domingo, 30 de octubre de 2016

Tratado Canadá Union Europea

Tomado de www.bbc.com


Canadá y la Unión Europea firman un demorado tratado de libre comercio


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Primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk,y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en Bruselas.Image copyrightAFP/GETTY IMAGES
Image captionEl primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que el acuerdo comercial es "una buena noticia para la clase media de Canadá".
La Unión Europea y Canadá firmaron un acuerdo comercial, después de semanas de incertidumbre debido a la oposición en Bélgica.
El acuerdo fue firmado en Bruselas el domingo por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y altos funcionarios de la UE.
El acto de la firma inicialmente estaba previsto para el jueves pero fue canceladaluego de que la región de Valonia, en Bélgica vetó el acuerdo.
Los 28 estados de la UE aprobaron el acuerdo el viernes cuando se alcanzó el consenso.
Protestas en Bruselas en contra del acuerdo CetaImage copyrightAFP
Image captionHubo protestas a lo largo de las conversaciones comerciales.

¿Qué es el Ceta?

El Acuerdo Económico y Comercial Global, conocido como Ceta, exige que todos los estados miembros de la UE lo respalden.
Elimina el 99% de los aranceles y las autoridades esperan que se genere un aumento en el comercio por valor de US$12 mil millones por año.
El acuerdo debía ser firmado a las 11:00 hora local (10:00 GMT), pero fue pospuesto después de que el avión de Trudeau tuviese que regresar al aeropuerto de Ottawa al experimentar "problemas mecánicos", poco después del despegue.
Después de que finalmente el entendimiento se sellara varias horas más tarde, Trudeau dijo: "Los canadienses y los europeos comparten la idea de que para que el crecimiento económico sea real y significativo, tenemos que crear más empleos buenos y bien pagados para nuestros ciudadanos.
"Acuerdos comerciales como el firmado hoy harán exactamente eso", añadió.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que este es "un nuevo capítulo" en las relaciones entre la UE y Canadá, que abriría nuevas oportunidades para "más de la mitad de las mil millones de personas en ambos lados del Atlántico".
Personas caminan delante de una pancarta de protesta colgada cerca del Parlamento de Valonia.Image copyrightAFP
Image captionLa discusión en el parlamento de Valonia, Bélgica, hizo peligrar las prolongadas negociaciones para alcanzar el acuerdo.

Amor en el aire ... y ¿lecciones para el Brexit? Por Damian Grammaticas, corresponsal de la BBC en Europa

Justin Trudeau tenía hoy una sonrisa de felicidad en su rostro. ¿Alivio? ¿Deleite? Un poco de ambos.
Un apretón de manos del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en representación de 28 estados miembros de la UE, vino con un abrazo, y del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con un beso en ambas mejillas.
El amor estaba en el aire entre la UE y Canadá después de unos días más que complicados.
Canadá cuenta ahora con una nueva apertura económica a 500 millones de europeos. La UE cree que esto demuestra que el bloque puede hacer pactos comerciales grandes que son buenos para sus ciudadanos.
¿Lecciones para Brexit? Jean-Claude Juncker, dijo que no creía que sea así.
Sin embargo, hay algunas observaciones para hacer. El Ceta se alcanzó gracias a la buena voluntad de todas las partes. Pero se necesitaron siete años.
El Ceta se trata de la eliminación de las barreras comerciales. El Brexit puede discutir que barreras mantendrá.
Si el Reino Unido limita el movimiento de las personas, ¿la UE tratará de hacer lo mismo? ¿Y qué otras trabas puedan surgir?
¿Los partidos políticos y líderes de toda Europa seguirán los pasos de Valonia sobre la negociación sobre Brexit?

El canciller belga, Didier Reynders firma el acuerdo belga sobre Ceta en presencia de la comisario europea de Comercio, Cecilia Malmstrom.Image copyrightEPA
Image captionFinalmente, Bélgica firmó el acuerdo el sábado.
Siete años de negociaciones quedaron pendiendo de un hilo luego de que la región de habla francesa de Bélgica, Valonia, exigiera mayores garantías en las normas laborales, medioambientales y para los consumidores.
También demandó una mayor protección para los agricultores que se enfrentarán a la nueva competencia de las importaciones canadienses.
El jueves, el primer ministro belga, Charles Michel, dijo que después de maratónicas negociaciones habían acordado un anexo al acuerdo en el que se abordan preocupaciones regionales.
El primer ministro Robert Fico, de Eslovaquia, que actualmente ocupa la presidencia de la UE, dijo que la aprobación final del acuerdo era "un hito en la política comercial de la UE".

