domingo, 24 de enero de 2021

La agonía del sistema monetario, a comienzos 2021

 

La agonía del sistema monetario, a comienzos 2021 [1]

Omar E. Bello R.[2]

La economía venezolana se desenvuelve ahora, a comienzos 2021, con un sistema monetario, sui generis, que origina costes transaccionales y sociales superiores a los que surgirían del funcionamiento de un sistema formal viable.

Ante la degradación de la moneda de curso legal, el bolívar soberano, la sociedad se las ha arreglado para el desarrollo de una desordenada y traumática dolarización informal, tal vez en la peor de sus modalidades.

A cierta altura, y ante las dificultades que ha confrontado para mantener la continuidad del sistema monetario, el gobierno se ha comportado como una especie de free rider, lo que le lleva a moverse dentro de la dolarización informal para encubrir sus propias limitaciones. No se atreve a dar el paso hacia una dolarización formal o a la asunción de una reforma monetaria genuina. Prefiere navegar en un limbo monetario que implica un costo social alto.

En ese sentido, ha obligado a la banca al otorgamiento compulsivo de créditos, indexados a la variación del tipo de cambio, ha dispuesto una fijación parcial del precio de la gasolina en la divisa estadounidense y, ahora, se aproxima a la digitalización del efectivo, permitiendo transacciones interbancarias a partir de cuentas en moneda extranjera, lo que constituiría, quizás, una tabla de salvación ante el hundimiento del sistema monetario formal.

Se ha repetido, en Venezuela, la trayectoria que ocurre en otros sistemas monetarios lesionados, es decir, le evolución desde una larga etapa de estabilidad inicial, a otra de sobre emisión todavía moderada, para pasar a una de sobre emisión exagerada, hasta llegar, adonde estamos hoy, de un virtual abandono del sistema monetario.

De modo que se asiste a una transición institucional traumática.

Se recorre, desde un sistema monetario, con un signo monetario nacional, dotado de un cono monetario donde sobresale el papel moneda, y teniendo al banco central como emisor de dinero primario y a los bancos como emisores de dinero secundario, hacia otro sistema, con signo monetario extranjero (principalmente el dólar estadounidense), con un cono monetario incompleto, sin monedas acuñadas y baja disponibilidad de billetes de baja denominación, cuya introducción al país ha sido realizada por la sociedad, puesto que opera sin la dirección de un banco central local y sin creación de dinero secundario.

Un tránsito en el que, además, ante la virtual inutilidad del papel moneda nacional, se intenta una digitalización con la moneda extranjera, que se combinaría con el manejo del efectivo en esa misma moneda, incluyendo operaciones con medios digitales.

Por momentos, podría pensarse que el gobierno aspiraría a que obrase, además, la milagrosa superación de la restricción financiera externa y del déficit fiscal estructural, que constituyen los principales orígenes de la hiperinflación. 

Quizás no quisiera entenderse que esos propósitos no le son posibles sin que, antes, se hagan los arreglos de fondo que se imponen, aquéllos que permitan el fortalecimiento de la capacidad productiva y exportadora del país, a la vez que hagan posible la recuperación de la base imponible, sin lo cual no puede trascenderse al nocivo desequilibrio fiscal que compromete al sistema económico y que destruye, por ende, el nivel de vida de la sociedad venezolana.

Dadas estas consideraciones iniciales, cabría hacer, en lo que sigue, una valoración un poco más amplia de estos temas que no estaría exenta, por cierto, de juicios de valor discutibles.

127 años, 11 años, 3 años

El sistema monetario nacional, fue originalmente organizado teniendo al bolívar como la moneda de curso legal, cuya aparición data desde su creación en 1879[3], viéndose extendida su vigencia hasta 2006, cuando fue modificado mediante la primera reconversión monetaria (2007-2008), aquélla que dio origen a la nueva unidad monetaria, la del bolívar fuerte, mantenida hasta agosto 2018, en la oportunidad en que fue adoptada una segunda reconversión monetaria, con la introducción del llamado bolívar soberano, unidad monetaria que aún conserva su vigencia formal.

  Sistemas monetarios

Duración

Signo monetario

Entidad emisora

Cono monetario

 

1879- 2006

127 años

 

 

 

 

Bolívar

 

Bancos privados de emisión[4]

 

Monedas

Billetes

Mediante emisión múltiple

 

Banco Central de Venezuela

(desde 1940)

 

 

Monedas

Billetes

 Mediante emisión centralizada

 

2007- 2018

10 años,7 meses

 

Bolívar fuerte

 

Supresión de tres (3) ceros

 

2018- 2021

2 años, 5 meses

 

Bolívar soberano

 

Supresión de cinco (5) ceros

 

La larga permanencia del sistema monetario original, sin modificación de su signo monetario, por unos 128 años, denotaría que la moneda nacional pudo cumplir cabalmente, durante todo ese tiempo, sus funciones como unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor, lo que contrasta con la historia posterior.

El desvanecimiento de la estabilidad nominal

La explicación central de este singular hecho, al menos para lo que concierne a la mayor parte del siglo XX, radicaría en la incontrovertible estabilidad nominal de la que pudo gozar la economía venezolana durante varias décadas, gracias a un tipo de inflación anual que solo alcanzaba un dígito inusualmente bajo (1,4%, como promedio anual, entre 1950 y 1973)[5]. 

Este singular estatus fue posible sostenerlo gracias a dos fundamentos que fueron inconmovibles durante largo tiempo: la viabilidad financiera externa, que se vio quebrantada desde 1983, junto al manejo fiscal generalmente prudente que prevaleció en las administraciones de gobierno durante varias décadas, hasta que llegaran los tiempos en que prevaleció la inmoderación en el manejo de las finanzas públicas y la aparición de déficits fiscales crónicos.

La viabilidad financiera externa se reflejaba en un nivel confortable de reservas internacionales y un tipo de cambio fijo que fungía como el ancla nominal de la economía[6].

Los signos de una mayor inflación vinieron a presentarse entre mediados de los setenta y los ochenta (s. XX), cuando la tasa interanual alcanzó a dos dígitos bajos, un grado de variación que se mantuvo hasta el año previo al de la primera reconversión monetaria, cuya entrada en vigor se hizo posible desde comienzos 2008, sustentada en el Decreto Ley de Reconversión Monetaria, Gaceta Oficial 38.638 del 06 de marzo 2007[7]

Posteriormente, la economía se fue deslizando hacia una inflación cada vez más acentuada, que tomó sus cotas más altas en el período 2013-2017, hasta desembocar en la dramática situación que ahora se vive, la de un estado de hiperinflación, iniciado desde fines 2018 y que todavía se sigue observando a comienzos 2021

 

El criterio convencional más ampliamente aceptado acerca de lo que se admite como una hiperinflación fue el presentado por Phillip Cagan, en su investigación The monetary dynamics of hyperinflation, (1956), de acuerdo con la cual el fenómeno se presenta cuando la inflación se llega al 50% o más intermensual. De modo que siguiendo esta guía dicho proceso se habría iniciado en diciembre 2017 (55,6%)

 

El Premio Nobel, Milton Friedman, admite la métrica anterior, no obstante, ofrece una versión cuantitativa matizada en la que encuadraría la vigencia del fenómeno dentro de una inflación de dos dígitos intermensual. En sus palabras el señala que desde luego nada comparable con los índices de inflación mensual de dos dígitos que son característicos de las hiperinflaciones (Paradojas del dinero, Episodios de historia monetaria, subrayado nuestro).

