VAMPIROS SOCIALISTAS DEL SIGLO XXI

   Enrique Viloria Vera

  Vampiro vampiro, te chupo el vampiro.

      Los Corraleros de Majagual

La hablachenta, ineficiente y corrupta Revolución Bolivariana ha sido prodiga en la creación de adefesios, de esperpentos, de extravagancias dignas de un Récord Guinness y de formar parte de los anales de la Historia Universal de la Infamia Uno de ellos es el vampiro rojo rojito Hecho en Socialismo.

Hasta el presente sabíamos que los murciélagos vampiro (Desmodontinae) son una subfamilia de mamíferos quirópteros filostómidos, que se nutren con sangre de todo tipo, rasgo nutricional denominado hematofagia. Empero, nuestro nuevo espécimen rojo rojito se caracteriza por ser omnívoro, es decir, come de todo ya toda hora; poco importa que el sol haya levantado y que las sombras ya se encuentren ocultas, nuestro vampiro socialista está presto y dispuesto a chupar, depredar, pillar, desvalijar, saquear, despojar, ocupar y expropiar lo que se le atraviese en su aparatoso y provechoso vuelo.

Es ciertamente un caso de estudio, en dos luctuosas décadas los vampiros socialistas del siglo XXI se han manducado – como si fueran una marabunta hambrienta, abejas africanas sin piedad, boas constrictoras famélicas y al acecho, pirañas alocadas que olfatearon sangre -, un país completo, léase bien una nación entera. En manada, en enjambre, en nube socialista, se posaron sobre lo que era un país para querer y en dos décadas lo dejaron en el mero hueso.

Sangre han bebido y mucha, las avenidas, plazas, calles y veredas de nuestro pueblos y ciudades llevan el mimo color rojo rojito de nuestros vampiros socialistas. Sin embargo, no contentos con tanta sangre derramada y bebida se dieron al tenaz, consciente y continuada faena de chupar lo increíble: cosechas enteras, petróleo, agua y electricidad, medicinas, comida, divisas, salarios, universidades, hospitales, carreteras y puentes, aviones, carros y autobuses, repuestos automotrices, centrales azucareras e hidroeléctricos, el servicio exterior y las instituciones, y  lo que es el colmo de la depredación socialista se chuparon con pajilla de oro la libertad, la democracia, la república  y la esperanza del otrora feliz venezolano.

Para los vampiros rojo rojitos no serán suficiente contra collares de ajo, crucifijos o estacas de madera. En roja desbandada y chupándose entre ellos; por doquiera que vuelen o aniden tienen un previsible futuro de autos de detención, extradiciones, ganchos y jaulas vigiladas donde no podrán seguir chupando. Recordemos a los que se dicen creyentes de crucifijo empuñar esta cita bíblica:

Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley; y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados.

          

¿Dinamizando el comercio internacional?

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Felix Arellano

Para algunos estudiosos, las diferencias económicas y, en particular comerciales, forman parte de los factores que estimularon las conflagraciones mundiales, de allí la importancia de construir una gobernabilidad económica internacional

Con el correr del tiempo el comercio internacional se fue transformando en una fuerza compleja; por una parte, dinámica y transformadora en el contexto mundial; por otra, causa de conflictos, de allí la conveniencia que los acuerdos comerciales incorporen un mecanismo eficiente de solución de diferencias. Por muchos años hemos apreciado como la apertura de los mercados y el incremento y diversificación del comercio ha estimulado el bienestar, en esta etapa se multiplicaron las zonas de libre comercio, pero también surgieron problemas que estimularon una crítica radical, que se podría resumir como postliberalismo, con particular influencia en nuestra región. En los actuales momentos apreciamos tendencias contradictorias, los radicales postliberales han fracasado con su falso discurso; empero, el desasosiego logra nuevos aires con el euroescepticismo y el efecto Trump.

Para algunos estudiosos, las diferencias económicas y, en particular comerciales, forman parte de los factores que estimularon las conflagraciones mundiales, de allí la importancia de construir una gobernabilidad económica internacional, que se tradujo en acciones como: los acuerdos de Breton Woods de 1944, que dan origen al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial o la creación del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en 1947.

Uno de los objetivos es utilizar las potencialidades del comercio para crear confianza entre los Estados. En este contexto se inscriben los acuerdos del carbón y del acero firmados por varios países europeos en 1951, que llevaron a la suscripción, por seis países europeos, del Tratado de Roma en 1957, que da origen a la Comunidad Económica Europea, que luego de varias décadas llegará a 28 países miembros como Unión Europea; ahora bien, las diferencias y el escepticismo también han crecido, como es el caso del Brexit, el retiro de la Gran Bretaña.

En nuestra región latinoamericana el comercio también presenta la complejidad dialéctica, de creación de beneficios y de diferencias. En este último sentido destaca los fracasos y retrocesos en materia de integración regional, muy marcados por los resentimientos nacionalistas, alimentados, entre otros, por el equivocado nacionalismo radical. Desde esta perspectiva los gobiernos se preocupan por los beneficios comerciales que pueden obtener los supuestos enemigos, es una visión suma cero de la relación comercial. Visión que contribuyó al fracaso de veinte años de negociaciones para formar la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). También el nacionalismo radical afectó los avances en el viejo Grupo Andino.

Pero no todo es negativo y el comercio ha sido uno de los estímulos para fortalecer las relaciones entre los países de la región; al respecto, cabe destacar el caso de  Argentina y Brasil, que al adoptar el Programa de Cooperación Integral (PICAB) en el marco de la ALADI, sentaron las bases para la posterior conformación del Mercado Común del Sur (Mercosur), con el Tratado de Asunción en 1991. En Venezuela también tenemos experiencias positivas en materia comercial, pues luego del grave incidente de la corbeta Caldas colombiana en las aguas del Golfo de Venezuela, el marco del Grupo Andino, y particularmente del comercio, contribuyó a fortalecer la relación bilateral y se tradujo por varios años en el incremento del comercio, las inversiones, el empleo y el bienestar general entre ambos países.

