viernes, 16 de febrero de 2018

REFLEXIONES SOBRE LOS CICLOS POLÍTICOS EN LA HISTORIA DE VENEZUELA Y LA “APOPTOSIS” DE UN RÉGIMEN, QUE “TIENE SUS DÍAS CONTADOS.”*


Allan R. Brewer-Carías

La convocatoria de la elección presidencial para el próximo mes de abril de 2018 que ha hecho por la Asamblea Nacional Constituyente es, sin duda, una confirmación más de que Venezuela es un país que simplemente carece de Constitución,[1] conducido por un gobierno asambleario y tumultuario que actúa sin reglas preestablecidas, a través de una montonera agrupada bajo esa denominación de Asamblea Nacional Constituyente.
Esa Asamblea, en mi criterio, viene a ser la última manifestación del régimen político de destrucción institucional, económica, social y cultural del país que caracteriza al que se instaló desde 1999, y que pasó progresivamente de ser un régimen autoritario al régimen totalitario de la actualidad. [2]
Ese régimen, sin embargo, ya no goza de buena salud, y desde hace ya unos lustros viene entrando en un estado de “apoptosis,” término que si bien se utiliza en el campo de la biología, se puede aplicar a las instituciones, y que consiste en la muerte o suicidio programado de las células o componentes de un cuerpo; es decir, el método que el cuerpo usa para deshacerse de las células innecesarias o anormales,[3] pero que cuando todas ya son de esta naturaleza, conduce a su autodestrucción.
Ese fenómeno en relación con el Estado, fue el que detectó el siglo pasado el conocido profesor Maurice Duverger, al identificar al Estado con aquél animal mitológico, llamado el catoblepas, una legendaria creatura de Etiopía de la cual dio cuenta Plinio el Viejo hace dos mil años, y que según indicó Duverger, era un animal “tan estúpido que se comía sus propios miembros sin siquiera darse cuenta.”[4]
Y en eso ha estado últimamente el régimen que gobierna al país desde 1999, destruyéndose a sí mismo, en todos sus componentes, siendo los últimos signos de ese proceso de “apoptosis,” entre otros los siguientes siete, entre muchos otros: primero, el mencionado desdibujamiento del propio gobierno del Estado, en su totalidad, al convocarse e instalarse el referido gobierno asambleario y tumultuario a partir de agosto de 2017, a cargo de una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta e inconstitucional que actúa sin reglas ni Constitución; segundo, la transformación del régimen político del Estado en un gobierno militar, sujeto además a directrices de un gobierno extranjero, para el cual no existe el imperio de la ley ni de la Constitución, habiendo invadido las estructuras de la Administración del Estado y todos los espacios sociales, apoderándose incluso de los medios de comunicación; tercero, el desconocimiento total de las bases de la democracia y de la separación de poderes, con el sometimiento de todos los poderes del Estado al Ejecutivo y la inhabilitación de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 por parte de un Tribunal Supremo de Justicia totalmente sometido al poder, lo que de por sí ya imposibilita la realización de elecciones libres y transparentes; cuarto, la consideración de la disidencia y de la oposición política como enemigos internos por parte del aparato del Estado; que persigue y se discrimina política y administrativamente, y no sólo con la fuerza policial, que ha sido militarizada, sino con cuerpos paramilitares y delincuenciales insertos en el Estado, y además mediante una policía política que acusa y encarcela como si fuera un juez; quinto, la desproporcionada represión, persecución e inaceptable masacre que comenzó masivamente contra los jóvenes y estudiantes por las manifestaciones de protesta contra el gobierno sucedidas en Caracas en julio de 2017, y que ha continuado contra opositores y disidentes, y lo más grave, con la resurrección de los horrendos episodios de otras épocas, de torturas y desapariciones forzadas, y de la abyecta e injustificada ejecución sin fórmula de juicio de un antiguo miembro de sus propia policía judicial, y sus acompañantes, quien osó rebelarse contra el régimen; sexto, la configuración de un descomunal totalitarismo en materia económica, montado sobre un ineficiente capitalismo de Estado, producto de la destrucción total del aparato productivo del país mediante expropiaciones que han resultado en estruendosos fracasos improductivos, llevando al país al colapso total en materia de servicios sociales y de infraestructura y a la expansión de la corrupción a niveles nunca antes vistos como lo muestran las propias denuncias de última hora formuladas desde dentro del propio régimen; y séptimo, incluso, la persecución que ha sido desatada dentro del propio régimen contra antiguos miembros de su nomenklatura, como ha sido el caso contra la ex Fiscal General de la República, precisamente la encargada desde 2005, de llevar a cabo toda la persecución política contra la oposición democrática; el caso contra el ex Embajador y ex Presidente de la empresa petrolera nacional, y principal responsable, como tal y como Ministro de Energía desde 2002, no solo de la destrucción inmisericorde de la industria petrolera nacional, cuya producción ha bajado insólitamente, sino del criminal endeudamiento extremo  del país que ha llevado a Venezuela a la quiebra en el marco global; así como los casos contra él mismo exfuncionario y sus principales colaboradores, con cargos de corrupción por montos nunca vistos en la historia de ningún país, salvo quizás, recientemente, lo que se ha publicado sobre algunos príncipes del reino de Arabia Saudita.
Esta “apoptosis,” en mi criterio, pone en evidencia que el régimen efectivamente está en proceso de extinción, al menos en la deformación que ha adquirido como consecuencia de su autodestrucción, lo que en mi criterio amerita tratar de situar en la historia lo que actualmente ocurre desde el punto de vista político constitucional, para tratar de entender el futuro.