 

De acuerdo con este criterio, se tendría que la hiperinflación habría comenzado, de manera ininterrumpida, desde 2017 (mayo) y se habría extendido hasta fines 2020.  

 

 

 

 INFLACIÓN EN VENEZUELA

 

Etapas

 

Grado

 

Variación promedia anual,

excepto 2018-2020 con variación intermensual

 

1950- 1973

 

Inflación baja

Privilegiada estabilidad

 

1,4

1974- 1986

 

Ruptura de estabilidad

Iniciación de inflación intermedia anual de dos dígitos

 

10,9

1987- 1996

Acentuación y persistencia de inflación intermedia

 

 

50,7

1997- 2012

Retorno a inflación intermedia moderada

 

 

24,7

2013- 2017

Transición hacia inflación alta, tres dígitos anuales, e inicio de inflación de dos dígitos intermensual

 

 

181,5

2017- 2020

Hiperinflación[8]

 

 

46,6

  

 

El inicio de la estimación y publicación oficial de los índices de precios del BCV data desde 1950, Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años, Tomo 5, Series estadísticas de Venezuela 1989- 1999, Tomo III, coordinado por el economista venezolano Ignacio Antivero. Posteriormente, se introdujeron estadísticas de precios en el Boletín Mensual y el Anuario de Precios y Mercado Laboral, del BCV, así como en su portal (Series estadísticas, Índices de precios), lo que se correspondía con un esfuerzo técnico insuperable, al menos en Venezuela, que ha decaído bastante.

 

Por su parte, Asdrúbal Baptista hizo estimaciones, para un período aún más extenso de la historia económica (1830- 2008). Véase Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-2008 donde se incluye un índice general de precios en el que se destacan variaciones negativas de la inflación, en varios lapsos ---1876-1906, 1927-1941---, para desplazarse a un crecimiento anual de un dígito, entre 1941 y 1949, 6,3%.

 

Quebrantamiento de la capacidad institucional

 

Alberto Alesina y Lawrence H. Summer demostraron, desde hace algún tiempo, la correlación existente entre el funcionamiento de una banca central que disponga de independencia frente al gobierno y la obtención de bajos grados de inflación[9].

Para una valoración nacional de este asunto, se tendría que comenzar por decir que el Banco Central en Venezuela nació como una sociedad mixta, con la participación de capital público y privado, lo que garantizaba cierto manejo ortodoxo que servía como contrapeso a la propensión que generalmente manifiestan los gobiernos en el sentido de hacerse de financiamiento fiscal mediante la emisión de dinero de la banca central.

Su alcance normativo, marcado por los consejos recibidos por los diseñadores de su primera Ley, dentro de lo cual destacaban las ideas del economista chileno Herman Max, permitieron a sus autoridades disponer de una guía apropiada para un manejo cuidadoso durante sus primeros tiempos, tal como se adelantó.[10]

No se olvide que, antes de su creación, eran seis los bancos privados que ejercían la función emisora del papel moneda, es decir, de los billetes que circulaban como medio de pagos, ajustada su magnitud a coeficientes asociados a su capital y a la tenencia de oro. No puede desmerecerse que esta influencia haya condicionado al comportamiento del ente emisor, en sus primeros decenios de funcionamiento, aquéllos que se corresponden, además, con el ingreso de Venezuela como miembro fundador del Fondo Monetario Internacional, cuya representación era ejercida por el BCV.

Quepa hacer la salvedad que tal conducta se veía apuntalada por la adopción de políticas fiscales generalmente prudentes, que mostraban reducidos márgenes en cuanto al tamaño del déficit fiscal, que se veía atendido, en todo caso, mediante la colocación de letras del tesoro que se rescataban dentro de la propia vigencia presupuestaria.

No obstante, la historia comenzó a verse alterada desde mediados de los setenta.

Como parte de la euforia estatista que arropó a la élite dirigente del país, durante el primer gobierno de Pérez (1974-1979), el BCV también fue plenamente estatizado, conservándose en el seno de su Directorio una participación corporativa, representativa de varios segmentos institucionales pertenecientes al sector privado (Consejo Bancario Nacional, FEDECÁMARAS, CTV).

Podría decirse que ello marcó una inclinación que se hizo más proclive a la idea según la cual la banca central debía estar bajo los dictados del gobierno, postura que se hizo más evidente cuando se presentaron necesidades de financiamiento público que no se podían afrontar con participación del mercado financiero.

Podría decirse que allí se situaba la fina línea que separa una emisión de dinero ordenada de una sobre emisión.

Si bien se dictó una nueva Ley del BCV, hacia fines 1992, en la que se daba a ese ente cierto grado de autonomía, buscando sustraerle de las presiones del gobierno y evitando que se diese un financiamiento monetario de los déficits fiscales, solo tuvo una efímera vigencia. La crisis financiera (1994-1995) y las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional y el Congreso implicaron, infortunadamente, un debilitamiento y hasta retroceso para el cumplimiento de la función monetaria que correspondía al ente emisor[11].

Años después, cuando llego a darse el cambio político de fondo, desde 1999, se introdujeron, de manera desaconsejable, prácticas contables y sucesivas reformas de la Ley del BCV[12] que estaban claramente orientadas a hacer una utilización indebida de ese ente, colocándolo abiertamente como un vehículo de financiamiento del gasto gubernamental.

Tales iniciativas estuvieron asociadas a la cobertura del inmoderado aumento del gasto público, asociado en un todo a la adopción de un cambio económico institucional que terminó estando signado por un desperdicio mayúsculo de recursos, lo que condicionaba el surgimiento de un déficit fiscal potencial que debía ser financiado con la movilización de nuevas fuentes.

Una parte de ese financiamiento provino del banco central, mediante la adopción de medidas y mecanismos que eran contrarios, en un todo, a la estabilidad nominal, entre ellos destacaban:

Sobrestimación de la utilidad cambiaria al objeto de propiciar una mayor generación en el remanente de utilidades que debía serle traspasada al Ejecutivo Nacional

Confiscación de reservas internacionales, mediante su traspaso parcial al Fondo Nacional de Desarrollo (FONDEN, sin ninguna contraprestación para el ente emisor. De este modo se dio luz verde para una inapropiada segmentación en la posesión de las reservas internacionales, debilitando así al ente responsable del manejo del mercado cambiario doméstico, tal como lo era el BCV

Autorización al financiamiento directo de empresas del estado, dentro de lo que destacaba particularmente el caso de PDVSA.

Nunca se había llegado tan lejos.

LEYES, DECRETOS

OBJETO

2002

Introduce posibilidad de transferencia de recursos del BCV a la Tesorería Nacional, sin contraprestación

2005

Introduce el concepto de nivel adecuado de reservas y de transferencias mensuales a un fondo en divisas a ser manejado por el Ejecutivo Nacional (FONDEN)

Se dispone una inicial transferencia al FONDEN, de USD 6 mil millones, sin contraprestación[13]

2009

Autoriza al BCV al financiamiento directo a entes públicos, sin límite de plazo, en particular, la adquisición de títulos valores emitidos por PDVSA

2010

Introduce obligaciones al BCV para destinadas al apuntalamiento de la economía socialista comunal

2014, Decreto

Afina el concepto de transferencias al FONDEN, calificándolas como reservas excedentarias

2015, Decreto

Reduce la capacidad de control parlamentario sobre el BCV e introduce normas que conducen a una mayor opacidad informativa

 

Primera reconversión monetaria, 2007

La inflación acumulada, hacia 2006- 2007, ya había ido erosionando la representatividad del cono monetario, desmejorando su propiedad para servir de sostén del movimiento transaccional de la economía. Dada esa debilidad se hacía necesaria la introducción de billetes con una más alta denominación y la menor utilización de monedas metálicas.