El acuerdo CETA en números

98%
El número de aranceles que serían eliminados entre la Unión Europea y Canadá.
US$540 millones
El ahorro estimado en pagos de impuestos para los exportadores de la Unión Europea
  • 3.5 millones La población de Valonia.
  • 36.3 millones La población de Canadá
  • 508 millones La población de la Unión Europea.
Getty Images
Las complicaciones sobre el acuerdo Ceta habían planteado nuevas preocupaciones sobre futuras negociaciones del Reino Unido con la UE sobre un entendimiento comercial en el marco del Brexit.
Tusk había advertido que los retrasos y disputas estaban dañando aún más la credibilidad de la UE tras el voto del Reino Unido de abandonar el bloque.

sábado, 29 de octubre de 2016

Trade and Water

Tomado de;
Trade and Water: How Might Trade Policy Contribute to Sustainable Water Management? October 2016 | Environment Mike Muller Christophe Bellmann 
ICTSD Issue Paper

EXECUTIVE SUMMARY

Water is at the centre of economic and social development: it is vital in order to maintain health, grow food, generate energy and create jobs while sustaining the natural environment. A wide variety of economic, social and environmental services are derived from water resources, ranging from water supply and hydropower generation to navigation and recreation. Many of these services may be provided concurrently from the same resource. Water resources are also an integral part of the natural environment, supporting a wide range of biodiversity as well as underpinning the agriculture which provides the world’s food. Finally, natural water courses provide a range of “environmental services” such as water purification, flow regulation and flood mitigation as well as yielding food and building materials. Water security is therefore an integral part of the achievement of the United Nations 2030 Sustainable Development Agenda (UN 2015), including several Sustainable Development Goals (SDGs).

This paper identifies some of the key intersections between trade policy and water management, in areas such as agriculture, hydropower generation, water services and wastewater management. From a trade policy perspective, the main immediate concern is to ensure that international trade rules and disciplines do not unduly affect countries’ ability to manage their water resources sustainably and according to their respective social preferences. While the local nature of water systems and the diversity of water management objectives is not conducive to the application of trade instruments to enforce a prescriptive, one-size-fits-all approach to water management, there is also a range of areas in which trade policy could support the sustainable management of water and related SDG objectives.

The peculiarities of water as renewable natural resource
It is often believed that water is a scarce natural resource and that the world’s reserves are “shrinking fast”, “posing a serious threat to public health, political stability and the environment” (WTO 2010). A more nuanced perspective recognises that the world’s stock of water is effectively constant. Overall, there is no shortage of freshwater at the global level and water is not considered to be one of the natural resources whose overuse is exceeding “planetary boundaries” (Rockström et al. 2009). While at more local levels, water use has clearly reached the physical limits of the available resource, water availability is more often limited by its quality, variability, location, economic constraints and social preferences.

Water from diverse sources supports many different mixes of human activity. As a result, the objectives of water management vary substantially between jurisdictions. These specificities make it difficult to define global prescriptions for water management let alone to determine whether water is being sustainably managed at any particular point in time and space. Given this reality, other approaches have focused on the notion of “water security” defined as “the availability of an acceptable quantity and quality of water for health, livelihoods, ecosystems and production, coupled with an acceptable level of water-related risks to people, environments and economies” (Grey and Sadoff 2007) as the overarching objective of sustainable management.

In a similar vein, the simple specification of water challenges as one of scarcity with the response prescribed as correct pricing only deals with part of the problem. While “getting the price of water right” has resonance for economic policy makers, it is only one of a range of interventions that can be used to achieve sustainable water management. Water cannot simply be treated as an economic good and this has implications for the way in which water and trade policy interact. ix Environment
Water and trade policy considerations

Besides bottled water, trade in bulk water remains limited and the resource is not generally transferable beyond local scales. Water is however a critical factor of production in most traded goods and its supply is enabled by a wide range of services. Agriculture in particular is the largest consumptive use of water on a global scale and in most countries, as well as being an important source of water pollution. Often, however, the impact of other uses of water resources, including for the disposal of industrial and urban waste, may be higher than that of agriculture.

