de bienes inmuebles, automóviles.
En
cualquier caso, la divisa norteamericana se beneficiaba de la mayor estabilidad
que regía en su valor, vis a vis, el de la moneda nacional, cuya pérdida de
valor era sostenida.
Encuestas
realizadas en el sector comercial habían determinado, ya para mediados 2020[18], que las operaciones de
compra de alimentos, bienes semidurables, línea blanca y otros, habían
alcanzado a más del 60% del movimiento transaccional, porcentaje que debe
haberse desbordado, de un modo más intenso, hacia fines 2020, comienzos 2021.
Piénsese en
el cambio, cuali y cuantitativo, implicado por la dolarización parcial de la
venta de gasolina (mayo, 2020), una ruptura frontal al tabú populista mantenido
durante décadas en contra del interés nacional.
Poca contextura institucional
tendría que
admitirse que la dolarización adelantada se ha tratado de un proceso sin reglas
formales, lo que ha entrañado mermas para con la gran mayoría de la sociedad,
ya que ha adquirido la peor de sus formas: informal, tortuosa, rudimentaria,
ineficiente, proclive a provocar aumento de los costes transaccionales, lo que
obra en perjuicio de los consumidores, a parte de los cuales se les relega y
excluye socialmente, la población que no accede a las divisas, principalmente
el sector de los asalariados, pensionados, además de los no digitalizados, ni
bancarizados.
Un
verdadero descalabro socioeconómico que se ha conducido sin que se repare
tampoco en sus limitaciones técnicas:
Carencia de un cono monetario completo y balanceado,
adecuado a la composición de la demanda de dinero
Ausencia de disponibilidad de moneda fraccionaria, ni de
suficientes billetes de baja denominación (Bs. 1. 5, 10), lo que origina
procesos de fijación de precios que cabalgan a valores que eluden el uso de
dichos billetes, dándose pie a engorrosas formas de pagos debidas a las
diferencias entre el valor del producto adquirido y el billete disponible, con
atascamientos, colas, pérdida de tiempo
Implica, por tanto, un escalamiento implícito del nivel
de precios de los bienes transados en USD, lo que incide en el diferencial
desfavorable respecto de los precios de productos análogos en países con
intercambio comercial o que son próximos a Venezuela. No llega a cumplirse, ni
remotamente, la ley de un solo precio, para el caso de los bienes comerciables
internacionalmente
Como consecuencia de estas anomalías van surgiendo nuevos
mercados espurios: el de la compra de efectivo, de baja denominación, (se
entrega un billete de USD 20 y se reciben 17 billetes de un USD), el de la
compra- venta de efectivo con cobro de comisiones, del 3% o más, sobre el valor
transado.
No se respeta la paridad internacional entre el dólar y
otras monedas extranjeras, muchas veces el billete de un euro se cotiza a la
par del billete de un dólar, generando rentas injustificadas
La masa de billetes que circula va perdiendo calidad en
la medida que no hay un canje oportuno por billetes nuevos, los que presentan
algún deterioro menor no son aceptados.
El dinero que circula no siempre es de buen origen, se
hace susceptible a la introducción de papel moneda falsificada, carente de
cualquier tipo de supervisión
El sistema monetario dolarizado carece de una institución
de cierre, el banco central, ya que por tratarse de una dolarización informal
no existen acuerdos del banco central local con la FED de Estados Unidos
Se adolece, por tanto, de mecanismos que permitan la
creación secundaria de dinero, de tal modo que solo funciona como un movimiento
de base monetaria en divisas, que se intercambian entre el público, en todo
caso, de una dimensión desconocida. De hecho, la
cohabitación de dos sistemas monetarios determina que la base monetaria, la
mixta del bolívar y el USD, adquiera un formato heterogéneo que dificulta,
mucho más, el esclarecimiento del marco en que debe desenvolverse la política
monetaria.[19]
Arquitectura de la trama institucional de la dolarización
Se alimenta de unas fuentes de divisas que tienen un
variado origen, algunas formales, otras de un origen opaco, incierta, y
presumiblemente hasta ilícito.
