EDUARDO
ORTIZ RAMIREZ
A Venezuela le quedó, como
resultado del año 2017[1],
en primer lugar, la desembocadura –dada la intensidad que asumió la
problemática económica, social y política- de un proceso de más de diecinueve
años -llamado revolución bolivariana-
con muy pocos logros que blandir. Que no alteró el rentismo sino que lo
fortaleció. Que no ejecutó ningún modelo alterno de desarrollo, a pesar de los
señalamientos y criticas al modelo desarrollado en los cuarenta años previos a
1999. Que no logró con su propagandeadas misiones
disminuir la pobreza, sino aumentarla (como se palpa en lo inmediato, en las
principales ciudades del país y en el campo), destruyendo, desatendiendo y
abandonando las instituciones y los servicios atinentes a las áreas de salud,
seguridad, educación, transporte[2]
y justicia. En segundo lugar, la alteración de los procedimientos, hábitos,
costumbres y esperanzas democráticas, que fueron las que precisamente llevaron
y permitieron el ascenso al poder de los que habían liderado los golpes de
estado de 1992[3],
acompañados de la derrotada, fracasada y frustrada izquierda de las décadas y
lustros previos a este último año, que había luchado contra la democracia desde 1958 y sus alcances en cuanto al desarrollo.
En tales sentidos, las conversaciones y
avances hacia negociaciones, iniciadas en noviembre de 2017, con reuniones
formales el 1 y 2 de diciembre; así como la del 15 de diciembre; y la del 11,
12 y 13 de enero de 2018[4] (y las
preparatorias según los casos), saltaron numerosos asuntos atinentes a la vida
en democracia y focalizaron, de manera fundamental, en la estructura y papel
del CNE[5] en unas
posibles elecciones presidenciales para 2018 (o en el ansiado y solicitado
reconocimiento de su Asamblea Nacional Constituyente, de parte del
oficialismo), a pesar de haberse recordado o señalado -del lado de la
oposición- lo atinente al respeto a la constitución, la ayuda humanitaria y los
presos políticos[6]
(desapareciendo de tonos y momentos, el tema de los crímenes de lesa humanidad
y los más de 130 muertos[7] de los
meses de abril a julio de 2017)[8].
En tercer lugar, se encuentran los
efectos de todo lo transitado en 2017 en el ámbito político, sobre un factor
fundamental en el futuro de la nación: sus
pobladores y sus votantes. Estos, además de las cargas atinentes al
deterioro en las condiciones de vida, han acumulado los efectos de la
alteración de procedimientos, trampas, marramuncias y probables fraudes, en lo
que atañe a su resistencia, empuje y capacidad de lucha. Después de numerosas
marchas, fallecidos, gases, alteraciones de viviendas, violaciones de hogares y
de la privacidad, dadas las acciones gubernamentales, se encontraron al
finalizar los meses de protesta, con una dirigencia opositora, caracterizada,
por varios actores y analistas, con agendas ocultas, personalismos y actitudes
oportunistas[9].
EL
ESCENARIO 2018
Si el año 2017 tuvo sucesos,
secuencias y detalles como los ya señalados y los heredados o transmitidos a
2018, este por tales razones y su dinámica de comienzo e intensidad inició con
grandes cargas y perspectivas de complicaciones. La muerte/asesinato de Oscar
Pérez, el poco o casi irrelevante avance en las negociaciones llevadas a cabo
en República Dominicana y el aumento de sanciones internacionales (dadas las
actuaciones de EE.UU. y UE en fechas del mes de enero) llevaron a revelar o
estructurar acciones del lado gubernamental en cuanto a convocar a las
elecciones presidenciales para realizarlas antes del 30 de abril del año 2018.
Las alarmas y las preocupaciones
llevaron también al pronunciamiento del llamado Grupo de Lima (12 países liderados por Perú) -que se reunió el
martes 23 de enero en Santiago de Chile-
sobre el llamado a elecciones por parte de la ANC[10].
En esta reunión del Grupo de Lima, México se retiró de las negociaciones en su
papel de Garante, dado el poco avance de las mismas. Por su parte, todo el
conjunto de países reunidos rechazaron la
convocatoria de elecciones en Venezuela por la Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo
por considerar que la celebración de comicios antes de mayo impedía que estos
fueran “transparentes y creíbles” y carecían de “legitimidad
y credibilidad”[11].
Además de las acciones señaladas,
la administración del presidente Maduro a través de las instituciones que
controla, desautorizó la participación de la MUD y Voluntad Popular
en los comicios presidenciales convocados e insistió en el proceso de
validación de los distintos partidos políticos. Todas consideradas -por agentes
opositores y analistas- trabas e impedimentos para facilitar más sus
condiciones ventajosas en la elección indicada.
De cualquier manera, esto afectó
la propia marcha lenta de las negociaciones en República Dominicana. Así, Voluntad Popular no asistió a la
reunión del 29/30 de enero en Santo Domingo. El contexto internacional, por su
parte, se vio más propenso a la crítica a la administración bolivariana, a
partir de la expulsión del embajador español
por supuestas intromisiones según la administración bolivariana[12]. Esta
medida fue seguida con la correspondiente del lado del gobierno español en
relación al embajador venezolano.
De un salto y con el mayor
optimismo y entusiasmo el jefe de la delegación del
gobierno en el diálogo, Jorge Rodríguez, anunció el 5 de
febrero que los representantes del Ejecutivo ya estaban listos para concretar y firmar ese mismo día el acuerdo
de paz y convivencia con la oposición; indicó además, en una rueda de prensa a medios
internacionales que el 99,9% de los puntos ya habían sido acordados afirmando
incluso que la oposición también estaba “casi lista para firmar”; “Con tinta en
el tintero, con pluma lista y en las condiciones óptimas para firmar el acuerdo
de paz y convivencia. Vamos a
firmar hoy (5 de febrero) y vamos también a elecciones. ¿Quién dijo
miedo? ¿Van a arrugar ahora?”, dijo Rodríguez directo y con alta emoción (www.quepsaenvenezuela.com 5 de febrero 2018).
Contradiciendo estas afirmaciones y pasado un día adicional, el vocero por la
oposición en la mesa del dialogo, Julio Borges, desmintió que todo estuviese listo
para firmar un acuerdo el martes 6 de febrero. Negó que se hubiesen reunido la
noche del 5 de febrero con los representantes del gobierno, y señaló “Puede
haber mesa y bolígrafo pero falta que haya la verdad, que no es otra cosa que
los derechos de Venezuela” (www.el-nacional.com 6 de febrero).
El 23 y el 31 de enero de 2018 se
retiraron de las negociaciones el canciller mexicano y el chileno,
respectivamente, de las llamadas negociaciones de República Dominicana, en
razón del poco avance, vicios y/o particularidades observadas en las posiciones
e intereses de la administración bolivariana y sus representantes, según los
casos. Todo esto y los otros elementos señalados llevaron a los resultados
plasmados el 7 de enero. Con las posiciones expresadas, el oficialismo estuvo
definido por que ya todo estaba listo y había que firmar. Durante rueda de
prensa Jorge Rodríguez firmó el
documento y manifestó que ellos “cumplirán su palabra. Vamos a elecciones”, así
como que “En el momento correspondiente enseñaremos el pre acuerdo del 31 de
enero y cuáles fueron los acuerdos de hoy”
(www.epmundo.com, 7 de
febrero 2018). Por su parte, julio Borges señaló en su cuenta de twitter
“Informo al país que no hemos firmado, ni firmaremos, ningún acuerdo que no sea
digno ni esté a la altura del pueblo venezolano”; “Los venezolanos de verdad no
recibimos órdenes ni de Estados Unidos ni de Cuba. Les garantizo que hasta que
no haya un acuerdo digno no firmaremos nada”; “Nunca vamos firmar nada que signifique menos derechos y que confisque
los valores democráticos de la población venezolana” (ver www.epmundo.com 7 de enero de 2018; @JulioBorges 7 de febrero de 2018).
Preparado así todo el terreno por la administración bolivariana, el
mismo 7 de febrero en la noche la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, convocó a
las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. El mismo CNE,
cuestionado y observado internacionalmente, convocó así a las elecciones
adelantadas y llenas de todas las conveniencias e inhabilitaciones del
interés de los actores oficialistas, que indicó/solicitó/convocó la ANC. Para
ello, señaló Lucena, que en todo el proceso existían las garantías para
una elección “transparente y confiable, para que los venezolanos expresen su
voluntad”; así como que “a pesar de que no se firmó el acuerdo” de
Dominicana, “la paz es el camino” y la
ruta “para que el pueblo de Venezuela decida su destino libremente”, algo que
debe suceder “sin injerencias”.