Early research on trade and water focused on the movement of what was conceptualised as virtual water, defined as “the volume of water required to produce a commodity or service.” This work also gave rise to metrics such as water footprints, proposed as an instrument to assess and influence the impact of corporate activities and trade generally on the sustainability of water use and management (Hoekstra 2011). The underlying assumption was that trade can help ensure a better allocation of resources and that water-scarce economies would tend to import goods whose production is water-intensive and export goods that require limited water. Existing empirical evidence suggests, however, that water endowment is only one among several factors of production that play a role in determining trade flows. Academic commentators have noted that virtual water and water footprint analyses generally do not consider opportunity costs (Wichelns 2010) while a recent United Nations Environment Programme (UNEP) review concluded that, although the concept helped to understand how water-stressed countries and regions cope with rising water demands, it has “limited application from a policy perspective….” (UNEP 2015).

Liberalisation of water services has produced at best mixed results in terms of increasing access of the poor to water supplies and continues to be controversial, although the pressure to privatise these services has lessened. Restrictions on reversing liberalisation in the water services sector, together with the constraints imposed by externally adjudicated investment agreements on the policy space of developing countries, will remain a sensitive issue. This could inhibit efforts to experiment with new models of service provision, including liberalisation, for fear of “lock-in.” Private sector involvement in the more limited business of operating specialised treatment plants for both supply and waste, however, has been less controversial. While the World Trade Organization (WTO) has correctly pointed out that countries are not compelled to include water services in their General Agreement on Trade in Services (GATS) offers, bilateral negotiations often present difficult decisions. Aid for trade could support the development of regulatory mechanisms that could allow for small-scale (and therefore potentially less costly) experimentation with liberalisation and draw lessons from these.

A water sector-specific review of approaches to market access liberalisation and regulation adopted by governments within the context of the GATS and Reciprocal Trade Agreements (RTAs) and of the rules around post-establishment investor protection in international investment-agreement frameworks would be helpful. The way in which investment agreements balance investor protection with the regulatory flexibility needed to facilitate adaptation to change, notably in climate but also in other environmental and social dimensions, could also usefully be reviewed since this is a specific concern in water reform.

Industrial pollution and wastewater treatment generally offer significant opportunities for trade because of the growing need to address them effectively, the specialist nature of the services involved as well as the broad desire to promote a green economy. Several wastewater treatment-related goods have been identified in current negotiations about environmental goods. There is however a risk that core development principles of local (human and industrial) capacity development may be undermined if liberalisation leads to an over-reliance on foreign skilled labour and results in x hollowing out of domestic technical capacity. As the diffusion of (green) innovation depends on local capacities to adopt and adapt innovative solutions (see in particular OECD 2011), Aid for Trade could usefully support the development of local capabilities in industrial pollution and treatment.

With hydropower, there is a case for engagement to assist in the removal, or rationalisation, of barriers to investment in large-scale hydropower in comparison with other renewables, particularly insofar as they involve development financing, to support trade in renewable energy. Aid for Trade could also be targeted to support cooperation to promote intra-regional energy trade.

In agriculture, trade has helped maintain food security in countries where water availability limits domestic production. Trade and investment in agriculture can help countries to buffer the impact of climate variability and shocks, such as floods and droughts. It can also provide an important mechanism to offset climate change-induced production decreases and improve access to food. In practice, however, many countries with limited water resource endowments are likely to continue producing certain water-intensive goods, particularly food, which many countries regard as essential to their national security. While this may conflict with the objectives of trade liberalisation, it reflects concerns about the ability of global food markets and the trade system to meet national needs should exceptional circumstances arise. This applies particularly to large countries that cannot rely exclusively on international markets to feed their growing population and will constrain the contribution that trade can make to addressing water shortages. On the other hand, increasing the purchasing power of people in poor countries by helping (and not inhibiting) their products and services to gain access to global markets could make an important contribution to overall welfare. More specifically, trade policy makers could usefully consider ways of improving the transparency of irrigation subsidies, and designing agricultural support mechanisms that help to achieve social, economic and environmental goals. Measures to facilitate access to technology and finance to adapt to climate change-induced water stress would also contribute to both trade and development goals.

