EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ
PERCEPCIONES EQUIVOCADAS DE
MADURO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA
Entre finales de 2016 y comienzo de 2017 dos ideas
deambulaban en las apreciaciones económicas de los dirigentes de la
administración bolivariana en la versión Nicolás Maduro (NM). Una primera, que
el rentismo ya era cosa lejana, pues los motores
que había echado a andar la administración, lo hacían cosa del pasado junto a
varias de sus implicaciones, dando ello paso a la entrada de un nuevo modelo
económico. Una segunda, que 2017 era
precisamente el año de desarrollo de un nuevo modelo económico con variados
sectores pujantes y un aumento inusitado del crecimiento y bienestar de los
venezolanos. Esta segunda idea tuvo expresiones más entusiastas aun cuando el
presidente Maduro, superado el primer trimestre, acuso y responsabilizó a la
oposición de haber truncado o afectado la recuperación que la economía estaba
logrando desde los primeros días y semanas del año 2017.
Las dos ideas estaban y están totalmente alejadas de la
realidad. Ni los desafueros y desesperos de arreglos con Goldman Sachs[1], ni la
bomba e imprevisiones de arreglos leoninos y poco meditados para los intereses
del país (aquellos vinculados al Arco minero), ni la efusividad del Dicom II (donde
generalmente se sienten felices asignados y asignadores, en una economía con
altas restricciones de divisas y considerables necesidades de importación y
medidas de reestructuración productiva), permiten verificar la bonanza deseada
o propuesta para una economía profundamente decaída e hiperinflacionaria y con
muy pocas posibilidades de impulsarse,
dado el muy problemático conjunto de medidas que ha implementado y
seguirá implementando la administración del caso. Nuevamente en 2017 habrá caída
en el producto y la misma se estima sobre el 10%.
Por otra parte, en el
aspecto político la administración bolivariana no tuvo contemplación en
buscar acciones y explicaciones ad hoc,
con el fin de no dar ejecutoria al referéndum revocatorio que seguía sus cursos
y procedimientos normales para ser realizado en 2016. La trampa y el ardid
político dieron paso al descaro y a la suspensión de aquel referéndum, en el
cual podía preverse la revocatoria inevitable del presidente Nicolás Maduro.
Mientras se ejecutaban estos procesos y acciones entre 2016 y 2017, ningún
problema económico asociado a la escasez, insuficiencia de producción nacional,
falta de disponibilidad de divisas e incluso aumento de la corrupción pequeña o
grande, obtuvo solución a nivel de productos o sectores. Ni harina, ni pan, ni
vehículos, ni hortalizas, entre numerosos productos y sectores, obtuvieron soluciones
donde el ciudadano pudiese sentir que algo se estaba arreglando. Mas informalidad (ver Eduardo Ortiz Ramírez,
Venezuela: una economía altamente informalizada; https://www.academia.edu/33557333/VENEZUELA_UNA_ECONOM%C3%8DA_ALTAMENTE_INFORMALIZADA),
desarrollo de mecanismos asociados a la misma, así como desorden e
inestabilidad productiva, fueron aumentando la crisis productiva y social en
que la administración bolivariana ha sumergido a Venezuela en todos sus
dieciocho años, pero con gran énfasis desde 2012. La crisis política pasó a ser
así la gran revelación de una revolución
fracasada, cuyo trasfondo pasó a ser
una economía más rentista, de escaso desarrollo de la competitividad y con
agudos problemas financieros, fiscales, cambiarios, escasez, inflación y
alteración del bienestar de sus ciudadanos, como no se había visto en ningún
momento en todos los lustros y décadas transcurridos desde 1958.
EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO POLÍTICO
(negación de las salidas electorales, el
detonante de las protestas, la represión, reacciones internacionales, “constituyente”
y plebiscito).
Ya habiendo
suspendido el referéndum revocatorio en octubre 2016 -según se ha indicado más
arriba- donde se dio la suspensión de la recolección de 20% del registro
electoral en firmas por parte del Consejo Nacional Electoral (prevista para el
26, 27 y 28 de aquel mes), luego de que cinco tribunales ordenaran la anulación
del proceso de 1% de firmas de los electores, puede afirmarse que para el resto
de 2016 y el primer trimestre de 2017, la actitud de la administración
bolivariana pasó a ser la de establecer todo tipo de trabas y escollos para
evitar cualquier forma de elección, como es el caso de las suspendidas
elecciones de autoridades regionales, que debían realizarse a finales 2016.