Desafortunadamente, el gobierno bolivariano se creyó el falso discurso radical postliberal contra el libre comercio y ha tratado de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, y hoy observamos los nefastos resultados. Un país aislado en materia de integración, con su economía en destrucción y buscando falsas excusas, como la guerra económica, para crea “chivos expiatorios”, pero consciente del perverso juego político, que al empobrecer se consolida en el poder. En efecto, el proceso bolivariano ha sido uno de los más firmes impulsores de la radical visión postliberal, pero no ha trabajado para superar las debilidades de la integración, como por ejemplo los temas de equidad; por el contrario, ha trabajado para destruir la integración existente y crear un marco que resulte favorable a sus arbitrariedades.

En estos últimos meses pareciera que el llamado “efecto Trump”, también incrementa la incertidumbre en materia comercial, al rechazar los mega acuerdos comerciales como el Transpacífico y el Transatlántico y promover la eliminación el TLC con Canadá y México; pero, el mundo está consciente de las potencialidades que puede ofrecer el comercio y está trabajando para que esta negativa tendencia no se consolide. Como parte de las señales positivas se puede apreciar que los once países restantes del Acuerdo Transpacífico están trabajando para revisar el texto y retomarlo. También se espera que las largas y complejas negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, para conformar una zona de libre comercio, pudieran culminar este año y se firme el acuerdo en diciembre, en el marco de la Reunión Ministerial de la OMC en Argentina.

La comunidad internacional también espera con expectativa, que la reunión de la OMC en Argentina pudiera culminar con la larga Ronda Doha que inició en el 2001. Un optimismo ingenuo, cuando observamos que los países radicales, como el proceso bolivariano, juegan al caos, pues la destrucción los fortalece. Esperemos que las fuerzas democráticas y racionales puedan trabajar con coherencia para abrir mercados con equidad, pues en ese escenario se establecen las bases para que todos podamos ganar.

COMIENZOS Y DESARROLLOS DE LA INFLACION Y LA POLITICA DE PRECIOS CONTROLADOS

EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ

El caso de la inflación^[1] ha sido de particular importancia dentro de la problemática evolución en los últimos lustros en Venezuela,  pues no ha abandonado  los dos dígitos que siempre son de alta preocupación en la macroeconomía. Para 2013, la inflación anual alcanzó 56% y la de los meses de noviembre y diciembre alcanzaron a 4.8 y 2.2%, respectivamente. Fue muy notorio que la inflación del mes de noviembre se suministró cerca de 30 días después de lo que debía suceder dados los patrones tradicionales de entrega de tal indicador (El Universal, www.eluniversal.com. 30-12-13). Crecimiento importante de la liquidez (68%), aumentos de salarios sin relación al crecimiento del producto o la productividad^[2], riesgos variados en cuanto a inversión así como desequilibrios fiscales diversos (gasto público basado en el populismo, inversiones poco rentables o mal programadas, entre otros) han estado dentro de los determinantes de ese alto nivel de inflación a pesar de los devaneos analíticos que ha tenido la administración del presidente NM al señalar un éxito mensual o anual en tal o cual momento. La inflación inercial y las expectativas crecientes en cuanto al propio crecimiento de los precios, además de problemas estructurales y de no haberse atendido la dinámica inflacionaria con políticas más adecuadas, han pasado a tener una determinación desde el propio mercado cambiario.

La determinación de los precios  -y parte de su dinámica- de bienes no esenciales e incluso de algunos de ellos, ha estado signada por el mercado del dólar libre, negro o paralelo. De ahí que la administración del Presidente NM buscó generar controles y rebajas de precios de bienes, partiendo de consideraciones con origen en el manejo leal o desleal de las divisas -que habrían hecho los agentes económicos-, de las asignadas por distintos instrumentos. Episodios de registro transitó la sociedad venezolana a finales de noviembre de 2013, en las ejecutorias que la administración del presidente NM, en la figura de varios funcionarios asignados para llevar a efecto tal medida. Amenazas, acciones por decreto, generación de expectativas, saqueos directos o intento de desarrollo de otros o generación de balances positivos del lado gubernamental (y cercano a las elecciones municipales del 8 de diciembre), formaron parte del conjunto de procesos observados a partir de los pronunciamientos y medidas de la administración de NM. En diciembre de 2013 y ya entrado el 2014 el panorama económico social y comercial se tornó más claro que en los momentos turbulentos de inicios de la medida: escasez y ubicación de precios a niveles altos para distintos productos. Las vocerías (expresión de gusto para la administración Bolivariana) de consumidores y distribuidores sistematizaron parte de los resultados con la siguiente expresión: “no hay productos y los que hay se presentan con precios muy altos”. El retraso en la entrega por parte del BCV, del índice inflacionario de noviembre^[3] ya señalado –según la tradición de suministrarlo a los medios en los diez primeros días del mes siguiente al mes en referencia- no hizo más que corroborar el poco efecto de la medida en cuanto a disminución de precios.

Los controles de precios o regulaciones de algunos servicios –educativos, bancarios, estacionamiento, por ejemplo- puede aceptarse que tuvieron –relativamente- resultados favorables para los ciudadanos^[4]. Sin embargo, en el caso de los servicios educativos, para julio 2014, la administración pasó a permitirles nuevamente a los colegios privados de primaria y bachillerato pudiesen aumentar tarifas según estructura de costos que debe ser analizada por la sociedad de padres^[5]; habiendo influido para ello la larga reclamación –alrededor de dos lustros-que este sector había dirigido a la administración bolivariana por las dificultades para atender las necesidades de los institutos con tarifas bajas para los estudiantes.