Entre dichas modalidades destacan: el valor de retorno de
la exportación no petrolera, las pensiones pagadas a extranjeros por sistemas
de seguridad social del extranjero,
gastos legaciones diplomáticas y organismos internacionales, remesas enviadas
por emigrantes venezolanos a familias residentes en el país, debito neto de
cuentas en moneda extranjera, operaciones como las de minería ilegal,
presuntamente el lavado de dinero.
Dichos movimientos de cambio extranjero se conducen
generalmente por vía de los mercados cambiarios domésticos:
El
informal, no controlado por el estado, y cuya vigencia se ha extendido desde su
aparición, tras la instalación del control de cambios, en 2003, hasta 2021
En su largo recorrido ha tenido diferentes
denominaciones: mercado permuta, con intervención de títulos valores en moneda
extranjera, hasta mediados 2010, cuando paso a denominarse ya como mercado
negro, tras su prohibición por la Ley de Ilícitos Cambiarios. En los últimos
tiempos, desde 2019, cuando se levanta ese supuesto penal, dicho mercado se le
puede conocer como paralelo o también informal, cuyas cotizaciones se reflejan
en varios portales o también en operaciones realizadas en la frontera con
Colombia (Cúcuta)
El mercado
formal se configura a través del funcionamiento de las mesas de cambio de los
bancos, autorizadas desde 2019, de cuyas transacciones se determina un precio
promedio que luego sirve al BCV para la determinación del tipo de cambio
oficial, aquél que se contrapone al surgido del mercado informal y que sirve de
referencia oficial al sistema de precios locales, una vez que se traducen a la
moneda nacional
El BCV
interviene como oferente en el mercado formal, mediante el “mercado de
intervención” con venta en efectivo, inicialmente de euros.
Para un
discernimiento adicional al tema pueden verse algunas aproximaciones contables
recogidas en el ANEXO
A ese respecto se puede anotar que la banca local
interviene, en sus operaciones con el público (personas naturales y jurídicas),
nutriéndose de los movimientos que se originan en las antes dichas modalidades.
La porción formal del movimiento de las disponibilidades
del público debe desembocar en las cuentas de ME en los bancos locales y el
efectivo en custodia del sector comercial (en su mayor parte se traslada a la
custodia de los bancos), además de una porción que queda en manos de los
particulares (cajas fuertes, colchones).
La banca local ofrece al público tres servicios básicos:
el de apertura y movimiento de cuentas en ME, la compraventa de divisas y la
custodia de efectivo en ME, para lo cual sus clientes deben disponer de dos
cuentas, una en moneda extranjera, para el movimiento de las divisas (efectivo,
transferencias) y, otra, en moneda nacional (MN), con lo cual se hacen las
liquidaciones asociadas a la compra-venta de divisas.
Los bancos abren cuentas al público en moneda extranjera
(cuenta 20, otras), en las cuales las personas hacen sus depósitos, en
efectivo, pudiendo solo hacer retiros en efectivo y transferencias a clientes,
solo que sean clientes del mismo banco, y que posean la misma modalidad de
cuentas. Los bancos están ahora muy pendientes para extender los servicios de
domiciliación y de pagos digitalizados con tarjetas. Esto último sería el
avance que se daría de ser aprobada la digitalización del efectivo en moneda
extranjera.
Dichas cuentas tendrían una mayor movilidad, ya que
podrían hacerse transferencias a clientes de otros bancos, con lo cual se
extendería el ámbito de extensión de la dolarización dentro del sistema
bancario, reduciéndose así el papel de la MN.
Dichas cuentas representan el enlace mediante el
cual se hace posible la participación
del público en las operaciones de cambio extranjero, permitidas a la banca, a
través de las mesas de cambio.
Dicho mercado cambiario se suele organizar en dos segmentos
principales: operaciones de bajo valor (menudeo), con participación de personas
naturales y operaciones de valor superior, para personas jurídicas y naturales.