Pasos siguientes en esta línea fueron los supuestamente necesarios procesos de
revalidación de los partidos y la duda lanzada sobre sobre la necesidad,
pertinencia o posibilidad de que pudieran haber o no elecciones presidenciales
en el año 2018. Un proceso tenue, orquestado o a toda voz, según los casos[2],
para que entonces quedase toda forma de elección como un especie de concesión
bondadosa o noble que la administración bolivariana pudiese aceptar, realizar o
facilitar y no un derecho de la programación electoral según leyes y normas[3].
Debe señalarse que todo esto se fue afinando en un contexto
de discrepancia, entrabamiento y molestia, por la existencia de una asamblea
nacional con mayoría de parte de la oposición[4]
desde finales de 2015. Pero, además, tuvo su punto adicional con las decisiones
155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, buscando desplazar y ejercer, por
su parte, las funciones competentes de la propia asamblea nacional (156)[5].
Debe señalarse como elemento fundamental del contexto, el
traslado de la discusión de esta temática al seno de los países de la OEA. Y en
este sentido varias actividades de la institución referidas pasaron a
desarrollarse en días del mes de abril, con el fin de inducir cambios en la
administración bolivariana dada la cualidad de miembro de la OEA por parte de
Venezuela y la correspondiente posibilidad de aplicarle la Carta Democrática, aceptada por los mismos miembros. Por primera
vez, pudo Venezuela palpar la unión de un conjunto importante y representativo
de miembros del organismo, para acometer los pasos y acciones correspondientes[6].
Esto fue en aumento o en presión creciente hasta la reunión del 26 de abril de
2017, donde 19 países en el consejo permanente del organismo volvieron a
solicitar la reunión de cancilleres para seguir evaluando el caso venezolano,
produciendo esto la decisión de la administración bolivariana de retirarse de
la organización. Así lo informó la canciller Delcy Rodríguez en nombre del
Presidente y la administración bolivariana (ver www.vtv.gob.ve 26 de abril de 2017). De esta manera, el 28 de abril se
entregó la comunicación –de fecha 27 de abril- a la secretaria general de la
OEA donde el presidente NM transmitió la decisión de su administración de que
Venezuela procedía a su retiro de la organización. Debe señalarse que la carta
contiene párrafos bastante críticos –desde el punto de vista de la
administración bolivariana- sobre el origen, dinámica, matices, intereses y
evolución de OEA hasta pronunciarse también sobre lo que el presidente y la
administración bolivariana aprecian sobre las gestiones del secretario general
Luis Almagro. Con todo el escenario político señalado para el momento del caso, en Venezuela no podía
afirmarse, como hicieron algunos medios de información oficial que se tratase
de una decisión apoyada por el pueblo venezolano (www.psuv.org.ve 28 abril 2017; www.correodelorinoco.gob.ve 28 de abril 2017; www.aporrea.org 28 de
abril2017).
Es así como, con varios de estos elementos señalados, se
iniciaron o se siguieron desarrollando según el caso, las protestas de
distintos grupos de oposición organizados en la Mesa de la Unidad Democrática
en base a un conjunto de aspectos económicos, sociales y políticos, entre los
cuales destacan 1. Solicitud de destitución de los magistrados implicados en
las Decisiones 155 y 156; 2. Convocatoria a elecciones; 3. Liberación de los
presos políticos y 4. Facilitar la entrada de ayuda humanitaria desde
organismos y países, dada la crisis de escasez, inflación y hambre presente en
el país[7].
La administración bolivariana había demostrado en anteriores
oportunidades su carácter autoritario y represivo. Pero, inmediatamente
comenzaron las marchas y protestas por las razones aludidas, empezaron a
manifestarse en muertos, heridos y detenidos, consecuencias de aquel carácter.