Ya, en ese contexto, se dispusieron las iniciativas para una modificación del sistema monetario al objeto de darle vigencia a una nueva unidad monetaria, el llamado bolívar fuerte, que implicaba una reducción de tres ceros respecto del viejo cono monetario.

Desde entonces, el canje de un bolívar fuerte, amonedado, equivalía a un billete de bolívares mil.

No puede dudarse que la indicada modificación tenía su justificación.

Aun así, le hizo falta que viniera acompañada de algún programa de estabilización nominal, de modo que pudiera dársele la durabilidad que se le hacía necesaria al nuevo sistema monetario[14].

Dicha opción no fue nunca considerada dentro del frenesí expansionista bajo el que se desenvolvía el gasto público, que se empinaba a cifras desconocidas, después de 2004, año cuando tiene sus inicios el primer ascenso desmesurado de los precios petroleros (2004- mediados 2008).

Se trataba, mucho más, de una operación de cosmética que permitiera alimentar los circuitos de propaganda oficial, que de una medida que estuviera verdaderamente orientada a garantizar la monetización de la economía venezolana.

Más bien, en ese contexto, el gobierno se las dio más por la acentuación de su carrera de aumento del gasto público, que se realizaba mediante la inédita ejecución de varios presupuestos paralelos: el ordenado por la Ley de Presupuesto, los gastos ordenados a PDVSA para el sostenimiento de las Misiones, el uso discrecional del FONDEN, la canalización de fondos de la deuda bilateral con China a través del cofinanciamiento con el BANDES.

De ese modo se asumía un elevado endeudamiento, en moneda extranjera, que no se justificaba, dado el alto superávit que se registraba en la cuenta corriente de la balanza internacional de pagos, por entonces el más alto registrado dentro de las economías de América Latina, de acuerdo a las cifras llevadas por la CEPAL.

Se trataba solo cuestión de tiempo, cuando el ciclo de los precios internacionales del crudo decayese  hacia la baja, como ocurrió en 2009, y luego a fines 2014- 2016, para que se viera debilitada grandemente la capacidad para importar y se pusiera en entredicho la continuidad a un tipo de cambio real, claramente apreciado.

Era tiempo, por tanto, para que se diera también la acentuación del ritmo de la inflación y quedara cuestionada la nueva moneda, cuya vida solo pudo alcanzar apenas alrededor de una década.

Como constatan en las cifras oficiales del BCV, dicho indicador fue moviéndose, desde un grado de inflación intermedia, de dos dígitos por año, a uno cada vez más alto, hasta llegar a tres dígitos anuales, tendencia que explicaría la efímera vigencia del referido sistema monetario, el del bolívar fuerte.

Infortunadamente, desde fines 2014, la situación económica presentó un desmejoramiento aún mayor y con signos de una mayor complejidad, lo que nos llevó a valorarla, en su momento, como una crisis económica sistémica, de la cual no se ha librado el país, todavía a comienzos 2021.

El sector externo había iniciado su completo colapso, por lo cual la economía se ubicaba nuevamente bajo el supuesto de una aguda restricción financiera externa que comprometía su crecimiento económico.

Se hacían difíciles de sostener las importaciones, las cuales declinaron abruptamente, al tiempo que el servicio de la deuda pública externa comenzaba a dar también señales de hacerse insostenible. Se incumplían compromisos con el sector privado, dentro del sistema de control de cambios. Recuérdese el caso de las líneas aéreas.

Las reservas internacionales descendían casi de un modo irreversible y se hacían esfuerzos desesperados para darle continuidad a los pagos externos, entre ellos la liquidación de activos públicos en moneda extranjera, en algunos casos con abultados descuentos, como la factura petrolera de Santo Domingo, negociada con Goldman Sachs.

Se tenía dificultades para mantener incólume la capacidad para importar y ya no era posible el sostenimiento de un tipo de cambio fijo, que siguiera sirviendo como ancla nominal de la economía.

Al mismo tiempo, la situación fiscal empeoraba, el déficit público se ampliaba, sin que las fuentes de ingresos ordinarios dieran signos de recuperación.

Se reducía el aporte brindado por el ingreso fiscal petrolero, por el descenso de la producción y la fuerte caída del precio internacional. El gobierno eximía a PDVSA del pago de sus impuestos, algo insólito. Se hacían claros los síntomas de degradación del todopoderoso estado petrolero.

Los ingresos fiscales del resto de la economía comenzaban a mermar por la reducción de las importaciones y debido al descenso de la actividad económica, lo que implicaba una disminución sostenida de la base imponible del sector moderno de la economía. Los ingresos del SENIAT se alimentaban más de la apariencia nominal originada por la mayor inflación, que de un aumento de la tributación en términos reales.

Se fue así poniendo de manifiesto la existencia de un déficit fiscal estructural, que ya denotaba un estado inequívoco de insolvencia fiscal, que se hacía extensivo hasta PDVSA. El pago del servicio de la deuda pública externa se veía interrumpido, llegándose así a un estado de default, en su componente titularizado, lo que rompía los lazos con el mercado internacional de activos y dejaba en el limbo las obligaciones financieras externas del estado.

No resultando suficientes los ingresos fiscales recaudados desde el SENIAT, el sector público se fue haciendo, adicto, cada vez más, al financiamiento monetario del banco central, que se adelantaba por dos vías: la del financiamiento directo recurrente otorgado a PDVSA[15], no obstante, su condición de empresa ya insolvente, y mediante la compra de deuda pública, en forma directa y mediante triangulaciones.

Mientras la base monetaria y M2 experimentaban inmoderados crecimientos, la demanda deseada de dinero se veía comprometida y decaía por la crónica represión financiera bajo la que se desenvolvía la banca por la regulación del BCV, absurdo que promovía sostenidamente la sustitución de moneda nacional por la extranjera, y, además, por la continuada caída del PIB real. Cada vez, con la existencia de menos empresas se requerían de menos tenencias de dinero en manos del público.

Tal desequilibrio monetario obraba como un mecanismo que determinaba una presión sostenida sobre el tipo de cambio, el del mercado informal, cuya dinámica de depreciaciones sucesivas le imponía su directa incidencia a la variación ascendente del nivel interno de los precios, como parte de una extendida dolarización.

La moneda nacional se depreciaba irreversiblemente y la inflación se acentuaba, pasando a moverse a ritmos anuales que eran cada vez más alarmantes. El proceso de desestabilización nominal escapaba de las manos a las autoridades.

Representaba los tiempos en que el efectivo en manos del público y la banca presentaba una aguda escasez en su distribución, llegándose hasta el surgimiento de graves problemas de orden público, como los escenificados en escenarios en interior del país, el caso de Ciudad Bolívar. Incluso se daba la inusitada aparición de monedas informales con microcirculación local

Arribo a la segunda reconversión monetaria, 2018

De modo que, a la altura de agosto 2018, se hizo obligada, forzosa, la introducción de una segunda reconversión monetaria, mediante la cual se sustituía al cono monetario establecido en 2007, haciéndose una supresión adicional de cinco ceros al bolívar fuerte. De este modo, se ponía a disposición del público una nueva familia de billetes y monedas con nuevos diseños.