La compra- venta de ME, da origen entonces a variaciones
en los saldos de las cuentas del público, en ME y MN, así como a la obtención
de efectivo por el público.
El rendimiento para los bancos cabría asociarlo a las
comisiones cobradas sobre las cuentas en ME (apertura, mantenimiento, saldo
mínimo, movimientos, transferencias) y sobre las operaciones cambiarias, que se
rigen por tarifarios establecidos por el BCV, con diferenciales según sean en
efectivo o mediante transferencia.
La virtual renuncia al sistema monetario de curso legal
Una
valoración de conjunto sobre la materia que aquí se interpreta, nos llevaría a
pensar que la política pública ha tomado una tonalidad oportunista,
inclinándose quizás a una actuación que se asemejaría a la de un free rider, aprovechándose de esa
dolarización maltrecha, pero sin ofrecer mucho a cambio, ni siquiera asomándose
a favor de la idea de una reforma monetaria genuina. Pareciera que se prefiere
la sobrevivencia dentro de la agonía lenta del bolívar soberano, favoreciéndose de una dolarización que le
sirva para mantener su ficción.
De allí que
se haya dado más bien a la tarea de írselas ingeniándoselas con medidas
puntuales no siempre bien meditadas, parches sucesivos, mediante algunas
disposiciones oficiales que entrañan una aceptación más bien recelada,
encubierta, de la dolarización.
Entre esas medidas
destacarían
La obligación impuesta a la banca en cuanto al
otorgamiento de créditos bancarios, indexados por la variación del tipo de
cambio oficial, utilizándose un índice espejo del BCV para la valoración
correspondiente. Dicha disposición se aplica en un contexto en el que prevalece
un reducido espacio para la expansión del crédito, debido al descomunal
dimensión alcanzada por el encaje legal, 93% de los depósitos, en los últimos
meses[20]
Cobro de multas a la banca, por incumplimiento del encaje
legal, sustentadas también en dicho índice, generando valores sorprendentemente
altos que comprometerían la situación patrimonial de ese sector. A mayor
depreciación de la MN, mayor dimensión de las multas, tal como ha sido indicado
por la ABV
Dolarización progresiva de los precios oficiales (vg
gasolina), así como de las tasas y tarifas públicas (vg trámites de pasaportes)
Asistimos,
entonces, a una extinción paulatina del sistema de curso legal y a la
aceptación de una dolarización ineficiente, a la cual parecen adherirse las
autoridades.
Se busca
quizás desdibujar algunas de las debilidades que se originan de la política
económica vigente, entre ellas, la de una hiperinflación rebelde, o la de una
caída sostenida de reservas internacionales.
De allí que
se haya anunciado, como un gran suceso, la inminente aplicación de medidas
adicionales, tales como las del movimiento de operaciones monetarias del
público con la banca, en ME, sin el corsé que les sujeta a su vigencia dentro
del mismo banco. De este modo podrían emitirse tarjetas de débito con las que
el público podría sustituir el uso de moneda nacional, en efectivo, por divisas
digitalizadas, asociadas a esas cuentas dolarizadas.
Desaparecería
el papel moneda y se entraría, al mundo del digital moneda o moneda digital.
Así, de
seguro, continuaría la desaparición del dinero efectivo y con ello la del cono
monetario.
En el mismo
sentido, el gobierno buscaría quitarse de encima el peso que se le impone con
el descrédito originado por la lenta agonía del sistema monetario formal, sin
necesidad de que sea vea forzado a buscar su reemplazo mediante una nueva
reconversión monetaria, para la cual no se encuentra ahora capacitado.
Como bien
se sabe, el gobierno no parece disponer de los fondos que se harían necesarios
para una nueva compra masiva de papel moneda, como sí lo tuvo en las
oportunidades anteriores, además de que no se justificaría hacerlo en un
contexto en el cual prevale una hiperinflación que no ha sido abatida.
