Coyuntura
salarial: emergencia de una nueva praxis sociopolítica.
Por: Córdova Zerpa Elio[1]
La
compleja coyuntura nacional e internacional contemporánea exige un ejercicio
analítico de rigor metodológico, capaz de establecer una correlación dialéctica
entre los fenómenos particulares y las tendencias globales. En este escenario,
la izquierda venezolana —bajo la conducción de la Presidenta Encargada Delcy
Rodríguez— se encuentra en una etapa de reestructuración orgánica y estratégica
de carácter imperativo.
Este
proceso no solo responde a una dinámica interna de renovación, sino a la
necesidad de optimizar la arquitectura institucional y política del Estado. El
objetivo subyacente es lograr una alineación programática de las fuerzas
sociales que permita una respuesta adaptativa y eficaz ante las exigencias de
un entorno geopolítico en constante transformación.
La
incertidumbre global, alimentada por la guerra en Ucrania y las hostilidades
entre Irán, Estados Unidos e Israel, ha desestabilizado el mercado energético.
Como consecuencia, los precios del petróleo han mantenido una tendencia al
alza, acercándose a la barrera de los 100 USD por barril.
Para
la República, este incremento representa una ventana de oportunidad coyuntural
que, bajo una administración fundamentada en criterios de eficiencia y
previsión, podría catalizar la estabilización macroeconómica y el
fortalecimiento del tejido social. No obstante, es imperativo abordar este
fenómeno con responsabilidad técnica.
Resulta
analíticamente inconsistente —y fiscalmente imprudente— proponer ajustes
estructurales en el salario mínimo basados exclusivamente en un alza
transitoria de los precios petroleros. Sostener pretensiones de carácter
populista frente a ingresos extraordinarios de alta volatilidad ignora los
principios de sostenibilidad financiera; por ello, cualquier política de
redistribución debe estar anclada en una visión de largo plazo que proteja a la
Nación de las fluctuaciones cíclicas del mercado energético.
La
interrogante fundamental que debe guiar el debate económico es la viabilidad
intertemporal: ¿Cómo se pretenden financiar incrementos salariales
estructurales una vez que las tensiones geopolíticas se disipen y los precios
del crudo retornen a sus niveles de equilibrio? La trayectoria económica de la Nación,
históricamente signada por la vulnerabilidad del rentismo petrolero, ofrece
lecciones determinantes sobre los riesgos de indexar el Gasto Público corriente
a ingresos extraordinarios y volátiles.
Desde
una perspectiva de responsabilidad fiscal, un ajuste salarial de magnitud
considerable —aunque socialmente deseable en términos de poder adquisitivo—
resultaría insostenible en el mediano plazo si no cuenta con una base
productiva diversificada. En su lugar, la praxis económica más rigurosa sugiere
el direccionamiento de los excedentes hacia un Fondo de Estabilización
Macroeconómica.
Esta
reserva permitiría la implementación de una política económica anticíclica,
vital para mitigar los impactos de una eventual recesión global. En un contexto
internacional caracterizado por una fragilidad sistémica y el riesgo latente de
un conflicto a escala global de consecuencias impredecibles, el ahorro
estratégico se convierte en una herramienta de soberanía económica y
resiliencia institucional frente a una eventual contracción de la actividad
productiva mundial.
La
administración eficiente de los recursos nacionales, en un contexto severamente
condicionado por las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) que asedian la
economía venezolana, impone la necesidad imperiosa de debatir el
redimensionamiento del Estado. Con una nómina que alcanza los 5.5 millones de
personas —incluyendo pensionados—, la estructura actual exige una transición
hacia un modelo de Estado ágil, compacto y altamente tecnificado.
Por
consiguiente, el debate nacional debe trascender la sensible demanda coyuntural
de ajustes salariales para centrarse en la configuración de una nueva praxis sociopolítica,
bajo un enfoque de Estado que abandone estructuras hipertrofiadas en favor de
una gestión que garantice, de manera prioritaria, la protección de los sectores
vulnerables.
Simultáneamente,
este nuevo diseño institucional debe fortalecer su rol como ente regulador y
árbitro del mercado, asegurando que los actores del aparato productivo operen
bajo reglas de juego claras, competitivas y transparentes. La meta es sustituir
el peso burocrático por una capacidad de monitoreo efectiva que dinamice la
economía nacional, sin abdicar de la justicia social.
[1] Córdova Z. Elio. Economista (UCV).
MSc en Economía Internacional (UCV). Doctorando en Ciencias Sociales (UCV).
Coordinador del Programa de Estudios de Postgrado de la Maestría en Economía
Internacional (UCV). Profesor de la Escuela de Economía (UCV), profesor de la
Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la UCV, Maestría en Economía Internacional. Investigador adscrito
al Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes (CEDEES).
Columnista en el Diario Últimas Noticias.
Dirección: Universidad Central de Venezuela, Ciudad
Universitaria, Edificio Rodolfo Quintero, piso 1, Coordinación del Postgrado de
Economía Internacional. Caracas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario