El Arco
minero del Orinoco
Diversificación del extractivismo y nuevos regímenes
biopolíticos
Francisco Javier Ruiz
Francisco Javier Ruiz:
Sociólogo
(UCV). Especialista en Desarrollo Sustentable (UNLa). Magister en Investigación
en Ciencias Sociales (UBA). Doctorando en Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV).
Ejerce la investigación en áreas vinculadas a la ecología política.
Palabras claves: minería,
extractivismo, pranato,
corrupción, Venezuela.
Ampliación de
las fronteras extractivas
Venezuela da cuenta
de complejos escenarios ante las debilidades para emprender una efectiva
diversificación productiva. Lo que está ocurriendo es la diversificación del
extractivismo, sostenido por el Estado, mientras se reconfiguran nuevos
regímenes biopolíticos sobre los territorios. Las derivas del modelo rentista
sostenido en la industria petrolera venezolana se agudizan y se expresan en
territorios donde se ha expandido la minería ilegal. En el marco de una
profunda crisis económica nacional, del modelo rentista y de la configuración
del Estado que lo sostiene, surgen proyectos intensivos y extensivos de
explotación de minerales como oro, diamante, carbón y coltán. Venezuela no ha
abandonado su papel en el concierto económico mundial como proveedor de
materias primas. Sin embargo, el peso de los rubros con escaso o nulo
procesamiento se ha profundizado en las últimas décadas[1].
En estos últimos diez
años, el proyecto bolivariano, al no consolidar su autonomía y bases sólidas
para el desarrollo de un nuevo modelo económico, quedó a merced de los impactos
de la crisis mundial del capital, la escandalosa fuga de capitales, el
endeudamiento progresivo, la corrupción, las presiones y bloqueos
internacionales de muy reciente data, la dinámica clientelismo/cooptación y la caída
de los precios del petróleo, su principal fuente de ingreso de divisas. Un
ejemplo claro es la incapacidad real y efectiva de las experiencias de
producción para cubrir las necesidades básicas de la población en materia
agroalimentaria.
En este contexto,
el gobierno ha creado el Arco Minero del Orinoco (AMO)[2],
siendo la mayor avanzada extractivista por parte del Estado y sectores
privados, mediante la configuración y uso de los territorios a una supuesta vocación minera. Se trata de una
extensión de 113.598 km2, que corresponde al 12,4% del territorio
nacional, mayor en extensión que países como Cuba, Bélgica, Panamá, Irlanda,
Suiza, o Costa Rica. En este territorio de extraordinaria diversidad[3]
y riqueza socionatural ubicado en el estado Bolívar y al que se vinculan
próximamente Amazonas y Delta Amacuro, se encuentran seis Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE) distribuidas en cuatro zonas delimitadas y el
Bloque Especial Icabarú según la vocación minera diferenciada. Los
minerales a extraer, con la participación de 150 empresas provenientes de 35
países, son oro, diamante, coltán, cobre, hierro y bauxita.
La población que
reside en el AMO representa el 4,69% de la población nacional, con 1.660.000
habitantes distribuido en 465 poblados. En Guayana, las cifras actuales sobre
la población minera en general (tradicional y emergente) varían según la
fuente, pero puede estimarse entre 70.000 y 150.000 personas. La extracción
minera existe desde hace aproximadamente 200 años, transitando desde prácticas
asociadas a la minería artesanal hacia técnicas de mayor complejidad y
volumen de extracción como la aluvional
y de galería. Previo a la Revolución Bolivariana, el ordenamiento jurídico que
regulaba la práctica minera en Venezuela se sostenía en la criminalización e
invisibilización de la realidad minera artesanal y de pequeña escala, lo que no
implicó el abandono de dicha práctica sino más bien su extensión con la
incorporación de mineros de países vecinos como Brasil y Colombia. En 2000, el
presidente Hugo Chávez modificó la Ley de Minas promulgada en 1952 mediante un
Decreto-Ley que reconoce la existencia del minero artesanal, de la pequeña
minería y de la mancomunidad minera. A partir de allí se iniciaron gestiones
institucionales que tenían como objetivos el reconocimiento y regularización de
la actividad minera y la protección socioeconómica de la población dedicada a
esta actividad, con el fin de garantizarle condiciones de vida más dignas así
como el impulso de la transición hacia otras actividades productivas. El Plan
Piar (2003), la Misión Piar (2004), el Plan de Reconversión Minera (2006), el
Plan Caura (2007) y la Comisión Presidencial para la Protección del Desarrollo
y Promoción Integral de la Actividad Minera en la Región Guayana (2014) se
dirigieron hacia estos fines. Empero, estos planes no lograron los objetivos
buscados.
