REBATIENDO LOS ARGUMENTOS DE QUIENES SE OPONEN A UN
INCREMENTO SALARIAL SIGNIFICATIVO
Por Rodolfo Magallanes
(Profesor titular de la UCV. Docente/investigador del
Instituto de Estudios
Políticos)
Hasta ahora, nos hemos concentrado -en otros escritos- en ofrecer argumentos que justifiquen una revisión, o ajuste al alza, de los sueldos y salarios en Venezuela. Ahora, queremos contribuir a rebatir los argumentos que buscan contrariar esta decisión.
El mundo entero se ha hecho muy
injusto y desigual, ya no basta tener un empleo para evitar ser pobre; y,
Venezuela debido a la manera como ha tratado sus diferencias políticas, ha
retrocedido en materia de igualdad social en los últimos años, notablemente
desde el período 2016-2018. Un aspecto central de esta desigualdad, lo
constituye el tema económico y salarial.
El enorme rezago en materia salarial existente en Venezuela, que está en
la raíz de la desigualdad social inherente a la realidad económica actual en
nuestro país, debe ser atendida a través de las políticas públicas o estatales,
a riesgo de constituir un obstáculo insalvable del desarrollo nacional.
Quienes se oponen a la actualización
salarial, parecen suscribir la idea de que -al menos- las etapas iniciales del
desarrollo están caracterizadas -y se justifican entonces- por una alta
desigualdad, que con el tiempo -y de manera natural- se iría reduciendo con el
crecimiento de la economía. No es más que otra versión de la fracasada “teoría
del derrame” (o “trickle down”) en economía; de acuerdo con la cual se
afirma, una vez superada esta época difícil,
los efectos del crecimiento comenzarían a caer, o “derramar”, de manera
casi espontánea también, sobre los más pobres. Lo cierto es, que los bajos
salarios en Venezuela, se han mantenido durante ya demasiado tiempo (los
salarios han caído en términos reales desde 2014 y se han acercado incluso a
cero a lo largo del período), ocasionando un daño que amenaza ser permanente
sobre los trabajadores y sus familias; una pérdida significativa en la calidad
de vida: en la salud, la educación y seguridad social en general, que se
proyecta a largo plazo y que afectará -sin duda- la capacidad laboral de los
trabajadores y sus familias, transferible a la economía nacional en el corto y
largo plazos. Particularmente, pensamos que esto no sólo es muy injusto, sino
que además es inconveniente para las oportunidades actuales y futuras de
desarrollo económico, social y político de nuestro país. Es obvio que el
crecimiento político, económico y social no puede sostenerse sobre la base del
empobrecimiento de las mayorías.
Quienes se oponen a la revisión de
los salarios, pretenden hacernos creer que, el valor de lo producido actualmente
en Venezuela es menor que su costo de producción y que, por tanto, como
resultado de la pérdida de productividad en nuestro país, el costo de la misma
debe ser pagada o compensada exclusivamente a través de los bajos salarios. Por
el contrario, para nosotros, el valor de lo producido es equivalente al menos
al costo de producción y este incluye, como mínimo, una ganancia media del
dueño de la empresa (y, en el sector público, esta ganancia media es nula, pues
el Estado -debido a la función social de su producción- no busca obtener
ganancias); de lo contrario, estos procesos productivos no se realizarían. Así
que, los bajos salarios, sobre todo en el sector privado, tendrían como
consecuencia una elevación de la tasa de ganancia de los empresarios. Tal que,
cuándo los empresarios pagan un tipo de salario menor que el salario que
podríamos llamar típico del sector o menor que el de sus competidores dentro o
fuera del país, está obteniendo una ganancia superior o “extraordinaria”. Es
más, esta ganancia debe ser importante en Venezuela, dado que, la mayoría de
los productos que consumimos en Venezuela tienen precios -medidos en divisas-
mayores incluso que en el extranjero. Esto es evidente además si consideramos
los hábitos actuales de consumo de los sectores empresariales y los comparamos
con los de la mayoría de los trabajadores. Es claro que, estos últimos han
visto limitado -desde 2016 al menos- su acceso incluso a bienes básicos,
mientras que en Venezuela recientemente se ha hecho notable el lujo y acceso al
consumo de bienes que revelan “status” y una creciente ampliación de la brecha
social entre los distintos miembros de la sociedad, que, como es natural
pensar, no son accesibles por tanto a los trabajadores y, por el contrario,
revelan la existencia de sectores sociales con acceso a muy elevados ingresos;
esto es, a ganancias extraordinarias.
Así que, en atención a la leyes que
regulan la producción mercantil y la generación de valor, así como a la simple
lógica matemática (“el resultado de la suma no puede ser menor que los
sumandos”) nos parece no sólo injusto, inmoral, lógicamente inapropiado, sino
además inconveniente para generar progreso y crecimiento económico para todos, defender
la idea de bajos salarios. Por el contrario, los salarios deben guardar
relación con el costo de la vida, incluso debemos vigilar el nivel de estos salarios
en naciones vecinas con igual grado de desarrollo económico e industrial
relativo que nuestro país. Extender este estudio a los salarios vigentes en
sectores industriales comparables en estos países y, de esta manera, alcanzar
un acuerdo más justo sobre el nivel que deben tener los salarios en Venezuela.
Manteniendo seguimiento igualmente de la evolución nacional de los precios de
los bienes destinados al consumo de los trabajadores venezolanos. Esto es lo
que nos parece mínimamente justo.
Otra razón para oponerse al
incremento salarial es su potencial impacto sobre el cálculo de prestaciones y
otros beneficios a futuro de los trabajadores. En este caso, nos parece que
esto no debería continuar posponiendo los ajustes salariales. El piso actual
que serviría de partida para la negociación es muy bajo. Los trabajadores
tienen derecho a aspirar a una mejora de sus salarios medida en términos de
poder adquisitivo; el deterioro salarial se ha acumulado por mucho tiempo,
desde 2014 al menos. Por otra parte, el impacto de estos ajustes no es
inmediato ni implica asumir el costo integral del alza, existen formas
conocidas (por los empresarios y el Estado) y aplicadas por años para moderar esto
costos y podría acordarse cierta gradualidad en su incorporación al salario,
ajustado al logro de ciertas metas de crecimiento económico, ingresos fiscales,
mejora de la tributación, etc. Estos asuntos podrían llevar a acuerdos
sectoriales además. Nos parece absurdo, continuar posponiendo las ventajas que
ofrece un incremento necesario -todos estamos de acuerdo en la necesidad de
ello- del ingreso y de la demanda de los trabajadores, que sea progresiva pero
sostenida. Esto es lo que conviene al mejor aprovechamiento de las
oportunidades de bienestar y progreso que ofrece actualmente la economía
venezolana. La ambición y avaricia de algunos no debería llevarnos a
desperdiciar de nuevo estas oportunidades.
Finalmente, queremos hacer notar que
la mejora de la productividad no sólo incumbe a los trabajadores, sino que ésta
pasa por la realización de inversiones también por parte de los empresarios
para mejorar los equipos y tecnología disponibles para la producción por parte
de los trabajadores. Así que, los acuerdos que se requieren en torno al tema
salarial deberían implicar igualmente compromisos de parte de los empresarios
para realizar inversiones que impliquen la renovación, ampliación,
actualización y adquisición de nuevas tecnologías y el entrenamiento y
recalificación de los trabajadores.

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