La comunidad internacional comprometida

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Felix Arellano

Con un país ardiendo por los cuatro costados es necesaria una verdadera negociación que permita construir salidas y adoptarlas con brevedad, no hay tiempo para juegos perversos

Resulta ampliamente conocida y reconocida la activa actuación de buena parte de la comunidad internacional ante la grave situación que estamos enfrentando en Venezuela. Es cierto que por un buen tiempo reinó el silencio y la complacencia, quizás efectos de la chequera petrolera, lo que generó un escepticismo nacional, pero la dimensión del problema de violación de derechos humanos y destrucción de la institucionalidad democrática no permite la indiferencia. Es larga la lista para enumerar declaraciones y comunicados, pero no podemos dejar de resaltar la valiente actuación del Sr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA. Ahora bien, la gravedad de los acontecimientos de los últimos días exige de una permanente y contundente actuación de la comunidad internacional, que coadyuve al heroico esfuerzo del país democrático, y en particular de nuestros jóvenes, luchando por construir un mejor país.

Se necesita, entre otros, que la denuncia continúe y profundice sobre la creciente violación de los derechos humanos. Que se exponga ante el mundo el uso excesivo de la fuerza y, lo que es más grave, la brutal actuación de los grupos paramilitares bajo la complacencia e impunidad gubernamental, el expediente sobre sus abusos es cada día mayor. Todo pareciera indicar que nos enfrentamos con delitos de lesa humanidad. Los requisitos funcionales que definen tales delitos se hacen evidentes, pues la violencia oficial y de sus grupos paramilitares pareciera que se torna sistemática y generalizada contra los que disienten y protestan. Por otra parte, no se aprecia la posibilidad de agotar la jurisdicción interna, pues las instituciones públicas en su conjunto, con algunas señales contradictorias de la Fiscalía General, se presentan genuflexas al poder autoritario del gobierno.

También necesitamos que al cerco crítico internacional se sumen nuevos y diversos actores, como: sindicalismo, académicos, mundo de la cultura, diversas organizaciones no gubernamentales, congregaciones religiosas, partidos políticos y, en especial, un mayor número de gobiernos democráticos y parlamentos. Resulta fundamental mantener de forma sistemática la voz de alerta que denuncie los crecientes atropellos, pero que también proponga acciones. Los derechos humanos y la democracia nos pertenecen a todos, representan triunfos y patrimonio de la humanidad que todos debemos defender.

En este contexto, cabe destacar la contribución del Congreso Nacional de la República de El Salvador, solicitando a la Corte Penal Internacional investigar los casos de tortura en Venezuela; pero también la aspiración del Parlamento del Mercosur, de conformar un grupo para negociar con el gobierno bolivariano. Es evidente la actitud de soberbia y agresividad del proceso bolivariano ante todos los esfuerzos de la comunidad internacional. No ha aceptado la propuesta de negociación que emanan de la OEA, o la conformación de un grupo de amigos para negociar planteada por el Presidente de Perú; empero, con fortaleza democrática resulta necesario persistir.

En la línea creativa del Parlamento del Mercosur de proponer posibles soluciones, deberían sumarse otros parlamentos de nuestra región como el Parlamento Latinoamericano, que en su Tratado fundacional contiene como uno de sus principios fundamentales la defensa de la democracia. También se deberían incorporar con voz de alerta y propositiva los parlamentos de la Comunidad Andina y del Mercado Común Centroamericano. Igualmente sería conveniente que la UNASUR, ahora bajo la presidencia del gobierno argentino, lave la cara de la institución, con una propuesta equilibrada que pueda reunir al gobierno bolivariano y a la oposición. El pueblo venezolano también espera por una pronta reacción crítica de nuestros hermanos pueblos caribeños tradicionales defensores de la justicia.

Adicionalmente, sería conveniente que todos los actores que participen en la denuncia y promoción de soluciones, tengan presente el texto preciso y contundente del Cardenal Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, quien envió al gobierno venezolano, en diciembre del año pasado, una comunicación que resume claramente las cuatro condiciones fundamentales para superar la crisis, en las que se comprometió el gobierno venezolano y no ha cumplido, que tienen que ver con: definición del calendario electoral, liberación de los presos políticos, respeto de la constitución y por tanto de la autonomía de los poderes públicos y soluciones a la crisis humanitaria de alimentos y medicamentos.

Ahora la comunidad internacional puede apreciar un país más unido que lucha por la construcción de la democracia, con un liderazgo político solido y coherente y la creciente participación de sectores populares que ayer se presentaban como indiferentes o controlados por la hegemonía gubernamental. El gobierno bolivariano está impactado ante la dimensión y contundencia de la protesta nacional.

Una nueva república democrática se está forjando al calor de una legitima lucha popular; empero, cuando se derrama sangre de gente inocente, la negociación resulta indispensable. Eso no significa repetir el juego malévolo de quemar tiempo que promovió el gobierno para perpetuarse en el poder, con el apoyo de Samper, como Secretario de la UNASUR y el expresidente Zapatero con su equipo. Con un país ardiendo por los cuatro costados es necesaria una verdadera negociación que permita construir salidas y adoptarlas con brevedad, no hay tiempo para juegos perversos.