El
Arco Minero contra la Constitución
El
AMO transgrede un esencial y vasto articulado presente en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, así como en leyes orgánicas y convenciones
internacionales. Entre estas violaciones de la legislación podemos mencionar:
Participación
y consulta: el decreto 2.248, mediante el
cual se crea el AMO, vulnera el principio de la participación garantizado por
la Constitución como elemento neurálgico de la «democracia participativa», en
la medida en que, pese a su envergadura y alcances, ha sido impulsado y
establecido por el Ejecutivo Nacional de forma inconsulta y excluyente.
Soberanía
y modelo económico: la legislación del AMO es violatoria del Régimen Socio Económico y de
la Función del Estado en la Economía, que establece la prioridad de la
inversión nacional en manos del Estado y asume la «defensa» las actividades de
las empresas nacionales, públicas o privadas, y garantiza a su vez un
tratamiento igualitario para la inversión extranjera y nacional con énfasis en
la agregación de valor de las materias primas extraídas, especialmente para la
manufactura y el desarrollo de tecnología.
Derechos
sociales y laborales: a fin de conceder la mejor de
las condiciones para las transnacionales mineras, el artículo 25 del
Decreto 2.248, establece que «ningún interés particular, gremial, sindical, de
asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general
en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto». Y deja en
claro que «los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo las acciones
inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las
actividades». Esto implicaría que cualquier organización indígena,
ambientalista, obrera, comunitaria, estudiantil o de derechos humanos que
organice asambleas, movilizaciones, protestas o huelgas consideradas
beligerantes, puede ser objeto de represión, penalización, enjuiciamiento. Esto
añade un agravante más a los derechos a la protesta social y laboral, y la
defensa legítima de los derechos de los trabajadoras asegurados en la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, impulsada por el
presidente Chávez en abril de 2012.
Pueblos indígenas: los nuevos instrumentos legales son
violatorios del derecho a «consulta
previa, libre e informada» establecido en el en el Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales (1991) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) suscripto por Venezuela para cualquier proyecto que el
Estado pretenda desarrollar en estos territorios[4].
Destrucción
de la vida: el AMO viola lo establecido en
la Constitución, que ordena resguardar las zonas protegidas y vulnerables, y además
exige la elaboración de estudios de impacto ambiental rigurosos y previos al
comienzo de las explotaciones. También se violan las leyes y normativas que
rigen las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)[5].
Además se reduce a letra muerta el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (1993) mediante el cual Venezuela se ha
comprometido a preservar diversas figuras y categorías de áreas naturales
protegidas.
Régimen
tributario: el aspecto tributario del AMO viola principios constitucionales porque
desregula con exenciones impositivas el 12% del territorio nacional. Por
ejemplo, el artículo 21 del decreto del AMO, plantea «exoneraciones totales o
parciales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado,
aplicables, exclusivamente a las actividades conexas a la actividad minera».
Un
Arco Minero que descansa en el pranato
minero
El Estado
venezolano ha sido incapaz de resolver la gravísima problemática relacionada al
pranato minero en Guayana, el cual,
según los testimonios obtenidos por entrevistas de habitantes de la región y
diversas fuentes documentales y hemerográficas, se intensificó de forma
exponencial desde 2006[6].
Desde estos esquemas de control de territorios en Guayana, casi
la totalidad de los mineros están sometidos; obligados a pagar vacunas a estas organizaciones
delictivas, que no es menos del 50% de la ganancia total por el material extraído. Estas bandas
armadas, por sus orígenes, fines y vínculos se hacen llamar sindicatos. Pero la realidad es que se trata de un modo de organización
nutrido de las tramas que se han impuesto en las instituciones carcelarias bajo
la figura del «Pran»[7], un recluso
con el máximo poder en los centros penitenciarios y jefe de una estructura
vertical de dominio y patrones de operaciones,
normas de organización y acciones con incidencia más allá de las cárceles. El
control territorial de estas bandas armadas excede el espacio de la mina,
desplegando su poder de coacción y lógicas organizativas en todo el entramado
socioeconómico de la región, incluso en las grandes ciudades del estado como
Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y San Félix,
así como poblados indígenas presentes en el todo el territorio.