A partir de ese cambio, un bolívar soberano equivalía 100 mil bolívares fuertes.

No obstante, la vigencia de este nuevo cono monetario, introducido cuando ya había despegado la hiperinflación, anticipaba signos de una corta vida, que le harían entrar en un precoz estado de inoperancia, muy tempranamente, dando más fuerza al proceso de dolarización informal que se desarrollaba por iniciativa de la sociedad.

Dos hechos dieron motivo para que se acelerara el proceso de sustitución de la moneda nacional por la moneda extranjera:

En primer lugar, la elevada inflación previa, la de tres dígitos por año, que había escalado hasta los dos dígitos intermensual, hacia fines 2017, alcanzando así un estado de hiperinflación, que se prolonga todavía a comienzos 2021[16]  Véase la variación intermensual del IPC nacional (BCV, excepto 2020 octubre a diciembre)

 

 

 


 


 

 

 


Obviamente, la acentuación de la inflación deterioraba sostenidamente el nuevo cono monetario de un modo muy rápido y acentuado, dificultando el normal funcionamiento de las transacciones comerciales dentro de una economía monetaria que requería del uso de dinero efectivo en su propia moneda.

En segundo término, también lo coadyuvó, el levantamiento del control de cambios, claramente desde 2019, al suspenderse la vigencia de los ilícitos cambiarios, dictada desde 2010, y al autorizarse el funcionamiento de un mercado cambiario, de relativa libre oferta y demanda entre los particulares, a través de las mesas de cambio extranjero de los bancos y, además mediante la venta de euros en efectivo, también a través de los bancos, a partir del suministro que les hacía el banco central, en el llamado mercado de intervención.

Con dichas medidas se facilitaba el acceso del público a la moneda extranjera, en efectivo, y a su utilización en el mercado de bienes, desde donde ya se daba un efecto inequívoco de desplazamiento de la moneda de curso legal por el dólar americano, una especie de crowding out.

Toda esta situación dio naturalmente ímpetu a favor de una mayor frecuencia de operaciones dolarizadas dentro de la economía.

Meses antes, desde fines 2017, el gobierno había intentado, vanamente, la introducción de una presunta moneda criptográfica, el petro, que no pudo servir como un relevo sustitutivo, ni de la dolarización, ni de la moneda de curso legal.

Aunque se conservan aún las estructuras administrativas y normas que le dieron origen, ha quedado relegado a la de servir como una unidad de cuenta para la fijación del salario mínimo y, de modo puntual, para el pago de bonificaciones del gobierno a través del sistema de la patria, tal como lo fue en el caso del petroaguinaldo (2019).

La sociedad otorga primacía a la dolarización informal

De allí que en la competencia entre los tres sistemas monetarios paralelos ---el de curso legal, la dolarización informal y el petro---, la primacía la terminaba alcanzando la divisa estadounidense, ante la lenta extinción del sistema basado en el bolívar soberano y la tentativa fallida del petro.

Como cabía suponer dentro de toda esta deriva monetaria[17], el índice de monetización de la economía (M2/PIB) se reducía irreversiblemente, mientras que en su contenido la divisa estadounidense pasaba a ocupar un lugar cada vez más destacado.

De este modo, la dolarización informal llenaba, de más en más, los vacíos funcionales que iba dejando la moneda de curso legal.

No puede subestimarse que, desde hacía mucho tiempo, la moneda estadounidense había pasado a llenar la función como reserva de valor para los tenedores locales de riqueza financiera en el país.

En diversas ocasiones dichos tenedores fueron expatriando la mayor parte de esa riqueza hacia el extranjero, transformándose en haberes superiores a los de las reservas monetarias poseídas por el banco central, tal como consta en los registros llevados por el Banco Internacional de Pagos de Basilea.

Se correspondía con un proceso continuado de sustitución de moneda, con episodios de intensificación, asociados a alteraciones adversas que modificaban las expectativas del público, obrando en contra de la moneda nacional.

Los motivos fueron muy diversos: falta de oportunidades de inversión en el país debido a estrategias económicas equivocadas, la reiterada represión financiera que provocaba la descapitalización del ahorro financiero mantenido en la moneda nacional, las diversas conmociones políticas sucedidos en varios momentos, el traslado masivo de familias a hacer vida en el extranjero. También incluía el ocultamiento de toda una masa de dinero mal habido, antes y después de la juerga petrolera.

Como unidad de cuenta, la divisa norteamericana fue revelando ventajas frente a la moneda nacional, por la menor digitación implicada en la contabilidad de las transacciones económicas y, en los tiempos más recientes, hasta en la fijación de los precios en determinados establecimientos comerciales. Ahora se fijan, ya sin ningún recato, los precios de los bienes en la moneda americana.

Además de todo esto, el estado había incentivado la dolarización del ahorro financiero, desde 2002, cuando dispuso la equivocada medida de dolarización de la deuda pública interna, en la oportunidad en que se hizo el canje de una parte de esa deuda mantenida en la cartera de la banca y, posteriormente, cuando se procedieron a las masivas colocaciones de deuda pública en el mercado local, por la República y PDVSA, que entrañaron también dolarizaciones análogas que no eran de ningún modo aconsejables, máxime si se había adoptado una reconversión monetaria.

Todavía se recuerda que en algunas de estas operaciones hubo sospechas de se desarrollaba un enriquecimiento indebido al través del acceso a la información privilegiada y al manejo de los procesos destinados a la adquisición de la nueva deuda,, en mercado primario, y a su venta en mercado secundario, rentabilizando el beneficio que propiciaba un mercado cambiario que funcionaba con dos tipos de cambio separados por una brecha abismal.

Su valor como medio de pago cobraba aún más relieve en la medida que el cono monetario perdía su funcionalidad y, mucho más, al abrirse las transacciones en divisas de un modo más diáfano desde 2019. Ya, bastante antes, había servido para tasar el alquiler y compra- venta de bienes inmuebles, automóviles.

En cualquier caso, la divisa norteamericana se beneficiaba de la mayor estabilidad que regía en su valor, vis a vis, el de la moneda nacional, cuya pérdida de valor era sostenida.

Encuestas realizadas en el sector comercial habían determinado, ya para mediados 2020[18], que las operaciones de compra de alimentos, bienes semidurables, línea blanca y otros, habían alcanzado a más del 60% del movimiento transaccional, porcentaje que debe haberse desbordado, de un modo más intenso, hacia fines 2020, comienzos 2021.

Piénsese en el cambio, cuali y cuantitativo, implicado por la dolarización parcial de la venta de gasolina (mayo, 2020), una ruptura frontal al tabú populista mantenido durante décadas en contra del interés nacional.

Poca contextura institucional

tendría que admitirse que la dolarización adelantada se ha tratado de un proceso sin reglas formales, lo que ha entrañado mermas para con la gran mayoría de la sociedad, ya que ha adquirido la peor de sus formas: informal, tortuosa, rudimentaria, ineficiente, proclive a provocar aumento de los costes transaccionales, lo que obra en perjuicio de los consumidores, a parte de los cuales se les relega y excluye socialmente, la población que no accede a las divisas, principalmente el sector de los asalariados, pensionados, además de los no digitalizados, ni bancarizados.

