martes, 25 de julio de 2017

Mercosur: ¿avances?

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Felix Arellano

En esta oportunidad la Cumbre del Mercosur enfrentaba la grave amenaza de la ilegal e ilegítima asamblea constituyente bolivariana, instrumento con el cual el proceso bolivariano aspira destruir los pocos vestigios de democracia en Venezuela

La Cumbre semestral de Jefes de Estado del Mercosur y sus países asociados, efectuada en Mendoza Argentina, ha dejado sensaciones que oscilan entre la repetición y la debilidad; de sus resultados apreciamos, entre otros, que se ha retomado una intensa agenda internacional, lo que nos recuerda los años del Mercosur internacional; empero, de nuevo sin ordenar previamente la casa. Sobre el desorden interno, se ha reiterado la tesis de retomar las bases fundacionales, pero es más un discurso, pues no se observan mayores progresos y, sobre la grave crisis venezolana, de nuevo las contradicciones de la izquierda uruguaya han complicado el tema, debilitado aún más al frágil bloque. Ahora bien, lo más relevante es que pareciera que afortunadamente se ha superado el falso discurso ideológico que promovía el proceso bolivariano, otros de sus tantos fracasos.

Desde que iniciaron los vientos de cambio en el sur, con los Presidentes: Cartes en Paraguay, Macri en Argentina y Temer en Brasil, una mayor inserción en la economía mundial se ha convertido en tema central, lo que significa retomar la agenda internacional, abandonada por la hegemonía del populismo autoritario; pero, por más de un año, el bloque ha estado concentrado en la crisis bolivariana, que hemos definido anteriormente como: “crónica de una muerte anunciada”, pues desde que el proceso bolivariano ingresó como miembro pleno, sus políticas contradecían la normativa y dinámica del Mercosur.

En esta Cumbre se ha retomado con optimismo la agenda internacional, jerarquizando las viejas y complejas negociaciones con la Unión Europea, pero las circunstancias no son tan favorables, pues son varios los temas complicados (agricultura, sector automotor, servicios, etc.) y el bloque europeo enfrenta la crisis del Brexit. Se ha reiterado la vinculación con la Alianza del Pacifico, tema de larga data y muchas aprensiones en la izquierda sureña. También se ha incorporado explorar posibles negociaciones con Canadá y con la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Esta agenda internacional amplia y ambiciosa, si bien resulta una decisión coherente con la dinámica global, deja la sensación de haberla vivido con sus contradicciones anteriormente, pues también al final de la década de los noventa se concentró la atención en una amplia inserción internacional, pero sin atender los problemas internos, que se han acumulado conformando una crisis estructural profunda.
La agenda internacional contempla fundamentalmente la negociación de acuerdos de libre comercio, empero, al interior del bloque subsisten serias limitaciones no arancelarias, que no se han declarado y mucho menos programado su eliminación. En consecuencia no resulta muy coherente promover la apertura de mercados con el mundo, pero con serias restricciones internas.

Otros problemas se acumulan a nivel interno, tales como: las serias limitaciones a la unión aduanera, pues se mantienen las listas de excepciones nacionales y sectoriales al arancel externo común y poco se avanza en la armonización de los instrumentos de la política comercial. Ahora bien, lo más complejo es que pareciera existir en varios sectores productivos una serio malestar frente a la unión aduanera, que perciben como una camisa de fuerza que limita la apertura al mercado global.

En la agenda interna tampoco se han logrado mayores avances en la conformación del mercado común; el sistema de solución de diferencias resulta discrecional y la ausencia de mecanismos de equidad afecta su estabilidad del proceso. Sobre estos temas no se observan mayores avances en la Cumbre.

Para complicar los problemas internos debemos sumar el caso bolivariano, que desde sus inicios se presentaba espinoso; pero en los últimos años se ha tornado trágico. La grave situación venezolana de violación de los derechos humanos y destrucción de la institucionalidad democrática, tipifica claramente en la normativa de la cláusula democrática del Mercosur (Protocolo de Ushuaia), pero la ceguera ideológica y soberbia de la izquierda, en este caso el sector radical del Frente Amplio uruguayo, no ha permitido la aplicación de tal normativa, debilitando tanto al Mercosur, pues confirma la tesis que la normativa existe pero no se aplica, como a la democracia en el hemisferio.

En esta oportunidad la Cumbre del Mercosur enfrentaba la grave amenaza de la ilegal e ilegítima asamblea constituyente bolivariana, instrumento con el cual el proceso bolivariano aspira destruir los pocos vestigios de democracia en Venezuela, pero prevaleció la ceguera ideológica y la izquierda uruguaya, aprovechando el sistema de la unanimidad, impidió medidas duras contra el gobierno bolivariano. Queda a la conciencia del Presidente Tabaré Vázquez de Uruguay un gran reto, pues debería aprovechar sus afinidades con el proceso bolivariano para tratar de lograr reflexión y propósito de enmienda en los bolivarianos, que permita suspender la asamblea constituyente por sus graves consecuencias para los venezolanos y para el hemisferio.