Este entramado
socioeconómico alrededor de la minería se evidencia en la proliferación de
bares, prostíbulos y casas de juegos, así como en el incremento del tráfico de
minerales y de maquinaria para la extracción y los altos índices de violencia,
manteniendo una íntima relación con el tráfico de drogas, de combustible y de
alimentos producidos y regulados por el Estado (muy escasos en el resto del
país, pero abundantes en los pueblos mineros del sur del estado Bolívar).
Incluso la economía minera supedita oficios y servicios ajenos a la minería
(comunicaciones, construcción, comercio), así como influye de forma
determinante en la gestión público-institucional local y regional.
Hasta el momento,
el Estado no ha emprendido una política consistente para el abordaje de esta
grave situación. Empresas básicas estatales como la Corporación Venezolana de Guayana MINERVEN, dedicada a la
extracción aurífera, han disminuido su operatividad a su mínima expresión desde
2013. Sin embargo, la obtención de oro por parte de Guyana, Brasil, Colombia y
Curazao ha reflejado un curioso aumento[8].
Ante esta realidad, identificar la ruta de minerales como el oro, diamantes y
recientemente el coltán, es esencial para esclarecer la cadena de
comercialización del contrabando de extracción y sus actores involucrados. Mientras el Estado no
aborde integralmente la realidad que impera en esta región, todo mineral
extraído en estas condiciones provendrá de relaciones de poder criminales hacia
la población y de una violación flagrante a los derechos sociales y los
ordenamientos socioambientales vigentes. ¿Se trata solo de una muestra de
incapacidad gubernamental?[9] ¿Se trata
de la influencia de poderosos sectores en la nación que inciden para que ello
no suceda o fracase? ¿Hay connivencia por parte de sectores que administran el
Estado con la matriz del pranato
minero? ¿Se justifica un megaproyecto como el Arco Minero del Orinoco? ¿El AMO es el reconocimiento
del Estado de su incapacidad de gestionar ese territorio, entregándolo a la
suerte de las bandas armadas y transnacionales, mientras garantiza la obtención
de la renta minera?
Es que con el AMO
se esta empezando a legitimar una alianzas no formales entre actores diversos; entre
ellos las Brigadas Mineras Socialistas, creadas por
el novísimo Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Estas
brigadas estarían empleando técnicas de extracción prohibidas por el mismo
Estado (por ejemplo, el uso del mercurio) además de estar constituidas,
presionadas o controladas por bandas armadas, que se han establecido como la
fuerza que ha impuesto los esquemas socioorganizativos y por lo tanto ha
logrado penetrar en los tejidos socioeconómicos mediante la figura del «poder popular» y así asociarse en la
actividad minera a partir de nuevas denominaciones creadas y reguladas desde el
Estado como son las mencionadas «brigadas». Estos
panoramas hacen difusos los hilos finos de una trama muy compleja de relaciones
y de manejos del poder entre distintos actores presentes en un territorio con
una muy debilitada trama institucional que gestiona ineficazmente las
necesidades de la población. Así instituciones,
transnacionales, medianos y grandes empresarios, receptores
comerciales de minerales, dueños de máquinas,
comerciantes legales e ilegales, mineros tradicionales, el «orden» del pranato minero, entre otros actores y
procesos, inciden con mucha fuerza para que la inercia instituida continúe.
Nuevo entramado legal y
actores del despojo
La creación del AMO tiene como soporte otros acontecimientos con fuerza
de ley que merecen ser resaltados. Por un lado, la creación en 2014 de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo
Socioproductivo de la Patria, el cual reproduce modelos difundidos por
el neoliberalismo multilateral de organizaciones como el Banco Mundial (BM) y
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ese modelo no es otro que el de las
Zonas Económicas Especiales, que operan gracias al ejercicio estatal de
sustraer conquistas fundamentales en materia de derechos humanos, políticos y
sociales, y otorgar absolutas libertades económicas, tributarias y
territoriales, principalmente a capitales transnacionales. El otro mecanismo de reciente creación es la constitución
de una corporación militar-empresarial mediante la Compañía Anónima Militar de
Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG, 2016). El tercero de
similar importancia es la Ley de Inversiones Extranjeras (2017), recientemente
sancionada por la denominada Asamblea Nacional Constituyente.