Un verdadero descalabro socioeconómico que se ha conducido sin que se repare tampoco en sus limitaciones técnicas: 

Carencia de un cono monetario completo y balanceado, adecuado a la composición de la demanda de dinero

Ausencia de disponibilidad de moneda fraccionaria, ni de suficientes billetes de baja denominación (Bs. 1. 5, 10), lo que origina procesos de fijación de precios que cabalgan a valores que eluden el uso de dichos billetes, dándose pie a engorrosas formas de pagos debidas a las diferencias entre el valor del producto adquirido y el billete disponible, con atascamientos, colas, pérdida de tiempo

Implica, por tanto, un escalamiento implícito del nivel de precios de los bienes transados en USD, lo que incide en el diferencial desfavorable respecto de los precios de productos análogos en países con intercambio comercial o que son próximos a Venezuela. No llega a cumplirse, ni remotamente, la ley de un solo precio, para el caso de los bienes comerciables internacionalmente

Como consecuencia de estas anomalías van surgiendo nuevos mercados espurios: el de la compra de efectivo, de baja denominación, (se entrega un billete de USD 20 y se reciben 17 billetes de un USD), el de la compra- venta de efectivo con cobro de comisiones, del 3% o más, sobre el valor transado.

No se respeta la paridad internacional entre el dólar y otras monedas extranjeras, muchas veces el billete de un euro se cotiza a la par del billete de un dólar, generando rentas injustificadas

La masa de billetes que circula va perdiendo calidad en la medida que no hay un canje oportuno por billetes nuevos, los que presentan algún deterioro menor no son aceptados.

El dinero que circula no siempre es de buen origen, se hace susceptible a la introducción de papel moneda falsificada, carente de cualquier tipo de supervisión

El sistema monetario dolarizado carece de una institución de cierre, el banco central, ya que por tratarse de una dolarización informal no existen acuerdos del banco central local con la FED de Estados Unidos

Se adolece, por tanto, de mecanismos que permitan la creación secundaria de dinero, de tal modo que solo funciona como un movimiento de base monetaria en divisas, que se intercambian entre el público, en todo caso, de una dimensión desconocida. De hecho, la cohabitación de dos sistemas monetarios determina que la base monetaria, la mixta del bolívar y el USD, adquiera un formato heterogéneo que dificulta, mucho más, el esclarecimiento del marco en que debe desenvolverse la política monetaria.[19]

Arquitectura de la trama institucional de la dolarización

Se alimenta de unas fuentes de divisas que tienen un variado origen, algunas formales, otras de un origen opaco, incierta, y presumiblemente hasta ilícito.

 

Entre dichas modalidades destacan: el valor de retorno de la exportación no petrolera, las pensiones pagadas a extranjeros por sistemas de seguridad social del  extranjero, gastos legaciones diplomáticas y organismos internacionales, remesas enviadas por emigrantes venezolanos a familias residentes en el país, debito neto de cuentas en moneda extranjera, operaciones como las de minería ilegal, presuntamente el lavado de dinero.

 

Dichos movimientos de cambio extranjero se conducen generalmente por vía de los mercados cambiarios domésticos:

 

El informal, no controlado por el estado, y cuya vigencia se ha extendido desde su aparición, tras la instalación del control de cambios, en 2003, hasta 2021

 

En su largo recorrido ha tenido diferentes denominaciones: mercado permuta, con intervención de títulos valores en moneda extranjera, hasta mediados 2010, cuando paso a denominarse ya como mercado negro, tras su prohibición por la Ley de Ilícitos Cambiarios. En los últimos tiempos, desde 2019, cuando se levanta ese supuesto penal, dicho mercado se le puede conocer como paralelo o también informal, cuyas cotizaciones se reflejan en varios portales o también en operaciones realizadas en la frontera con Colombia (Cúcuta)

 

El mercado formal se configura a través del funcionamiento de las mesas de cambio de los bancos, autorizadas desde 2019, de cuyas transacciones se determina un precio promedio que luego sirve al BCV para la determinación del tipo de cambio oficial, aquél que se contrapone al surgido del mercado informal y que sirve de referencia oficial al sistema de precios locales, una vez que se traducen a la moneda nacional

 

El BCV interviene como oferente en el mercado formal, mediante el mercado de intervención con venta en efectivo, inicialmente de euros.

 

Para un discernimiento adicional al tema pueden verse algunas aproximaciones contables recogidas en el ANEXO

 

A ese respecto se puede anotar que la banca local interviene, en sus operaciones con el público (personas naturales y jurídicas), nutriéndose de los movimientos que se originan en las antes dichas modalidades.

 

La porción formal del movimiento de las disponibilidades del público debe desembocar en las cuentas de ME en los bancos locales y el efectivo en custodia del sector comercial (en su mayor parte se traslada a la custodia de los bancos), además de una porción que queda en manos de los particulares (cajas fuertes, colchones).

 

La banca local ofrece al público tres servicios básicos: el de apertura y movimiento de cuentas en ME, la compraventa de divisas y la custodia de efectivo en ME, para lo cual sus clientes deben disponer de dos cuentas, una en moneda extranjera, para el movimiento de las divisas (efectivo, transferencias) y, otra, en moneda nacional (MN), con lo cual se hacen las liquidaciones asociadas a la compra-venta de divisas.

 

Los bancos abren cuentas al público en moneda extranjera (cuenta 20, otras), en las cuales las personas hacen sus depósitos, en efectivo, pudiendo solo hacer retiros en efectivo y transferencias a clientes, solo que sean clientes del mismo banco, y que posean la misma modalidad de cuentas. Los bancos están ahora muy pendientes para extender los servicios de domiciliación y de pagos digitalizados con tarjetas. Esto último sería el avance que se daría de ser aprobada la digitalización del efectivo en moneda extranjera.

 

Dichas cuentas tendrían una mayor movilidad, ya que podrían hacerse transferencias a clientes de otros bancos, con lo cual se extendería el ámbito de extensión de la dolarización dentro del sistema bancario, reduciéndose así el papel de la MN.

 

Dichas cuentas representan el enlace mediante el cual  se hace posible la participación del público en las operaciones de cambio extranjero, permitidas a la banca, a través de las mesas de cambio.

 

Dicho mercado cambiario se suele organizar en dos segmentos principales: operaciones de bajo valor (menudeo), con participación de personas naturales y operaciones de valor superior, para personas jurídicas y naturales.

 

La compra- venta de ME, da origen entonces a variaciones en los saldos de las cuentas del público, en ME y MN, así como a la obtención de efectivo por el público.

 

El rendimiento para los bancos cabría asociarlo a las comisiones cobradas sobre las cuentas en ME (apertura, mantenimiento, saldo mínimo, movimientos, transferencias) y sobre las operaciones cambiarias, que se rigen por tarifarios establecidos por el BCV, con diferenciales según sean en efectivo o mediante transferencia.

 

La virtual renuncia al sistema monetario de curso legal

Una valoración de conjunto sobre la materia que aquí se interpreta, nos llevaría a pensar que la política pública ha tomado una tonalidad oportunista, inclinándose quizás a una actuación que se asemejaría a la de un free rider, aprovechándose de esa dolarización maltrecha, pero sin ofrecer mucho a cambio, ni siquiera asomándose a favor de la idea de una reforma monetaria genuina. Pareciera que se prefiere la sobrevivencia dentro de la agonía lenta del bolívar soberano,  favoreciéndose de una dolarización que le sirva para mantener su ficción.