jueves, 20 de julio de 2017

Crisis del sistema de salud en Venezuela

Tomado de www.gatopardo.com


Por Mariana Zúñiga / Fotografía Juan Pablo Bellandi
La crisis política en Venezuela se traduce en problemas para múltiples sectores. Tras 18 años de régimen chavista, hay una profunda división entre la población. El país se enfrenta a escasez de alimentos y apagones. Los opositores al gobierno han salido a las calles para protestar, pero son perseguidos ferozmente por las fuerzas gubernamentales. En estas circunstancias, la salud pública es una de las áreas con un panorama adverso.
Hace más de año y medio la Asamblea Nacional, conformada en su mayoría por miembros opositores, decretó una crisis humanitaria en el sector de la salud venezolano. La ley tenía por objeto establecer mecanismos para que el gobierno Nicolás Maduro garantizara el acceso a los medicamentos. Uno de los puntos contemplados era aceptar donaciones de medicamentos de otros países y convocar a la industria farmacéutica nacional y al Ejecutivo a buscar soluciones urgentes. La ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (mayormente oficialista). El actual presidente asegura que la ley puede producir una posible intervención extranjera, ya que conlleva aceptar ayuda de otras naciones.
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Desarropados y en condiciones delicadas, dos pacientes esperan en el área de emergencia del IAHULA.
La Federación Médica Venezolana señala que los 300 hospitales públicos del país sólo cuentan con un 3% de insumos necesarios para tratar a los pacientes. Desde 2014, en el país faltan toda clase de suministros médicos.
De acuerdo con la Federación Venezolana de Farmacias, desde 2015 la escasez de medicinas es de 80 por ciento. Medicamentos de uso diario para tratar la diabetes o la hipertensión son casi imposibles de encontrar y su escasez subió a 95% el año pasado. Antibióticos, fármacos antiinfecciosos y antibacterianos son prácticamente inexistentes. Y los medicamentos que sí se encuentran disponibles tienen precios que nadie puede pagar y sobrepasan el sueldo mínimo de 65,000 bolívares, el equivalente a 13 dólares.
El problema es igual de agudo en el sector hospitalario. Según la Encuesta Nacional de Hospitales de 2017, publicada en marzo por la ONG Médicos por la Salud en conjunto con el Observatorio Venezolano de Salud, al 76% de los hospitales públicos les faltan medicinas. Al 81% de ellos también les falta material quirúrgico, catéteres o sondas. El 86% tiene sus equipos de rayos X dañados. En el 94% los tomógrafos están averiados y en el 44% de esos hospitales los quirófanos están cerrados.
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Sin insumos médicos, cortes de electricidad, infraestructura dañada y superpoblación: la sala de emergencia del Hospital Universitario de Los Andes.
En un informe que mandó el año pasado al Congreso la ex ministro de Salud Luisana Melo se aseguraba que, en 2012, de cada 100 pacientes que entraban en un hospital morían 2,96. En 2015, morían 31 de cada 100.
Después de no haber publicado estadísticas sobre el sector médico desde 2014, el Ministerio de Salud lanzó en mayo de 2017 el primer Boletín Epidemiológico en tres años. Los números muestran un incremento de 30% en mortalidad infantil y 65% en mortalidad materna entre 2015 y 2016: de 256 mujeres fallecidas en 2015 se pasó a 456 en 2016. Además, según el documento, la malaria, que estuvo controlada por más de 50 años, se volvió endémica. Hoy hay alrededor de 240,000 casos y 13 estados del país están en condición de epidemia, cuando en 2010 sólo había tres estados con casos reportados.  El boletín también mostró el regreso de enfermedades como la difteria, erradicada hace ya dos décadas, que volvió el año pasado con 324 casos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Venezuela es el país de Sudamérica con el gasto más alto de bolsillos privados en lo que concierne a salud. Hoy, según la Encovi (Encuesta sobre Condiciones de Vida), un 65% de los recursos tiene su origen en el pago que hacen los particulares través de sus seguros médicos.
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Un enfermero reclama cambios en su lugar de trabajo o se verá forzado a dejarlo. Su salario equivale a ocho dólares mensuales.
La situación ha provocado que en, los últimos 17 años, alrededor de dos millones de venezolanos emigraran, según un estudio realizado por la Universidad Simón Bolívar en Caracas. De ellos, alrededor de 16,000 son médicos, según el Dr. León Natera. Los hospitales, ya con múltiples problemas, tienen vacantes que nunca se llenan de nuevo.
Frente a las condiciones adversas, el precario estado de la infraestructura pública de salud representa un mayor obstáculo. Para el doctor Julio Castro, médico internista que ha llevado estadísticas de temas relacionados con la salud en Venezuela desde 2014, esta situación es un ‘genocidio silente’.
Lee el reportaje completo en “Morir por nada”, de Mariana Zúñiga.
Mira el trabajo fotográfico de Juan Pablo Bellandi sobre este tema en esta fotogalería.

miércoles, 19 de julio de 2017

ESCENARIO POLÍTICO 2017 Y DESATENCIÓN DE LA ECONOMÍA.


EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ

PERCEPCIONES EQUIVOCADAS DE MADURO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA
Entre finales de 2016 y comienzo de 2017 dos ideas deambulaban en las apreciaciones económicas de los dirigentes de la administración bolivariana en la versión Nicolás Maduro (NM). Una primera, que el rentismo ya era cosa lejana, pues los motores que había echado a andar la administración, lo hacían cosa del pasado junto a varias de sus implicaciones, dando ello paso a la entrada de un nuevo modelo económico. Una  segunda, que 2017 era precisamente el año de desarrollo de un nuevo modelo económico con variados sectores pujantes y un aumento inusitado del crecimiento y bienestar de los venezolanos. Esta segunda idea tuvo expresiones más entusiastas aun cuando el presidente Maduro, superado el primer trimestre, acuso y responsabilizó a la oposición de haber truncado o afectado la recuperación que la economía estaba logrando desde los primeros días y semanas del año 2017.
Las dos ideas estaban y están totalmente alejadas de la realidad. Ni los desafueros y desesperos de arreglos con Goldman Sachs[1], ni la bomba e imprevisiones de arreglos leoninos y poco meditados para los intereses del país (aquellos vinculados al Arco minero), ni la efusividad del Dicom II (donde generalmente se sienten felices asignados y asignadores, en una economía con altas restricciones de divisas y considerables necesidades de importación y medidas de reestructuración productiva), permiten verificar la bonanza deseada o propuesta para una economía profundamente decaída e hiperinflacionaria y con muy pocas posibilidades de impulsarse,  dado el muy problemático conjunto de medidas que ha implementado y seguirá implementando la administración del caso. Nuevamente en 2017 habrá caída en el producto y la misma se estima sobre el 10%.
Por otra parte, en el  aspecto político la administración bolivariana no tuvo contemplación en buscar acciones y explicaciones ad hoc, con el fin de no dar ejecutoria al referéndum revocatorio que seguía sus cursos y procedimientos normales para ser realizado en 2016. La trampa y el ardid político dieron paso al descaro y a la suspensión de aquel referéndum, en el cual podía preverse la revocatoria inevitable del presidente Nicolás Maduro. Mientras se ejecutaban estos procesos y acciones entre 2016 y 2017, ningún problema económico asociado a la escasez, insuficiencia de producción nacional, falta de disponibilidad de divisas e incluso aumento de la corrupción pequeña o grande, obtuvo solución a nivel de productos o sectores. Ni harina, ni pan, ni vehículos, ni hortalizas, entre numerosos productos y sectores, obtuvieron soluciones donde el ciudadano pudiese sentir que algo se estaba arreglando. Mas informalidad (ver Eduardo Ortiz Ramírez, Venezuela: una economía altamente informalizada; https://www.academia.edu/33557333/VENEZUELA_UNA_ECONOM%C3%8DA_ALTAMENTE_INFORMALIZADA), desarrollo de mecanismos asociados a la misma, así como desorden e inestabilidad productiva, fueron aumentando la crisis productiva y social en que la administración bolivariana ha sumergido a Venezuela en todos sus dieciocho años, pero con gran énfasis desde 2012. La crisis política pasó a ser así la gran revelación de una revolución fracasada,  cuyo trasfondo pasó a ser una economía más rentista, de escaso desarrollo de la competitividad y con agudos problemas financieros, fiscales, cambiarios, escasez, inflación y alteración del bienestar de sus ciudadanos, como no se había visto en ningún momento en todos los lustros y décadas transcurridos desde 1958.

EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO POLÍTICO  (negación de las salidas electorales, el detonante de las protestas, la represión, reacciones internacionales, “constituyente” y plebiscito).
 Ya habiendo suspendido el referéndum revocatorio en octubre 2016 -según se ha indicado más arriba- donde se dio la suspensión de la recolección de 20% del registro electoral en firmas por parte del Consejo Nacional Electoral (prevista para el 26, 27 y 28 de aquel mes), luego de que cinco tribunales ordenaran la anulación del proceso de 1% de firmas de los electores, puede afirmarse que para el resto de 2016 y el primer trimestre de 2017, la actitud de la administración bolivariana pasó a ser la de establecer todo tipo de trabas y escollos para evitar cualquier forma de elección, como es el caso de las suspendidas elecciones de autoridades regionales, que debían realizarse a finales 2016. Pasos siguientes en esta línea fueron los supuestamente necesarios procesos de revalidación de los partidos y la duda lanzada sobre sobre la necesidad, pertinencia o posibilidad de que pudieran haber o no elecciones presidenciales en el año 2018. Un proceso tenue, orquestado o a toda voz, según los casos[2], para que entonces quedase toda forma de elección como un especie de concesión bondadosa o noble que la administración bolivariana pudiese aceptar, realizar o facilitar y no un derecho de la programación electoral según leyes y normas[3].
Debe señalarse que todo esto se fue afinando en un contexto de discrepancia, entrabamiento y molestia, por la existencia de una asamblea nacional con mayoría de parte de la oposición[4] desde finales de 2015. Pero, además, tuvo su punto adicional con las decisiones 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, buscando desplazar y ejercer, por su parte, las funciones competentes de la propia asamblea nacional (156)[5].
Debe señalarse como elemento fundamental del contexto, el traslado de la discusión de esta temática al seno de los países de la OEA. Y en este sentido varias actividades de la institución referidas pasaron a desarrollarse en días del mes de abril, con el fin de inducir cambios en la administración bolivariana dada la cualidad de miembro de la OEA por parte de Venezuela y la correspondiente posibilidad de aplicarle la Carta Democrática, aceptada por los mismos miembros. Por primera vez, pudo Venezuela palpar la unión de un conjunto importante y representativo de miembros del organismo, para acometer los pasos y acciones correspondientes[6]. Esto fue en aumento o en presión creciente hasta la reunión del 26 de abril de 2017, donde 19 países en el consejo permanente del organismo volvieron a solicitar la reunión de cancilleres para seguir evaluando el caso venezolano, produciendo esto la decisión de la administración bolivariana de retirarse de la organización. Así lo informó la canciller Delcy Rodríguez en nombre del Presidente y la administración bolivariana (ver www.vtv.gob.ve 26 de abril de 2017). De esta manera, el 28 de abril se entregó la comunicación –de fecha 27 de abril- a la secretaria general de la OEA donde el presidente NM transmitió la decisión de su administración de que Venezuela procedía a su retiro de la organización. Debe señalarse que la carta contiene párrafos bastante críticos –desde el punto de vista de la administración bolivariana- sobre el origen, dinámica, matices, intereses y evolución de OEA hasta pronunciarse también sobre lo que el presidente y la administración bolivariana aprecian sobre las gestiones del secretario general Luis Almagro. Con todo el escenario político señalado para el  momento del caso, en Venezuela no podía afirmarse, como hicieron algunos medios de información oficial que se tratase de una decisión apoyada por el pueblo venezolano (www.psuv.org.ve 28 abril 2017; www.correodelorinoco.gob.ve 28 de abril 2017; www.aporrea.org 28 de abril2017).
Es así como, con varios de estos elementos señalados, se iniciaron o se siguieron desarrollando según el caso, las protestas de distintos grupos de oposición organizados en la Mesa de la Unidad Democrática en base a un conjunto de aspectos económicos, sociales y políticos, entre los cuales destacan 1. Solicitud de destitución de los magistrados implicados en las Decisiones 155 y 156; 2. Convocatoria a elecciones; 3. Liberación de los presos políticos y 4. Facilitar la entrada de ayuda humanitaria desde organismos y países, dada la crisis de escasez, inflación y hambre presente en el país[7].
La administración bolivariana había demostrado en anteriores oportunidades su carácter autoritario y represivo. Pero, inmediatamente comenzaron las marchas y protestas por las razones aludidas, empezaron a manifestarse en muertos, heridos y detenidos, consecuencias de aquel carácter. Numerosos videos y registros difundidos por las redes sociales así lo testifican. Para el momento de inicio de las protestas, la administración bolivariana se sintió fortalecida de disponer -además de todos los contingentes de policías y guardias nacionales, con sus respectivos y numerosísimos equipos- de milicianos y sobre todo, a los efectos de las manifestaciones, de numerosos motorizados -que distintos observadores les destacan actitud delincuencial- agrupados en los llamados colectivos[8] (que andan armados y son incluso protegidos por los cuerpos represivos formales). El resultado no se hizo esperar y, ante fuerzas opositoras mayormente pacíficas, deseosas de elecciones y de que les dejasen cumplir sus trayectorias de marchas, comenzaron a acumularse los muertos. Ocho muertos para la oposición y 12/14 entre fallecidos en saqueos -alrededor 10/12- y otros[9]. A pesar de esto, tanto en Caracas como en distintas ciudades del país, las marchas y manifestaciones de los grupos de oposición continuaron demostrando gran capacidad de convocatoria[10], como se demostró en las contundentes marchas del 19 de abril a nivel nacional.
Vistos los resultados y a pesar de las campañas de desinformación de parte de la administración bolivariana, avanzando el mes de abril, se comenzó a observar la reacción de esta última en dos dimensiones. La primera, el llamado al dialogo con las fuerzas de la oposición, que en lo visto hasta 2017 siempre fueron procesos infructuosos y sin resultados tangibles, dadas la negativas de la administración a cambiar rumbos, tendencias o acciones de su parte. En segundo lugar, la administración Maduro comenzó a hablar o a pronunciarse sobre las elecciones programadas, deseadas o en dudas, según los casos señalados. En tal sentido, el presidente NM señaló: “Elecciones sí, quiero elecciones ya, es lo que digo yo, como jefe de Estado, como jefe de gobierno”; “Estoy listo para lo que diga el Poder Electoral” (ver www.el-carabobeno.com 23 de abril 2017).
Otro tipo de reacciones atañen a lo que señaló el presidente NM el día 23 de abril  durante su programa dominical de radio y televisión: “La derecha (la oposición) trancó el juego, pero necesito que maduremos colectivamente"; "es un proyecto histórico que jamás se va a rendir ante las fuerzas de la oligarquía"; y señaló que éstas "no saben lo que somos capaces de hacer para la defensa de la dignidad revolucionaria. La subestimación es muy grande, pero no saben lo que estamos decididos a hacer, hasta dónde llegará esta generación de chavistas"; "un nuevo desencadenante histórico para retomar la paz. No vamos a hacer una guerra civil, no y no" (puede verse www.excelsior.com.mx 23 abril 2017). Estas afirmaciones o indicaciones no tuvieron mayores precisiones y todo quedó a la libre inferencia de cada quien; no sabiéndose, además, si su fin era enaltecer a persona o grupo o a la propia administración bolivariana y sus proyectos o sugerir algunas medidas próximas que se tomarían. Podía colegirse que se trataba de una indicación que retomaba ideas imprecisas sobre el poder popular u originario, pero no fácilmente relativo a cambios de constitución, realización de una constituyente u otros procesos formales similares (elementos de discusión puede verse en Entrevista a Daniel Varnagy, http://unionradio.net/foro-a-tiempo-entorno-politico-en-venezuela/, 24 abril 2017), dados todos los problemas acumulados -y desencadenantes de los procesos de abril de 2017- en relación a ruptura del orden o hilo constitucional.