Piensan las
autoridades, además, que los pagos asociados a transacciones de bajo valor (por
ejemplo, transporte de pasajeros), bien podrían ser atendidos mediante medios
de pago complementarios. En su Mensaje Anual rendido por ante la AN, el
presidente ha prometido que “vamos a facilitar el uso de pagos en moneda nacional para
el transporte público y para todos los comercios, a través de sistemas de pago
que no necesiten conexión en línea, denominados V-ticket y V-POS”.
En ese
contexto, quizás se mantendrían las formas gubernamentales de pagos
digitalizados que no obedecen a una recurrencia sistemática, tales como
bonificaciones ad hoc, a trabajadores y/o jubilados, se seguirían conduciendo
por vía el Sistema de la Patria, de la billetera digital, utilizando al petro
como unidad de cuenta y/o incluso como un medio de pagos, si se hiciere
posible.
El énfasis
a favor de una mayor digitalización, si bien podría ser aceptable como
desiderátum de una estrategia orientada a la instalación de un nuevo sistema
monetario, atraviesa ahora por no pocas dificultades, ya que no toda la
población dispone de teléfonos inteligentes, ni está bancarizada, ni pertenece
al sistema de la patria, además de los cual se constata que las plataformas de
pagos digitales pueden verse comprometidas debido a las fallas logísticas que
le acompañan, tales como las deficiencias en las comunicaciones, máxime en un
contexto en el que habría una mayor demanda de servicios por esa vía..
En todo
caso, de alcanzarse la maduración de la ansiada digitalización oficial se
tendría un sistema monetario y de pagos en el que
Desaparecería el efectivo en moneda nacional y con ello
el cono monetario
Continuaría el uso de efectivo en divisas, principalmente
USD, con un cono monetario incompleto
Se ampliaría el uso de efectivo digitalizado mediante el
empleo de tarjetas de débito.
No desaparecerían las otras modalidades de pagos
manejadas de modo autónomo por la sociedad, tales como los pagos mediante
tarjetas débito/crédito internacional, uso del sistema ZELLE, así como el
empleo de plataformas digitales de pagos (PAYPAL, AIR TM, PYOONER,
TRANSFORWISE)
De tal modo
que la dolarización informal seguiría sirviendo de burladero para neutralizar
las limitaciones que se van presentando con la lenta agonía del sistema
monetario, entre ellas la de trascender a la aplicación de una nueva
reconversión monetaria. Las autoridades parecen sentirse en una posición más
cómoda respecto a la de aceptar, ahora, una dolarización formal para todo el
universo de transacciones.
De allí que
en su retórica reciente se fustigue también a las modalidades de dolarización
como las adoptadas en Ecuador y Panamá, que son visiblemente superiores a la
adelantada en Venezuela.
Aun así, no
podría ignorarse que la Constitución vigente (1999) estatuye, en su artículo
318, que:“(…) La
unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En
caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración
latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un
tratado que suscriba la República”.
Dicha disposición dejaría fuera
la opción que abriese el camino para la adopción formal del dólar
estadounidense como unidad monetaria.
Siendo así, solo quedaría
abierta la posibilidad de acometer una modificación en la normativa
constitucional, mediante la aprobación de una enmienda expresa al artículo 318,
abriéndose a la iniciativa de un referéndum aprobatorio, que estaría destinado
a darle entrada a una dolarización formal.
¿Habría
otras opciones habría sobre la mesa?
Podrían admitirse ahora tres
posibles caminos:
Primero, el camino del “más de lo mismo”, es decir, la de
seguir con el maltrecho sistema bimonetario actual, buscando mantener la
apariencia de un estado que todavía preserva la vigencia digitalizada de su
sistema monetario, aprovechándose, a la vez, de la dolarización informal en
cuanto esta lo permita
Segundo, la apertura del juego
en favor de una dolarización formal, relativamente encubierta, vía el
establecimiento de una caja de conversión (currency
board).