De allí que se haya dado más bien a la tarea de írselas ingeniándoselas con medidas puntuales no siempre bien meditadas, parches sucesivos, mediante algunas disposiciones oficiales que entrañan una aceptación más bien recelada, encubierta, de la dolarización.

Entre esas medidas destacarían

La obligación impuesta a la banca en cuanto al otorgamiento de créditos bancarios, indexados por la variación del tipo de cambio oficial, utilizándose un índice espejo del BCV para la valoración correspondiente. Dicha disposición se aplica en un contexto en el que prevalece un reducido espacio para la expansión del crédito, debido al descomunal dimensión alcanzada por el encaje legal, 93% de los depósitos, en los últimos meses[20]

Cobro de multas a la banca, por incumplimiento del encaje legal, sustentadas también en dicho índice, generando valores sorprendentemente altos que comprometerían la situación patrimonial de ese sector. A mayor depreciación de la MN, mayor dimensión de las multas, tal como ha sido indicado por la ABV

Dolarización progresiva de los precios oficiales (vg gasolina), así como de las tasas y tarifas públicas (vg trámites de pasaportes)

Asistimos, entonces, a una extinción paulatina del sistema de curso legal y a la aceptación de una dolarización ineficiente, a la cual parecen adherirse las autoridades.

Se busca quizás desdibujar algunas de las debilidades que se originan de la política económica vigente, entre ellas, la de una hiperinflación rebelde, o la de una caída sostenida de reservas internacionales.

De allí que se haya anunciado, como un gran suceso, la inminente aplicación de medidas adicionales, tales como las del movimiento de operaciones monetarias del público con la banca, en ME, sin el corsé que les sujeta a su vigencia dentro del mismo banco. De este modo podrían emitirse tarjetas de débito con las que el público podría sustituir el uso de moneda nacional, en efectivo, por divisas digitalizadas, asociadas a esas cuentas dolarizadas.

Desaparecería el papel moneda y se entraría, al mundo del digital moneda o moneda digital.

Así, de seguro, continuaría la desaparición del dinero efectivo y con ello la del cono monetario.

En el mismo sentido, el gobierno buscaría quitarse de encima el peso que se le impone con el descrédito originado por la lenta agonía del sistema monetario formal, sin necesidad de que sea vea forzado a buscar su reemplazo mediante una nueva reconversión monetaria, para la cual no se encuentra ahora capacitado.

Como bien se sabe, el gobierno no parece disponer de los fondos que se harían necesarios para una nueva compra masiva de papel moneda, como sí lo tuvo en las oportunidades anteriores, además de que no se justificaría hacerlo en un contexto en el cual prevale una hiperinflación que no ha sido abatida.

Piensan las autoridades, además, que los pagos asociados a transacciones de bajo valor (por ejemplo, transporte de pasajeros), bien podrían ser atendidos mediante medios de pago complementarios. En su Mensaje Anual rendido por ante la AN, el presidente ha prometido que vamos a facilitar el uso de pagos en moneda nacional para el transporte público y para todos los comercios, a través de sistemas de pago que no necesiten conexión en línea, denominados V-ticket y V-POS.

En ese contexto, quizás se mantendrían las formas gubernamentales de pagos digitalizados que no obedecen a una recurrencia sistemática, tales como bonificaciones ad hoc, a trabajadores y/o jubilados, se seguirían conduciendo por vía el Sistema de la Patria, de la billetera digital, utilizando al petro como unidad de cuenta y/o incluso como un medio de pagos, si se hiciere posible.

El énfasis a favor de una mayor digitalización, si bien podría ser aceptable como desiderátum de una estrategia orientada a la instalación de un nuevo sistema monetario, atraviesa ahora por no pocas dificultades, ya que no toda la población dispone de teléfonos inteligentes, ni está bancarizada, ni pertenece al sistema de la patria, además de los cual se constata que las plataformas de pagos digitales pueden verse comprometidas debido a las fallas logísticas que le acompañan, tales como las deficiencias en las comunicaciones, máxime en un contexto en el que habría una mayor demanda de servicios por esa vía..

En todo caso, de alcanzarse la maduración de la ansiada digitalización oficial se tendría un sistema monetario y de pagos en el que

Desaparecería el efectivo en moneda nacional y con ello el cono monetario

Continuaría el uso de efectivo en divisas, principalmente USD, con un cono monetario incompleto

Se ampliaría el uso de efectivo digitalizado mediante el empleo de tarjetas de débito. 

No desaparecerían las otras modalidades de pagos manejadas de modo autónomo por la sociedad, tales como los pagos mediante tarjetas débito/crédito internacional, uso del sistema ZELLE, así como el empleo de plataformas digitales de pagos (PAYPAL, AIR TM, PYOONER, TRANSFORWISE)

De tal modo que la dolarización informal seguiría sirviendo de burladero para neutralizar las limitaciones que se van presentando con la lenta agonía del sistema monetario, entre ellas la de trascender a la aplicación de una nueva reconversión monetaria. Las autoridades parecen sentirse en una posición más cómoda respecto a la de aceptar, ahora, una dolarización formal para todo el universo de transacciones.

De allí que en su retórica reciente se fustigue también a las modalidades de dolarización como las adoptadas en Ecuador y Panamá, que son visiblemente superiores a la adelantada en Venezuela.

Aun así, no podría ignorarse que la Constitución vigente (1999) estatuye, en su artículo 318, que:() La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República.

Dicha disposición dejaría fuera la opción que abriese el camino para la adopción formal del dólar estadounidense como unidad monetaria.

Siendo así, solo quedaría abierta la posibilidad de acometer una modificación en la normativa constitucional, mediante la aprobación de una enmienda expresa al artículo 318, abriéndose a la iniciativa de un referéndum aprobatorio, que estaría destinado a darle entrada a una dolarización formal.

¿Habría otras opciones habría sobre la mesa?

Podrían admitirse ahora tres posibles caminos:

Primero, el camino del más de lo mismo, es decir, la de seguir con el maltrecho sistema bimonetario actual, buscando mantener la apariencia de un estado que todavía preserva la vigencia digitalizada de su sistema monetario, aprovechándose, a la vez, de la dolarización informal en cuanto esta lo permita

Segundo, la apertura del juego en favor de una dolarización formal, relativamente encubierta, vía el establecimiento de una caja de conversión (currency board).

Implicaría una reforma monetaria, con una nueva unidad monetaria atada a una paridad fija con la moneda extranjera que se tome como referencia, además de una nueva emisión de papel moneda para dotar a la economía de un nuevo cono monetario, que bien podría combinarse con formas de digitalización.

Como se sabe, dicha modalidad ha presentado sus ventajas y desventajas, asunto que no es ahora el caso de comentar [21]

Tercero, la adopción de un plan de estabilización, acompañado de una reforma monetaria, con una nueva unidad monetaria y disposiciones para acometer un régimen de transición, con vistas al desmontaje de las prácticas y cultura que se originan desde una economía ya atrapada en una mezcla tóxica de hiperinflación y dolarización.[22]

Este hipotético plan de estabilización debería formar parte de una estrategia, aún más amplia, que incluya, además del funcionamiento económico ordinario del gobierno, la incorporación de una estructura organizativa ad hoc, complementaria, relativamente autónoma, que le permita abordar tareas que rebasan las rutinas administrativas ordinarias, entre ellas:

La atención de la crisis humanitaria que afecta a los venezolanos, dentro y fuera del país, agravada por los efectos de la pandemia del COVIC  19

Un apuntalamiento seguro de la balanza de pagos que haga sustentable al nuevo tipo de cambio, lo que exigiría un cuantioso financiamiento multilateral y una contrapartida administrativa que responda por el repago de esa eventual nueva deuda

El adelantamiento de un programa de reformas del estado, centrado en las modificaciones de fondo a su propio alcance y funcionamiento, lo que exigiría una estructura mixta, quizás con participación internacional de alto nivel

Se entiende que tales propósitos, aunque razonables, exigirían cambios institucionales y mentales, que no parecen figurar en la agenda del país.