En cualquier caso, ya para esta altura del mes de abril el punto de inflexión se había presentado y, la oposición, continuó con marchas tomas y plantones en todo el país, incorporando –crecientemente- zonas populares. Pero también, a nivel internacional, se habían ampliado las posiciones críticas hacia las gestiones y actitudes de la administración bolivariana. Estas posiciones críticas surgieron -como se dijo- de OEA, pero también de Mercosur, unión Europea, países individuales y organizaciones diversas. Puede afirmarse que, en más de 18 años de administración bolivariana, es primera vez que se han observado propuestas de análisis o búsqueda de soluciones a la aguda crisis política, económica y social en la que ha desencadenado el conjunto de ejecutorias de la misma, sin que ello signifique una actitud injerencista como ha insistido permanentemente esta administración.
A inicios de mayo, se vislumbraron dudas derivadas de la alocución del presidente NM señalada más arriba[11]. Si se venía fraguando la idea del manejo del poder originario o popular en forma de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) solo que, a diferencia de incluso la iniciada y desarrollada en Venezuela durante el año 1999, la propuesta en este caso remite a una Asamblea pensada para ganar una elección de sus miembros de manera de estructurar un beneficio cerrado para la administración bolivariana (dadas la restricciones de electores, sectores y ubicaciones de regiones o congregaciones electorales disímiles con semejantes representaciones), además de originarse no en la decisión popular sino en la muy personal y política del propio presidente NM. Las propuestas para esta particular ANC se siguieron desarrollando con los espacios cerrados y poderes no autónomos presentes en la administración bolivariana, convocándose a inscripción de candidatos y a su particular elección para el próximo 30 de julio de 2017[12]. Los poderes públicos nacionales, a excepción de la Asamblea Nacional controlada por la oposición y la Fiscalía General de la Republica, avalaron este proceso. En una evolución bastante conflictiva en cuanto a la administración bolivariana (y en continuación a lo ya señalado), la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, fue abiertamente distanciándose de los otros poderes públicos y declarando como plenamente inconstitucional la instalación de una ANC con tales características. Para julio de 2017 ya la posición de la Fiscal es totalmente distante de la de la administración bolivariana, al caso incluso de estar expuesta a ser destituida, producto de iniciativas judiciales en su contra de parte de la administración señalada, además de habérsele prohibido salir del país y congelado sus bienes (ver www.prodavinci.com 29 de junio 2017).
Mientras, marchas, manifestaciones populares, trancazos, plantazos y hasta saqueos de determinaciones diversas, aunado a una intensa política de represión de parte de la administración bolivariana en figura de las policías y la guardia nacional, siguieron desarrollándose en Caracas y en distintas ciudades del interior del país y produjeron una acumulación de muertos que para inicios de julio bordeaba los cien fallecidos (Venezuela: cien días de calle contra Maduro; http://www.dw.com/es/venezuela-cien-d%C3%ADas-de-calle-contra-maduro/a-39574298; 0907/2017).
En el plano internacional, para julio de 2017, y a pesar de no haberse logrado acuerdos concluyentes en la OEA sobre el caso venezolano, la evolución y acumulación de distintos e importantes países que pasaron a lo interno de la misma  a expresarse críticamente, los tránsitos inconstitucionales en la vida venezolana del momento, lo alarmante del nivel de muertos y de la agresión misma a pobladores desarmados y solicitantes de elecciones y libertad; aunado a expresiones de Mercosur, Unión Europea, EE.UU y numerosos países desarrollados formulando el sentimiento político y la percepción señalada, como en el caso del G-20 en su reunión en Hamburgo en la semana del 3 al 7 de julio[13]; permiten afirmar así que el caso venezolano ya se había ubicado en la dimensión adecuada a la realidad -y no a la difundida por la administración bolivariana- en cuanto a crisis económica y humanitaria, inestabilidad política y deterioro en las condiciones de la democracia.
Es así como, cercano a la realización de la consulta popular no vinculante[14] sobre la convocatoria de la ANC por parte del presidente NM, vigencia de la Constitución de 1999, respeto a la Asamblea Nacional, renovación de poderes y nuevas elecciones (decidida y convocada por la MUD para el 16 de Julio de los corrientes) se sucedieron dos eventos de importante significación para un escenario donde numerosas encuestas y mecanismos de sondeo sobre las simpatías hacia la administración de NM, ubicaban la misma máximo en un 15 al 20%, con la contraparte de acumulación de simpatías y acciones en distintos sectores opuestos a tal administración. El primer evento, atañe a las agresiones a la Asamblea Nacional y a sus integrantes, de parte de sectores abiertamente vinculados y apoyados por el PSUV y la administración bolivariana, el 5 de julio de 2017 y lo cual fue registrado y difundido altamente por medios y escenarios nacionales e internacionales en su intensidad y arrebato violento y bajo la mirada indiferente -ante el hecho en sí mismo y de apoyo a los agresores- de parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Derivado de ese último evento, o en asociación con su cercanía, pues se sucede 3 días después, la administración de NM -o al menos desde una parte de ella-, procede  a otorgarle casa por cárcel al preso político –de los más de cuatrocientos para la fecha- más emblemático o acumulador de simpatías: Leopoldo López. Numerosas conjeturas y especulaciones se esbozaron sobre las razones del proceder de la administración de NM: bajar la intensidad de las protestas, afectar los resultados del cercano plebiscito para el 16 de julio, expresar las diferencias y desencuentros a lo interno del grupo político gobernante, influencia de factores externos o, entre otras tantas, expresar la debilidad de una administración afectada grandemente por la alta presión interna y -la ya para el momento- externa[15].
Aquella consulta popular no vinculante, resultó ser un hecho de alta significación histórica[16], dentro de la evolución de la alternativa democrática, a los sesgos matices y tendencias fundamentales y de detalle del régimen político que ha caracterizado la administración bolivariana y -más aún- la del tiempo del presidente NM. Ello deriva de razones como: su alta convocatoria; la disciplina observada en los votantes; la efusividad en zonas populares como Catia, Petare o Caricuao; la buena organización en los puntos soberanos; la rapidez en la comunicación de los resultados; la figura de las universidades como garantes del proceso así como la presencia de observadores nacionales e internacionales, entre otras[17]. Es así como avanzada la noche del 16 de julio se supo que con un 95 % de las actas escrutadas, se alcanzó una votación de 7 millones ciento ochenta y seis mil, ciento setenta personas (7.186.170) abarcando votos nacionales y del exterior, de los cuales hubo 6.387.054 que se oponían a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del presidente NM ya destacada[18]. Los disturbios presentados, una persona fallecida y varios heridos de bala en Catia (zona popular y de trayectoria en luchas diversas), agresiones a puntos soberanos como el de San Agustín (también zona popular)  fueron resultado de acciones de los grupos oficialistas agresores (colectivos) y de la falta de atención y protección de parte de los organismos de seguridad. Dado el poco tiempo para organizar el proceso, la actitud contraria y negativa de la administración bolivariana, los temores de la población en un escenario político que para el momento ya bordeaba los cien fallecidos o asesinados por parte de los cuerpos represivos del Estado y grupos paramilitares simpatizantes y apoyados por la administración bolivariana; la posibilidad de haber reunido  sobre los 7,6 millones de votos en el sentido anotado, no puede catalogarse sino como de un gran éxito y de una alta capacidad de convocatoria[19]. Pero también de un gran impacto en la comunidad internacional y ello lo testifican las posiciones de la UE, EE.UU., Brasil, Costa Rica, Colombia y otros numerosos países que individualmente también plantearon las inconveniencias de que la administración Maduro continuase con su proyecto de ANC.