Implicaría una reforma
monetaria, con una nueva unidad monetaria atada a una paridad fija con la
moneda extranjera que se tome como referencia, además de una nueva emisión de
papel moneda para dotar a la economía de un nuevo cono monetario, que bien
podría combinarse con formas de digitalización.
Como se sabe, dicha modalidad ha
presentado sus ventajas y desventajas, asunto que no es ahora el caso de
comentar [21]
Tercero, la adopción de un plan
de estabilización, acompañado de una reforma monetaria, con una nueva unidad
monetaria y disposiciones para acometer un régimen de transición, con vistas al
desmontaje de las prácticas y cultura que se originan desde una economía ya
atrapada en una mezcla tóxica de hiperinflación y dolarización.[22]
Este hipotético plan de
estabilización debería formar parte de una estrategia, aún más amplia, que
incluya, además del funcionamiento económico ordinario del gobierno, la
incorporación de una estructura organizativa ad hoc, complementaria,
relativamente autónoma, que le permita abordar tareas que rebasan las rutinas
administrativas ordinarias, entre ellas:
La atención de la crisis
humanitaria que afecta a los venezolanos, dentro y fuera del país, agravada por
los efectos de la pandemia del COVIC 19
Un apuntalamiento seguro de la
balanza de pagos que haga sustentable al nuevo tipo de cambio, lo que exigiría
un cuantioso financiamiento multilateral y una contrapartida administrativa que
responda por el repago de esa eventual nueva deuda
El adelantamiento de un programa
de reformas del estado, centrado en las modificaciones de fondo a su propio
alcance y funcionamiento, lo que exigiría una estructura mixta, quizás con
participación internacional de alto nivel
Se entiende que tales
propósitos, aunque razonables, exigirían cambios institucionales y mentales,
que no parecen figurar en la agenda del país.
La trampa macroeconómica
trasciende
En cualquier caso, tendría que
entenderse que el actual
formato de dolarización informal, aun con los parches aplicados, no provee de
soluciones a los dos problemas de fondo a los que se enfrentan las autoridades,
a saber, los de la superación de la aguda restricción financiera externa y la
supresión del déficit fiscal estructural que induce a la hiperinflación.
En lo que
hace a la situación del sector externo, el estatus actual, incluyendo las
modificaciones anunciadas, no permitiría que pueda generarse, por sí sola, una
corriente adicional de divisas., tal como se aspiraría.
El manejo
defectuoso del efectivo y la transferencia de divisas, simplemente pasaría a
trasvasarse, en parte, a la modalidad de movimiento de efectivo digitalizado.
Pero esto no determinaría un añadido neto de nuevas divisas.
El aumento
significativo de las divisas solo puede originarse de un hecho nuevo que
provenga de la economía real, la expansión de su actual capacidad de producción
y exportación de bienes y servicios, tal vez apuntalado por un préstamo de
apoyo a la balanza de pagos.
Ese
propósito no está planteado en estos momentos.
De hecho,
la Ley Antibloqueo, que se ha presentado como la herramienta dura que
recobraría el flujo de divisas, solo establece la posibilidad de enajenación de
la propiedad pública, lo que no resolvería cabalmente el déficit de flujos
fiscales. Se trata de un cambio de propiedad, pero no de la creación de nueva
capacidad productiva.
Tal vez,
una dolarización formal, de jure, sería una mejor señal a los mercados, en el
sentido de que mostraría los esfuerzos que se estarían haciendo a favor de la restitución de la disciplina de
estabilidad nominal y remonetización de
la economía, lo que podría atraer fondos al país, sea por el canal financiero,
eliminando la represión financiera, sea por el canal de la inversión directa.
En cuanto
al balance fiscal, la actual dolarización informal, por sí sola, no resuelve el
problema del déficit fiscal estructural.
Aunque la
dolarización de los ingresos fiscales provee un poder de compra adicional al
gobierno, en moneda extranjera ---tributos, tarifas y precios públicos,
dolarizados---, no puede suplir, ni cercanamente, el tamaño del gasto público
y, mucho menos, el de su posible ampliación.