Pero, el cuadro global de medidas, en el contexto de la dinámica fiscal y cambiaria que se ha presentado en la economía venezolana -con sus características de economía rentista, dependiente del petróleo y con un capitalismo de Estado ampliado y amenazante- en los desempeños de la administración bolivariana y, más aun, el cuadro de desconfianza por amenazas a la propiedad y por deterioro e inestabilidad en los desempeños institucionales, generó un escenario de desinversión, presión inflacionaria y búsqueda de activos seguros y salidas de capital que se ha convertido en una verdadera zozobra económica, durante buena parte de los más de dieciocho años de la administración señalada. En este contexto, se volvió normal la desaparición de productos que en  rutinarios ciclos aparición/desaparición terminaron convirtiéndose en nuevos aumentos de precios. Los ciudadanos se vieron, así, sometidos a escaseces^[6] forzadas por las interrelaciones entre el ejecutivo y los empresarios vía alteración de los precios relativos (Francisco Rodríguez, Venezuela: What’s eating Venezuela’s dollars? Understanding dollar scarcity. Bank of America Merrill Lynch. 07 February 2014), pero también por las restricciones en la obtención de divisas para importaciones, en un contexto –como se señalará más adelante- donde Venezuela pasó a convertirse en un importador definido de numerosos alimentos y rubros diversos.

Los controles de precios en alimentos, han sido ejecutados por la administración bolivariana con el fin de disminuir especulaciones y garantizar el suministro de los mismos para las mayorías. En algunas áreas como legumbres y hortalizas, los productores han insistido en que desestimulan la producción de los mismos. Se han perdido alimentos en las comercializadoras estatales y se ha generado el monopolio estatal de algunos rubros y -en otros casos- los productos reglamentados nunca aparecen a los precios a los que están regulados; se dirigen a otros mercados y desaparece la regularidad de su abastecimiento. Creándose, así, una ficción de una administración que regula precios con fines distributivos pero con bienes que no aparecen o en algunos casos -cuando sucede- es con precios más altos.  Los alimentos se han vuelto, entonces, un tema de recurrente preocupación e inestabilidad para los consumidores y un mecanismo de permanentes nuevas ofertas sobre regularización del suministro o aparición interesada y focalizada de tales bienes sólo en los mecanismos y cadenas de distribución que se encuentran bajo control gubernamental. Estas últimas fueron aumentando en número y ampliando su radio de acción (Mercal, Casa, Bicentenario, otras^[7]).

En cuanto bienes durables y productos distintos  a alimentos, la administración bolivariana pasó a presenciar 2014 con negocios y establecimientos diversos vacíos, después de las acciones que emprendió en noviembre 2013 y que se señalaron. Complementado ese escenario por escasez de variado tipo de productos, precios a niveles superiores a los controlados, pues en algunos casos la fiscalización y control de precios significó un aumento autorizado de los mismos o, dados los productos agotados, la entrada de nuevos productos pasó automáticamente a precios dolarizados. En cualquiera de los casos, las fiscalizaciones de precios  abarcaron a marcas y empresas específicas como LG o Sony. De esta manera, la Superintendencia de Precios Justos publicó, por ejemplo, dos listados –posteriores a varios que previamente había publicado-, en cuanto a productos que elaboran y distribuyen tales empresas y que para Sony abarcaron televisores, reproductores de sonido, cámaras, cornetas, entre otros. Para LG abarcó productos similares y también lavadoras, neveras o acondicionadores de aire. Igual que en el caso de otras empresas de ropa o automóviles, tales listados se publicaron con los respectivos precios.

En el año 2011, la administración de HC promulgó la Ley de Costos y Precios Justos^[8] - Gaceta Oficial 39.715 (18 de julio 2011). En ella se señala en su Artículo 1°: “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en Igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital.” Y en el Articulo 3: “Se exceptúan de la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley los bancos e instituciones financieras sometidas a la vigilancia de la superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.” Dentro de numerosas observaciones que se le pueden hacer a esa Ley –y a otras similares- debe señalarse que no está claro ni evidenciado que una política que no privilegie los intereses del capital, sea lo más adecuado para inspirar manejos de política económica o de compensación de externalidades negativas del mercado en la Venezuela actual. Por su parte, las políticas de controles de precios no han demostrado eficacia durante la administración bolivariana para reducir la inflación.

En específico, la forma de controles que derivan de la ley en referencia permitió acumular el intervencionismo estatal en la formación de precios para los años 2012/2015, con las correspondientes distorsiones en los precios relativos, el aumento de la escasez con las proporcionadas tensiones y sorpresas para consumidores, comerciantes y productores que vieron mermadas su regularidad productiva o sus satisfacciones según los casos. Un asunto que resume variados episodios, es el de la desaparición de huevos de gallina desde el 11 de noviembre de 2015 por una medida de fijación de un precio justo ese mismo día en la tarde y, el cual, se ubicó en un precio menor a un 50% del que normalmente estaba siendo usado para las compras. Esta noticia se difundió aceleradamente en prensa, vocerías y realidades de los consumidores –y cercana en intensidad a otros fenómenos económicos como las corridas bancarias por señalar algún caso-.^[9]

Y de esa manera –en tal contexto y con tales determinaciones-, la economía venezolana en 2014, resumió un escenario inflacionario de crecimiento de precios en cuanto a 2013. En un ambiente, donde el BCV se fue perfilando en retrasar las cifras de inflación en varios meses de 2014, la inflación de diciembre de este último año fue comunicada al país en el transcurso de la segunda semana de febrero de 2015. Así el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), elaborado por el Banco BCV y el Instituto Nacional de Estadística, registró en el mes de diciembre de 2014 una variación intermensual de 5,3%. Con este resultado el INPC ascendió a una variación de 68,5% en el transcurso completo de este año (puede verse www.informe21.com 14-02-15). Para el caso del año 2015, los retrasos en el suministro de la cifras oficiales fueron mayores y es en enero de 2016 cuando la administración bolivariana suministró cifras parciales de la inflación de tal año, para después en febrero suministrar las cifras para el cierre de tal año, destacándose que los precios acumularon una variación de 34,6% en el cuarto trimestre de 2015 -inferior a la observada en el trimestre previo (38,9%)- así como que la variación acumulada del INPC durante el año 2015 fue de 180,9%. (BCV, RESULTADOS DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, PRODUCTO INTERNO BRUTO Y BALANZA DE PAGOS, 15 de enero de 2016, http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso150116.pdf; RESULTADOS DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, PRODUCTO INTERNO BRUTO Y BALANZA DE PAGOS Cuarto trimestre de 2015 – cierre del año 2015, 18 de febrero 2016, http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso180216.pdf).