EL FUTURO ECONÓMICO.
Si por el poder de las armas la administración bolivariana logra imponer o avanzar en su proyecto de ANC, a pesar de las manifiestas tendencias internas en cuanto a la necesidad de salidas electorales y las manifestaciones internacionales de repudio a la forma en que se ha planteado aquella y a su realización misma, la economía seguirá deteriorándose aceleradamente. Razones:  
1. La administración bolivariana no va a cambiar su política económica ni el sentido del Plan de la Patria, ni va a perfilar ninguna estrategia diferente a la contenida en este y sus acepciones. A la Constitución que saldría de la “Constituyente“[20], o de los resultados de esta, se incorporaran las Misiónes como un componente de aquella; siendo esto, la gestión errónea de  convertir una acción de política económica o social –que puede ser circunstancial o temporal- en una Directiva global. 2. El nutriente fundamental de las ejecutorias de la administración bolivariana ha sido el rentismo y su instrumento directo que son los precios del petróleo. Desde 2014,  se distanciaron a la baja de los alrededor de 100$ por barril que habían alcanzado. Instituciones y mercado tienden a ubicar niveles de tan solo 58$ (petróleo del más alto nivel) para dentro de unos 12 meses.  3. El populismo, aferrado en la administración bolivariana, sigue percibiendo como una opción de política, para el mejoramiento del bienestar de los venezolanos, la de los aumentos salariales. El círculo infernal inflación/aumentos de salario  no es que mejora poco la calidad de vida, sino que cada día la deteriora más (ver los registros de CENDA sobre Canasta alimentaria y básica), profundizándose un distanciamiento de cualquier consideración sobre la dinámica productiva y de productividad. 4. A nivel del tipo de cambio, la administración no cambiará el control político que ejerce en base al control de cambios. Tampoco pareciera eliminará algún nivel de ubicación del llamado dólar de protección (Bs 10 por $; fuente de privilegios y claro enriquecimiento de algunos) o vaya a unificar el tipo de cambio. Por lo demás, no son opciones que ellas en sí mismas constituyan solución al agudo problema cambiario de la economía venezolana. La escasez de dólares es dramática y pareciera ser algo natural y ver como algo normal una economía que necesita y necesitara alrededor de 8.000 millones de dólares anuales -por varios años- para pagar su deuda. También se percibe como algo muy natural que, encontrándose el dólar negro o paralelo sobre Bs 8,000 por dólar, las subastas Dicom ubiquen el rango de la banda móvil sobre los 2000 $ con sus ya tangibles efectos inflacionarios (el de la octava se ha ubicado alrededor de los 2700 Bs por $; ver www.panorama.com.ve 19 de julio 2017). Están por verse y acumularse los resultados, pero esta acción, ya practicada, y en el contexto señalado, no se perfila como la solución en cuanto a la escasez de divisas y a sus interrelaciones con el área fiscal, productiva y de la inflación[21]. 5. ¿A nivel productivo, que va a hacer la administración bolivariana? ¿Va a cercar más al mercado y a la propiedad privada? ¿Va a estatizar o expropiar más empresas? ¿Va a desarrollar la propiedad comunal como una forma de propiedad privada? La administración en cuestión no ha dado muestras de mayores éxitos en empresas diversas. Tampoco ha sido exitosa con las cooperativas. En su perspectiva, los 15 motores que preconiza el presidente Nicolás Maduro son exitosos y dinámicos, mientras las empresas siguen cerrando o pronunciándose sobre su retiro del país. 6. ¿Con que instrumentos productivos, humanos o institucionales se va a insertar Venezuela en el plano internacional, de la competitividad y de las cadenas de valor, cuando algunos de los planes como el de su participación en Mercosur ha terminado altamente politizado y con suspensión para el país? La nación se ha ido y se irá distanciando de discusiones altamente dinámicas e importantes donde, sobre comercio, competitividad, suministros, cadenas de valor y otros elementos, participan activamente otras naciones de la región, mientras la economía venezolana ha ido perdiendo espacios antes atendidos y sobre los cuales, los potenciales beneficiarios de la “Constituyente” no tienen ni interés, ni equipos para desempeñarse.