El AMO refleja escenarios de crecientes complejidades y amenazas. Sobre
las espacialidades y dinámicas reticulares en un mismo territorio operan y se
vinculan diferentes actores. Nos atrevemos a categorizar cuatro tipos: a) el
primero de ellos es el eslabón más territorializado, sujeto a un capitalismo
lumpenizado y mafioso, vinculado a la minería ilegal de pequeña y mediana
escala, inserto en el tejido social, que se extiende territorialmente a partir
del aprovechamiento de sus múltiples operadores de alcance regional y nacional
y es controlado por cabecillas de bandas armadas. b) El segundo actor es
impulsado por sectores económicos emergentes y tradicionales, vinculados con la
burocracia gubernamental y amparados por las nuevas disposiciones que crean el
AMO. Se trata de empresas nacionales recién creadas, con ninguna o muy precaria
trayectoria en explotación minera, con inconsistencias en su proceder con el
Estado y con vínculos en paraísos fiscales cercanos como Barbados; estas llegan
a ser consideradas incluso como empresas «de maletín» o fantasmas. c) El tercer
actor está constituido por actores foráneos con limitada proyección
internacional, con sedes e intereses relacionados a capitales especulativos
fuera de Venezuela, y a su vez con trayectoria y experiencia minera
exclusivamente en Venezuela o muy localizada. d) por último, la cuarta figura
de este mapa de actores son las poderosas empresas transnacionales, no con
trayectorias, sino más bien con prontuarios, por la violación de derechos
humanos y negociaciones fraudulentas con los Estados además de largos
repertorios en su haber de graves devastaciones y contaminaciones en los
territorios donde opera.
Con la creación
del AMO, la minería ilegal se acompañará de empresas como la Gold Reserve, que
ya ha establecido asociaciones estratégicas mediante contratos leoninos con el
Estado venezolano. A esta empresa el presidente Chávez le había suspendido la
concesión de la mina Las Brisas en 2009. Posteriormente, Venezuela perdió una
demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias (CIADI) y aceptó la resolución de este organismo
de indemnizar a la empresa por 769 millones de dólares[10].
También se han suscrito acuerdos con la mayor empresa minera del mundo: la
Barrick Gold. Esta empresa posee un historial de denuncias en los países donde
tiene presencia, relacionados con asesinatos y abusos en países como Papúa
Nueva Guinea y Tanzania[11], así
como un largo historial de devastación y contaminación sin precedentes entre
los que podemos mencionar el derrame de al menos un millón de litros de
solución cianurada en cinco ríos en la provincia argentina de San Juan[12];
la contaminación por cianuro por la explotación de las minas de Pueblo Viejo,
en República Dominicana[13] y
graves afectaciones a glaciares de Argentina y Chile por la explotación de las
minas Veladero y Pascua Lama[14], entre
otros casos.
Un Estado desbordado: la epidemia de malaria
Se puede dudar razonablemente de la capacidad de
los organismos e instituciones corresponsables de las consecuencias ocasionadas
por el ejercicio de la minería ilegal bajo la forma de organización criminal ya
descrita, por cuanto se deduce razonablemente la connivencia, desarticulación e ineficacia de las
acciones y políticas públicas. Por ello,
intentar resolver esta situación implicaría un profundo proceso de
reinstitucionalización, pero no como mimesis de la misma lógica con otros relatos, sino desde una nueva institucionalidad,
transformada y transformadora, que accione concretamente en favor de la defensa
de la vida digna desde una perspectiva integral.
Hoy, por el contrario, además de la presencia del pranato minero y su paz criminosa, Venezuela asiste al
rebrote de la malaria, enfermedad íntimamente relacionada a la minería y que ha
desbordado la voluntad o capacidad del Estado venezolano para resolverla. Luego
de haber sido erradicada en 2000, esta enfermedad está actualmente catalogada
como una epidemia de proporciones cada vez más preocupantes. A fines del 2014,
todos los países endémicos de la región, excepto Haití y Venezuela, habían
reducido la morbilidad por malaria en comparación con el 2006. Para 2017 la
situación es aún más grave. El Boletín Epidemiológico de Venezuela 2016, luego
de dos años sin haber sido emitido, y bajo la responsabilidad del Ministerio
del Poder Popular para la Salud[15], arrojó resultados más
que alarmantes: se registraron 240.613 casos que representan un incremento de
76,4% con respecto a 2015. Así, la totalidad del país se encuentra en estado de
epidemia de malaria, con casos verificados en 14 de los 24 estados y otros
cuatro en situación de alarma.
