Humberto García Larralde, economista, profesor de la
UCV, humgarl@gmail.com
La dolarización de la economía venezolana es notoria
para todo aquél que hace mercado. El bolívar sigue siendo la moneda de curso
legal en el país, pero los precios se fijan con referencia al llamado dólar
paralelo, ya que buena parte de las importaciones se hacen a esa cotización. El
dólar paralelo está en niveles artificialmente elevados por el absurdo control
de cambio actual y los severos desequilibrios macroeconómicos causados por las
políticas del gobierno. Como el trabajador percibe su sueldo en bolívares -cuyo
ajuste se rezaga con respecto a la inflación-, y no en dólares, los precios
dolarizados y la caída de su salario real se convierten en garras que atenazan
su nivel de vida.
De poder contar con un tipo de cambio que equiparase
el poder de compra interno del bolívar con su poder adquisitivo externo, la
inmensa mayoría de los productos que compramos bajarían significativamente de
precios. Un cálculo simple arroja que el tipo de cambio real de equilibrio
pudo haber estado para finales de marzo en torno a Bs. 700/$. Esto indica que
con Bs. 700 se hubiese comprado lo mismo en el mercado doméstico que lo que se
adquiere afuera con un dólar. En el anexo se registran precios al consumidor
final de algunos productos alimenticios tomados al azar de la página web de Walmart,
traducidos a bolívares como si se importaran a Bs. 700/$. El kilo de azúcar y
de arroz, que sólo se consiguen hoy a Bs. 5.000, costaría Bs. 805; el pote de
leche en polvo Nestlé estaría en Bs. 6.815/kg., cuando una bolsa de “bebida
láctea en polvo” se vende ahora a más de Bs. 21.000; el papel toilette a Bs.
455 el rollo; etc., etc., como podrá apreciar el lector.
Pero en los actuales momentos no están dadas las
condiciones para que todas las transacciones externas pudiesen sostenerse a Bs.
700 por dólar. Por ejemplo, si se divide la Liquidez Monetaria por las Reservas
Internacionales existentes para finales de marzo, da un tipo de cambio de
Bs. 1.200/$. De liberarse el tipo de cambio, la cantidad de bolívares en poder
del público y la pérdida de confianza en esta moneda como depositario de valor
dispararía la cotización del dólar muy por encima de Bs. 700. Es más, lo
racional sería endeudarse o vender activos para comprar dólares a ese precio
antes de que se acabasen, generando una presión especulativa que pondría el
precio del dólar por las nubes. La gente sabe que la exportación de petróleo ha
disminuido considerablemente y, con ello, la cantidad de dólares que ingresan
al país. Además, parte importante de éstos van a pagar el servicio de la deuda.
En la medida en que existan expectativas de una altísima inflación, como ha
sido el caso en los últimos años, nadie va a querer conservar bolívares, ya que
perderán rápidamente su poder adquisitivo. La gente busca gastarlos de
inmediato en cosas que hacen falta o adquiere dólares para preservar su poder
de compra. Nadie atesora bolívares por la desconfianza en esta moneda y en las
políticas del gobierno.
Esta desconfianza se alimenta de un gasto público
desbordado, del financiamiento monetario de sus déficits -la “maquinita” del
BCV- y la caída en las reservas internacionales. Estimaciones propias indican
que el financiamiento inorgánico del déficit podría haber superado el 20% del
PIB en 2016[1].
Distorsiones macroeconómicas tan fuertes explican la descomunal inflación del
550% del año pasado estimada por la Asamblea Nacional. De seguir con las mismas
políticas, algunos calculan que la inflación podría superar el 1.600% en 2017
(¡!). No se puede estabilizar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio
si no se controla la inflación y se consigue un financiamiento capaz de
equilibrar en el corto plazo las cuentas externas. Si no se solucionan los
graves desequilibrios macroeconómicos, internos y externos, no podrán
resolverse los perversos desequilibrios microeconómicos entre precios de
consumo dolarizados y capacidad adquisitiva disminuida del salario, que
empobrecen a los venezolanos hoy.