The acquisition of large-scale productive agricultural land by foreign investors—sometimes referred to as “land grabbing”—has prompted concerns about the use of local freshwater resources. In addition to social consequences, some commentators fear that this may place additional stress on local water resources. However, the broader picture is more complex and less clear-cut than the headlines suggest. The recent wave of foreign investments in agricultural land in Africa, for example, are also part of long-term efforts by African governments to attract foreign investment capital to increase the productivity of domestic agriculture, including greater water use efficiencies. In many cases, external investment is encouraged because it can enable under-utilised resources to be productively mobilised.


Finally, at a general level, the challenges of developing effective interfaces between trade and water policy are mirrored in other sectors. There is a general desire to understand better how water and its management contributes to the growth and development of economies and societies and what interventions are needed to ensure that this happens. For the trade policy community as for many others, a joint review of the role of water in development could assist it to identify where further interactions and partnerships may be productive. 

miércoles, 26 de octubre de 2016

Apoyo internacional

Leer esta nota en: www.talcualdigital.com
Felix Arellano
En estos momentos el avance más importante sobre el caso venezolano se ha logrado en la OEA, donde gracias al valiente esfuerzo del Secretario General, el Sr. Luis Almagro, quien con la presentación de un exhaustivo informe sobre la situación venezolana al Consejo Permanente en junio del presente año, ha permitido el inicio de la activación de la cláusula

La grave situación que vivimos en Venezuela exige de un país democrático unido y activo en la defensa de las instituciones, pero también necesita de un sólido respaldo internacional y, en efecto, la comunidad internacional cada día concentra su atención en nuestra problemática, particularmente por la sistemática violación de los derechos humanos. En este contexto, otro de los elementos que está entrando en la agenda internacional tiene que ver con la posible aplicación de las cláusulas democráticas. Es evidente que el caso Venezuela está poniendo en juego la viabilidad y eficiencia de los instrumentos creados con tanto esmero para la defensa de la institucionalidad democrática. Ahora bien, el proceso bolivariano pareciera seguir el libreto de aislamiento de la dictadura cubana, lo que podría ser un error de cálculo.

En el hemisferio encontramos un importante acervo normativo toda vez que en diversas organizaciones se ha incorporado la cláusula democrática. Al respecto, podemos observar que en 1998 tanto la Comunidad Andina, como el Mercosur, incorporaron la cláusula en sus ordenamientos jurídicos, Mercosur incluso realizó un nuevo fortalecimiento de su normativa con el segundo Protocolo de Ushuaia, aprobado en el 2011. Para el 2001 tenemos la adopción de la cláusula en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA): luego en el 2010 se adopta en la Unasur y en el 2011 en la Celac.

En términos generales estas normativas contemplan una dinámica muy parecida que podría resumirse en: 1. La invocación de la cláusula, que tiende a estar reservada a la solicitud del gobierno afectado o el gobierno de otro país miembro, cabe destacar que en la OEA se ha contemplado la posibilidad que el Secretario General la pueda invocar. 2. Si se aprueba la aplicación de la cláusula, los diversos instrumentos contemplan una primera fase de diálogo, consulta y negociación; para tratar de restablecer la institucionalidad constitucional y democrática. 3. En el caso que el diálogo no logre resultados, la siguiente fase tiene que ver con la aplicación de medidas o sanciones, en todos los instrumentos está contemplada la suspensión del país objeto del problema; pero, en el caso de la normativa del Mercosur están previstas un mayor número de potenciales acciones.

La grave situación venezolana, donde progresivamente se está destruyendo la institucionalidad democrática, vulnerando sus principios fundamentales y en particular los derechos humanos, ha puesto a prueba la viabilidad de tales instrumentos jurídicos. En estos momentos el avance más importante sobre el caso venezolano se ha logrado en la OEA, donde gracias al valiente esfuerzo del Secretario General, el Sr. Luis Almagro, quien con la presentación de un exhaustivo informe sobre la situación venezolana al Consejo Permanente en junio del presente año, ha permitido el inicio de la activación de la cláusula: empero, todo pareciera indicar que, por los temores y contradicciones de los gobiernos miembros, el proceso se ha estancado en su primera fase del diálogo, consulta y negociación.