@eortizramirez
eortizramirez@gmail.com










[1] Se trata de la venta de bonos a esta firma con un 69% de descuento (ver www.el-nacional.com 30 de mayo2017).
[2] Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado de la Asamblea Nacional, indicó, así, varias ideas ubicables en variadas perspectivas pero útiles para lo indicado: “aquí no va haber elecciones generales, ni renuncia ni abandono del cargo, aquí lo que va haber es revolución y más revolución”; “No nos vamos a dejar tumbar, vamos defender la Constitución cueste lo que cueste”;  “ya el CNE dio un cronograma el año pasado”; “ellos se inventaron un Referendo Revocatorio que retrasó todo”; “Habrá elecciones el día que el CNE lo establezca, los partidos políticos de la oposición verán si siguen el camino democrático, tendrán que renovarse porque ahorita no hay partido políticos en la oposición” (ver www.lapatilla.com enero 17 2017), 

[3] Analistas y opinión pública comenzaron así a manejar tal idea. “¿Cómo queda la democracia con un panorama político en el que parecen cada vez más lejanas unas elecciones? Aquí no va a haber elecciones. El presidente Maduro se movió muy claramente hacia un autoritarismo como la forma de estabilizarse. Ante un Gobierno con tan poca legitimad como este, que comenzó ganando por un 1 % de los votos, se tienen dos opciones: o se trata de ampliar las bases de apoyo para consolidarse y en ese sentido se abre a la negociación, o trata de estabilizarse por la vía autoritaria, es decir, van cerrándose y apoyándose en la represión y en los sectores armados; ese fue el camino que tomó Maduro. Desde que el CNE suspendió el referendo revocatorio trancaron el juego democrático en Venezuela, porque una semana antes también suspendieron hasta nuevo aviso las elecciones regionales. Ya no queda nada de la institucionalidad democrática, se puede decir que hay algunos espacios para la libre expresión, para la protesta, pero en realidad a los venezolanos se nos ha despojado de todos nuestros derechos civiles y políticos. Vivimos en un estado de indefensión, no tenemos ninguna garantía que se cumpla la Constitución y las leyes” (entrevista a Margarita López Maya, 7 de marzo 2017 www.larazón.net).
[4] Tal cual se señaló más arriba (ver también http://www.eleccionesvenezuela.com/) el carácter de ese cambio y otros detalles pasaron a ser elementos muy polémicos y de lidia política durante 2016 y 2017, dadas las acciones de la administración bolivariana a través de instituciones bajo su control como el Tribunal Supremo de Justicia, para entorpecer las acciones de la Asamblea, llegándola a ubicar incluso en situación de desacato, mientras, previamente, se le despojó de la mayoría absoluta por supuestas irregularidades en cuanto a elecciones de tres diputados y lo cual, entrado 2017, todavía no había sido atendido con los pasos pertinentes. En razón de todo esto, el presidente NM presentó su informe anual sustituyendo a la asamblea por el Tribunal Supremo de justicia dado que "quienes hoy han asumido la Asamblea Nacional continúan en desacato, actuando al margen de la Constitución" mientras que él, como Presidente, se encontraba "ejerciendo activa y cabalmente" (15 de enero 2017 www.aporrea.org).
[5] Estas decisiones -junto a otros elementos- produjeron el inicio de los sucesos que arrancaron en abril 2017 y que marcaron un punto de inflexión en el escenario político de la nación. Las decisiones en sí mismas son elemento fundamental de la llamada ruptura del orden o hilo constitucional y tratan asuntos relativos a poderes del presidente, cuestiones penales, de formación de empresas mixtas, competencia de la asamblea nacional, entre otros (ver ¿De qué se tratan las sentencias 155 y 156 del TSJ?, www.el-carabobeno.com 1 de abril 2017). Estas decisiones produjeron un primer pronunciamiento de la Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el 31 de marzo de 2017, destacando la idea de la ruptura del hilo o del orden constitucional. Este pronunciamiento de la Fiscal produjo distintas observaciones, pues esta ha sido figura definidamente participativa de las propuestas y ejecutorias de la administración bolivariana en todos sus años. Nuevamente el día 25 de abril, la Fiscal, en una especie de informe sobre fallecidos, heridos y detenidos durante este mes, hizo nuevos pronunciamientos que llamaron nuevamente la atención en la opinión pública. Se refirió a las descalificaciones políticas y a la inconveniencia de las discriminaciones políticas, también a la necesidad de sustento para que se puedan dar las detenciones, al debido proceso, a los discursos de odio, a la inconveniencia de la guerra civil y las intervenciones extranjeras (https://www.lapatilla.com/site/2017/04/25/luisa-ortega-diaz-confirma-26-asesinatos-durante-protestas/). Debe señalarse que los medios oficiales no estuvieron en la exposición de la Fiscal.
[6] Dada la dinámica, característica y resultados en más de 18 dieciocho años de administración bolivariana, esta evolución en la atención del caso venezolano no es sorpresiva: “Debemos reconocer que el caso Venezuela se ha mantenido en la agenda de la OEA, prueba de ello son las Declaraciones adoptadas por el Consejo Permanente: la Nro. 51 adoptada en el año 2014 y las Nros. 63 y 66 adoptadas en el año 2016. Para el 2017 ya tenemos la Resolución 1078, adoptada el pasado lunes 03 de este mes, que cuenta con el rotundo rechazo del gobierno bolivariano…… Con la Resolución 1078 nos encontramos en la primera fase de la Carta Democrática que se concentra en el diálogo y la negociación” (Félix Arellano, Venezuela y la OEA, 11 de abril 2017, http://masterecointerucv.blogspot.com/2017/04/venezuela-y-la-oea.html).
[7] Puede verse https://youtu.be/o57YYm-Ypjs para una recopilación y resumen por parte de cnn en español, 22 de abril 2017. El Cardenal Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, envió al gobierno venezolano, en diciembre del 2016, una comunicación que resume cuatro condiciones fundamentales –muy relacionados con los puntos señalados-, para superar la crisis, con las que se comprometió el gobierno venezolano y no ha cumplido, que tienen que ver con: definición del calendario electoral, liberación de los presos políticos, respeto de la constitución (correspondientemente, autonomía de los poderes públicos) y soluciones a la crisis humanitaria de alimentos y medicamentos (ver Félix Arellano. La comunidad internacional comprometida, http://masterecointerucv.blogspot.com/2017/04/la-comunidad-internacional-comprometida.html).
[8] De manera pública y notoria el propio presidente NM ofreció comprar 500.000 fusiles para asignárselos a los milicianos y Diosdado Cabello –vicepresidente del PSUV, diputado y figura de importancia en la administración bolivariana- ofreció lanzar a la calles miles de motorizados con las características señaladas, para la ocasión de las marchas del 19 de abril (se dieron las marchas de la oposición y la de los simpatizantes de la administración bolivariana): “las fuerzas revolucionarias tomarán Caracas”; “Nosotros le dijimos que no van a entrar (se refiere al centro de Caracas/EOR) hasta el cansancio y cuidado si no somos nosotros los que vamos para allá porque estamos cansados de que no nos dejen en paz”; ”Además, tenemos 60.000 motorizados que van a salir desde El Valle y Caricuao” (ver www.el-nacional.com 17 de abril de 2017).