En cualquiera de los casos, trátese de interrelación inflación-escasez, inflación-controles, inflación-distorsión de los precios relativos debe señalarse que, avanzado 2014, se hizo evidente que, en lo atinente a control de precios, se presentó una administración que a pesar de ubicarse en una posición de controlar los precios, realmente la evolución de estos dependía en casos y lugares de manejos discrecionales de los mismos, incluso por oferentes informales^[10] y, correspondientemente, de manera acelerada la economía fue  perdiendo parámetros de precios relativos que brindasen alguna racionalidad^[11], en un escenario económico donde la escasez se convirtió en un problema estructural que  pasó a inspirar –paradójicamente- mayores medidas de control o regulación de las actividades económicas^[12]. En esa línea se enmarca el propuesto sistema biométrico^[13] para el control de precios y escasez y que contradecía las reactivaciones y aumentos de producción que la administración del presidente NM ofreció llevaría a cabo desde 2013. En este sentido el Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, señaló en el mes de agosto que el 30 de noviembre del año señalado, todas las redes de alimentación públicas y privadas del país debían tener instalado el sistema biométrico de abastecimiento basado en capta huellas que impedirían las compras repetidas que pudiesen ser destinadas al contrabando^[14] o a la economía informal, dado que una u otra tienen repercusión directa en inflación o escasez^[15]. Finalizando un período posterior de tres meses de la  fecha de referencia, y en base a un conjunto de observaciones directas en distintos supermercados e hipermercados, no se pudo constatar (de parte del autor de este trabajo) que se hubiese masificado la instalación de las capta huellas. En algunos casos solo se usaba o requería el documento de identificación, en otros no era requerido y solo en la red Bicentenario se pudieron observar la instalación y uso del instrumento señalado. Sin embargo, para 2015 y 2016 se había extendido o ampliado su instalación, según se podía constatar con informaciones y observaciones directas.

Varias observaciones podían hacerse sobre la aplicabilidad del sistema biométrico (o de registro de huellas para evitar compras duplicadas y con ello el aumento o fortalecimiento de los revendedores) en 2014/2016  para la economía venezolana, en el contexto en que se encuadraba la administración bolivariana después de 15/18 años. En primer lugar, los problemas de escasez, inflación y distorsión de los precios relativos estaban ya íntimamente relacionados con las políticas de control ficticio o real que, apoyadas en una dinámica cambiaria, fiscal y política particular, se había estructurado como resultado de una política económica y social no exitosa. Ya más que evidente cuando se arribó a 2017, con su agudización y profundización de la crisis política y económica.  En segundo lugar, puede ser un sistema más operativo en economías más pequeñas o menos estratificadas por regiones, estados o grupos sociales. En tercer lugar, se requiere un desarrollo institucional de registro, supervisión, ejecución y sanción que no es acorde con el proceso de deterioro institucional y de desinstitucionalización por el cual había transitado la nación venezolana, en por lo menos los últimos casi treinta años. Y también, ya más pronunciado al desarrollarse el año 2017. La experiencia de la administración bolivariana - en lo visto en más de 18 años de gobierno- en manejo de alimentos y bienes en empresas e iniciativas como Mercal, PDVAL, Abastecimiento Soberano y las correspondientes bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y otras, no es precisamente la más exitosa, a no ser que se interprete con el fanatismo de los seguidores incondicionales.  En cuarto lugar, requiere un sistema de vigilancia estricto que no es seguro pudiera conseguirse en la sociedad venezolana de los últimos lustros, donde funcionarios, organizaciones de seguridad y vigilancia se han visto inmiscuidas en agudos procesos de corrupción. También más que evidente para 2013/2017. En quinto lugar, el deterioro de la civilidad y los valores ciudadanos, no pareciera haberse detenido durante la administración bolivariana si no que por el contrario habría aumentado, dentro del propio contexto de deterioro económico y social de los 15 años previos a su propuesta en 2014 (y los tres o cuatro años siguientes), lo cual brindaba un elemento de entorno difícil para la aplicabilidad de un sistema de este tipo^[16].

Dada la acumulación de problemas asociados a la inflación en 2013/2014, como son varios de los señalados en este punto (deterioro de los precios relativos, escasez, oferta informal de productos, retroalimentación tipo de cambio/inflación, propuesta del Sistema Biométrico y otros), la administración bolivariana continuó elaborando propuestas para alcanzar modulaciones en tal dinámica. Una fue la de los precios troquelados, que debían instrumentarse a partir de 1 de noviembre 2014 –con un plazo a 30 días- y el tal sentido fue informado por el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, en el contexto del llamado programa de Precios de Venta Justos, conceptualizado como una directriz del presidente NM y en base a la precisión de que es en la cadena de comercialización donde se desata la especulación (ver www.almomento360.com  Caracas, 29/10/14). Una segunda, atañe a un fenómeno señalado más arriba, y es la dinámica que asumen los precios en base a la actividad de comercialización de los oferentes informales. En tal sentido el decreto 1.348 del 24 de octubre de 2014 -publicado en la Gaceta oficial N° 40.526- norma las prohibiciones y detalles operativos para su ejecución y sobre lo que no deberían vender los oferentes informales de productos alimenticios, medicinas y otros rubros^[17]. Apartando las reacciones que distintos agentes económicos tuvieron ante esta propuesta la misma  debe ser destacada pues remite a la importancia ya adquirida definidamente en 2013/2014, en cuanto a la influencia del comercio informal –dentro de un conjunto de elementos- sobre la distorsión ya manifiesta, también, en los precios relativos.