Esta apoptosis política no se está produciendo por primera vez en el país en nuestra historia. Todos los regímenes políticos que hemos tenido en el pasado han llegado sucesivamente a su punto de extinción, tal como sucede ahora con el régimen actual, que como bien lo apreció hace unos días (en enero de 2018) el mismo ex Ministro de Energía del régimen al cual sirvió durante 17 años (2000-2017), el régimen – dijo -, “tiene los días contados,”[5] habiendo sido además, globalmente - en sus propias palabras -, “un estruendoso fracaso,”[6] lleno de “iniciativas fallidas e improvisadas, con la subsecuente ineficacia o incapacidad del gobierno en la gestión de soluciones a los problemas del pueblo.”[7] Todas estas expresiones del ex Ministro, si bien las utilizó para referirse al actual gobierno de Nicolás Maduro, al cual sirvió como Ministro de Energía, como Canciller y como Embajador, para tratar de deslindarlo del gobierno de Hugo Chávez, a nadie pueden engañar, pues se aplican a todo el régimen al cual sirvió desde 2000, habiendo sido él, precisamente, uno de los principales responsables de su desfiguración, que es por lo que precisamente “está pagando caro todo el país,” como ahora él mismo lo “descubrió.”[8]
La historia de Venezuela, en efecto, nos muestra que este tipo de colapso recurrente de sus regímenes políticos luego de períodos de crisis que siempre se han prolongado por casi una generación, han marcado el paso de un ciclo político a otro, de los cuatro que hemos tenido en toda la historia republicana: primero, el del Estado independiente semi-federal que va desde 1811 hasta 1863 (52 años); segundo, el del Estado federal que va desde 1863 hasta 1901 (38 años); tercero, el del Estado autocrático centralizado que va desde 1901 hasta 1961 (60 años); y cuarto, el del Estado democrático  centralizado que va desde 1961 hasta el presente (57 años).[9]
Y hay que precisar desde ya, para que no haya duda, que a pesar de toda la propaganda oficial, en Venezuela, históricamente, con la Constitución de 1999 no se inició realmente ningún nuevo ciclo político constitucional, sino que la misma y los gobiernos subsecuentes que se instalaron en el poder del Estado lo que montaron fue un sistema político para precisamente desmontar el del Estado democrático centralizado de partidos,[10] que ahora está en proceso definitivo de extinción. En esa forma, dicho sistema político solo han sido un acaecimiento más, parte de la crisis política del ciclo político de dicho Estado democrático de partidos centralizado iniciado en 1961, en el cual se concentraron, desarrollaron y exacerbaron todos los vicios que se denunciaban en los años noventa del siglo pasado.
A esos cuatro períodos republicanos antes identificados que se iniciaron en 1811 solo podemos agregar además, el período histórico que antecedió al Estado republicano, el del régimen colonial de la Capitanía General de Venezuela que se inició en 1777 y terminó definitivamente en 1821 (44 años).
Cada uno de esos períodos históricos ha tenido una duración de alrededor de medio siglo, es decir, casi dos generaciones; y entre uno y otro ciclo, invariablemente ha habido un proceso de transición que ha sido de crisis política severa, que ha tenido una duración de casi una generación. Exactamente, como si hubiera sido predeterminado históricamente, esos períodos de crisis han sido de 26 años entre el inicio de la crisis en cada ciclo y el logro de estabilidad en el ciclo subsiguiente.
Incluso ello ocurrió en el antecedente mencionado con la crisis del régimen colonial que se consolidó institucionalmente a partir de la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777. La crisis de ese régimen comenzó efectivamente casi 20 años después, en 1795 con la conspiración de San Blas de Madrid de 1795, que inspiró dos años después, en 1797, la conspiración de Gual y España en La Guaira, concluyendo el período de crisis en 1821, luego del fin de las guerras de independencia de Venezuela con la batalla de Carabobo, con la adopción de la Constitución de la República de Colombia de ese mismo año. Con ésta, y con Simón Bolívar a la cabeza, se logró una cierta estabilidad del régimen del Estado independiente que se había constituido después de la declaración de independencia en 1811. El tiempo de crisis y transición de un período a otro, en este caso duró 26 años (1795-1821), y fueron necesarias una guerra de por medio, las de independencia, incluso de carácter social, para que la transición pudiera ocurrir.
En cuanto al primer período republicano del Estado independiente semi federal establecido a partir de 1811, y restablecido en 1830, y que duró hasta 1863 cuando fue sustituido por el ciclo del Estado federal, la crisis política del mismo puede decirse que se inició en 1848 en el llamado día del fusilamiento del Congreso, y que luego de las guerras federales de 1859 a 1863, concluyó en 1874 con el logro de cierta estabilidad del período subsiguiente, el del Estado federal, con Antonio Guzmán Blanco a la cabeza. El tiempo de crisis y transición de un período a otro igualmente fue de 26 años (1848-1874), y también fueron necesarias unas guerras de por medio entre los dos bandos políticos e, incluso, también de carácter social, las guerras federales, para que la transición pudiera ocurrir.