[9] Estos fueron los resultados para los primeros veinte días de abril y la imprecisión en alguna cantidad deriva de las  propias restricciones y limitaciones para la difusión de la información. Después de esos veinte días, el día 24 de abril de 2017 día del plantón a nivel nacional se le adicionaron 3 muertos en barinas y 1 en  Mérida (ver www.eluniversal.com 24 abril2017). Redondeando cifras y fallecidos la Fiscal General informó que para el 25 de abril habían 26 muertos confirmados más 4 del día anterior, lo cual elevaba el número de muertos a 30 (https://www.lapatilla.com/site/2017/04/25/luisa-ortega-diaz-confirma-26-asesinatos-durante-protestas/).
[10] Debe agregarse que, antes de abril, ya la administración de NM había retirado del servicio de las empresas cableteras a CNN en español y otras emisoras de televisión internacionales, y venia -y ha seguido- haciendo uso desmedido y proselitista de cadenas y otros mecanismos.
[11] Mediante el Decreto Nº 2.830, de fecha 01 de mayo de 2017 se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ver www.lapatilla.com junio 9 2017).
[12]  A efectos de atender elementos de los señalados para la propuesta en cuestión, el Decreto Presidencial N° 2.889 (Gaceta Oficial N° 6.303 Extraordinario, 4 de junio de 2017), complementó las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), incorporadas en el Decreto N° 2.878 del 23 de mayo de 2017, exhortando a la Asamblea Nacional Constituyente a que, el proyecto de Constitución que se redacte en su seno, sea sometido a referéndum aprobatorio popular, en los términos establecidos en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (ver www.lapatilla.com junio 9 2017).
[13] Ver www.eluniversal.com 7 de julio 2017.
[14] Preguntas de la consulta: “1) ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano? 2) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? 3) ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?” (www.runrún.es 0607/2017).
[15] Algunos puntos referenciales pueden verse en: http://www.dw.com/es/venezuela-por-qu%C3%A9-l%C3%B3pez-y-por-qu%C3%A9-ahora/a-39613158;  Venezuela: ¿por qué López y por qué ahora?, 0807/2017.
[16] Elementos de interés pueden verse en el artículo de Eugenio Martínez Sobre los votos en la consulta popular http://prodavinci.com/blogs/sobre-los-votos-en-la-consulta-popular-por-eugenio-martinez/ 17 de julio 2017.
[17] Otros perfiles o relacionados con los señalados, también pueden verse en expresiones y balances realizados por Luis Vicente León (ver http://www.elimpulso.com/home/luis-vicente-leon-la-oposicion-sentirse-extremadamente-orgullosa 17 de julio 2017).
[18] La diferencia entre una y otra cantidad -en palabras de los miembros de la comisión de garantes- está en los votos nulos.
[19] Sobre resultados y detalles puede verse la alocución de la Comisión de garantes en https://www.youtube.com/watch?v=7cwU9EQcOVk 16 de julio 2017.
[20] A pesar de expresiones y tendencias previas en contrario, el presidente NM en alocuciones cercanas al Plebiscito del 16 de julio, señaló que no era un objetivo de la ANC hacer una nueva Constitución.
[21] Ingresaron a la nación sobre 1 billón de $ en cerca de 18 años. Hoy día, las ocho subastas Dicom han entregado para toda una nación, sus ciudadanos y empresas, alrededor de 207 millones de $ (www.panorama.com.ve 19 de julio 2017).