En 2020,
alrededor del 20% de ese gasto se hizo con ingresos recaudados por el SENIAT,
una porción menor correspondió a la regalía petrolera, en tanto que la mayor
parte provino, al parecer, de la emisión de base monetaria por el banco
central.
No hay
forma de hacer una sustitución de esa base monetaria, en moneda nacional, a la
que accede ahora fácilmente el gobierno y PDVSA, mediante el crédito continuado
del banco central, por una base monetaria semejante, pero en moneda extranjera.
Al menos, estono se ve como una posibilidad cierta de corto plazo.
El BCV no
emite, ni crea divisas, su función consiste en transformar las divisas
obtenidas por petróleo o alguna otra fuente, en base monetaria denominada en
bolívares soberanos. Hasta allí puede llegar.
Puesto que
la emisión de dinero al descubierto seguiría planteada, para financiar el
déficit público, la economía no podría reponerse de la perturbación que causa
la persistencia hiperinflacionaria.
El mercado
monetario seguiría en desequilibrio, puesto que se mantendría el estatus de un
exceso de dinero, aunado a un aumento de la velocidad de circulación, en
contraste con una demanda deseada de dinero, en moneda nacional, que seguiría
siendo declinante.[23]
No hay
malabarismo posible que pueda modificar esa dura realidad.
Nuevamente,
puede reiterarse que, solo mediante un fortalecimiento genuino de la capacidad
productiva y exportadora del país, que haga posible la recuperación de la base
imponible, en moneda extranjera, si el camino fuere la dolarización, haría
posible ir trascendiendo el nocivo desequilibrio fiscal estructural actual que
comprime el nivel de vida de los venezolanos, abriéndose las puertas para
retornar a una economía con estabilidad nominal.
Requiere de un inmenso esfuerzo institucional que no se
quiere admitir y mucho menos asumir.
ANEXO
En lo que sigue se describen, de un modo muy esquemático,
las principales fuentes de fondos en divisas de la dolarización,
correspondientes al sector privado, mediante una lectura en la que se busca
encontrar los nexos que unen a la balanza internacional de pagos con la balanza
cambiaria, es decir, donde se desarrolla la trama del mercado cambiario local
Como se dijo, los registros principales se
corresponderían con
- Exportación
no petrolera (bienes y servicios) y su valor retornado
- Importación
no petrolera (bienes y servicios)
- Pago
de pensionados provenientes de sistemas foráneos
- Gastos
legaciones diplomáticas y organismos internacionales
- Remesas
enviadas por emigrantes venezolanos a familias
- Movimiento
de cuentas en moneda extranjera
- Operaciones
de origen opaco, entre ellas, minería ilegal, formas de lavado de dinero
Un primer registro correspondería al de la exportación no
petrolera y su valor retornado, pues no todo el valor de lo que se exporta
llega al mercado cambiario local
A fin de completar la información que permitiría delinear
el saldo comercial, se anota también el valor de las importaciones de bienes y
servicios, excluyendo las del sector público, aproximándose así a una
presentación de la forma como se financiaría el déficit
Dicho saldo comercial había sido deficitario para toda la
época petrolera, financiándose con el superávit comercial petrolero.
No obstante, el acentuado descenso de la exportación
petrolera lleva a que esto no se sea posible, lo que ha determinado el
surgimiento de formas nuevas para su financiamiento, ideadas por la sociedad,
tal como se presenta en la descripción esquemática siguiente.