Sobre nuevos avances en el marco de la OEA reina la incertidumbre. Entre 12 a 15 países miembros, defensores de la democracia, han ratificado su disposición para avanzar en la aplicación de la cláusula, empero, no está muy clara la posición de la mayoría de los países del Caribe, muy condicionados por las dádivas de Petrocaribe. Por las alianzas del Caribe con el gobierno de Venezuela, la Celac, organización donde estos países tienen un peso muy importante, tampoco representa un espacio eficiente para la defensa de la democracia venezolana.

En Mercosur el gobierno paraguayo intentó utilizar la cláusula democrática, pero con el complejo sistema de toma de decisiones, donde cualquier voto negativo es un veto, Uruguay se ha opuesto a la aplicación de la cláusula y el bloque se encuentra bastante complicado con el tema Venezuela. Por lo pronto, han impedido que Venezuela asuma la presidencia del bloque como un mecanismo de presión.

Adicionalmente, los cuatro países fundadores están conformando un confuso mecanismo de sanción contra el gobierno venezolano, por el incumplimiento de los compromisos previstos en el protocolo de incorporación como miembro pleno, un procedimiento extra jurídico, desechando el mecanismo adecuado que es la aplicación de la cláusula democrática (Protocolo de Ushuaia).

Un escenario que pudiera resultar más viable para los gobiernos democráticos de la región es la Unasur, su composición política ha cambiado, actualmente la democracia tiene la mayoría, pero el autoritarismo es hábil y cuenta con el pleno respaldo de su creativo Secretario, el Sr Ernesto Samper, quien ya debe estar coordinado con sus aliados de la ALBA, el procedimiento para paralizar la organización.

El proceso bolivariano, por su parte, pareciera jugar al radicalismo y el aislamiento, siguiendo el libreto de la dictadura cubana. Manipulando la negociación para mover la arruga, pero la situación no la tiene fácil, con una inflación, desabastecimiento e inseguridad brutales; con precios del petróleo que no suben lo suficiente, intereses de bonos, deuda y una corrupción colosal. No deberían ser tiempos para jugar con tanta irresponsabilidad.

martes, 25 de octubre de 2016

Venezuela 2016


Guillermo Márquez

En los últimos ocho años mi investigación ha estado concentrada en la crisis mundial. Sin embargo, cuando por  circunstancias especiales he considerado necesario hacer un alto y escribir sobre Venezuela, así lo he hecho. Esos artículos han sido publicados en mi blog www.guillermodmarquez.com y  a partir del 2015 simultáneamente en el blog y en la web de la Maestría de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Este mes de octubre del 2016, cuando se ha configurado un golpe de estado desde el gobierno,  es uno de los momentos en que considero imperativo escribir sobre Venezuela, lo cual paso a desarrollar. 

En noviembre del 2007 escribí La Propuesta de Cambio Constitucional en Venezuela. Allí analícé la propuesta de cambios en la Constitución propuesta por Hugo Chávez, que pretendía imponer un régimen más cercano a una dictadura. A continuación transcribo algunos extractos de dicho artículo:

Lo primero que hay que notar es que la propuesta comienza viciada de inconstitucionalidad, al tramitarse como una reforma constitucional a través de la Asamblea Nacional, lo cual ha sido ya analizado exhaustivamente por diversos autores. La Constitución de 1999 es extremadamente clara acerca de los distintos procedimientos para efectuar cambios en la Constitución. El artículo 342 expresa: “La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional.” La Constitución de 1999 es extremadamente clara acerca de los distintos procedimientos para efectuar cambios en la Constitución. El artículo 342 expresa: “La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional.” Por cierto esta disposición no ha sido modificada en la propuesta. Luego, en el artículo 347: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constitucional con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Pues bien, en el acápite anterior se han dado varias referencias sobre el objetivo de la propuesta de crear una sociedad socialista, tanto en su articulado como en el discurso del Presidente. Además de lo indicado antes, el Presidente, también decía: “Estamos sembrando la semilla del socialismo. Cómo lo vamos a construir si esta Constitución (la de 1999 NM) fue hecha en un momento en el cual no proyectábamos el socialismo como camino”. En una reunión con un grupo de jóvenes el Presidente decía, refiriéndose a la propuesta: ” La revolución comienza ahora, con la reforma constitucional. Esto es una revolución dentro de la revolución”. Frente a ello, está muy claro que en la Constitución de 1999 no hay ninguna referencia a la sociedad socialista y ella se mantiene en el marco de una democracia representativa, con algunos elementos de mayor participación ciudadana como los referendos. Es suficiente observar la diferencia observada arriba entre el régimen socioeconómico actual y la propuesta; la eliminación de lo establecido sobre la libertad de cada persona para dedicarse a la actividad económica de su preferencia; la eliminación de lo establecido sobre el derecho de las personas al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, en conjunto con la estructuración de los sistemas de propiedad, dándole la mayor importancia a las propiedades pública, colectiva y social; en último término la propiedad privada con el condicionamiento a la propiedad de los medios de producción “siempre que sean legítimamente adquiridos” –lo que se prestaría para cantidad de abusos contra la propiedad privada por parte del Gobierno, para llegar a la conclusión de que lo que se propone es un cambio estructural. Adicionalmente se observa que “una o varias de sus normas” dentro del concepto de reforma constitucional no pueden ser 69 cambios al articulado, que producen la necesidad de numerosas modificaciones al ordenamiento jurídico, de las cuales 15 son consideradas como prioritarias.