La trampa macroeconómica trasciende

En cualquier caso, tendría que entenderse que el actual formato de dolarización informal, aun con los parches aplicados, no provee de soluciones a los dos problemas de fondo a los que se enfrentan las autoridades, a saber, los de la superación de la aguda restricción financiera externa y la supresión del déficit fiscal estructural que induce a la hiperinflación.

En lo que hace a la situación del sector externo, el estatus actual, incluyendo las modificaciones anunciadas, no permitiría que pueda generarse, por sí sola, una corriente adicional de divisas., tal como se aspiraría.

El manejo defectuoso del efectivo y la transferencia de divisas, simplemente pasaría a trasvasarse, en parte, a la modalidad de movimiento de efectivo digitalizado. Pero esto no determinaría un añadido neto de nuevas divisas. 

El aumento significativo de las divisas solo puede originarse de un hecho nuevo que provenga de la economía real, la expansión de su actual capacidad de producción y exportación de bienes y servicios, tal vez apuntalado por un préstamo de apoyo a la balanza de pagos.

Ese propósito no está planteado en estos momentos.

De hecho, la Ley Antibloqueo, que se ha presentado como la herramienta dura que recobraría el flujo de divisas, solo establece la posibilidad de enajenación de la propiedad pública, lo que no resolvería cabalmente el déficit de flujos fiscales. Se trata de un cambio de propiedad, pero no de la creación de nueva capacidad productiva.

Tal vez, una dolarización formal, de jure, sería una mejor señal a los mercados, en el sentido de que mostraría los esfuerzos que se estarían haciendo  a favor de la restitución de la disciplina de estabilidad nominal y  remonetización de la economía, lo que podría atraer fondos al país, sea por el canal financiero, eliminando la represión financiera, sea por el canal de la inversión directa.

En cuanto al balance fiscal, la actual dolarización informal, por sí sola, no resuelve el problema del déficit fiscal estructural.

Aunque la dolarización de los ingresos fiscales provee un poder de compra adicional al gobierno, en moneda extranjera ---tributos, tarifas y precios públicos, dolarizados---, no puede suplir, ni cercanamente, el tamaño del gasto público y, mucho menos, el de su posible ampliación.

En 2020, alrededor del 20% de ese gasto se hizo con ingresos recaudados por el SENIAT, una porción menor correspondió a la regalía petrolera, en tanto que la mayor parte provino, al parecer, de la emisión de base monetaria por el banco central.

No hay forma de hacer una sustitución de esa base monetaria, en moneda nacional, a la que accede ahora fácilmente el gobierno y PDVSA, mediante el crédito continuado del banco central, por una base monetaria semejante, pero en moneda extranjera. Al menos, estono se ve como una posibilidad cierta de corto plazo.

El BCV no emite, ni crea divisas, su función consiste en transformar las divisas obtenidas por petróleo o alguna otra fuente, en base monetaria denominada en bolívares soberanos. Hasta allí puede llegar.

Puesto que la emisión de dinero al descubierto seguiría planteada, para financiar el déficit público, la economía no podría reponerse de la perturbación que causa la persistencia hiperinflacionaria.

El mercado monetario seguiría en desequilibrio, puesto que se mantendría el estatus de un exceso de dinero, aunado a un aumento de la velocidad de circulación, en contraste con una demanda deseada de dinero, en moneda nacional, que seguiría siendo declinante.[23]

No hay malabarismo posible que pueda modificar esa dura realidad.

Nuevamente, puede reiterarse que, solo mediante un fortalecimiento genuino de la capacidad productiva y exportadora del país, que haga posible la recuperación de la base imponible, en moneda extranjera, si el camino fuere la dolarización, haría posible ir trascendiendo el nocivo desequilibrio fiscal estructural actual que comprime el nivel de vida de los venezolanos, abriéndose las puertas para retornar a una economía con estabilidad nominal.

Requiere de un inmenso esfuerzo institucional que no se quiere admitir y mucho menos asumir.

 

 

ANEXO

En lo que sigue se describen, de un modo muy esquemático, las principales fuentes de fondos en divisas de la dolarización, correspondientes al sector privado, mediante una lectura en la que se busca encontrar los nexos que unen a la balanza internacional de pagos con la balanza cambiaria, es decir, donde se desarrolla la trama del mercado cambiario local

 

Como se dijo, los registros principales se corresponderían con

  • Exportación no petrolera (bienes y servicios) y su valor retornado
  • Importación no petrolera (bienes y servicios)
  • Pago de pensionados provenientes de sistemas foráneos
  • Gastos legaciones diplomáticas y organismos internacionales
  • Remesas enviadas por emigrantes venezolanos a familias
  • Movimiento de cuentas en moneda extranjera
  • Operaciones de origen opaco, entre ellas, minería ilegal, formas de lavado de dinero

 

Un primer registro correspondería al de la exportación no petrolera y su valor retornado, pues no todo el valor de lo que se exporta llega al mercado cambiario local

 

A fin de completar la información que permitiría delinear el saldo comercial, se anota también el valor de las importaciones de bienes y servicios, excluyendo las del sector público, aproximándose así a una presentación de la forma como se financiaría el déficit

 

Dicho saldo comercial había sido deficitario para toda la época petrolera, financiándose con el superávit comercial petrolero.

 

No obstante, el acentuado descenso de la exportación petrolera lleva a que esto no se sea posible, lo que ha determinado el surgimiento de formas nuevas para su financiamiento, ideadas por la sociedad, tal como se presenta en la descripción esquemática siguiente.

 

 

 

 

Balanza internacional de pagos

Balanza cambiaria

(saldos que van al mercado cambiario local)

 

 

Formas de movilización

de los fondos en ME

 

Cuenta corriente

 

Cuenta financiera

 

valor total de la exportación no petrolera

(100%)

[24]

 

una parte del valor de la exportación no retorna (un % del total), equivale a una salida de capital,

  (puede mantenerse como activo financiero y/o aplicarse a importaciones del propio sector exportador)

 

 

la otra parte del valor de la exportación sí retorna

(% B del total)

 

representa un aumento de reservas internacionales en manos del público

 

mercado de mesas de cambio de bancos, mediante

ventas de divisas

a cambio de MN y/o, también, podría ir a cuentas en ME, vía mercado cambiario local

 

hay prohibición de operaciones en mercado informal

 

valor total de la importación, excluye petrolera[25]

 

representa una entrada de capital

(parte A)

 

representa una disminución de reservas internacionales, en manos del público,

(parte B)

 

 

 

 

parte A),

cubierta con

débitos a cuentas en ME, en el exterior

 

parte B) ,

cubierta con

compra de divisas en mercado de mesas de cambio de bancos, debitando cuentas en MN

 

puede haber operaciones en mercado cambiario informal

 