Igualmente sucedió en el caso de la crisis política del período del Estado federal establecido a partir de 1863, que duró hasta 1901 cuando fue sustituido por el del Estado centralizado y autocrático. Esa crisis puede decirse que se inició con el vacío de poder que creó el mismo Guzmán Blanco cuando abandonó el país en 1888, y que luego de la Revolución Liberal Restauradora de 1899, concluyó en 1914 con el logro de cierta estabilidad del régimen del Estado centralizado y autocrático subsiguiente, con Juan Vicente Gómez a la cabeza. El tiempo de crisis y transición de un período a otro también duró 26 años (1888-1914), y fueron también necesarias unas guerras revolucionaria entre caudillos de por medio, para que la transición pudiera ocurrir.
E igualmente puede decirse que ocurrió en el caso de la crisis del Estado autocrático centralizado establecido a partir de 1901, y que duró hasta 1961 cuando fue sustituido por el del Estado democrático centralizado. La crisis del mismo, también se inició con el vacío de poder que se produjo con el fallecimiento de Juan Vicente Gómez en 1935, y que luego de la Revolución de Octubre de 1945 y de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, concluyó en 1961, con el logro de cierta estabilidad del régimen democrático, con Rómulo Betancourt a la cabeza. En este caso, el período de crisis y transición de un período a otro también duró 26 años (1935-1961), y fueron necesarios varios golpes militares y a una dictadura militar de por medio para que la transición pudiera ocurrir.
Ese régimen del Estado democrático centralizado establecido a partir de 1958, y consolidado por la decisión de los partidos políticos a partir de la Constitución de 1961 al comprometerse a fortalecer y defender la democracia (que es el período que el cual hemos vivido), que es el cuarto ciclo político republicano, también entró en crisis política severa, igualmente de carácter terminal tal y como las que se han producido en los ciclos históricos anteriores. Esto, incluso, lo siente todo el país, pero no como historia contada sino como historia vivida.
El detonante de esta crisis del Estado centralizado democrático de partidos de la cual todos somos testigos, se puede fijar, no en el Caracazo de 1989 como muchos piensan, ni en los intentos de golpes de Estado militares de 1992 liderados por Hugo Chávez, sino en realidad en el año siguiente, en 1993, cuando los conductores de los partidos políticos que fueron los responsables de la instauración el régimen democrático, decidieron suicidarse y suicidarlos, uno de los partidos destituyendo y enjuiciando a su propio líder, en el otro caso, el principal líder barriendo a su propio partido; y a partir de allí, los líderes y sus partidos, al no reinventarse ni proceder a aliarse y a pactar para defender y reestructurar la democracia, no quisieron entender las amenazas reales que ya se habían formulado para su destrucción. Con esa actitud generaron igualmente un vacío total de poder que permitió que el primer aprendiz de brujo que pasara por la plaza del pueblo pudiera asaltara el poder, como sucedió al hacerlo junto con los mismos militares que habían fracasado unos años antes en su intentona de asalto al poder por la fuerza militar.[11]
Esa crisis política de la cual insisto todos hoy somos testigos, desarrollada desde 1993 y no en los últimos años, pero que ha seguido hasta el presente (2018), ya lleva 25 años de duración, agravándose, en este caso, con la guerra institucional, económica y social que quienes asaltaron el poder con la Asamblea Constituyente de 1999 declararon contra toda la población, para asegurar su sumisión, y con el único propósito de perpetuarse en el poder, pues como lo reconoció el mismo ex alto funcionario del gobierno antes mencionado, quien lo sirvió entre 2000 y 2017, el gobierno mismo – dijo - , ahora “se ha convertido en una plataforma [solo] para el ejercicio del poder.”[12]
En este panorama histórico que he descrito muy brevemente, si nos atenemos al estándar de duración de 26 años de crisis y transición política que ha habido entre los grandes ciclos históricos (1797-1821; 1848-1874; 1888-1914; 1935-1961), podríamos decir que la crisis que actualmente vivimos del último ciclo, del Estado democrático centralizado iniciado en 1961 ya ésta a punto de terminar, y también con una guerra de por medio, la que el Estado ha declarado contra la sociedad. Y ciertamente, después de 25 años, ya no da más el deterioro, ya no hay casi más nada que destruir en el país, habiéndose la crisis tragado ya a una generación.
La diferencia con los anteriores períodos de crisis política en fase terminal, sin embargo, es que en este caso aún no aparece clara la alternativa frente a la deformación del ciclo histórico del Estado democrático centralizado de partidos, luego de su destrucción, que aún está por formularse constitucionalmente. Lo que hoy tenemos después de 25 años desde su inicio, insisto, es solo una Constitución que no se aplica, y la total destrucción del Estado y de la sociedad, y de sus instituciones político constitucionales; siendo la alternativa para la transición el restablecimiento de la vigencia plena de la Constitución que nunca la tuvo.
Pero ahora, sin embargo, lo único que se percibe hacia el futuro en medio de esta crisis política, que no concluye, provocada por un gobierno que ha destruido y deteriorado todo en el país es, por una parte, un clamor del país y de la oposición por el restablecimiento y perfeccionamiento de la democracia, que fue el mismo grito que quedó frustrado en 1998; y por la otra, un régimen cuyo único objetivo político es asegurar su permanencia en el poder, lo cual por lo demás, se ha anunciado en forma pública, no recientemente, sino desde cuando el propio Presidente Chávez, amenazare en 2008, que “Lo que tenemos que garantizar es que si a Hugo Chávez le toca entregar el gobierno el 10 de enero de 2013 no sea a un contrarrevolucionario porque vendría la guerra aquí.”[13] Aserto que ha sido ratificado una y otra vez con frases y tonos similares, por diversos y variados líderes gubernamentales ofreciéndole incluso a los venezolanos reducir a cenizas al país antes de entregar el poder. [14]
En Venezuela, por tanto, en estos momentos de crisis terminal se plantean dos opciones: por una parte, la del gobierno, que lo único que pretende hacia el futuro es perpetuarse en el poder y evitar a toda costa que quien quiera que sea de la oposición pueda volver a gobernar en el país, eliminando todo vestigio de democracia, pluralismo y alternabilidad; y por la otra, la de la gran mayoría del país, que lo que quiere es que la crisis desemboque en un proceso de reconstrucción y transición hacia la democracia.
Ante esta coyuntura, confrontándola con los hechos y ciclos históricos a los que antes me he referido, ciertamente podemos preguntarnos si la historia realmente se repite. Recordemos la famosa frase de Karl Marx al iniciare su estudio sobre “El 18 Brumario de Luis Bonaparte,” publicado inicialmente en la Revista Die Revolution, Nueva York, 1852. Allí expresó:
“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa.”[15]
Si retenemos esto último, no hay duda en decir que nuestra historia política está llena de farsas, tragedias, zarzuelas, óperas y comedias que si las analizamos globalmente, encontramos en efecto que muchas veces se han repetido.
Ahora pensemos solo en la coincidencia de los tiempos de los períodos de crisis política entre cada ciclo de nuestra historia política que, como antes he resumido, han sido de 26 años. Y me pregunto: el hecho de que el último período de crisis que es el que actualmente vivimos, ya lleva 25 años, ¿quiere esto decir que entonces que falta poco para que éste concluya? Es evidente que no podemos caer en determinismos históricos, pero por si acaso, al igual que la salvedad que hacen quienes niegan la existencia de brujas, en este caso quizás también tendríamos que decir que “de que vuelan, vuelan.”
En Venezuela, no hay duda de que la repetición de hechos históricos ha ocurrido en los grandes ciclos político constitucionales del país, cuyas respectivas crisis, en todos los casos, siempre han estado condicionadas, entre otros, por los mismos factores fundamentales del poder, que hoy también están presentes: la lucha entre la civilidad y el militarismo; la lucha entre las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas del territorio en el dominio del poder; y la lucha entre la democracia y la autocracia; lo que en definitiva, como lo dijo Faustino Domingo Sarmiento, es la lucha de siempre en nuestros países, entre la civilización y la barbarie.[16]
Hoy, en la fase final de la crisis política del ciclo histórico del Estado democrático centralizado, puede decirse que estamos precisamente en el vértice de esos tres factores del poder, por una parte, con un gobierno militarista, centralista y autocrático, que maneja un Estado fallido y que lo único que ofrece y pretende es perpetuarse en el poder; y por la otra, con fuerzas opositoras que están apostando por una alternativa civilista, descentralizadora y democrática, que el gobierno anuncia que impedirá que se pueda materializar a toda costa.
Esa es nuestra trágica realidad actual, resultado de las farsas históricas precedentes, siendo importante para comprenderla a cabalidad, recordar, estudiar y analizar los períodos político constitucionales del pasado, para poder tratar de escudriñar el futuro, del cual todos, absolutamente todos estamos ahora más pendientes que nunca, particularmente por la agudeza que percibimos tiene la crisis política que padecemos; la cual por lo demás, es la única que han conocido las nuevas generaciones.
Éstas, en realidad, no han sabido qué significa tener una estabilidad institucional, y más bien, de lo que han sido es testigos ha sido de un gobierno que solo ha estado guiado por el resentimiento demoledor y por la técnica del desconcierto. Y todo ello agravado por la guerra económica y social declarada y conducida por el propio gobierno contra la población venezolana, para reducirla a mendigar y a la absoluta pobreza, particularmente cuando como ahora ocurre, una vez que ya ha sido destruido todo el aparato productivo del país por el propio Estado, ya no puede haber divisas para importar lo necesario para la sobrevivencia, pues las pocas que pueda generar la menguada exportación petrolera, excluidos los barriles pre-pagados o que deben entregarse para pagar deudas a China, Rusia y Cuba, o para pagar deuda pública, no alcanzan para nada.
El problema, en definitiva, en Venezuela, ciertamente es el petróleo, cuyo mal manejo después de haberse hecho depender absolutamente todo el país de su exportación será, lo que en definitiva, por la hambruna, desencadenará el desenlace.
Y eso será lo que provocará más temprano que tarde el colapso del régimen, aunado al hecho político de que ahora, como antes dije, el país carece de Constitución, pues la de 1999 desde el inicio se tornó en un papel que no tiene aplicación; agradado todo más recientemente con el desmantelamiento total de la democracia a partir del desconocimiento oficial del resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015,[17] lo que se hizo mediante una repugnante colusión fraguada entre el Ejecutivo, el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, despojándose completamente a la Asamblea Nacional de todos sus poderes, y dejándola como una entelequia vacía.[18]
Para ello, el Tribunal Supremo de Justicia dando un golpe de Estado asumió el rol de verdugo principal de la democracia, usurpando directamente las funciones del Legislador; y cuando ya no hubo posibilidad de continuar con esa tragicomedia, se produjo un nuevo golpe de Estado con la convocatoria inconstitucional y fraudulenta de la Asamblea Constituyente en julio de 2017, asumiendo la misma el poder total en contra de lo previsto en la Constitución de 1999,[19] suplantando ahora la otrora dictadura judicial que comandó el Tribunal Supremo, por una dictadura constituyente.
Para ejercer ese poder absoluto, la Asamblea Constituyente se ha auto atribuido poderes soberanos y supra constitucionales que no puede tener, y ha llegado incluso a formalizar expresamente el golpe de Estado en sus decretos (en las “Normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos constituidos” de agosto de 2017),  copiando la fórmula tradicional usada en otros golpes de Estado, como la que está en las actas de las Juntas de Gobierno de 1947 y 1958, al señalar que “la Constitución de 1999 solo seguirá en vigencia, en todo aquello en lo que la Asamblea Constituyente no disponga lo contrario.”[20]
Con ello, la Asamblea Nacional Constituyente simplemente borró la Constitución como norma suprema, pudiendo disponer lo que quiera, sin límites, siendo sus decisiones incontrolables por haber sometido a sus designios a todos los poderes del Estado, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia.
La historia, sin duda, puede decirse que con frecuencia se repite, pero aquí  con el agravante de que de la farsa de entonces se ha pasado a la tragedia de ahora, pues lo que tenemos los venezolanos en estos últimos años de crisis terminal del período político de Estado democrático centralizado de partidos, que sin duda está próximo a acabar, no es otra cosa, como dije al inicio, sino un gobierno asambleario y tumultuario que actúa sin Constitución, conducido por un reducido grupo de asaltantes del poder, sin control alguno, configurándose como el reino de la arbitrariedad.
Por ello es que podemos decir que lo que actualmente vive Venezuela es una tragedia política; de manera que lo que en su momento pudo haber sido un gobierno de cambio para profundizar la democracia y que hubiera podido permitir iniciar con el propio Siglo XXI un nuevo ciclo histórico político de democracia descentralizada y participativa, como muchos creyeron que era lo que correspondía en 1998, desde 1999 no ha resultado otra cosa sino una deformación y caricatura de todos los vicios del ciclo iniciado en 1961, el cual, por tanto, puede considerarse que no ha concluido y continúa en crisis.
Por ello, en el cuadro de la historia ese será el mayor castigo que tendrá la tropa que asaltó el poder en 1999, que trastocó la democracia venezolana y que destruyó el país: el haberse constituido en la peor parte de los vicios del ciclo del Estado democrático centralizado, que no cambiaron, sino que acrecentaron, agregando a ello todos los problemas económicos y sociales que provocaron con su guerra contra los venezolanos, lo que ha afectado todo, incluso a la propia Administración del Estado. En toda nuestra historia es imposible encontrar, en efecto, mayor ineficiencia en el manejo de la Administración Pública como la que hoy padece el país, cuyos jefes, muchos de ellos militares, como “concejales hambrientos” según la vieja conseja castellana, llegaron al poder para saciarse en el marco de una corrupción nunca antes vista, y de una delincuencia organizada con repercusiones más allá de nuestras fronteras; marco en el cual no aparece el Contralor General de la República, dudándose incluso que realmente tal funcionario exista, habiéndose manifestado solo para inhabilitar opositores.
De todo lo anterior, en todo caso, lo que resulta cierto es que los signos definitivos de la autodestrucción del régimen o de su “apoptosis” no se han producido de la noche a la mañana, ni son manifestaciones del gobierno que se inició en 2013, sino que los mismos comenzaron a manifestarse desde hace lustros, durante todo el gobierno de Hugo Chávez, quien sin duda debe haber terminado sus días consciente de su fracaso; siendo ahora lo trágico de ello, como nos lo enseña la historia, que el fracaso de los dirigentes termina siendo el fracaso de la Nación entera.
Por todo ello, en la situación que tenemos en el país, más temprano que tarde se tendrá que recomenzar un nuevo ciclo de reconstrucción institucional como por los que Venezuela ha pasado en varias ocasiones en su historia, y que han caracterizado cada uno de los tiempos de crisis política que se han sucedido en el paso entre sus grandes ciclos político constitucionales, muchas veces, sin embargo, sin que la dirigencia haya aprendido las lecciones de la historia para corregir los errores hacia el futuro.
Pero queridos amigos, la historia es inexorable. Durante estos últimos 25 años de crisis que llevamos desde 1993, una generación ha desaparecido; hemos perdido 20 años de evolución política y hemos retrocedido décadas; y eso tiene sus consecuencias ineludibles, estando ya el país en una situación en la que el cambio, que es inevitable, parece que ya está por producirse, y pronto; en el cual los militares que gobiernan no tienen otras alternativa que no sea la de terminar de incinerar todo, o la de abrirle paso a un gobierno civil zafándolo de las garras extranjeras. 
Es decir, ahora sí, el país, o entrará en el período más oscuro y horrendo de su historia, o saldrá de la pesadilla política que lo aqueja tan severamente. La situación es tan grave que en este mismo estadio, ya no hay posibilidad de que todo continúe igual como va.
El futuro va con todo, pues ya no queda más nada por destruir. Todo está demolido, de manera que con cara en el futuro, ya no hay casi nada que conservar, y lo que habrá que hacer es reconstruir. La democracia misma simplemente ya desapareció, y sin democracia, con un gobierno asambleario dictatorial y totalitario conducido por una Asamblea Constituyente con pretensiones de ser todopoderosa, con poderes ilimitados y sin control ni Constitución, y con posibilidades de funcionamiento sine die, no puede haber ejercicio democrático alguno pues no hay posibilidad de garantizar elecciones libres.
