Humberto García Larralde, Presidente Academia Nacional de Ciencias Económicas, humgarl@gmail.com
Es sumamente preocupante la situación por la que viene atravesando la economía venezolana durante los últimos tres años. Numerosos economistas han venido alertando sobre las consecuencias adversas de las políticas vigentes, planteando la necesidad de modificarlas. El cúmulo de desaciertos ha acarreado un aumento abrupto de la pobreza, una caída del producto, mayor desempleo, desabastecimiento, malnutrición y muertes que podrían evitarse si se dispusiera de medicamentos y equipos médicos apropiados. Lamentablemente, el Gobierno Nacional no ha tomado en cuenta las observaciones de los profesionales de la economía y se niega a rectificar sus políticas.
Concernidos por el deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos, la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), en unión de calificados economistas provenientes de otras instituciones y áreas de trabajo profesional, ha propiciado un interesante intercambio de ideas sobre cómo superar esta situación y generar condiciones que redunden en un crecimiento sostenido con equidad. Esta discusión ha forjado consensos básicos en torno a la naturaleza de los problemas a afrontar y respecto a los lineamientos principales de un programa para la reconstrucción de la economía venezolana. En particular, hay coincidencia en la necesidad de derrotar cuanto antes la inflación y reactivar el aparato productivo para poder abastecer al mercado doméstico, sustituir importaciones y generar empleos bien remunerados. Los objetivos generales de política para ello son bastante claras al respecto:
1) Sanear las cuentas fiscales, reduciendo drásticamente los déficits y, con ello, su financiamiento monetario, para abatir la inflación;
2) Unificar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio real y en condiciones que permitan la libre transacción de divisas con el fin de superar la severa restricción externa que tiene ahogada la economía doméstica;
3) Contratar importantes magnitudes de financiamiento externo para solventar la insuficiencia de divisas por la caída en los precios internacionales del petróleo, y poder cubrir la brecha de importaciones y cumplir con los compromisos externos de la nación;
4) Desmantelar el cúmulo de controles y regulaciones que han asfixiado a la actividad económica interna, posibilitando la liberación y aprovechamiento cabal de sus capacidades productivas, fuertemente menoscabadas actualmente;
5) Consolidar un marco institucional que afiance los derechos de propiedad, permita la oportuna y eficaz resolución de controversias, promueva la competencia interna, asegure los derechos laborales y de los consumidores e instaure un clima de confianza que haga a la economía venezolana un ámbito favorable al emprendimiento y la inversión.
Pero al abordar tales lineamientos, quedan interrogantes en torno a una variada gama de aspectos por no contar con información oficial al día, en virtud de la irresponsable decisión del Banco Central de Venezuela y de otros organismos estatales proveedores de datos estadísticos de no publicarla. Ello mantiene a la población en ascuas respecto a qué pueden esperar hacia el futuro, dificulta el análisis profesional de estas perspectivas y enturbia las posibilidades del cálculo económico acertado para la toma correcta de decisiones por parte de actores públicos y privados.
En lo atinente a la rectificación del conjunto actual de políticas, la falta de información oficial dificulta conocer la magnitud de las brechas y de los problemas a superar, la capacidad de respuesta que pueda tener la industria petrolera y otros sectores productivos ante un programa coherente para la transición económica, y los problemas específicos que confronta la gestión pública, que son menester aclarar para recomendar los instrumentos de política adecuados y entender la naturaleza de sus encadenamientos y secuencias, la estrategia para liberar y estabilizar el tipo de cambio, y los mecanismos de compensación social más eficaces, entre muchos otros aspectos.
En atención a lo señalado, el grupo de economistas que nos hemos estado reuniendo se ha abocado a recabar la mejor información disponible, evaluarla en términos de la consistencia de los datos y con la trayectoria reciente de la economía, y realizar los ejercicios de rigor para que puedan sustentar propuestas de política. Dado el deterioro acelerado de la situación, tanto en lo económico como en lo político, es imperativo tener preparados los aspectos fundamentales de un programa de transición, una vez se viabilice políticamente su instrumentación. Un nuevo gobierno no puede darse el lujo de improvisar medidas para recuperar la economía: debe tener lista una visión lo más clara posible de las políticas a aplicar y sobre cómo mejor aplicarlas. En particular, la necesidad de recurrir al financiamiento internacional para aliviar la restricción externa que hoy asfixia a la actividad económica y estabilizar un tipo de cambio que refleje su productividad relativa, hace obligatorio disponer de un plan creíble, basado en información precisa, que respalde tal solicitud. La confianza de los inversionistas en las perspectivas de mejora futura del país depende de ello, junto a la aplicación de reglas de juego claras y atractivas. Estamos trabajando, precisamente, para contribuir con la elaboración de un plan que cumpla con tales objetivos.
Un elemento central a la viabilidad de un programa de transición está en la capacidad de incorporar la participación de los actores principales en su puesta en acción. En atención a ello, nos interesa dar a conocer a los sectores protagónicos del acontecer económico y político nacional nuestras ideas, para someterlas a sus opiniones, vivencias y expectativas. En particular, queremos evaluar nuestras propuestas a la luz de las observaciones que puedan hacer las universidades, otras academias nacionales, los gremios empresariales y sindicales, la prensa especializada, dirigentes políticos y sociales y, progresivamente, el público en general.
En este orden de ideas estamos comenzando a publicar en la página web de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE –www.ance.org.ve) –actualmente en reconstrucción- documentos que recogen nuestras discusiones y a remitirlos a distintas instituciones a través del correo electrónico. En nuestra agenda también está la realización de distintos tipos de eventos, conjuntamente con otras instituciones y actores, para la discusión de propuestas de política. Esta interacción no sólo permitirá una mayor precisión de muchas de nuestras propuestas sino que arrojará información referente a la economía política del proceso de transición, es decir, a la manera como habrán de expresarse los diferentes intereses en juego y sus posibles impactos en la instrumentación de las políticas en cuestión. Esto es particularmente importante si se toma en cuenta la renuencia del Ejecutivo de atender las numerosas observaciones hechas por economistas y otros profesionales respecto a la inviabilidad y consecuencias negativas de sus políticas, y que hacen imperativo su rectificación perentoria. Cómo superar los poderosos intereses coaligados en torno al sistema de controles y regulaciones que viene destruyendo la economía, requiere sumar el compromiso de todos.
Por último, es menester conectar las políticas para la transición con las reformas estructurales necesarias para impulsar un modelo económico que supere las limitaciones del rentismo petrolero. Debe entenderse que la mejora sostenida del bienestar de los venezolanos no puede descansar en la perspectiva de unaumento continuado de los ingresos externos provenientes de la exportación de petróleo. El mercado petrolero internacional está experimentando una transformación estructural con la aparición de nuevas tecnologías de extracción y con los compromisos asumidos para reducir hacia futuro el consumo de combustibles fósiles por razones ambientales, lo cual hace poco previsible precios del crudo como los evidenciados entre 2004 y 2014 para los próximos años. Una economía pujante solo será posible desarrollando capacidades competitivas en otras áreas que permitan reemplazar progresivamente al petróleo como fuente principal de ingresos externos. Cómo utilizar la renta petrolera para facilitar esa transición, cuáles son los instrumentos de política más apropiados, las reformas estructurales que se deben adelantar y cómo se entrelazan con las medidas para la transición, forman obligatoriamente parte de nuestras reflexiones. Vislumbrar hacia dónde queremos que se desarrolle la economía, el proyecto de país al que aspiramos y el marco institucional que lo hará factible, y lograr los consensos necesarios para su viabilidad política, social y económica, es un desiderátum de las generaciones presentes de venezolanos para con el futuro del país.
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