Numerosos videos y registros difundidos por las redes sociales así lo
testifican. Para el momento de inicio de las protestas, la administración
bolivariana se sintió fortalecida de disponer -además de todos los contingentes
de policías y guardias nacionales, con sus respectivos y numerosísimos equipos-
de milicianos y sobre todo, a los efectos de las manifestaciones, de numerosos
motorizados -que distintos observadores les destacan actitud delincuencial-
agrupados en los llamados colectivos[8]
(que andan armados y son incluso protegidos por los cuerpos represivos
formales). El resultado no se hizo esperar y, ante fuerzas opositoras
mayormente pacíficas, deseosas de elecciones y de que les dejasen cumplir sus
trayectorias de marchas, comenzaron a acumularse los muertos. Ocho muertos para
la oposición y 12/14 entre fallecidos en saqueos -alrededor 10/12- y otros[9].
A pesar de esto, tanto en Caracas como en distintas ciudades del país, las
marchas y manifestaciones de los grupos de oposición continuaron demostrando
gran capacidad de convocatoria[10],
como se demostró en las contundentes marchas del 19 de abril a nivel nacional.
Vistos los resultados y a pesar de las campañas de
desinformación de parte de la administración bolivariana, avanzando el mes de
abril, se comenzó a observar la reacción de esta última en dos dimensiones. La
primera, el llamado al dialogo con las fuerzas de la oposición, que en lo visto
hasta 2017 siempre fueron procesos infructuosos y sin resultados tangibles,
dadas la negativas de la administración a cambiar rumbos, tendencias o acciones
de su parte. En segundo lugar, la administración Maduro comenzó a hablar o a
pronunciarse sobre las elecciones programadas, deseadas o en dudas, según los
casos señalados. En tal sentido, el presidente NM señaló: “Elecciones sí,
quiero elecciones ya, es lo que digo yo, como jefe de Estado, como jefe de
gobierno”; “Estoy listo para lo que diga el Poder Electoral” (ver www.el-carabobeno.com 23 de abril 2017).
Otro tipo de reacciones atañen a lo que señaló el presidente
NM el día 23 de abril durante su
programa dominical de radio y televisión: “La derecha (la oposición) trancó el
juego, pero necesito que maduremos colectivamente"; "es un proyecto
histórico que jamás se va a rendir ante las fuerzas de la oligarquía"; y
señaló que éstas "no saben lo que somos capaces de hacer para la defensa
de la dignidad revolucionaria. La subestimación es muy grande, pero no saben lo
que estamos decididos a hacer, hasta dónde llegará esta generación de
chavistas"; "un nuevo desencadenante histórico para retomar la
paz. No vamos a hacer una guerra civil, no y no" (puede verse www.excelsior.com.mx 23 abril 2017). Estas afirmaciones o indicaciones no
tuvieron mayores precisiones y todo quedó a la libre inferencia de cada quien;
no sabiéndose, además, si su fin era enaltecer a persona o grupo o a la propia
administración bolivariana y sus proyectos o sugerir algunas medidas próximas
que se tomarían. Podía colegirse que se trataba de una indicación que retomaba
ideas imprecisas sobre el poder popular u originario, pero no fácilmente
relativo a cambios de constitución, realización de una constituyente u otros
procesos formales similares (elementos de discusión puede verse en Entrevista a
Daniel Varnagy, http://unionradio.net/foro-a-tiempo-entorno-politico-en-venezuela/, 24 abril 2017), dados todos los problemas acumulados -y
desencadenantes de los procesos de abril de 2017- en relación a ruptura del
orden o hilo constitucional.
En cualquier caso, ya para esta altura del mes de abril el
punto de inflexión se había presentado y, la oposición, continuó con marchas
tomas y plantones en todo el país, incorporando –crecientemente- zonas
populares. Pero también, a nivel internacional, se habían ampliado las
posiciones críticas hacia las gestiones y actitudes de la administración bolivariana.
Estas posiciones críticas surgieron -como se dijo- de OEA, pero también de
Mercosur, unión Europea, países individuales y organizaciones diversas. Puede
afirmarse que, en más de 18 años de administración bolivariana, es primera vez
que se han observado propuestas de análisis o búsqueda de soluciones a la aguda
crisis política, económica y social en la que ha desencadenado el conjunto de
ejecutorias de la misma, sin que ello signifique una actitud injerencista como
ha insistido permanentemente esta administración.
A inicios de mayo, se vislumbraron dudas derivadas de la
alocución del presidente NM señalada más arriba[11].
Si se venía fraguando la idea del manejo del poder originario o popular en
forma de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) solo que, a diferencia de
incluso la iniciada y desarrollada en Venezuela durante el año 1999, la
propuesta en este caso remite a una Asamblea pensada para ganar una elección de
sus miembros de manera de estructurar un beneficio cerrado para la
administración bolivariana (dadas la restricciones de electores, sectores y
ubicaciones de regiones o congregaciones electorales disímiles con semejantes
representaciones), además de originarse no en la decisión popular sino en la
muy personal y política del propio presidente NM. Las propuestas para esta
particular ANC se siguieron desarrollando con los espacios cerrados y poderes
no autónomos presentes en la administración bolivariana, convocándose a
inscripción de candidatos y a su particular elección para el próximo 30 de
julio de 2017[12].
Los poderes públicos nacionales, a excepción de la Asamblea Nacional controlada
por la oposición y la Fiscalía General de la Republica, avalaron este proceso.
En una evolución bastante conflictiva en cuanto a la administración bolivariana
(y en continuación a lo ya señalado), la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, fue
abiertamente distanciándose de los otros poderes públicos y declarando como
plenamente inconstitucional la instalación de una ANC con tales
características. Para julio de 2017 ya la posición de la Fiscal es totalmente
distante de la de la administración bolivariana, al caso incluso de estar
expuesta a ser destituida, producto de iniciativas judiciales en su contra de
parte de la administración señalada, además de habérsele prohibido salir del país
y congelado sus bienes (ver www.prodavinci.com
29 de junio 2017).
Mientras, marchas, manifestaciones populares, trancazos,
plantazos y hasta saqueos de determinaciones diversas, aunado a una intensa
política de represión de parte de la administración bolivariana en figura de
las policías y la guardia nacional, siguieron desarrollándose en Caracas y en distintas
ciudades del interior del país y produjeron una acumulación de muertos que para
inicios de julio bordeaba los cien fallecidos (Venezuela: cien días de calle
contra Maduro; http://www.dw.com/es/venezuela-cien-d%C3%ADas-de-calle-contra-maduro/a-39574298; 0907/2017).
En el plano internacional, para julio de 2017, y a pesar de
no haberse logrado acuerdos concluyentes en la OEA sobre el caso venezolano, la
evolución y acumulación de distintos e importantes países que pasaron a lo
interno de la misma a expresarse
críticamente, los tránsitos inconstitucionales en la vida venezolana del
momento, lo alarmante del nivel de muertos y de la agresión misma a pobladores
desarmados y solicitantes de elecciones y libertad; aunado a expresiones de
Mercosur, Unión Europea, EE.UU y numerosos países desarrollados formulando el
sentimiento político y la percepción señalada, como en el caso del G-20 en su
reunión en Hamburgo en la semana del 3 al 7 de julio[13];
permiten afirmar así que el caso venezolano ya se había ubicado en la dimensión
adecuada a la realidad -y no a la difundida por la administración bolivariana-
en cuanto a crisis económica y humanitaria, inestabilidad política y deterioro
en las condiciones de la democracia.
Es así como, cercano a la realización de la consulta popular
no vinculante[14]
sobre la convocatoria de la ANC por parte del presidente NM, vigencia de la
Constitución de 1999, respeto a la Asamblea Nacional, renovación de poderes y
nuevas elecciones (decidida y convocada por la MUD para el 16 de Julio de los
corrientes) se sucedieron dos eventos de importante significación para un
escenario donde numerosas encuestas y mecanismos de sondeo sobre las simpatías
hacia la administración de NM, ubicaban la misma máximo en un 15 al 20%, con la
contraparte de acumulación de simpatías y acciones en distintos sectores
opuestos a tal administración. El primer evento, atañe a las agresiones a la
Asamblea Nacional y a sus integrantes, de parte de sectores abiertamente
vinculados y apoyados por el PSUV y la administración bolivariana, el 5 de
julio de 2017 y lo cual fue registrado y difundido altamente por medios y
escenarios nacionales e internacionales en su intensidad y arrebato violento y
bajo la mirada indiferente -ante el hecho en sí mismo y de apoyo a los
agresores- de parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Derivado de ese último evento, o en asociación con su
cercanía, pues se sucede 3 días después, la administración de NM -o al menos
desde una parte de ella-, procede a
otorgarle casa por cárcel al preso político –de los más de cuatrocientos para
la fecha- más emblemático o acumulador de simpatías: Leopoldo López. Numerosas
conjeturas y especulaciones se esbozaron sobre las razones del proceder de la
administración de NM: bajar la intensidad de las protestas, afectar los
resultados del cercano plebiscito para el 16 de julio, expresar las diferencias
y desencuentros a lo interno del grupo político gobernante, influencia de factores
externos o, entre otras tantas, expresar la debilidad de una administración
afectada grandemente por la alta presión interna y -la ya para el momento-
externa[15].