Ello nos conduce a que no hay otra alternativa inmediata para los que creen en la democracia que no sea sino la de acordar y pactar entre las fuerzas democráticas para formar un frente común sólido, de manera que una nueva generación pueda irrumpir y asumir el liderazgo para el cambio que el país requiere. El futuro, en todo caso, si no queremos entrar en la oscuridad definitiva, exige afinar la imaginación creadora que tiene que ser desplegada, pues lo que no podemos hacer ahora, es no hacer nada
Los partidos políticos, con vista a luchar por el restablecimiento de la democracia, solo pueden actuar con base en pactos y acuerdos políticos. Sin éstos no habrá posibilidad de alternativa contra el acaparamiento del poder y la política definida de no permitir la alternabilidad, como lo anunció el propio Presidente Chávez en 2008 al sentenciar que quienes antes de 1999 habían gobernado el país, “más nunca volverán a gobernar a Venezuela.”[21] En realidad, en cuanto a las personas, el tiempo se ha encargado de ejecutar esa “orden,” ya que aquellos líderes que otrora gobernaron ya están muy viejos; pero en cuanto a las organizaciones políticas y el nuevo liderazgo, hasta ahora, han sido el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, cabeza de la dictadura judicial, los que se han encargado de ejecutar la “orden,” solícitos, inhabilitando y eliminando los posibles contendores políticos.[22]
Y precisamente, en esta situación es que ahora la inconstitucional y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente ha decidido ordenar la convocatoria de la elección presidencial para el próximo mes de abril de 2018;[23] convocatoria que es totalmente descabellada y violatoria de la Constitución, además, inoportuna por anticipada, estando por supuesto viciada incluso en su motivación. Los motivos que se plasmaron en el texto de la convocatoria, fueron, primero, el hecho de que “los Estados Unidos de América y la Unión Europea han impuesto ilegítimas e ilícitas sanciones coercitivas y unilaterales” a funcionarios del régimen por violación de derechos humanos, lo que nada tiene que ver con que se adelante o no la elección presidencial; y segundo, que “la oposición venezolana se retiró de la mesa de diálogo alegando escusas fútiles,” – afirmación hecha incluso anticipadamente a lo que en efecto ocurrió después – pero que sin embargo nada explica sobre por qué, en una supuesta “retaliación,” se haya procedido a adelantar la elección presidencial.
Por supuesto, ninguna de esas dos “motivaciones” justifica una decisión política como la convocatoria anticipada de la elección presidencial, la cual por lo demás, ha sido repudiada en toda forma, por todas las instituciones no gubernamentales del país, como lo han expresado por ejemplo esta Academia, los profesores de derecho público de las Universidades y la Conferencia Episcopal de Venezuela; y además, como también se ha expresado en el ámbito internacional, bastando solo mencionar lo manifestado por ejemplo por los Cancilleres de los gobiernos de los países del Grupo de Lima a finales de enero de 2018, señalando que dichas elecciones, nunca podrán ser “democráticas, transparentes y creíbles,” exigiendo que “sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de observadores internacionales independientes.”[24] Más recientemente, los mismos Cancilleres del Grupo de Lima, después de respaldar la decisión del Perú de declarar, por la alteración del orden democrático ocurrido en Venezuela, que la presencia del Presidente Nicolás Maduro “ya no será bienvenida”  en la Octava Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima en abril de 2018, [25] el 13 de febrero de 2018 expresaron mediante Declaración:
1)    Su más firme rechazo a dicha decisión, que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad.
2)    Exhortan al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y, apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral.
3)    Subrayan que no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocada originalmente por la asamblea constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos.”[26]
Igualmente recientemente, incluso, el Parlamento de la Unión Europea ha rechazado “cualquier decisión adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente por constituir una violación de todas las reglas y normas democráticas,” y ha expresado que “la Unión [Europea] y sus instituciones, incluido el Parlamento Europeo, únicamente reconocerán unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable y acordadas en el contexto del diálogo nacional con el conjunto de los actores pertinentes y partidos políticos en las que se cumplan unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes.” [27]
Ante esta situación, lo único cierto es que el dilema que se le puede plantear a los venezolanos entre participar o no en el proceso electoral, es que de antemano ya se sabe que dicho proceso va a estar viciado y su resultado va a ser un fraude. Lo que se resuelva, por tanto, ante ello, tiene que ser el resultado de una acción política unitaria adoptada por el liderazgo político del país representado en todos los partidos y grupos políticos de la oposición, y en todo caso, con el objeto principal de seguir desenmascarando aún más el fraude que se pretende cometer, y además, boicotear activamente el que se cometa.[28] 
Y la decisión unitaria tiene que adoptarse teniendo siempre en cuenta que una de las variables impuestas por la usurpación constituyente, que es que la Asamblea Nacional Constituyente se auto-fijó un plazo de funcionamiento hasta agosto de 2019 (el cual podría prorrogar ad libitum), lo que implica que un presidente que se elija en 2018, para tomar posesión del cargo, deberá juramentarse ante la misma, reconocer su supremacía y someterse a sus designios.
Y ello, sin olvidar que en el ínterin, la Asamblea Constituyente podría simplemente cambiar la estructura del Estado, desdibujar la separación de poderes, eliminar la figura de un Presidente como Jefe del Ejecutivo electo en forma directa por el pueblo y consolidar un gobierno de Asamblea, con un Presidente que supuestamente sea electo por las organizaciones del Poder Popular, designado en forma indirecta por los agregados de los Consejos Comunales. De todo lo cual, la elección presidencial convocada, solo sería una burla más al país, que es lo más probable, como en definitiva y lamentablemente fue la elección parlamentaria de 2015.
