Tomado de www.dw.com 1307/2017
AMÉRICA LATINA
Los ocultos tentáculos de Odebrecht en México y Venezuela
Tanto el Gobierno mexicano como el venezolano han tratado de ignorar sus nexos con el escándalo de corrupción brasileño que involucra a 10 países latinoamericanos.
Dentro del complejo entramado de redes de sobornos y corrupción que destapó la investigación "Lava Jato” en Brasil, sin duda lo que más sorprende son sus alcances en toda Latinoamérica. Los tentáculos del peor escándalo de corrupción brasileña se encontraban desde hace años en al menos 10 países del continente americano, involucrando a políticos, presidentes y a los más importantes empresarios de la región.
Gracias al sistema de delaciones premiadas que rige en Brasil, Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa que lleva por nombre su apellido, y que está sentenciado a 19 años de cárcel, se supo que Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, financió campañas políticas presidenciales y pagó sobornos para adjudicarse licitaciones de las principales obras de construcción en Brasil, Ecuador, Panamá, Republica Dominicana, Guatemala, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela y México.
Las reacciones de parte de los distintos gobiernos han sido variadas, tal como lo señala Alejandro Salas, Director para las Américas de Transparencia Internacional. "La dimensión regional de este escándalo de corrupción está generando una especia de competencia entre los países involucrados. Es decir, las reacciones de la clase política y las autoridades de la Justicia es distinta, y va desde los que tratan de disminuir y ocultar el problema, hasta los que le hacen frente de manera abierta. Esto va a ayudar a poner en evidencia a aquellos que no están dispuestos a luchar contra la corrupción, como es claramente el caso de Venezuela, por ejemplo. República Dominicana y México le siguen muy de cerca en ese camino".
En el otro extremo, según Salas, se encuentran "Brasil, Perú y Colombia, que tuvieron reacciones inmediatas muy positivas, censurando rápidamente a la empresa Odebrecht de participar en más procesos en sus países y adelantando investigaciones contra funcionarios públicos de primer nivel, entre ellos el expresidente peruano Alejando Toledo. El resto de países ha tenido reacciones muy diversas", agrega desde Berlín.
Ignorar y ocultar
México y Venezuela tomaron la vereda del silencio para enfrentar las últimas declaraciones que Marcelo Odebrecht ha hecho ante la Justicia respecto a sus lazos e inversiones en ambos países.
Por un lado, el Gobierno de Maduro suspendió los contratos que se mantenían vigentes con la empresa brasileña, y mientras que la Fiscalía General de la República abría una investigación para aclarar qué funcionarios recibieron sobornos, el presidente venezolano optó por el silencio absoluto para enfrentar la acusación, que desde mayo pasado lo involucra con la financiación irregular de la campaña electoral por la reelección de Chávez, en 2012.
Según la justicia estadounidense, que también investiga las practicas corruptas de Odebrecht, el dinero que la empresa pagó en Venezuela es de 98 millones de dólares entre los años 2006 y 2015, adjudicándose a su vez importantes licitaciones de obras como la extensión de la línea 5 del metro de Caracas.
Los avances de las pesquisas lideradas en Caracas por la fiscal Luisa Ortega, que viajó en febrero a Brasil para cruzar información con el Procurador General de ese país, ya tiene a dos imputadas. Se trata de María Baptista y Elita Zacarias, la esposa y suegra respectivamente del exministro Haiman El Troudi.
A pesar de estos pequeños avances, Ivo Hernández, investigador y académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Münster, señala a DW que "en Venezuela, los venezolanos no saben nada sobre el caso porque estamos hablando de entramados que se hicieron de Gobierno a Gobierno, y el dinero que pudiese haber dado Odebrecht se repartió aparentemente en distintos niveles y a distintas personas. No se sabe nada porque esto pertenece a ese misterio en el cual se manejaban los acuerdos gubernamentales que se hacían primero en el mandato del fallecido Hugo Chávez y luego con Maduro. A menos que Odebrecht provea pruebas contundentes que puedan demostrar que una parte del Gobierno venezolano está involucrado en esta trama, la actual dictadura no dará ningún tipo de cifras ni nombres de las empresas ligadas a Odebrecht, lo único que se sabe es que esta empresa tiene presencia en Venezuela hace muchos años”.
Según Hernández, la única forma de que se conozca la verdad de los delitos de corrupción cometidos en Venezuela dentro del marco de la operación "Lava Jato” requiere de la unión de la Fiscalía General con la Asamblea Nacional. "La investigación de la fiscal nacional tendría futuro si a ella se sumase la Asamblea Nacional, sólo si se abocaran en el mismo propósito se podría crear una fuerza colectiva tal que permita una investigación de gran envergadura que comunique directamente a la Asamblea venezolana con el Parlamento de Brasil, evitando con ello que el Ejecutivo venezolano concrete su intención delictiva".
La táctica del silencio
Mientras eso ocurre en Venezuela, en México la situación no es muy distinta, Marcelo Odebrecht sostuvo haber pagado 10,5 millones de dólares en México entre 2010 y 2014, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, también habría sido mencionado en la entrega de dineros a Emilio Lozoya, expresidente de la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Sin embargo, el Gobierno mexicano ha guardado silencio frente a este escándalo. Actualmente es la Secretaría de la Función Pública mexicana la que lleva la investigación sobre la cual se mantiene un estricto secretismo.
Raúl Olmos, investigador de "Méxicanos contra la corrupción y la Impunidad", con dedicación especial al caso Lava Jato en México, explica a DW que "el caso Lava Jato y Odebrecht han tenido poca repercusión en la opinión pública porque la clase política ha impuesto una política de silencio, lo que se ha logrado saber es gracias a investigaciones periodísticas, pero las averiguaciones que lleva la procuraduría son muy poco conocidas. A diferencia de otros países, en México no hay procesados ni imputados y existe una percepción de impunidad”.
La falta de una postura gubernamental respecto al tema, se explicaría según Olmos, por el componente político que tienen las acciones ejecutadas por Odebrecht. "Nuestra sospecha es que esto, al igual que en otros países de Latinoamérica tiene un ingrediente político electoral y es probable que esta sea la razón por la que se trata de ocultar cómo actuó Odebrecht en nuestro país (México). No entendemos porque no se hace el mismo tipo de investigación que hacen en otros países si el modo de operar es el mismo, lo único que nos queda es apostar por la presión social para que se castiguen a quienes cometieron actos de corrupción, pero lo que hemos observado en la investigación preliminar de la procuraduría es que sólo se apunta a personajes menores y no a quienes ordenaba la firma de esos contratos corruptos”.
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