Aquella consulta popular no vinculante, resultó ser un hecho
de alta significación histórica[16],
dentro de la evolución de la alternativa democrática, a los sesgos matices y
tendencias fundamentales y de detalle del régimen político que ha caracterizado
la administración bolivariana y -más aún- la del tiempo del presidente NM. Ello
deriva de razones como: su alta convocatoria; la disciplina observada en los
votantes; la efusividad en zonas populares como Catia, Petare o Caricuao; la
buena organización en los puntos soberanos; la rapidez en la comunicación de
los resultados; la figura de las universidades como garantes del proceso así
como la presencia de observadores nacionales e internacionales, entre otras[17].
Es así como avanzada la noche del 16 de julio se supo que con un 95 % de las
actas escrutadas, se alcanzó una votación de 7 millones ciento ochenta y seis
mil, ciento setenta personas (7.186.170) abarcando votos nacionales y del
exterior, de los cuales hubo 6.387.054 que se oponían a la propuesta de
Asamblea Nacional Constituyente del presidente NM ya destacada[18].
Los disturbios presentados, una persona fallecida y varios heridos de bala en
Catia (zona popular y de trayectoria en luchas diversas), agresiones a puntos
soberanos como el de San Agustín (también zona popular) fueron resultado de acciones de los grupos
oficialistas agresores (colectivos) y de la falta de atención y protección de
parte de los organismos de seguridad. Dado el poco tiempo para organizar el
proceso, la actitud contraria y negativa de la administración bolivariana, los
temores de la población en un escenario político que para el momento ya
bordeaba los cien fallecidos o asesinados por parte de los cuerpos represivos
del Estado y grupos paramilitares simpatizantes y apoyados por la
administración bolivariana; la posibilidad de haber reunido sobre los 7,6 millones de votos en el sentido
anotado, no puede catalogarse sino como de un gran éxito y de una alta
capacidad de convocatoria[19].
Pero también de un gran impacto en la comunidad internacional y ello lo testifican las posiciones de la UE, EE.UU., Brasil, Costa Rica, Colombia y
otros numerosos países que individualmente también plantearon las
inconveniencias de que la administración Maduro continuase con su proyecto de
ANC.
EL FUTURO ECONÓMICO.
Si por el poder de las armas la administración
bolivariana logra imponer o avanzar en su proyecto de ANC, a pesar de las
manifiestas tendencias internas en cuanto a la necesidad de salidas electorales
y las manifestaciones internacionales de repudio a la forma en que se ha
planteado aquella y a su realización misma, la economía seguirá deteriorándose aceleradamente.
Razones:
1. La administración bolivariana no
va a cambiar su política económica ni el sentido del Plan de la Patria, ni va a perfilar ninguna estrategia diferente a
la contenida en este y sus acepciones. A la Constitución que saldría de la “Constituyente“[20],
o de los resultados de esta, se incorporaran las Misiónes como un componente de aquella; siendo esto, la gestión
errónea de convertir una acción de política
económica o social –que puede ser circunstancial o temporal- en una Directiva global. 2. El nutriente
fundamental de las ejecutorias de la administración bolivariana ha sido el
rentismo y su instrumento directo que son los precios del petróleo. Desde 2014,
se distanciaron a la baja de los
alrededor de 100$ por barril que habían alcanzado. Instituciones y mercado
tienden a ubicar niveles de tan solo 58$ (petróleo del más alto nivel) para
dentro de unos 12 meses. 3. El populismo,
aferrado en la administración bolivariana, sigue percibiendo como una opción de
política, para el mejoramiento del bienestar de los venezolanos, la de los
aumentos salariales. El círculo infernal inflación/aumentos de salario no es que mejora poco la calidad de vida, sino
que cada día la deteriora más (ver los registros de CENDA sobre Canasta
alimentaria y básica), profundizándose un distanciamiento de cualquier consideración
sobre la dinámica productiva y de productividad.