Las interpretaciones sobre los niveles de inflación referidos en este punto son diversas, según vengan de análisis monetaristas, keynesianos, postkeynesianos o estructuralistas, pero, en resumen, es claro que el sector productivo no ha respondido con la velocidad de los incrementos de demanda dada la expansión de la liquidez, creándose una alta dependencia de las importaciones, dada la relativa sobrevaluación del Bolívar en tales años  y a pesar de la sobredeterminación que se generaba desde el mercado cambiario  y que las propias dificultades para accesar a las divisas -dado el férreo y largo control de cambios- dificultaban las importaciones en general y las de insumos en particular. Las medidas y las soluciones de corrección son complejas y derivan también de los enfoques utilizados, pero -desde 2014- se hizo evidente el conjunto de marchas y contramarchas de una política económica monetaria y antiinflacionaria poco efectiva. Los lustros transcurridos en la administración bolivariana han dejado la permanente posibilidad de esbozar esperanzas y recomendaciones como la siguiente: “La solución a ese grave problema implica la restauración de los equilibrios fiscales y monetarios a través de la racionalización del gasto público, el incremento de los ingresos públicos, y la eliminación del financiamiento de gasto deficitario por el BCV; la implantación de una política cambiaria racional; y, el estímulo de la inversión y la producción privada con el fin de incrementar la oferta interna y aumentar la eficiencia y productividad del aparato productivo” (Pedro Palma. La inflación y su solución. El nacional, 27-1-14. Pg. Opinión/6)^[18].

Ley de Costos y Precios Justos, Sistema Biométrico, precios troquelados (dentro de los Precios de ventas justos) son, entre otras, iniciativas de antes de la administración de NM, o de su administración, que han buscado restringir o disminuir la inflación y no lo han conseguido, dada la ausencia de políticas macroeconómicas que se hubieran focalizado e instrumentado con tal objetivo, atendiendo el gasto público, el déficit fiscal y la monetización del mismo, entre otros elementos. De la misma manera, en 2017 y en el contexto de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente se decretó la Ley de precios acordados (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº  6.342, de fecha 22 de noviembre de 2017). Su objeto se define como “establecer los principios y bases fundamentales para el Programa de Precios Acordados, mediante el diálogo y la corresponsabilidad entre los sectores público, privado, comunal, y de las trabajadoras y trabajadores, a través del estímulo a la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que el Ejecutivo Nacional declare como priorizados, considerando su estructura de costos, para garantizar el acceso oportuno, suficiente y de calidad a los mismos dado su carácter esencial para la vida, la protección del pueblo y de todos los actores que intervienen en la producción, distribución y comercialización, todo ello en función de la estabilidad de los precios, la paz económica y la defensa integral de la Nación.” 

Se busca, por tanto, con tal Ley, estabilidad en los precios,  garantizar acceso a los bienes y servicios y disponibilidad de bienes a los precios acordados. En contrario a eso que se busca puede señalarse que, dado que el contexto en que fue establecida esta Ley es el de uno definidamente hiperinflacionario[19], por la intensidad y frecuencia en la variación de los precios^[20], la actitud de los agentes económicos ante los activos de reserva –empezando por el dólar-, la ampliación del criterio de bienes esenciales y la formación de expectativas; de considerable escasez y de alteraciones irreversibles en las áreas comercial e industrial, mientras en el campo productivo y de formación de políticas, se mantengan los principios y ejes del modelo de desarrollo impulsado por la administración del presidente NM pueden esperarse movimientos expansivos de las distorsiones, más que correcciones^[21].

eortizramirez@gmail.com

@eortizramirez

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[1] Para el caso del contexto latinoamericano la diferencia de resultados y proyecciones de países son notorias. En cuanto a la inflación estimada para 2014, que en el caso de Venezuela bordeaba el 52% -algo menor de lo que efectivamente se presenta en la evolución que para el momento de la estimación ya se le observaba a ese año- es significativo que solo en el caso de Argentina se proyectaron los dos dígitos, mientras en otros países se proyectaba 3 o 5% (ver Leonardo Vera, La Crisis de Liquidez Externa de Venezuela: Causas e Implicaciones. Escuela de Economía UCV. Mayo 2014). Por lo demás, ello revela resultados de políticas en algunos casos diferentes a las que seguía y ha seguido la administración bolivariana.

[2] Esto se convirtió en una política de acción regular en la administración de NM, teniendo sus máximas expresiones durante 2017, con aumentos decretados alrededor de cada dos meses.

[3] Entrado 2014 estos retrasos volvieron a presentarse, a pesar de las expresiones públicas en cuanto a la inconveniencia de esto último.

[4] El control o regulaciones de precios pasaron a ser actividad de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE). Llama la atención, a pesar de los resultados no siempre exitosos acumulados por la administración bolivariana en cuanto a control de precios –tal cual se señalará más adelante- cómo la misma ha buscado instrumentar nuevos mecanismos o fortalecer la institucionalidad o los recursos atinentes a la regulación. Es así como la administración “…ha anunciado que se sumarán 27.000 fiscales, así como 516 capacitadores de fiscales y 24 jefes estadales a los empleados de la SUNDDE. Esto significa que este ente regulatorio tendrá un personal o una fuerza de inspección y fiscalización que supera los 27.540 personas.” (Ver Enrique González, La SUNNDE y el Record Guinnes. www.analítica.com. 9-09-14). Estas cifras del funcionariado propuesto superan considerablemente casos internacionales, cuando se incorporan variables como producto, población entre otras.

[5]Esta nueva  normativa fue fijada por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) y apareció en gaceta oficial N° 40.452 de fecha 11 de julio de 2014 y su contenido está dirigido a normar las matrículas  y señala que para “determinar el monto de la matrícula y mensualidades, la directiva de cada plantel deberá presentar ante la Asamblea Escolar la estructura de costos y gastos como parte integrante del presupuesto del año escolar siguiente"; también señala que la Asamblea Escolar, con un previo estudio económico, "acordará el monto de la matrícula y las mensualidades que permitan cubrir los costos y gastos de la institución durante el año escolar correspondiente" (www.ultimasnoticias.com.ve 14 de julio 2014).

[6] El índice de escasez que había estado en 22% (en los cinco meses finales de 2013 se ubicó sobre 20%), en enero de 2014 ascendió a 28% según cifras del BCV (ver El Nacional 12 de febrero 2014, pg. Economía/3).

[7] Para 2016/2017, a algunas de estas cadenas se les cambiaron las responsabilidades asignadas.

[8] En abril de 2014, en el contexto de conversaciones de la conferencia de paz a la cual convocó el Presidente NM por las protestas iniciadas en el mes de febrero previo, FEDECAMARAS, en palabras de su presidente Jorge Roig, planteó que procedería el 3 de abril del mismo año a solicitar la nulidad de la Ley Orgánica de precios justos, puesto que se habían realizado agregados según nuevas normativas cambiarias del momento. Realmente, desde su promulgación varios voceros del área privada de la economía habían venido esbozando críticas a la misma, dadas restricciones a la formación de precios desde el mercado, en base al funcionamiento más libre de las fuerzas económicas. (Ver www.elimpulso.com, abril 2 de 2014). 

 [9] Para un escenario complejizado de los años 2012/2015, en el caso de la economía venezolana,  y presentes elementos cambiarios, inflacionarios, fiscales, productivos y de escasez, como en parte se ha abordado -y se abordará más adelante- en este trabajo, son pertinentes las interrelaciones que presenta H, García L. al señalar que:” …la inflación hincha la estructura de costos de la producción y comercialización de bienes y servicios, y…  el incremento en el precio del dólar surte el mismo efecto en todo lo que se importe o tenga un componente importado. Para que una empresa no quiebre, debe subir los precios de lo que vende para recuperar este incremento en sus costos. Y, a menos que las remuneraciones aumenten en igual proporción, los trabajadores y empleados se empobrecerán. Pero si estos incrementos salariales no se basan en mejoras en la productividad, lo que ocurrirá es un impulso mayor a la inflación, dejando atrás, fatalmente, a las remuneraciones. Se presenta un severo y cruel desequilibrio microeconómico entre el costo creciente de los bienes y servicios que requiere una familia para vivir dignamente y los magros ingresos que ésta percibe. ¿Cómo ha respondido el gobierno “revolucionario” ante esta tragedia? Agravándola con el desabastecimiento. En vez de atacar las causas de la inflación –los desequilibrios macroeconómicos- le coloca una camisa de fuerza a los agentes individuales para que no puedan responder ante el problema. Como su política de acoso al sector privado merma la productividad, los salarios reales no aumentan sino que disminuyen, salvo para quienes ocupan altos cargos en el Estado. Para compensar por este deterioro, el Ejecutivo les impone a productores y comerciantes precios que no guardan relación con sus costos, para hacer que los bienes y servicios que venden sean “accesibles” al pueblo. Asimismo, los obliga a una serie de regulaciones y controles sobre el manejo de inventarios, “guías” de transporte y las relaciones laborales, que encarecen aún más sus actividades. El consecuente cierre de negocios, caída de la inversión y merma en la oferta interna de estos bienes y servicios pretende sustituirse, entonces, por su importación pública, sin pagar impuestos y aprovechándose de un dólar baratísimo pero escaso, sólo a disposición del oficialismo, para resguardar el consumo de la población. Pero el despilfarro de los petrodólares y la caída en los precios del crudo impiden suplir por esta vía las insuficiencias de oferta. De manera que, al lado de la reducción del empleo productivo y las presiones para mantener bajos los salarios para compensar los costos impuestos y poder competir con importaciones abaratadas, se une el desabastecimiento” (Humberto García Larralde. Los desequilibrios microeconómicos y los precios “justos”; mimeografiado, 17 de noviembre 2015).

 [10] Dulce María Rodríguez, periodista de El Nacional publicó un reportaje bastante ilustrativo sobre esta fijación de precios por parte de los oferentes informales, habiendo visitado la zona popular de petare y entrevistando a consumidores y oferentes. Registramos parte de ello -y sabemos por visitas propias que en otras zonas como Catia se fue creando el mismo panorama-: “El descontento se observó en algunas clientas que consultaban los precios de los alimentos de la cesta básica que los buhoneros exhiben sin reserva en sus mesas, a pesar de la amenaza de fiscalización que les hizo el superintendente de precios, Andrés Eloy Méndez. El representante de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos anunció a finales de agosto: ´Se iniciará un plan de fiscalización en el sector informal y los productos básicos detectados serán vendidos bajo supervisión al precio justo. Se establecerán llamados de atención o caución previo a la sanción´. El funcionario destacó que incorporarían militantes del PSUV al esquema de fiscalización de la Sundde. ´Vamos a crear 516 cuadrantes entre 70 y 100.000 habitantes. Al frente estará un fiscal de la Sundde, el jefe militar de la zona y 180 personas del poder popular que estarán con lista en mano fiscalizando´. Sin embargo, el anuncio no atemorizó a los pequeños comerciantes. Los productos que no hay en los supermercados privados se pueden adquirir en los buhoneros de Petare y en varias presentaciones. El kilo de café se consigue en 90 bolívares, aunque está regulado en 46,6 bolívares. Lo tienen en empaques de 25 gramos, 50 gramos o un kilo. El aceite de un litro regulado en 30 bolívares lo comercializan en 90 bolívares. Aunque el precio del azúcar fue aumentado hace poco a 18 bolívares el kilo, los vendedores informales lo tienen en 45 bolívares. Por la harina PAN los clientes pagan entre 40 y 45 bolívares, cuando su precio regulado es de 22 bolívares. …Por ahora en los comercios informales de Petare los productos de aseo personal abundan en diferentes marcas y presentaciones. El desodorante de 16 bolívares lo venden entre 30 y 35 bolívares, y disponen de varias fragancias, y hasta tienen en barra o gel. El champú anticaspa o anticaída lo comercializan en un precio que va de 65 a 120 bolívares, mientras que en los comercios formales cuesta 36 bolívares. ´Hago entre 1.300 y 1.500 bolívares diarios porque tengo champú, jabón y el desodorante que la gente busca´, dijo una buhonera. Agregó que tuvo que bajar de precio el papel higiénico y la pasta dental porque ya se consigue en los supermercados. Los comerciantes informales también venden el detergente en polvo, el lavaplatos en pasta o líquido y el desinfectante que poco se consigue en los establecimientos formales. El lavaplatos líquido lo ofrecen en 50 bolívares y en pasta en 80 bolívares. El suavizante en 90 bolívares” (Ver www.el-nacional.com 19 de octubre 2014, Pág. Economía/3).