Por ello, como conclusión, a comienzos de enero pasado (de 2018) expresé que en la situación actual, en definitiva:
“No hay que hacerse ilusiones y menos hacer que el pueblo se las haga. En Venezuela no podrá haber elecciones libres mientras exista una Asamblea Nacional Constituyente que se ha auto-atribuido poderes supra constitucionales y absolutos, usurpándoselos al pueblo, y que exige que los electos se rindan ante ella.” [29]
Espero que estas reflexiones, aún con todos los inconvenientes que resultan de haberlas formulados desde lejos, puedan haber sido del interés de todos, agradeciendo una vez más la Academia, y particularmente al Dr. Rafael Badell, por  la invitación que me formularon para participar.
15 de febrero de 2018






*       Texto redactado para la conferencia dictada en el “Foro sobre llamado a elecciones por parte de la Asamblea nacional Constituyente,” organizado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 15 de febrero de 2018.
[1]     Véase por ejemplo, Jesús María Alvarado Andrade, “Sobre la destrucción del “Estado de derecho” (Rule of Law) y la democracia en Venezuela (Reflexiones sobre una obra de Allan R. Brewer-Carías),” en Revista de Derecho Público, Nº 145-146, (enero-junio 2016), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2016, pp. 49- 69.
[2]       Véase Allan R. Brewer-Carías, Estado totalitario y desprecio a la ley. La desconstitucionalización, desjuridificación, desjudicialización y desdemocratización de Venezuela, Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, 2014, 532 pp.; segunda edición, Caracas 2015, 542 pp.
[3]  Su descubrimiento se atribuye a la neuróloga Rita Levi–Montalcini, Premio Nobel de Medicina, 2005. Véase sobre la apoptosis, la información. Véase en https://biotecnologiauem.wordpress.com/2013/03/29/apoptosis-muerte-celular-programada/
[4]  Véase Maurice Duverger, Las dos caras de Occidente, Barcelona 1972, pp. 278–279. El catoblepas (del griego “mirar hacia abajo”) que identificó Plinio el Viejo en su Historia Natural, 8, 77, era una creatura con cuerpo de búfalo y cabeza de cerdo, pesada, que miraba siempre hacia abajo. Se decía que su mirada o su respiración eran letales, y que podían convertir a la gente en piedra o matarlas. Véase en http://es.mitologia.wikia.com/wiki/Catoblepas
[5]  Véase Rafael Ramírez, “El error fundamental,” en aporrea.org., 21 de enero de 2018, en https://www.aporrea.org/actualidad/a258154.htmla. Otro ex Ministro del gobierno, Felipe Pérez Martí, de Planificación, al referirse a la arbitraria detención del Dr. Enrique Aristeguieta Gramko expresó en el mismo sentido lo siguiente: “Detener a un anciano de la edad de Enrique Aristeguieta Gramko, como dijo un amigo, muestra que este gobierno está a punto de caer. […] Así que esta acción de ustedes, a través de sus generales y personal cubano aquí, agentes de la dominación militar y económica de una potencia extranjera en nuestro país, muestra que también están cometiendo errores crasos, que van a contribuir a la caída de Maduro.”. Véase en Felipe Pérez Martí, “Raúl: ya basta, esto no es Cuba,” en aporrea.org, 2 de febrero de 2018, en https://www.aporrea.org/oposicion/a258799.html

[6]  Véase Rafael Ramírez, “El error fundamental,” en aporrea.org., 21 de enero de 2018, en https://www.aporrea.org/actualidad/a258154.htmla
[7]  Véase Rafael Ramírez, “Carta abierta al pueblo de Venezuela,” en La Patilla, 28 de enero de 2018, en https://www.lapatilla.com/site/2018/01/28/carta-abierta-al-pueblo-de-venezuela-por-rafael-ramirez/
[8]  Véase Rafael Ramírez, “El error fundamental,” en aporrea.org., 21 de enero de 2018, en https://www.aporrea.org/actualidad/a258154.htmla
[9]     Sobre la identificación de estos cuatro ciclos políticos véase lo que expusimos “Venezuela Historia y crisis política” en Derecho y Sociedad. Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad Monteávila, Nº 3, Caracas, Abril 2002, pp. 217-244; en Informe sobre la descentralización en Venezuela 1993, Memoria del Dr. Allan R. Brewer–Carías, Ministro de Estado para la Descentralización (junio 1993 – febrero1994), Caracas 1994, pp. 17 ss.; y luego en nuestras obras: Instituciones Políticas y Constitucionales, Tomo I, Evolución histórica del Estado, Caracas 1996; Instituciones del Estado Democrático de Derecho. Constitución 1961, Colección Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV, Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2015     .
[10]      Véase sobre el proceso de desmantelamiento del sistema de Estado democrático centralizado, iniciado en 1999, los trabajos publicados en el libro: Diego Bautista Urbaneja (Coordinador), Desarmando el modelo. La transformación del sistema político venezolano desde 1999, Instituto de Estudios parlamentarios Fermin Toro, abediciones, Konrad Adenauer Stiftung, Caracas 2017.