4. A nivel del tipo de cambio, la administración no cambiará el control político que ejerce en base al control de cambios. Tampoco pareciera
eliminará algún nivel de ubicación del llamado dólar de protección (Bs 10 por $; fuente de privilegios y claro
enriquecimiento de algunos) o vaya a unificar el tipo de cambio. Por lo demás,
no son opciones que ellas en sí mismas constituyan solución al agudo problema
cambiario de la economía venezolana. La escasez de dólares es dramática y
pareciera ser algo natural y ver
como algo normal una economía que
necesita y necesitara alrededor de 8.000 millones de dólares anuales -por
varios años- para pagar su deuda. También se percibe como algo muy natural que, encontrándose el dólar negro o paralelo sobre Bs 8,000
por dólar, las subastas Dicom ubiquen
el rango de la banda móvil sobre los 2000 $ con sus ya tangibles efectos
inflacionarios (el de la octava se ha ubicado alrededor de los 2700 Bs por $;
ver www.panorama.com.ve 19 de julio
2017). Están por verse y acumularse los resultados, pero esta acción, ya
practicada, y en el contexto señalado, no se perfila como la solución en cuanto
a la escasez de divisas y a sus interrelaciones con el área fiscal, productiva
y de la inflación[21]. 5.
¿A nivel productivo, que va a hacer la administración bolivariana? ¿Va a cercar
más al mercado y a la propiedad privada? ¿Va a estatizar o expropiar más
empresas? ¿Va a desarrollar la propiedad comunal como una forma de propiedad
privada? La administración en cuestión no ha dado muestras de mayores éxitos en
empresas diversas. Tampoco ha sido exitosa con las cooperativas. En su perspectiva,
los 15 motores que preconiza el
presidente Nicolás Maduro son exitosos y dinámicos, mientras las empresas
siguen cerrando o pronunciándose sobre su retiro del país. 6. ¿Con que
instrumentos productivos, humanos o institucionales se va a insertar Venezuela
en el plano internacional, de la competitividad y de las cadenas de valor,
cuando algunos de los planes como el de su participación en Mercosur ha terminado altamente
politizado y con suspensión para el país? La nación se ha ido y se irá
distanciando de discusiones altamente dinámicas e importantes donde, sobre
comercio, competitividad, suministros, cadenas de valor y otros elementos,
participan activamente otras naciones de la región, mientras la economía
venezolana ha ido perdiendo espacios antes atendidos y sobre los cuales, los
potenciales beneficiarios de la “Constituyente” no tienen ni interés, ni
equipos para desempeñarse.
@eortizramirez
eortizramirez@gmail.com
[1]
Se trata de la venta de bonos a esta firma con un 69% de descuento (ver
www.el-nacional.com 30 de mayo2017).
[2]
Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) y diputado de la Asamblea Nacional, indicó, así, varias ideas ubicables
en variadas perspectivas pero útiles para lo indicado: “aquí no va haber
elecciones generales, ni renuncia ni abandono del cargo, aquí lo que va haber
es revolución y más revolución”; “No nos vamos a dejar tumbar, vamos defender
la Constitución cueste lo que cueste”; “ya el CNE dio un cronograma el año pasado”;
“ellos se inventaron un Referendo Revocatorio que retrasó todo”; “Habrá elecciones
el día que el CNE lo establezca, los partidos políticos de la oposición verán
si siguen el camino democrático, tendrán que renovarse porque ahorita no hay
partido políticos en la oposición” (ver
www.lapatilla.com
enero 17 2017),
[3]
Analistas y opinión pública comenzaron así a manejar tal idea. “
¿Cómo queda
la democracia con un panorama político en el que parecen cada vez más lejanas
unas elecciones? Aquí no va a haber elecciones. El presidente Maduro se
movió muy claramente hacia un autoritarismo como la forma de estabilizarse.
Ante un Gobierno con tan poca legitimad como este, que comenzó ganando por un 1
% de los votos, se tienen dos opciones: o se trata de ampliar las bases de
apoyo para consolidarse y en ese sentido se abre a la negociación, o trata de
estabilizarse por la vía autoritaria, es decir, van cerrándose y apoyándose en
la represión y en los sectores armados; ese fue el camino que tomó Maduro.
Desde que el CNE suspendió el referendo revocatorio trancaron el juego
democrático en Venezuela, porque una semana antes también suspendieron hasta
nuevo aviso las elecciones regionales. Ya no queda nada de la institucionalidad
democrática, se puede decir que hay algunos espacios para la libre expresión,
para la protesta, pero en realidad a los venezolanos se nos ha despojado de
todos nuestros derechos civiles y políticos. Vivimos en un estado de
indefensión, no tenemos ninguna garantía que se cumpla la Constitución y las
leyes” (entrevista a Margarita López Maya, 7 de marzo 2017
www.larazón.net).
[4]
Tal cual se señaló más arriba (ver también
http://www.eleccionesvenezuela.com/)
el carácter de ese cambio y otros detalles pasaron a ser elementos muy
polémicos y de lidia política durante 2016 y 2017, dadas las acciones de la
administración bolivariana a través de instituciones bajo su control como el
Tribunal Supremo de Justicia, para entorpecer las acciones de la Asamblea, llegándola
a ubicar incluso en situación de
desacato,
mientras, previamente, se le despojó de la
mayoría
absoluta por supuestas irregularidades en cuanto a elecciones de tres
diputados y lo cual, entrado 2017, todavía no había sido atendido con los pasos
pertinentes. En razón de todo esto, el presidente NM presentó su informe anual
sustituyendo a la asamblea por el Tribunal Supremo de justicia dado que
"quienes hoy han asumido la Asamblea Nacional
continúan en desacato, actuando al margen de la Constitución" mientras
que él, como Presidente, se encontraba
"ejerciendo activa y
cabalmente" (15 de enero 2017
www.aporrea.org).
[5]
Estas decisiones -junto a otros elementos- produjeron el inicio de los sucesos
que arrancaron en abril 2017 y que marcaron un punto de inflexión en el
escenario político de la nación. Las decisiones en sí mismas son elemento
fundamental de la llamada
ruptura del
orden o
hilo constitucional y
tratan asuntos relativos a poderes del presidente, cuestiones penales, de
formación de empresas mixtas, competencia de la asamblea nacional, entre otros
(ver
¿De qué se tratan
las sentencias 155 y 156 del TSJ?,
www.el-carabobeno.com
1 de abril 2017). Estas decisiones produjeron un primer pronunciamiento de la
Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el 31 de marzo de 2017,
destacando la idea de la
ruptura del
hilo o
del orden constitucional.
Este pronunciamiento de la Fiscal produjo distintas observaciones, pues esta ha
sido figura definidamente participativa de las propuestas y ejecutorias de la
administración bolivariana en todos sus años. Nuevamente el día 25 de abril, la
Fiscal, en una especie de informe sobre fallecidos, heridos y detenidos durante
este mes, hizo nuevos pronunciamientos que llamaron nuevamente la atención en
la opinión pública. Se refirió a las descalificaciones políticas y a la
inconveniencia de las discriminaciones políticas, también a la necesidad de
sustento para que se puedan dar las detenciones, al debido proceso, a los
discursos de odio, a la inconveniencia de la guerra civil y las intervenciones
extranjeras (
https://www.lapatilla.com/site/2017/04/25/luisa-ortega-diaz-confirma-26-asesinatos-durante-protestas/).
Debe señalarse que los medios oficiales no estuvieron en la exposición de la
Fiscal.
[6]
Dada la dinámica, característica y resultados en más de 18 dieciocho años de
administración bolivariana, esta evolución en la atención del caso venezolano
no es sorpresiva: “Debemos reconocer que el caso Venezuela se ha mantenido en
la agenda de la OEA, prueba de ello son las Declaraciones adoptadas por el
Consejo Permanente: la Nro. 51 adoptada en el año 2014 y las Nros. 63 y 66
adoptadas en el año 2016. Para el 2017 ya tenemos la Resolución 1078, adoptada
el pasado lunes 03 de este mes, que cuenta con el rotundo rechazo del gobierno
bolivariano…… Con la Resolución 1078 nos encontramos en la primera fase de la
Carta Democrática que se concentra en el diálogo y la negociación” (Félix
Arellano, Venezuela y la OEA, 11 de abril 2017,
http://masterecointerucv.blogspot.com/2017/04/venezuela-y-la-oea.html).
[7]
Puede verse
https://youtu.be/o57YYm-Ypjs
para una recopilación y resumen por parte de cnn en español, 22 de abril 2017.
El Cardenal Parolin, Secretario de Estado del
Vaticano, envió al gobierno venezolano, en diciembre del 2016, una comunicación
que resume cuatro condiciones fundamentales –muy relacionados con los puntos
señalados-, para superar la crisis, con las que se comprometió el gobierno
venezolano y no ha cumplido, que tienen que ver con: definición del calendario
electoral, liberación de los presos políticos, respeto de la constitución (correspondientemente,
autonomía de los poderes públicos) y soluciones a la crisis humanitaria de
alimentos y medicamentos (ver Félix Arellano. La comunidad internacional
comprometida,
http://masterecointerucv.blogspot.com/2017/04/la-comunidad-internacional-comprometida.html).
[8]
De manera pública y notoria el propio presidente NM ofreció comprar 500.000
fusiles para asignárselos a los milicianos y Diosdado Cabello –vicepresidente
del PSUV, diputado y figura de importancia en la administración bolivariana-
ofreció lanzar a la calles miles de motorizados con las características
señaladas, para la ocasión de las marchas del 19 de abril (se dieron las
marchas de la oposición y la de los simpatizantes de la administración
bolivariana): “las fuerzas revolucionarias tomarán Caracas”; “Nosotros le
dijimos que no van a entrar (se refiere al centro de Caracas/EOR) hasta el
cansancio y cuidado si no somos nosotros los que vamos para allá porque estamos
cansados de que no nos dejen en paz”; ”Además, tenemos 60.000 motorizados que
van a salir desde El Valle y Caricuao” (ver
www.el-nacional.com
17 de abril de 2017).
[9]
Estos fueron los resultados para los primeros veinte días de abril y la
imprecisión en alguna cantidad deriva de las
propias restricciones y limitaciones para la difusión de la información.
Después de esos veinte días, el día 24 de abril de 2017 día del plantón a nivel
nacional se le adicionaron 3 muertos en barinas y 1 en Mérida (ver
www.eluniversal.com 24 abril2017).
Redondeando cifras y fallecidos la Fiscal General informó que para el 25 de
abril habían 26 muertos confirmados más 4 del día anterior, lo cual elevaba el
número de muertos a 30 (
https://www.lapatilla.com/site/2017/04/25/luisa-ortega-diaz-confirma-26-asesinatos-durante-protestas/).
[10]
Debe agregarse que, antes de abril, ya la administración de NM había retirado
del servicio de las empresas cableteras a CNN en español y otras emisoras de
televisión internacionales, y venia -y ha seguido- haciendo uso desmedido y
proselitista de cadenas y otros mecanismos.
[11]
Mediante el Decreto Nº 2.830, de fecha 01 de mayo de 2017 se convocó a la Asamblea
Nacional Constituyente (ver
www.lapatilla.com
junio 9 2017).
[12] A efectos de atender elementos de los
señalados para la propuesta en cuestión, el Decreto Presidencial N° 2.889 (Gaceta
Oficial N° 6.303 Extraordinario, 4 de junio de 2017), complementó las Bases
Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), incorporadas en el
Decreto N° 2.878 del 23 de mayo de 2017, exhortando a la Asamblea Nacional
Constituyente a que, el proyecto de Constitución que se redacte en su seno, sea
sometido a referéndum aprobatorio popular, en los términos establecidos en el
artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (ver
www.lapatilla.com junio 9 2017).
[14]
Preguntas de la consulta: “1) ¿Rechaza y desconoce la realización de una
Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo
venezolano? 2) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario
público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las
decisiones de la Asamblea Nacional? 3) ¿Aprueba que se proceda a la renovación
de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la
realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un
gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?” (
www.runrún.es 0607/2017).
[18]
La diferencia entre una y otra cantidad -en palabras de los miembros de la
comisión de garantes- está en los votos nulos.
[20]
A pesar de expresiones y tendencias previas en contrario, el presidente NM en alocuciones
cercanas al Plebiscito del 16 de julio, señaló que no era un objetivo de la ANC
hacer una nueva Constitución.
[21]
Ingresaron a la nación sobre 1 billón de $ en cerca de 18 años. Hoy día, las
ocho subastas Dicom han entregado para toda una nación, sus ciudadanos y empresas,
alrededor de 207 millones de $ (
www.panorama.com.ve
19 de julio 2017).