[11] Una idea de interés en este sentido, parte de los efectos de las propias medidas de control real o ficticio en las ejecutorias en base a -por ejemplo- la providencia 003/2014 que versa sobre los criterios contables generales para la determinación de precios justos (7 de febrero 2014 gaceta oficial 40.351): “…una vez aprobada la Ley Orgánica de Precios Justos y la Providencia Administrativa Nº003 los precios no pueden reflejar la realidad del negocio, donde la incidencia de trabas administrativas e ineficiencias públicas tienen pesos importantes no reconocidos por la SUNDDE –entre otros costos fundamentales en la tomas de decisión de los empresarios desconocidos igualmente por la SUNDDE (se refiere a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos/EOR) como son los costos económicos, los costos de oportunidad y de reposición-. Los precios dejaron de ser el reflejo del valor social de bienes y servicios, así como una variable que recoge eficiencias o ineficiencias de las operaciones en el país –al menos aquellos expresamente regulados o producto de la aplicación de la Providencia Nº003-.” (Enrique González, Sistema biométrico busca sustituir no proteger. www.analitica.com 1 de septiembre 2014).

[12] En las últimas décadas -más aún en el contexto de la administración bolivariana- los extremos han sido aumentar el estatismo y el control o no controlar o regular nada en la economía (más allá de regulaciones muy básicas). Los extremismos de la administración bolivariana derivan de sus posiciones políticas y económicas –y de su proyecto político general-. En la otra perspectiva están los neoliberales extremistas. Como se sabe en situaciones extremas -como son por ejemplo las economías de guerra- que no es el caso de Venezuela, pueden tomarse medidas de control. Debería poderse considerar algún tipo de mecanismo de supervisión que permitiese alterar las deformaciones que se producen en la escasez, inflación y dinámica de los precios relativos, dados los desenfrenos de los propios consumidores que pueden ser tan determinantes en efectos, como el contrabando y la corrupción ya institucionalizados. En cualesquiera de los casos, no pareciera el contexto venezolano de los tiempos de interés, un escenario adecuado a tales excepciones que pudieran temporal y programádamente ejecutarse.

[13] Ver Eduardo Ortiz Ramírez, Sistema biométrico y escasez. En www.almomento360.com y www.aporrea.org 26-08-14.

[14] Uno de los puntos fuertes del contrabando, es el de la frontera tachirense con Colombia. Para atender tal situación, la administración bolivariana implementó, a partir de la segunda quincena de agosto de 2014, las restricciones nocturnas en la circulación de vehículos y personas por los pasos fronterizos implicados entre Colombia y Venezuela, buscando aminorar la fuga de productos y alimentos a aquel país. Los factores empresariales involucrados en el caso del Estado Táchira que ha sido uno de los estados más afectados por escasez, controles y manifestaciones políticas –en 2014, pero también en 2017- no han visto como muy positivas distintas acciones de la administración bolivariana. En tal sentido, en los momentos de la propuesta del sistema biométrico y de ya estar en funcionamiento las restricciones en los pasos fronterizos, el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Táchira, Aceta, Pietro Cenicola señaló: "Una de las debilidades en nuestro sistema económico es que hay una desvinculación absoluta entre la empresa y el gobierno. No hay mecanismo por el cual, de alguna manera, podamos tener un franco diálogo continuo y sincero. Estamos casi que a las órdenes de lo que diga el gobierno. No ha habido ninguna comunicación entre nosotros. Por muy apreciable que pueda ser la ayuda que le podamos dar a otros pueblos necesitados, aquí también hay bastante necesidad". Con la ayuda a otros pueblos se refiere a que parte de lo recuperado en las acciones contra el contrabando se destinaron a ayudas a los afectados en el conflicto de Gaza entre Israelitas y palestinos (www.el-nacional.com 24 de agosto 2014).

[15] Las referencias a este sistema, de parte del Superintendente como del propio Presidente NM, fueron contundentes sobre las esperanzas que generaba. Señaló el Superintendente: “El 30 de noviembre deben tener todos los supermercados e hipermercados del país una capta huellas, que permita verificar la cantidad de compras, con esto una justa distribución y atacar el bachaqueo”; así como que la disponibilidad de bienes de la canasta familiar “Va a estar por encima de los márgenes de necesidad familiar”.  En el caso de Presidente NM señaló que: “Eso va a ser como las capta huellas en el sistema electoral: una bendición antifraude (…). El sistema de comercialización y distribución a través de la aplicación del sistema biométrico será un sistema perfecto. Estoy seguro de eso. Para algo es la tecnología” (ver para ambos casos Correo del Orinoco, www.correodelorinoco.gob.ve 21 de agosto 2014). El día 22 de agosto el Presidente en cadena nacional volvió a señalar: “No es un sistema racionador, no señor, al contrario, es para que todos tengan los alimentos, para que el pueblo pueda ir libremente a cualquier supermercado y comprar sus productos.  Es un sistema para liberar, no para oprimir (…) nos va a permitir ayudar a las familias”, cuestionando con esto cualquier señalamiento que confundiera la medida con racionamientos típicos de -por ejemplo- la economía cubana (www.correodelorinoco.gob.ve 22 de agosto 2014). Debe señalarse, sin embargo, que después de estas iniciales expresiones y aunado a un contexto de críticas y hasta protestas en estados como Táchira, tanto el presidente de la república NM como el superintendente señalado suavizaron un poco sus expresiones en cuanto a que el biométrico, sería un sistema voluntario o, en el caso del superintendente, se hizo alusión a que solo sería aplicable a 23 rubros básicos. El escenario de escasez, inflación, desviaciones de los consumidores y distorsión en los precios relativos, estuvo tan latente para el momento de esta propuesta del sistema biométrico que de manera llamativa -tomando en cuenta las complejidades que pueden estar inmersas en un sistema como el aludido que busca registrar, limitar, sancionar y supervisar el consumo- el superintendente declaró: "Si alguien acude a comprar 35 kilos de harina, eso no es normal. Pero en una familia pueden ir todos los miembros a comprar" (www.eluniversal.com 260814). 

