Venezuela y la OEA

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Felix Arellano

Naufragó la Unasur, pero la OEA está activada y activa, tratando de construir espacios para una negociación seria y responsable, dispuesta a explorar iniciativas como un “grupo de amigos”. Pero el proceso bolivariano rechaza su actuación, pues eso implicaría aceptar cambios

Entre las diversas lecciones que podemos ir extrayendo de la evolución del caso Venezuela, una importante y en pleno desarrollo tiene que ver con la identificación de fortalezas y debilidades de las organizaciones internacionales, particularmente en lo relativo a la defensa de los derechos humanos y la democracia. En este contexto, la Organización de Estados Americanos (OEA) juega un papel privilegiado, pues estos temas representan parte fundamental de su agenda, por ello conviene evaluar brevemente su actuación y perspectivas frente al caso Venezuela que, como podemos observar, se agudiza progresivamente.

Un hecho evidente y paradójico tiene que ver con el fortalecimiento de la OEA. Conviene recordar que el discurso radical del proceso bolivariano, apoyado por los miembros de la ALBA, destacaba el rechazo y eventual eliminación de la organización. En esa línea, el proceso avanzó más que sus aliados al denunciar el Tratado de San José, que crea el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos, limitando las oportunidades jurídicas de los venezolanos.

Luego, en la medida que la crisis venezolana se incrementaba por la violación de los derechos humanos y el deterioro de la institucionalidad democrática, la OEA se ha constituido en el epicentro de la consideración del caso, particularmente por el coraje del Sr. Luis Almagro, Secretario General, quien decidió utilizar el Articulo 20 de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y solicitar su activación. El caso venezolano se inscribe en el marco del deterioro de la legitimidad en el ejercicio, que si bien está incluido en la CDI (no es el caso en otras Cláusulas Democráticas), requiere de un mayor desarrollo jurídico.

Debemos reconocer que el caso Venezuela se ha mantenido en la agenda de la OEA, prueba de ello son las Declaraciones adoptadas por el Consejo Permanente: la Nro. 51 adoptada en el año 2014 y las Nros. 63 y 66 adoptadas en el año 2016. Para el 2017 ya tenemos la Resolución 1078, adoptada el pasado lunes 03 de este mes, que cuenta con el rotundo rechazo del gobierno bolivariano.

Con la Resolución 1078 nos encontramos en la primera fase de la Carta Democrática que se concentra en el diálogo y la negociación. Adicionalmente, conviene destacar que el contenido de la Resolución coincide, tanto con la Declaración que adoptaron los Cancilleres del Mercosur en Buenos Aires el sábado 01 de este mes, como con la Carta que el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, remitió al gobierno bolivariano en diciembre del 2016, resaltando los compromisos que estaba incumpliendo en el marco del proceso del diálogo.

Con la carta del Cardenal Parolin se hizo evidente el fracaso del equipo Zapatero. Ahora bien, fracaso para quienes actuaban de buena fe, para el proceso bolivariano, solo interesado en perpetuarse en el poder, el equipo de Zapatero y la Unasur de Samper jugaban como “tontos útiles”, para quemar tiempo en una falsa negociación, afortunadamente el Vaticano no se prestó a la farsa y la denunció responsablemente.

Naufragó la Unasur, pero la OEA está activada y activa, tratando de construir espacios para una negociación seria y responsable, dispuesta a explorar iniciativas como un “grupo de amigos”. Pero el proceso bolivariano rechaza su actuación, pues eso implicaría aceptar cambios tales como: definir el calendario electoral, liberar presos políticos, reconocer la Asamblea Nacional y transformar el modelo para superar efectivamente la crisis humanitaria.

La Resolución 1078 ha activado la Carta Democrática en su primera fase y pareciera que hasta ese punto se podría llegar en la OEA. Para ir a la segunda fase se requiere de 24 votos, que no existen en este momento. Por otra parte, un importante número de países críticos al proceso bolivariano, que han apoyado la activación de la primera fase, no quieren caer en la trampa de la suspensión venezolana de la OEA, que podría resultar en un premio para el gobierno bolivariano, como lo ha manejado por muchos años la dictadura cubana.

Los gobiernos democráticos de la OEA están tratando de establecer puentes con el gobierno bolivariano, que en el fondo los necesita desesperadamente, pero la soberbia del poder y la irracional influencia de la dictadura cubana, no le permiten comprender la conveniencia de avanzar por el camino que plantea la OEA. Los gobiernos democráticos de la región insisten en explorar opciones pacificas frente a la crisis venezolana y han abordado de nuevo el tema en la reciente cumbre de los ocho Cancilleres del Mercosur y la Alianza del Pacifico, efectuada el pasado viernes 07, en el marco del Foro Económico Mundial sobre América Latina que se realizó en Buenos Aires.

Como parte de los beneficios que la OEA podría ofrecer destacan: el mantenimiento de la paz, evitar los escenarios de sangre que tanto pregona el discurso oficial; la construcción de garantías y equilibrios para todas las partes y la posible apertura financiera de la comunidad internacional, que se está cerrando ante un país inestable, con un gobierno irresponsable que no respeta su propia constitución.