Creo que la cita anterior es suficiente para mostrar mi convicción de que la propuesta significaba un cambio estructural en la Constitución, con  un régimen más cercano a una dictadura comunista, tanto en lo político como en lo económico y su sometimiento a referendo estaba viciado de inconstitucionalidad  de acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1999 sobre sus distintas modalidades de cambio. Afortunadamente, la reforma fue  rechazada en  el referendo, y no pudo Chávez adulterar el resultado como era su  intención. Conociendo el desprecio que el régimen chavista por la ley, advertí contra el peligro de que por otros caminos se impusiera la reforma rechazada, lo cual hice en diciembre del 2007 en el escrito Venezuela: Si al NO, del cual transcribo lo fundamental:


En virtud del peligro de querer desconocer en la práctica los resultados del referendo y sus consecuencias, es conveniente listar algunas de los aspectos que no se pueden afirmar y que no se pueden incluir de aquí en adelante en disposiciones legales, en el tiempo que resta del actual período constitucional.
·         No se debe afirmar que la meta del gobierno es la construcción de un régimen socialista. En un aspecto particular, las cuñas televisivas o los avisos periodísticos no debe seguir terminando “Construyendo el Socialismo Bolivariano”.
·        
      El Presidente no está facultado para establecer “Regiones Estratégicas de Defensa”.
·        
    El Presidente de la República no está facultado para remover y designar las autoridades de las distintas entidades regionales y municipales.
·        
     Debe estar muy claro que las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia.
·       
         No se deben fomentar y desarrollar distintas formas de empresas y unidades económicas “para la construcción colectiva y cooperativa de una economía socialista”.
·         
     Debe quedar claro que “Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”.
·         
      El “Poder Popular” es inexistente constitucionalmente.
·         
     El Poder Público Nacional no está facultado para “La creación, supresión, ordenación y gestión de provincias federales, regiones estratégicas de defensa, territorios federales, municipios federales, ciudades federales y comunales, distritos funcionales, regiones marítimas y distritos insulares.”
·        
      El sistema descentralizado de gobierno está absolutamente vigente.
·         
      El Presidente no está facultado para nombrar Vicepresidentes, a través de los cuales gobernaría en grupos de Estados, por encima de los Gobernadores electos.
·      
    El Presidente sigue durando seis años en sus funciones y no se puede reelegir para un tercer período consecutivo.
·        
     La remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia seguirá siendo decidida por un mínimo de dos tercios de la Asamblea Nacional.
·   
   Es inconstitucional y desconocería lo decidido en el referéndum  decir que “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios socialistas…”
·         
     El Banco Central de Venezuela continúa siendo legalmente “persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia”.
·      
          La Fuerza Armada Nacional continúa siendo “una institución esencialmente profesional” y en el cumplimiento de sus funciones sigue estando “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Tanto por estas cláusulas como por el hecho de que en el referendo se rechazó el intento de convertir a Venezuela en una sociedad socialista, el ahora saludo obligatorio de los militares, “Patria, Socialismo o Muerte” es inconstitucional. Sin embargo, en una actitud desafiante, varios de los diputados que intervinieron en la sesión de la Asamblea Nacional del 4 de diciembre, terminaron su alocución con ese saludo. Y el Ministro de la Defensa, cuando un periodista le preguntó sobre la opinión de la oposición de que ese saludo no podía continuar dijo: “Ya le voy a responder a su pregunta, y en alta e inteligible voz exclamó: Patria, Socialismo o Muerte”. (¡)
·     
    Están plenamente vigentes las garantías que son reconocidas en la Constitución a los ciudadanos en casos de estados de excepción.
·     
     No podrá “el Ejecutivo Nacional mediante decretos leyes o decreto ley, regular la transición al Modelo de Economía Socialista”. Cualquier intento de introducir esta fallida cláusula a través de los poderes legislativos otorgados antes al Presidente será inconstitucional.