Varias
cosas podían decirse sobre estos resultados; un balance preliminar nos permite
compartir la afirmación de Luis Vicente León para el momento en cuanto a que
“Es un drama que una elección en Venezuela, lejos de resolver el problema,
fortalecer la democracia y legitimar las instituciones vaya directo a generar
exactamente lo contrario.” (@luisvicenteleon 7 de febrero de 2018).
No era
fácil encontrar indicios de que la administración bolivariana fuese a acceder a
cambiar ese CNE y convertir una elección nacional, en un episodio limpio y
lleno de libertades y derechos ciudadanos. Por otra parte, lo que la
administración había entendido como su camino de la paz, pasó a ser
interpretado y visto por muchos interna e internacionalmente[13],
como el súmmum de las triquiñuelas y el camino directo para la
perpetuación del autoritarismo bolivariano, heredero de un pastiche donde lo
más resaltado en sus tiempos más recientes es la vía al socialismo, la cual
se convirtió en la vía al fracaso, destrucción
económica, descomposición nacional, sobrevivencia como única estrategia de vida
ante la crisis humanitaria, el hambre y la escasez, junto a la desintegración
que produce –crecientemente- la diáspora, y que todos ellos no son más que
componentes naturales de una revolución petrolera que terminó en fracaso
y corrupción, junto a un escenario hiperinflacionario que se alimenta
con los propios errores y permanencia del populismo y políticas económicas
erradas.
Las
cartas están echadas y el oficialismo seguirá su marcha para “ganar” las
elecciones presidenciales adelantadas en 2018.
@eortizramirez
eortizramirez@gmail.com
[2]
Servicios otrora exitosos como el Metro
de Caracas hoy día se encuentran en franco deterioro, en base al desorden,
la improvisación, la politización y la política populista de congelación de
tarifas.
[3] Hugo
Chávez, otros personajes del área militar y líderes, conductores y grupos de la
izquierda tradicional.
[4] A pesar
del entusiasmo y optimismo expresado por varios –sobre todo oficialistas-,
estos días de reunión no fueron fructíferos. A lo sumo, puede destacarse la
afirmación de Jorge Roig, expresidente de Fedecamaras y Asesor del lado de la
oposición, al señalar “Termina larga y dura jornada sin acuerdo. La
oposición no cedió en los derechos de los venezolanos que son
innegociables. Como debe ser!” (https://twitter.com/jorgeroig/status/952346955514032128?s=03).
La ronda de conversaciones en Santo Domingo del 11 al 13 implicó la siguiente
delegación por la oposición: Simón
Calzadilla, Vicente Díaz, Gustavo Velásquez, Manuel Rosales, Eudoro González,
Luis Aquiles Moreno, Luis Florido, Enrique Márquez, Julio Borges; y por el gobierno: Jorge Rodríguez,
Delcy Rodríguez, Elías Jaua, Roy Chaderton. La reunión del día 11 fue
preparatoria para definir los puntos de discusión que serían abordados entre
las partes, con la presencia de los acompañantes internacionales. De allí se
pasó al día viernes, con retrasos del caso, sin lograrse acuerdos. En
correspondencia con esto se incorporó también el día sábado para los diálogos y
negociaciones sin tampoco lograrse acuerdos (www.impactocna.com
13 de enero de 2018). Se terminó definiendo volverse a reunir el 18 de enero
ante el único resultado de afirmar que se lograron acuerdos parciales o el
cobijo que en algunas circunstancias permite la frase "de que nada
está acordado hasta que todo este acordado" (www.eluniversal.com
14 de enero). Esta reunión del 18 de enero no se llevó a efecto, pues la
oposición rechazó las afirmaciones del ministro de relaciones interiores Néstor
Reverol, en el sentido de que para la captura y muerte de Oscar Pérez el 15 de
enero, tal cual se señala más adelante, se había contado con información obtenida
en estas negociaciones; también se protestó la ausencia de varios de los
cancilleres de apoyo para las negociaciones y la lentitud que se le observaba
al gobierno para llegar a acuerdos (puede verse www.800noticias.com 18 enero 2018).
[5] A pesar
de poder plantearlo así, numerosas fisuras, sesgos, personalismos y descuidos
existentes en la parte de la oposición que se inclinó a este dialogo, facilitan
destacar el planteamiento de Antonio Ledezma (quien huyó del país), líder de la
plataforma Soy Venezuela
(sector de la oposición que rechaza el nuevo intento de diálogo con el gobierno
iniciado en noviembre/diciembre 2017) y que comenzó formalmente el viernes
1-2 de diciembre en República Dominicana, señaló: “Una cosa es intentar una
elección con todas las de la ley y otra intentar un fraude, lo que se quiere es
intentar un nuevo fraude, porque si vamos a unas elecciones con el mismo
aparato electoral con el que forjaron el fraude de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), eso no es una elección, es un asalto al poder”; “(Y
lo hace el Gobierno) apoyándose en una elite militar que lo respalda porque
están comprometidos con hechos de corrupción que ya no pueden ocultar, contra
eso se va a rebelar el pueblo, estoy seguro de que el pueblo va a protestar
contra cualquier intento de perpetuar el fraude”; “Si se va (al diálogo) sin condiciones, sin
términos… cuando hemos ido a dialogar, el Gobierno se lleva todos los trofeos y
nosotros salimos trasquilados” (ver www.elpitazo.com
29 de noviembre 2017). Por su parte, María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, desde inicios de
noviembre, alertó sobre lo inviable de este dialogo, asunto que ratificó el 29
de noviembre en la reunión de dirigentes de la oposición con el político
español Adolfo Suarez (ver www.anlitica.com
10 de noviembre 2017 y www.el-nacional.com
29 de noviembre 2017). En el campo internacional el Secretario general de OEA,
Luis Almagro, expresó serias críticas o dudas al dialogo (“la política no es un
juego florentino, no es mover piezas en el tablero de las élites”; lo calificó
como “no inclusivo” pues “no dio las condiciones para que pueda sumarse”);
igual lo hizo el canciller peruano, Ricardo Luna, miembro del grupo de Lima
(“Yo no me siento en condiciones de recomendar nada a la oposición, pero si yo
fuera venezolano, no iría al diálogo”). Debe señalarse que el día 30 de noviembre
se formalizó que el canciller Paraguayo no asistiría a Republica Dominicana, lo
cual implicaba que la oposición tuviese un canciller menos como garante
(quedándole México y Chile), mientras del lado del gobierno de NM se habría
añadido San Vicente y las Granadinas (sumándose a Nicaragua y Bolivia). Esto
fue interpretado por algunos como un mal comienzo, pero al fin y al cabo se
siguió con el encuentro programado (ver www.es.panampost.com
29 de noviembre 2017; www.elunivrsal.com 30 de noviembre 2017).
[6] Al
momento de acercarse las reuniones del 1y 2 de diciembre de 2017, el Foro Penal Venezolano, organización
fundamental en la defensa de los presos políticos y denuncia de asesinatos y
abusos en manifestaciones diversas y muy activa en las de 2017, hizo una serie
de planteamientos sobre las propias negociaciones y las actitudes de la llamada
oposición: “Rechazamos que, en lo que se refiere a la situación de los presos
políticos, perseguidos y exiliados, no se conozcan aún los objetivos precisos,
o las condiciones ni exigencias previas que han sido o serán planteadas”; en el
mismo comunicado, presentado en el contexto de cercanía de esas
conversaciones/negociaciones la organización puntualizó que se prefirió “no asistir a las
reuniones realizadas por una Comisión Especial de la Asamblea Nacional dirigida
por el diputado Stalin González, en vista de que dicha claridad de propósitos y
objetivos no existían ni existen actualmente”; y así también “Nuestra
obligación es no legitimar ni otorgar potestades a ciegas que sirvan para
realizar planteamientos no acordes con nuestros objetivos de libertad y
justicia” y, en tal razón, aun no estando en contra de dialogar, toda negociación
tiene que ser “honesta y sincera”. Posición y palabras categóricas, firmes y
acordes con el respeto que para ciertos sectores o grupos sociales y políticos
merece el conjunto de actividades de esta organización (puede verse www.es.panampost.com, Noviembre 27
2017).