Uso de plataformas digitales de pagos

PAYPAL, AIR TM, PYOONER, TRANSFORWISE

 

Se consideran también los ingresos de divisas asociados al pago de pensiones desde sistemas del extranjero, gastos locales de legaciones diplomáticas y organismos internacionales, entre otros

 

 

Balanza internacional de pagos

Balanza cambiaria

(saldos que van al mercado cambiario local)

Formas de movilización de los fondos en ME

cuenta corriente

 

pago de pensionados provenientes de sistemas de seguridad social foráneos

 

gastos legaciones diplomáticas y de organismos internacionales

 

representa un aumento de reservas internacionales en manos del público

 

movimiento en cuentas en ME, en bancos locales

 

Le siguen, las remesas de inmigrantes recibidas por familias en Venezuela, que presenta una estructura semejante al grupo anterior, pero que se destaca aparte porque constituye un rubro de mayor significación[26]

Balanza internacional de pagos

Balanza cambiaria

(saldos que van al mercado cambiario local)

Formas de movilización de los fondos en ME

cuenta corriente

 

 remesas enviadas por emigrantes venezolanos a familias residentes en el país

 

 

representa un aumento de reservas internacionales en manos del público

 

movimiento en cuentas en ME, en bancos locales

 

Movimiento de cuentas en ME, en el exterior, destinadas a diversos fines, tales como pagos en moneda nacional de empresas extranjeras, sin liquidez suficiente en MN, cobertura de capital de trabajo, movilización de fondos para nuevas inversiones.

Incluye, también, toda la variedad de necesidades de las familias destinadas a la cobertura de su presupuesto dentro de una economía dolarizada.

 

 

 

 

Balanza internacional de pagos

Balanza cambiaria

(saldos que van al mercado cambiario local)

 

 

Formas de movilización

de los fondos en ME

 

 

Cuenta financiera

 

 

Débito

sobre cuentas en ME

 

 

 

Representa un aumento de reservas internacionales en manos del público, en la parte que llega al país

 

Ventas netas en mercado cambiario local

Formal, mesas de cambio banca

 

Transferencias entre cuentas en ME (dotadas o no de modalidad ZELLE)

 

Uso de plataformas digitales de pagos,

 PAYPAL, AIR TM, PYONEER, TRANSFORWISE

 

Informal

ventas netas entre personas naturales y jurídicas que no pasan por la banca local

 

 

Para no ignorarlas, debe mencionarse también el ámbito de operaciones opacas, de más difícil identificación, que posiblemente no discurren por el mercado cambiario formal, dado su origen ilícito, vinculado o no al lavado de dinero, penalizado por la normativa relativa a la legitimación de capitales.

 

Balanza internacional de pagos

Balanza cambiaria

(saldos que van al mercado cambiario local)

 

 

Formas de movilización

de los fondos en ME

 

Cuenta corriente

 

Cuenta financiera

 

ingresos asociados a exportaciones no controladas (minería ilegal, contrabando de extracción)

 

márgenes de intermediación comercial en operaciones no identificadas

 

un porcentaje de la exportación representaría valor retornado

 

 representaría un aumento de reservas internacionales en manos del público

 

Se canalizaría vía mercado informal

 

 

 

 



[1] Enero, 24, 2021, papel de trabajo, susceptible de rectificaciones y enmiendas

[2] Profesor de la Maestría en Economía Internacional, Cátedra de Relaciones Económicas Internacionales de Venezuela

[3] Con anterioridad al bolívar  habían circulado monedas nacionales como el peso venezolano, el venezolano, en concurrencia con monedas extranjeras, ya dentro del estatus de la independencia

[4] Venezuela, Venezolano de Crédito, Mercantil y Agrícola, Maracaibo, Comercial de Maracaibo, Caracas

 

[6] Acaso solo quepa establecer la excepción de 1960- 64, cuando aconteció la primera crisis de balanza de pagos de la época petrolera

[7] En ese mismo año, en escrito también publicado por METROECONÓMICA (Informe Mensual), hice énfasis en la necesidad de acompañar la reconversión con un programa que se orientara a la estabilización nominal 

[9] ALESINA, A & SUMMERS, L. “Central Bank independence and macroeconomic performance: Some international evidence”. USA. Journal of money, Credit, and banking. Vol. 25. 1993.

[10] Véase Herman Max,” Las bases teóricas de la política monetaria”, editada por el Ministerio de Fomento en septiembre, 1939

[11] Una prolija y documentada explicación de este proceso puede verse en “Colapso, la crisis bancaria de 1994”, Ruth Krivoy, coeditado por CAF, Group of Thirty y IESA

[12] Véase el trabajo de Anabella Abadi, “15 años de violaciones a la autonomía del BCV” (2019), en Transparencia Venezuela, website transparencia.org.

 Años antes, en un escrito nuestro,” Anotaciones sobre la nueva Ley del Banco Central de Venezuela”, publicado en ”Ensayos sobre la economía venezolana” , editado por METROECONÓMICA (2003), sostuvimos que, si bien  se apuntaba en esa Ley hacia el objetivo de la estabilidad de precios, como propósito capital de la banca central, se resaltaba también que, desde entonces,  se veía “ciertamente contrariado y desnaturalizado, a través del desarrollo de varios contenidos importantes de la nueva Ley”, la de 2001.

[13] Estimaciones sobre el monto de los desembolsos acumulados de reservas internacionales del BCV llevadas al FONDEN alcanzarían a unos USD 50 mil millones, al año 2016 

[15] Desde 2009, se había reformado la Ley del BCV con vistas a hacer posible el financiamiento directo a PDVSA, ilimitado y sin plazos

[16] Marcos Morales Q, en un escrito divulgado por CONINDUSTRIA, diciembre 2017, sostenía que “De continuar la actual administración de la gestión macroeconómica de Venezuela, de persistir en las políticas fiscales y monetarias vigentes, de ratificar las tendencias del financiamiento monetario explosivo del déficit fiscal, se debe esperar que la hiperinflación estalle en Venezuela este mismo año 2018”.

[17] Véase, a este respecto, nuestro escrito “La deriva monetaria”, elaborado en marzo, 2020, con distribución limitada

[18] ECONOANALITICA, estimaba 64% para julio, 2020

[19] En esta consideración se hace caso omiso del sistema monetario que estaría asociado al PETRO, así como del que se forma alrededor del uso de criptomonedas

[20] Para el momento en que ya se terminaba este escrito se supo de la decisión de reducir el encaje legal, fijado por el BCV ,al 85%, aliviándose transitoriamente la asfixia  que viene pesando sobre el sistema bancario de depósitos

[21]  Véase, para el caso argentino, el estupendo escrito de Miguel Ignacio Purroy “Costos y beneficios de la rigidez cambiaria: La Junta Monetaria Argentina”, Cuadernos BCV, N° 7

[22] Hasta  planes de estabilización exitosos han dado cuenta de muchas dificultades posteriores a su maduración, en el sentido de que se hace difícil la total erradicación de prácticas de dolarización, tal como ha sido observado en países como Bolivia, Perú. Dicho proceso parece quedar  impreso en el ADN de las economías afectadas

  

[25] En la contabilidad de la balanza internacional de pagos, como egreso, representa un débito

[26] Ahora afectado por los efectos de la pandemia del COVIC 19, tómese en cuenta que muchos emigrantes trabajan en sectores marginales de las economías que le son receptoras, lo que merma ese flujo

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