[16] En una reflexión venida de elementos de la sociología y la política -más que de la economía- se destaca un elemento muy importante en este sentido que hemos anotado: “Nuestra cultura desprecia las normas de la civilización. Queremos ser libres, pero sin normas. Deseamos la Democracia, pero sin partidos políticos. Somos la única sociedad con esta creencia. No queremos Instituciones que nos dicten los principios mínimos de civilidad. Nuestra sintaxis la rige el desorden, la educada voluntad por negar al otro” (Alexis Romero, La cultura vencida del venezolano. www.elestimulo.com 11/10/14). En cualquier caso, lo parcial que se logró instrumentar en cuanto al Sistema Biométrico, se volvió intrascendente e inoperante a medida que se avanzó hacia el 2016 y 2017, con la propia agudización de la crisis económica en lo que atañe a producción, escasez e inflación. Trata que la escasez aumentó por las propias restricciones para la producción y por la centralización en la comercialización de bienes por parte de la administración bolivariana, cuya expresión resumen y populista pasaron a ser las cajas o bolsas CLAP. Los supermercados y los abastos, para el año 2016 se les fueron disminuyendo, aunque en  grado pequeño, los productos y las colas, y en el 2017 solo circunstancialmente se les observan bienes básicos y aglomeraciones de consumidores; por otra parte, algunos bienes pasaron a estar disponibles con precios dolarizados. En un contexto de esta naturaleza, el Sistema Biométrico perdió el sentido inicial que tenía asignado (ver elementos relacionados en  www.elestimulo.com 21 junio 2017).

[17] Los siguientes, son la mayor parte de los bienes contenidos en el artículo 1 del Decreto 1.348 y sobre los cuales se norma la prohibición. Alimentos: Aceite de maíz, alimentos para animales, arroz, arvejas, atún, sardina, café, harina, leche, azúcar, mantequilla, pastas, huevos, mayonesa, salsa de tomate, sal, papa, mortadela, tomates, trigo, maíz, carne de bovino, de cerdo de pollo y gallina. Higiene personal: Pañales, papel higiénico, toallas sanitarias, shampoo, acondicionador para el cabello, crema dental, jabón de tocador, jabones en panela para lavar, detergentes, blanqueadores, limpiadores,, desinfectantes, afeitadoras desechables y tintes de cabello. Salud: Medicamentos, material quirúrgico, lencería descartable, repuestos e insumos para equipos médico-quirúrgicos, prótesis para rodillas, prótesis intraoculares, anticonceptivos, equipos materiales, reactivos de laboratorio, o para diagnóstico. Así como también productos e insumos odontológicos. Materia prima, insumos, principios activos y excipientes para la elaboración de medicamentos. Productos terminados: Aluminio, hierro, acero, cartón y papel. Educación y vivienda: Útiles escolares, cemento, cabilla y bloques (Ver Gaceta oficial N° 40.526, 24 de octubre 2014; www.runrun.es 27/10/2014).

[18] Entrado 2014, algunos pasaron a preferir usar el término hiperinflación en el entendido que: “Tenemos todo lo que caracteriza una hiperinflación. Las personas están acaparando cosas porque cuando el dinero no vale nada es preferible comprar automóviles, alimentos. Además: tenemos un déficit fiscal gigantesco y la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esos son síntomas clásicos de hiperinflación. Actualmente la inflación venezolana prácticamente es la más alta del mundo, algo que no ocurrió durante los años ochenta ni en los noventa, cuando si bien hubo inflación alta el resto de los países también sufría de este mal”. Este mismo Economista propone un conjunto de lineamientos de solución económica -donde está abarcada la inflación- partiendo de señalamientos sobre la inconveniencia de la inamovilidad laboral: “A quién se le ocurre que vas a tener condiciones para la producción si contratas a alguien y nunca lo puedes despedir, en un sistema de mercado no tiene lógica mantener por tanto tiempo una ley de este tipo. Una mentira que se les dice a los trabajadores. Dices que estás a su favor y en la práctica has descalabrado la economía. No habría aceleración de la inflación y un elemento importantísimo es que cuando se hacen anuncios creíbles en materia de sostenibilidad fiscal y monetarios aumenta la demanda real de dinero de manera tremenda, se modifican las expectativas. Va a bajar la demanda y eso compensa la subida del tipo de cambio que es de una sola vez. Se trata de una subida del nivel de precios no de la tasa de crecimiento de los precios. Pero incluso ese aumento en el nivel del tipo de cambio no tiene por qué afectarte los precios, la experiencia histórica te lo dice” Entrevista a Felipe Pérez Martí: “Estamos al borde de un abismo” Por Prodavinci | 7 de Marzo, 2014. www.prodavinci.com.

[19] Ver Carlos E. Daly Gimón, martes, 14 de noviembre de 2017 “La hiperinflación comparada: un análisis de casos importantes en el escenario internacional” http://masterecointerucv.blogspot.com/2017/11/la-hiperinflacion-comparada-un-analisis.html; y Asdrúbal Oliveros sobre la hiperinflación en Venezuela; por Víctor Salmerón,  23 de noviembre, 2017, www.prodavinci.com.

[20] La evolución de la administración del presidente NM, ha brindado menos información mientras más alta se ha presentado la inflación. En abril de 2017, el Banco Central de Venezuela (BCV) reportó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el año 2016 la inflación en el país fue de 274,4% (la segunda más alta del mundo después de Sudán del Sur). Por su parte, la Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Finanzas y en base a sus cálculos propios, dada la ausencia informativa señalada, informó, en febrero 2017, a través de José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento,  que la inflación de 2016 se ubicó en 550% (ver www.finanzasdigital.com abril 20 2017 y www.el-nacional.com 23 de febrero 2017).

[21] Ideas relacionadas pueden verse en  “Ley Constitucional de Precios Acordados” Enrique González Porras Blog Noviembre 17, 2017.