[7] El 15 de
enero de 2018, días posteriores y cercanos a las reuniones de negociación en
República dominicana el 11, 12 y 13 del mismo mes, fue muerto Oscar Pérez,
antiguo funcionario del CICPC, quien había pasado a la clandestinidad después
de haberse pronunciado en contra de la administración bolivariana, luego de un
vuelo en helicóptero por la ciudad de Caracas. Según sus propios mensajes por
las redes sociales, estaba dispuesto a rendirse, pero afirmó lo querían
asesinar (http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42696495
15 de enero 2018).
[8]
Un resumen importante de todas las propuestas presentes hasta febrero de 2018
(la de los Cancilleres, la de Rodríguez Zapatero y la de la oposición en sus
distintos momentos, puede verse en: Eugenio Martínez, ¿Qué propuestas
discutieron el gobierno y la oposición en República Dominicana?, www.prodavinci.com 7 febrero 2018).
[9] De los
episodios más bochornosos y asociados a algunas de esta actitudes, están las
juramentaciones ante la ANC o las dudas o pronunciamientos sobre lo no
problemático de hacerlo. “La ANC (…) es una realidad política, si queremos que
en Venezuela haya un cambio, debemos asumir esa convocatoria de juramentación”
(Manuel Rosales, www.elestimulo.com
17/11/17; ex gobernador del Zulia, excandidato presidencial y candidato a la
gobernación del Zulia para elecciones diciembre 2017).
[11]En tales
sentidos expresaron en el comunicado: “Exigimos
que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada
anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y
con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de
observadores internacionales independientes. Unas elecciones que no cumplan
estas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad” (http://americanuestra.com/los-principales-paises-de-america-latina-rechazan-las-elecciones-en-venezuela-antes-de-mayo/#). De la misma
manera, y ya en el ámbito nacional, la Conferencia Episcopal Venezolana expresó
su rechazo en un documento fechado 29 enero 2018; entre los ocho puntos de ese
documento están los dos siguientes: “2.- En primer lugar, ratificamos lo dicho
en la Exhortación Pastoral ´Dios consolará a su Pueblo´, del pasado 12 de enero
2018: ´La Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su
origen y en su desempeño. En vez de limitarse a redactar una nueva Constitución
pretende erigirse en un supra poder con funciones ejecutivas y judiciales´
(n.4). Demostración de esto es el mandato dado al CNE por parte de la ANC para
que convoque elecciones presidenciales adelantadas, contraviniendo el marco
legal vigente. 3.-En segundo lugar, estamos ante un hecho de extralimitación y
desnaturalización de las funciones de la ANC. Tenemos una Constitución Nacional
y unas leyes que estipulan claramente el procedimiento de las elecciones.
Sencillamente, se desconocen y omiten estas disposiciones, para legislar según
los intereses propios del poder” (ver www.800noticias.com 29 de enero 2018).
[12] Esta
acción recibió respuesta de la UE en el sentido de que: “La UE condena
firmemente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al embajador
español persona non grata. Expresamos plena solidaridad con España y llamamos a
revertir la decisión, ya que va contra la necesidad de mantener abiertos los
canales diplomáticos” (Comisión
Europea -CE-, Catherine Ray). Venezuela declaró el jueves 25 de
enero de 2018 persona no grata a Silva Fernández por “continuas agresiones y
recurrentes actos de injerencia” del Gobierno español en los asuntos de
Venezuela (www.globovisión.com 26 de
enero 2018).
[13] La
información del mismo 8 de febrero es categórica del lado del Parlamento
europeo: “Aprobada en plenario del Parlamento Europeo la resolución sobre la
situación en Venezuela con una amplísima mayoría. Europa no es neutral: está
con la democracia y con los venezolanos. No a las elecciones fraudulentas de
Maduro”, indicó Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos
Humanos del Parlamento Europeo. La resolución de la Eurocámara fue
aprobada por 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones. Los parlamentarios,
además. solicitaron más sanciones para
el gobierno de Nicolás Maduro (ver www.el-nacional.com
8 de febrero 2018).
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