Solo en el estado Bolívar se
registró el 74% del total nacional. Los cuatro municipios de mayor actividad
minera de este estado (Sifontes, Roscio, Gran Sabana y El Callao) representan
el 53% de la totalidad de casos de malaria para este año. Si a ello le sumamos
los casos de Amazonas y Delta Amacuro, estados de mayor explotación de
minerales en el país, después del estado Bolívar, estamos ante la alarmante
cifra del 88% del total nacional. Según el Informe Mundial de la Malaria 2016,
con estas cifras Venezuela aporta el 48% del total de casos de malaria en todo
el continente americano.
Expansión de
la problemática, agudización del despojo
Estas realidades
brevemente esbozadas se relacionan a un proceso regional que Rafael Grasa ha
denominado la captura del Estado, el cual consiste en
un fenómeno de corrupción sistémica en el cual
suele ser muy activa la delincuencia transnacional, a menudo con la complicidad
de organismos legales vinculados a ella [con] la
intervención de personas, grupos o empresas legales –con lazos no siempre
legales- en la redacción de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas,
para obtener beneficios diversos, de tipo privado y a veces ligados a
actividades delictivas, a costa de fondos públicos y de la independencia de las
autoridades. [Se trata de] una relación constante entre lo
ilegal y lo legal en la génesis de las actividades delictivas y, sobre todo, en
la puesta en circulación, multiplicación y blanqueo de los resultados
económicos obtenidos de esas actividades mediante redes ilícitas y nexos con actores
diversos totalmente legales que están reconfigurando los Estados en todo el
mundo[16].
Existen otros
investigadores que debaten esta afirmación centrada en la cantidad y
fortaleza del Estado. Más bien enfocan esa reconfiguración de un Estado a
partir del despliegue y señales de consolidación de la crimilegalidad[17], desde la asunción
de nuevos órdenes sociales y regímenes políticos paralelos al ordenamiento
formal establecido o existiendo contradicciones entre él, dado los nuevos
patrones y necesidades de adaptación que el nuevo orden exige y que se asocia a
lo que Lilian Bobea ha denominado el estadotropismo, entendido como «las
lógicas de articulación entre actores desregulados, criminales y estatales, así
como el nivel de institucionalización de sus prácticas y los contextos
(histórico-sociales y políticos) dentro de los cuales se producen esas
articulaciones»[18].
Con un nuevo dispositivo de
control biopolítico sobre el territorio, como lo es el AMO, se proyectan
contextos con la agudización de estas modalidades de conflictos y
acrecentamiento del caos, de despojo, de violencia, de más complejas tramas de
corrupción, de interpenetración entre lo paraestatal y estatal para la
explotación de un territorio biodiverso y multicultural. Y es que las escalas de
beneficios económicos que supondría el AMO son inconmensurablemente írritos si
se relaciona con su repercusión en la generalidad de la población, en las
generaciones futuras y en el planeta, dada la importancia de la región para los
ciclos de vida allí presentes.
La expansión del poder y la penetración e
interconexión de actores relacionados a las actividades de extracción minera ha
ido en aumento en los últimos 10 años. En estas vinculaciones y expansión de
control de zonas de extracción están involucrados sectores de poder
institucional, que actúan con una total impunidad patrimonialista. También son
trágicamente numerosas las denuncias de desapariciones, masacres y
enfrentamientos que no llegan a resolverse judicialmente[19].
Considerando la dinámica y condiciones en que se han operado y
administrado las empresas básicas del Estado y la desatención sobre los
importantes problemas y conflictos ambientales que han generado sus
operaciones, quedan serias dudas acerca de cómo va a gestionarse el AMO en una
zona donde el accionar formal Estatal es escaso, débil o nulo, al igual que la
capacidad de ejercer contraloría popular organizada. Es decir, se trataría de una
profundización y extensión de la realidad ya presente en la región. Por lo que
se asume que en este contexto, el AMO, dado los principios sobre los cuales se
funda y desde la institucionalidad que lo involucra, no se vislumbra capaz de
revertir esta situación, sino que la mantendrá, como ha venido ocurriendo desde
la creación del AMO en 2016 en el contexto de la corrupción generalizada que
vive el país[20].
El AMO promovería y consolidaría nuevas formas y manifestaciones de
para-Estados, muy peligrosos para afianzar las estructuras de dominio como el
del pranato, donde se configuran
relaciones de poder que tenderían a normalizar y legalizar este régimen
impuesto, sin señales de transformar el régimen biopolítico imperante. El solapamiento de las funciones del Estado petroexportador
venezolano, desde las complejas combinaciones duales de explotación irregular
de las minas y la desestructuración de su precaria estructura formal
extractiva, sienta las bases de lo que podríamos denominar rentismo lumpenizado.