No se puede escapar que varios de los puntos mencionados, y otros más, han sido puestos en práctica por el Gobierno, en violación de la Constitución, como comentamos en el artículo anterior. Pero a través del referendo la Nación dijo constitucionalmente y expresamente NO, de manera que volver a intentarlo sería doblemente inconstitucional.
Pues dicho y hecho, el Presidente, a través de poderes especiales que le dio la Asamblea Nacional, introdujo, inconstitucionalmente, la mayoría de las propuestas rechazadas a través de leyes por decreto.
La verdad es que desde que Chávez comenzó a violar la Constitución, desde el principio,  un Tribunal Supremo verdaderamente soberano y una Asamblea más  equilibrada, hubieran planteado el juicio al Presidente por las continuas violaciones constitucionales. En enero del 2013  cité a Jorge Giordani, Ministro  de Finanzas y  Planificación, cuando afirmaba lisa y llanamente  que la palabra “socialiamo” no figuraba en la Constitución pero  que seguían trabajando hacia esa meta:

 “Después de la llegada del nuevo gobierno y la aprobación de la novísima Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV) aún la palabra socialismo no se encontraba en el dominio público, la propia norma fundamental no la menciona,  y el término revolución tampoco se explica en ese contexto de la ley madre.” (negrillas mías).  La “novísima Constitución” establece lo  siguiente en  cuanto al régimen socio-económico en su artículo 299: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica (sic), solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución  de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.” Y en cuanto a los derechos económicos en su artículo 112: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad  económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de sus facultades  para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía   Esa formulación corresponde a lo que se conoce  como “economías mixtas”. Como dice Giordani, nada de socialismo por ninguna parte. Y sin embargo Giordani (idem) dice (y él no es un simple autor de un libro, es el principal formulador de la política económica de Venezuela): “Plantear la necesidad de un socialismo en el Siglo XXI  para Venezuela, parte de la constatación de que el modelo rentista capitalista que tenemos es incapaz de garantizar la satisfacción de las necesidades sociales de los venezolanos de forma permanente, por esa primera razón se requiere sustituirlo por otro de carácter socialista”. (negrillas mías). En una ocasión dije que Hugo Chávez quiso hacer la nueva Constitución tan detallada, no como la mayoría de las constituciones (que son  principios generales que luego se plasman en leyes específicas) que,  en relación a las numerosas violaciones constitucionales -ya casi toda está violada- son imposibles los intentos leguleyos de interpretación para explicar y justificar esas violaciones.


Mi amigo Asdrúbal Aguiar escribió el libro “Historia Inconstitucional de Venezuela, 1999-2012”, para contraponerlo a la “Historia Constitucional de Venezuela” de José Gil Fortoul, Allí analiza 240 violaciones de la Constitución; yo  le escribí felicitándolo y le dije que cuando publicara la 2º edición tendría muchas más violaciones. Pienso que si la publica ahora puede ser el doble del libro  original.
El jueves 20 de octubre  se produjo  un golpe de estado desde el gobierno, al producirse sentencias simultáneas de tribunales inferiores en cinco estados, complementados con las decisiones inmediatas del Consejo Nacional Electoral “acatando” esas sentencias. Es la culminación de una constante violación  violación constitucional.  Escribí entonces el viernes 21:
Bueno,  ya dieron el gran zarpazo. Con la aprobación ilegal  del presupuesto por el TSJ, sentencia que debe avergonzar a la profesión de abogado; la anulación de los resultados de la recolección del  1%; la posposición indefinida de la recolección del  20% y,  por lo tanto, del referendo revocatorio, la posposición de las elecciones de gobernadores para finales de marzo del año próximo, cuando debían efectuarse este año, pues la Constitución establece que duran sólo cuatro años en sus funciones;  la prohibición de salida para Capriles, Torrealba, etc, tenemos un perfecto golpe de estado desde arriba. El CNE que es un poder nacional “acata”decisiones  de unos tribunales inferiores, cuando sólo puede aceptarlas del TSJ, en su Sala Electoral.  Todo el mismo día, fue una operación preparada de antemano y concertada, y por supuesto ordenada por Maduro, quien salió del país el mismo día sin el indispensablelk permiso de la Asamblea; todo muy burdo, posible sólo por la fuerza del poder. Ya no queda la apariencia de democracia que han querido mantener, entramos  en una dictadura abierta.