Pero el gobierno se niega a corregir sus políticas
para acabar con estas distorsiones macroeconómicas. Ello implicaría sanear las
cuentas públicas, sincerando los precios de los bienes y servicios que vende,
desembarazándose de empresas que desangran al Estado y rescatando a PdVSA de la
lamentable postración a que la han llevado. Un Estado robustecido en sus ingresos
podría focalizar el gasto de manera mucho más eficaz en los bienes públicos de
educación, salud, infraestructura, servicios y asistencia social, que requieren
los venezolanos. El gobierno se niega, asimismo, a acudir a organismos
financieros internacionales para un empréstito que permitiría renegociar la
deuda externa sin tener que sacrificar las importaciones, así como unificar y
estabilizar el tipo de cambio muy por debajo de su actual cotización
“paralela”. En este marco, un crédito puente serviría para solventar de
inmediato la crisis humanitaria que resulta del desabastecimiento de alimentos
y medicinas. Un financiamiento externo bien negociado permitiría disponer,
además, de recursos para compensar a aquellos sectores de bajos ingresos ante
la sinceración de los precios de la gasolina, la electricidad y la telefonía,
hasta tanto la economía se reactivase y pudiesen conseguir empleos cada vez
mejor remunerados. Por último, el Ejecutivo se niega a desmontar el sistema de
controles que actualmente asfixia la actividad económica doméstica,
dificultando la capacidad de repuesta del aparato productivo ante las reformas
mencionadas. En un marco de garantías sobre los derechos de propiedad y para
solución de conflictos, estas reformas atraerían inversiones extranjeras
interesadas en las grandes potencialidades de nuestra economía y en los
bajísimos sueldos que, lamentablemente, han provocado las políticas
“revolucionarias”. Actualmente, Venezuela es el país latinoamericano que
percibe menos inversiones foráneas, salvo Haití.
El gobierno se refugia en su retórica ideológica para
no cambiar sus políticas. Denuncia las reformas como “neoliberales”,
capitalistas, mientras sus políticas favorecen al pueblo (¡!) Las verdaderas
razones por las que se niega a cambiar consisten simplemente en que el sistema
de controles y los desequilibrios a que dan lugar son la fuente de
inconmensurables ingresos que, de la noche a la mañana, se embolsilla la
oligarquía militar-civil actualmente en el poder, a espaldas del control
político y social de los venezolanos, como expliqué en otro artículo[2]. Así las
cosas, el único ajuste que le queda a Maduro ante la caída en el ingreso
petrolero es el recorte drástico de las importaciones para poder pagar la deuda
externa -agravando aún más el desabastecimiento interno- y el rezago en el
incremento de los salarios ante al alza en los precios, que empobrece al
trabajador, como política anti-inflacionaria. El control de precios tenía que
fracasar, pero pregona ahora que la solución está en los CLAPs, instrumento de
chantaje y control social de los más humildes, y fuente de corruptelas y
dineros malhabidos.
En un plazo comparativamente corto un aparato
productivo libre de importar insumos, equipos y repuestos a un dólar mucho más
barato que el “paralelo”, y sin los controles de precio que lo aplastan, podría
suplir buena parte de los requerimientos de la demanda doméstica, sustituyendo
importaciones y ahorrando divisas. La afluencia de inversiones extranjeras
permitiría ampliar exportaciones petroleras y no petroleras, aliviando la
restricción externa y permitiendo el pago de las deudas contraídas. La
reactivación de la economía generaría fuentes de empleo productivo que
permitirían un aumento relativamente rápido de los sueldos que, junto a un tipo
de cambio de equilibrio, recuperaría el poder adquisitivo de los asalariados.
El emprendimiento de grandes, medianos y micro empresarios, así como nuevas
inversiones, se traducirán en aumentos sostenidos de productividad. Ello
revertiría el perverso desequilibrio entre precios dolarizados altos y
remuneraciones ínfimas.
Que este gobierno insista en su ajuste hambreador,
habiendo posibilidades de superar el sufrimiento que hoy agobia a la población,
es señal inequívoca de crueldad. Le quita toda legitimidad.
[1]
Incluyendo el incremento de la subcuenta “Otros
activos externos” que publica el BCV referente a la Base Monetaria
para 2016. Sin esta subcuenta -hay dudas sobre si estos activos externos en
posesión del BCV se están monetizando-, el financiamiento monetario estaría aún
por encima del 16% del PIB.
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