[11]  Véase Allan R. Brewer-Carías, Palabras de clausura del II Diálogo Presidencial sobre “¿Hacia la reinvención de los partidos políticos?” y presentación de los libros publicados por IDEA: El referendo revocatorio presidencial en Venezuela y el abuso de poder y La crisis de la democracia en Venezuela, la OEA y la Carta Democrática Interamericana: Documentos de Luis Almagro,” Iniciativa Democrática España y las Américas IDEA, Cátedra Mezerhane sobre democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos, Miami Dade College, Miami 25 de octubre de 2017, en: http://allanbrewerca-rias.net/site/wp-content/uploads/2017/10/1202.-conf.-Brewer-Palabras-de-clausura-IDEA-Miami-1.pdf y en: https://www.youtube.com/watch?-v=5z6AYKw1gsk
[12]  Véase Rafael Ramírez, “El error fundamental,” en aporrea.org, 21 de enero de 2018, en https://www.aporrea.org/actualidad/a258154.htmla
[13]    Véase en El Universal, Caracas 27 de enero de 2008
[14]    Iris Valera, Ministra del régimen y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente dijo en agosto de 2017: “Así dejemos a Venezuela en cenizas, no nos iremos del poder”, y además agregó que todo aquel que venga a querer sacarlos del poder será fusilado.” Ver video en arepadriario, 26 de enero de 2018, en http://arepadiario.com/asi-dejemos-al-pais-en-cenizas-no-dejaremos-el-poder/. Igualmente en http://www.tostonconsoda.com.ve/asi-dejemos-al-pais-en-ruinas-no-dejaremos-el-poder/
[15] Véase Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, consultado en http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/panama/cela/tareas/tar122/04marx.pdf
[16]  Véase Domingo Faustino Sarmiento, Civilización o Barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga (1845).  Véase además, Asdrúbal Aguiar, Civilización y Barbarie, Editorial Jurídica Venezolana International, Miami 2018
[17]  Véase Allan R. Brewer-Carías, El golpe  a la democracia dado por la Sala Constitucional (De cómo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela impuso un gobierno sin legitimidad democrática, revocó mandatos populares de diputada y alcaldes, impidió el derecho a ser electo, restringió el derecho a manifestar, y eliminó el derecho a la participación política, todo en contra de la Constitución), Colección Estudios Políticos No. 8, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2014, 354 pp.; segunda edición, (Con prólogo de Francisco Fernández Segado), 2015, 426 pp.
[18]  Véase Allan R. Brewer-Carías,  La dictadura judicial y la perversión del Estado de derecho. El juez constitucional y la destrucción de la democracia en Venezuela (Prólogo de Santiago Muñoz Machado), Ediciones El Cronista, Fundación Alfonso Martín Escudero, Editorial IUSTEL, Madrid 2017, 608 pp.
[19] Véase Allan R. Brewer-Carías, La inconstitucional convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en mayo de 2017. Un nuevo fraude a la Constitución y a la voluntad popular, Colección Textos Legislativos, Nº 56, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2017, pp. 178 pp.
[20]  Véase Allan R. Brewer-Carías, “La gran usurpación basada en una gran mentira: La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente no puede pretender imponerse sobre los poderes constituidos y menos sobre la Asamblea Nacional,” (documento), agosto 2017, en Allan R. Brewer-Carías, Usurpación Constituyente 1999, 2017, La historia se repite, una vez como farsa y otra como tragedia, Editorial Jurídica Venezolana International, 2018, pp. 491-505.
[21]  Véase en El Universal, Caracas, 21 de enero de 2007
[22]  Véase Allan R. Brewer-Carías,  La dictadura judicial y la perversión del Estado de derecho. El juez constitucional y la destrucción de la democracia en Venezuela (Prólogo de Santiago Muñoz Machado), Ediciones El Cronista, Fundación Alfonso Martín Escudero, Editorial IUSTEL, Madrid 2017, 608 pp.
[23]    Véase Gaceta Oficial N° 41.327 de 24 de enero de 2018; y Gaceta Oficial N° 6361 Extra. de 23 de enero de 2018.
[24]    Véase la información en NTN24, 23 de enero de 2018, en http://www.ntn24america.com/noticia/grupo-de-lima-rechaza-adelanto-de-elecciones-en-venezuela-por-considerar-que-no-seran-transparentes-163435.
[25]    Véase la declaración de la Canciller del Perú, Cayetana Aljovin,  13 de febrero de 2018 en http://cnnespanol.cnn.com/video/cumbre-americas-grupo-lima-rescinde-invitacion-maduro-sot-canciller-aljovin-vo-panorama/
[26]  Véase el texto en http://www.rree.gob.pe/SitePages/declaracion_conjunta.aspx?id=DC-002-18. Véase un resumen en la reseña “Los 10 puntos claves de las declaraciones del Grupo de Lima,” en El Nacional, 14 de febrero de 2018, en http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/los-puntos-claves-las-declaraciones-del-grupo-lima_223033
[27]    Véase Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela (2018/2559(RSP)); en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0087&format=XML&language=EN
[28]    Como lo apreció José Ignacio Hernández, después de analizar las opciones: “la participación en las elecciones debe ser valorada no en función de la probabilidad de que se admita la libre expresión ciudadana, sino en función de la probabilidad de que esas elecciones, y el fraude que las rodea, puedan propiciar un cambio político y constitucional. Bajo esta perspectiva, participar en las elecciones presidenciales podría ser una condición necesaria –pero no suficiente– para promover un cambio constitucional y político en Venezuela.” Véase José Ignacio Hernández, “Sobre las elecciones presidenciales ordenadas por la “ANC”, en Prodavinci, 23 de enero de 2018, en http://prodavinci.com/sobre-las-elecciones-presidenciales-ordenadas-por-la-anc/.
[29]    Véase en: Twitter: @arbrewercarias, 9 de enero de 2018

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