En este artículo no voy a entrar en un análisis extenso de la problemática venezolana actual, sobre lo cual hay excelentes escritos tanto en lo político como en lo económico pero si voy a transcribir lo que escribí en marzo de este año en el artículo “Venezuela y el Índice de Miseria”:

Por las explicaciones  anteriores queda claro que no es que Venezuela sea el más país más miserable del mundo en términos absolutos, sino en términos relativos, fue el país en el que el bienestar, en términos de las variables usadas, se deterioró más en el mundo,  lo que no deja de ser preocupante. En las explicaciones  incorporadas a la publicación se indica que la variable más importante para ese resultado fue la inflación, lo cual queda confirmado cuando el Banco Central publicó una inflación de 180% para el 2015,  pero  algunas estimaciones indican una inflación  mucho más alta, (el FMI la estima en 245%) lo que supondría un índice más alto, es decir, un deterioro en el bienestar más pronunciado. Hay dos aspectos  adicionales también preocupantes. El índice de 2015 representa un aumento de 27 puntos respecto al de 2014, reflejando la escalada inflacionaria del último año; el segundo país más miserable es Argentina, con un índice de 68, 38 puntos por debajo del de Venezuela. Respecto  a la comparación con Argentina hay un aspecto adicional preocupante: mientras la proyección para Venezuela en 2016 es un continuado deterioro, con un índice de 159.9, el índice de Argentina bajaría a 39.9, con una considerable mejoría de 28 puntos. Pueden consultar el índice de 2015 en http://www.cato.org/blog/world-misery-index-108-countries.

La situación indicada conduce a algunas conclusiones. Paralelo con el deterioro del índice de miseria, el crecimiento ha sido negativo desde el 2014, culminando el 2015 con una contracción de 5.4%, según el BCV  (el FMI lo estima en 8%  y proyecta   un mayor deterioro para el 2016, con una contracción del PIB de 10%). Esto a su vez deriva en una reducción constante del ingreso per cápita, es decir, una disminución absoluta del bienestar. De continuar  este deterioro, la acción paralela de la inflación y de la contracción del ingreso per cápita, irá horadando el nivel absoluto de bienestar,  acercándose a lo que sí sería el país más miserable   en términos absolutos. Varias investigaciones recientes   sobre la agudización de la pobreza, especialmente la realizada por las universidades nacionales confirman esas amenazas. En este sentido me parece conveniente hacer una explicación adicional.  Si bien ser número 1 en el índice de miseria no significa ser el país más miserable en términos absolutos, sí reduce el bienestar en términos absolutos y si ese proceso es continuo, lo va acercando cada vez más a los países más miserables en términos absolutos. La única forma de frenar esa carrera hacia el abismo es modificar el modelo económico del actual gobierno, como ha sido analizado por numerosos analistas nacionales e internacionales. No entro  en ese análisis porque no está en el propósito de este artículo, y hago míos los elementos básicos de esos argumentos. Pero está claro ya, por la actitud del gobierno ante la nueva Asamblea Nacional con mayoría aplastante de la oposición, que  no va a cambiar el modelo y se opondrá, por medios inconstitucionales,  a los intentos de la Asamblea, a través de diversas leyes, de crear un clima distinto para frenar ese deterioro.  Sólo queda entonces  el cambio de gobierno, con los recursos que permite la propia Constitución.

Ese cambio se hace ahora más imperativo por los últimos acontecimientos. En  tal sentido respaldo plenamente las decisiones de la Asamblea Nacional para restituir el hilo constitucional; las decisiones en el mismo sentido de la MUD;  el  pronunciamiento de las Academias Nacionales y  la declaración de la Academia de Ciencias Económicas.


GM-25 de octubre de 2016.