|
Balanza
internacional de pagos
|
Balanza cambiaria
(saldos que van al mercado cambiario local)
|
Formas de movilización
de los fondos en ME
|
|
Cuenta corriente
|
Cuenta financiera
|
|
valor total de la exportación no petrolera
(100%)
[24]
|
una parte del valor de la exportación no retorna (un %
del total), equivale a una salida de capital,
(puede
mantenerse como activo financiero y/o aplicarse a importaciones del propio
sector exportador)
|
la otra parte del valor de la exportación sí retorna
(% B del total)
representa un aumento de reservas internacionales en
manos del público
|
mercado de mesas de cambio de bancos, mediante
ventas de divisas
a cambio de MN y/o, también, podría ir a cuentas en ME,
vía mercado cambiario local
hay prohibición de operaciones en mercado informal
|
|
valor total de la importación, excluye petrolera[25]
|
representa una entrada de capital
(parte A)
|
representa una disminución de reservas internacionales,
en manos del público,
(parte B)
|
parte A),
cubierta con
débitos a cuentas en ME, en el exterior
parte B) ,
cubierta con
compra de divisas en mercado de mesas de cambio de
bancos, debitando cuentas en MN
puede haber operaciones en mercado cambiario informal
Uso de plataformas digitales de pagos
PAYPAL, AIR TM,
PYOONER, TRANSFORWISE
|
Se
consideran también los ingresos de divisas asociados al pago de pensiones desde
sistemas del extranjero, gastos locales de legaciones diplomáticas y organismos
internacionales, entre otros
|
Balanza internacional de pagos
|
Balanza cambiaria
(saldos que van al mercado cambiario local)
|
Formas de movilización de los fondos en ME
|
|
cuenta corriente
|
|
pago de pensionados provenientes de sistemas de
seguridad social foráneos
gastos legaciones diplomáticas y de organismos
internacionales
|
representa un aumento de reservas internacionales en
manos del público
|
movimiento en cuentas en ME, en bancos locales
|
Le siguen,
las remesas de inmigrantes recibidas por familias en Venezuela, que presenta
una estructura semejante al grupo anterior, pero que se destaca aparte porque
constituye un rubro de mayor significación
|
Balanza internacional de pagos
|
Balanza cambiaria
(saldos que van al mercado cambiario local)
|
Formas de movilización de los fondos en ME
|
|
cuenta corriente
|
|
remesas enviadas
por emigrantes venezolanos a familias residentes en el país
|
representa un aumento de reservas internacionales en
manos del público
|
movimiento en cuentas en ME, en bancos locales
|
Movimiento de cuentas en ME, en el exterior, destinadas a
diversos fines, tales como pagos en moneda nacional de empresas extranjeras,
sin liquidez suficiente en MN, cobertura de capital de trabajo, movilización de
fondos para nuevas inversiones.
Incluye, también, toda la variedad de necesidades de las
familias destinadas a la cobertura de su presupuesto dentro de una economía
dolarizada.
|
Balanza internacional de pagos
|
Balanza cambiaria
(saldos que van al mercado cambiario local)
|
Formas de movilización
de los fondos en ME
|
|
Cuenta financiera
|
|
|
|
Débito
sobre cuentas en ME
|
Representa un aumento de reservas internacionales en
manos del público, en la parte que llega al país
|
Ventas netas en mercado cambiario local
Formal, mesas de cambio banca
Transferencias entre cuentas en ME (dotadas o no de
modalidad ZELLE)
Uso de plataformas digitales de pagos,
PAYPAL, AIR TM,
PYONEER, TRANSFORWISE
Informal
ventas netas entre personas naturales y jurídicas que
no pasan por la banca local
|
Para no ignorarlas, debe mencionarse también el ámbito de
operaciones opacas, de más difícil identificación, que posiblemente no
discurren por el mercado cambiario formal, dado su origen ilícito, vinculado o
no al lavado de dinero, penalizado por la normativa relativa a la legitimación
de capitales.
|
Balanza internacional de pagos
|
Balanza cambiaria
(saldos que van al mercado cambiario local)
|
Formas de movilización
de los fondos en ME
|
|
Cuenta corriente
|
Cuenta financiera
|
|
ingresos asociados a exportaciones no controladas
(minería ilegal, contrabando de extracción)
márgenes de intermediación comercial en operaciones no
identificadas
|
un porcentaje de la exportación representaría valor
retornado
|
representaría un
aumento de reservas internacionales en manos del público
|
Se canalizaría vía mercado informal
|