Estas nuevas
reconfiguraciones que incorporan nuevos regímenes biopolíticos se han solapado
en los mantos de alcance del Estado, desde una heterogeneidad importante en sus
expresiones, formas organizativas, alianzas, alcances y fines para el logro de
su principal objetivo, que no es otro que lo que Charles Tilly (1985) ha llamado el rent-seeking (búsqueda
de renta); con tramas de dominio que
paulatinamente y dependiendo de otras variables nacionales y locales
intentan diversificarse localmente y expandirse globalmente. El Arco Minero del
Orinoco viene a insertarse desde esta dinámica.
[4] En Guayana habitan las comunidades warao, akawayo,
e´ñepa, pumé, mapoyo, kariña, arawak, piaroa, pemón, ye´kwana y sanemá.
[5] En esta región se
encuentran además Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), como
el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, la reserva forestal de Imataca, los
monumentos naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima, la Zona Protectora Sur
del Estado Bolívar y el Parque Nacional Indígena y Popular Caura.
[8] Ya en 2006, la revista
colombiana Semana señalaba que
«cuando los lavadores compran el oro en Venezuela y Panamá, el beneficio es aun
mayor, pues en estos países es más barato. Constantemente intentan meterlo al
país por las fronteras, aunque no siempre lo logran» («No todo lo que brilla es
oro», en Semana, 2/11/2006). Por su
parte, el parlamentario socialista holandés Ronald van
Raak solicitó claridad a su gobierno sobre informes de que grandes cantidades
de oro de Venezuela están siendo contrabandeadas a Aruba y Curazao, territorios
que forman parte de los Países Bajos. Curazao, por ejemplo, exportó oro por más
de 440 millones de euros en 2015, lo que representa el 33% de su exportación
total de bienes y servicios. El oro es el segundo mayor producto de exportación
de Curazao después del petróleo refinado, también proveniente de Venezuela.
Fuente: http://curacaochronicle.com/politics/dutch-mp-asks-about-large-scale-gold-smuggling-to-islands/
[9] En el estado Bolívar operan seis cuerpos de seguridad: la Guardia
Nacional, el Ejército, la policía regional, la policía local, el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Fuentes: https://www.hrw.org/es/news/2011/02/01/papua-nueva-guinea-graves-violaciones-en-una-mina-de-barrick-gold
Fuente:
http://www.eldiariodebuenosaires.com/2015/09/24/el-mayor-desastre-ambiental-de-la-historia-argentina-labarrick-gold-admitio-que-derramo-mas-de-un-millon-de-litros-de-solucion-cianurada/
Fuente:
http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Informe-de-Greenpeace-revela-que-la-minera-Barrick-Goldafecto-glaciares/
[15] Este boletín fue publicado el 9 de mayo de 2017.
Dos días después, la ministra fue destituida, y el documento desapareció
inmediatamente del portal web oficial.
[16] R.
Grasa: «Nuevas miradas sobre la seguridad y la delincuencia transnacional», en Nueva Sociedad Nº 263, 5-6/2016, p. 54.
Lilian
Bobea: «El Estado como demiurgo de la criminalidad», en Nueva Sociedad Nº 263 5-6/2016.
Asimismo, no avizoramos un giro sobre
los temas planteados por los actores de la oposición política tradicional. De
hecho, consideramos que el AMO es un proyecto compatible con las proposiciones
de la oposición. Como ejemplo, invitamos a leer la carta enviada por el ex
presidente de la Asamblea Nacional durante el periodo 2017, Julio Borges,
dirigida a los organizadores de la Latin America Down Under Conference (conglomerado de inversionistas en materia de
minería), donde expone su intención de continuar el camino de profundización
del modelo expoliatorio, al señalar que «también quisiera informarles que esta
situación debe cambiar pronto y que una vez que la democracia haya sido
restaurada en nuestro país, nuestras puertas estarán abiertas para recibir las
inversiones, con la seguridad jurídica adecuada porque el país tendrá que
reorientarse a lo largo del camino del progreso y el desarrollo» («Anuncian
acciones legales contra Julio Borges por traición a la Patria (+carta)», en Correo del Orinoco, 17/5/2017).
WIKIMEDIA COMMONS
GETTY IMAGES
ISTOCK
CSIRO/WIKIMEDIA COMMONS
PIET SPAANS/WIKIMEDIA COMMONS