EL ESTADO
IMPOTENTE. Sin solución, ni problemas
sencillos ni complejos.
EDUARDO ORTIZ
RAMIREZ
ESTADO,
CRECIMIENTO E INTENTOS DE REFORMA
Ha sido frecuente, en Venezuela y otros
países cercanos, el tratamiento del excesivo papel o participación del Estado.
Algunas explicaciones tendieron a ubicar el escaso desarrollo de la sociedad civil -y la correspondiente
necesidad de que este último asumiese sus funciones- como uno de los
determinantes. Otras, más específicas, atañen a los fenómenos asociados al rentismo petrolero y a las
consecuencias del uso de una renta variable, vía precios de un bien que no es
producto del trabajo y que tiene sus claras manifestaciones en Venezuela; en el
contexto más global se han esbozado las ideas y consecuencias de estructuras y
políticas asociadas a los petroestados.
Un último y no desdeñable conjunto de determinantes, atañe a los vaivenes y
acoplamientos conceptuales que presenta la política económica, según los cambios
y evoluciones de la corriente principal en economía o -más directamente- las
modas en el mundo anglosajón y sus influencias en nuestras localidades.
Por su parte,
la experiencia de la participación del Estado en los países de América Latina,
deja algunas lecciones que es necesario considerar. Es el caso que, uno de los
períodos de mayor crecimiento que ha tenido Latinoamérica es el de los años
1950 a 1980, con tasas mayores al 5% e implicó una participación significativa
del Estado (a través de políticas de crédito, empresas públicas, obras de
infraestructura, entre otras vías). Si bien hoy día no es practicable por su
alto costo, dadas las magnitudes de inversión estatal que significó, los
resultados de tal participación fueron más provechosos que las experiencias de
liberalización en el cono sur a finales de los setenta y que los
resultados de las políticas de ajustes
en variados países en los años ochenta. En varias de las perspectivas de los resultados positivos
señalados, se reconoce que el Estado ha permitido en América Latina corregir
las fallas del mercado en la intermediación de fondos entre ahorradores e
inversionistas. Este último, sin embargo no debería seguir usando mecanismos ya
obsoletos o inconvenientes como instrumentos de promoción o subsidio
indiscriminado. Por otra parte, también se ha visto que buena parte del sector
público de variados países de América Latina se asemeja en sus ineficiencias
así como en las necesidades de que se ejecute efectivamente la reforma del estado o de las
instituciones públicas, para que aquél pueda aumentar la efectividad y la
eficiencia en las gestiones que emprenda en cuanto a la estabilización y la
promoción del crecimiento.
De cualquier manera, en la Venezuela de
los años de 1959 a 1999, puede decirse que se avanzó en propuestas que buscaban
modernizar, transformar o reformar el Estado por vías como la agilización de
los procedimientos administrativos, la profesionalización de la gerencia o la
descentralización. Medido en términos de discusiones, propuestas y
posibilidades del contexto de la democracia y la necesidad de transformarla, a
pesar de los perniciosos efectos de la democracia
de partidos, puede afirmarse que el periodo de casi 20 años -y sus dos
constituyentes- de la administración bolivariana no ha permitido observar
detalles, discusiones y propuestas como
las acumuladas, y algunas ejecutadas, que se tuvieron en el contexto de la
Comisión Presidencial para la Reforma
Integral de la Administración Pública (CRIAP, 1974), la Comisión
de Reforma Fiscal (1979) y la propia Comisión Presidencial para la
Reforma del Estado (iniciada esta a mediados de los ochenta; 1984).
Venezuela, en particular, ha
presenciado abultamientos en la participación del Estado en la economía a
partir de los años setenta y particularmente en dos administraciones: la primera
presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974/79)
y la del Presidente Chávez iniciada desde 1999 y continuada por el
presidente Maduro desde 2013 y en curso todavía (1999/2018). Uno de los
acercamientos a esta prominencia puede darse
en los registros del número de entes descentralizados, o los manejados
desde instancias centrales y la variopinta composición de áreas que han
abarcado tales entes y que van desde industrias básicas hasta actividades poco
estratégicas para el manejo estatal. Esto no ha sido una particularidad de
estas dos administraciones sino que, en periodos variados de presidencias o
gobernaciones, se pueden encontrar en Venezuela ideas sobre que algo sea estratégico para el manejo del Estado
–en sus distintos niveles-, sin verdaderamente serlo.
Se conformó, así, en Venezuela, la idea
de la existencia del Estado como un ente asfixiante, controlador y omnipotente. A la luz de las teorías
marxistas tradicionales sobre el Estado, esta omnipotencia perseguía o permitía
el dominio y beneficio de los grupos sociales pudientes, ricos o burgueses,
cualesquiera sea el calificativo que se les quiera dar. Por distintas razones,
la entrada de la administración bolivariana, consiguió un aparato estatal
aparentemente fuerte -y no por exitoso por ejecución de políticas o su
eficiencia- en todo el periodo previo de los 40 años de democracia
representativa, por ser participe y gestor en la economía según el perfil del rentismo petrolero que hemos señalado y
su abultamiento. Debe destacarse que, al igual que otras administraciones, la
administración bolivariana, por lo menos en lo que se observa en sus planes
escritos y crecientemente en las expresiones orales del presidente Maduro, ha
planteado reducir la dependencia petrolera en cuanto a exportaciones y su
presencia en la economía nacional. Para el año 2017 incluso, la administración
del presidente Maduro planteó fantasiosamente que ya se había acabado –dadas
sus gestiones- el modelo rentista y la economía había entrado en un nuevo
modelo de desarrollo. Contrario a esto, la economía se encuentra hoy presionada
por el mantenimiento del modelo rentista, la ausencia de una estrategia de
desarrollo que abandone fantasías y los modelos ineficientes del socialismo en
general y por una economía que enfrenta entre sus mayores dramas -para un
contexto de miseria, escasez de divisas, bienes y efectivo- el de la
disminución de la producción petrolera a niveles ligeramente sobre el millón de
barriles diarios, como sucedió en los meses de mayo y junio del año 2018.
La administración bolivariana ha
perseguido, desde los tiempos de la Constituyente
de 1999 refundar las instituciones mientras lo que se ha ejecutado es un auténtico
proceso de desinstitucionalización-. No es claro hoy día diferenciar –como
tradicionalmente se ha hecho en la teoría política- entre gobierno y Estado en
la realidad venezolana pues ambos se han fusionado por las gestiones e
intereses reproductivos de la administración bolivariana. De cualquier manera,
y en base a la idea del poder popular, el poder de los de abajo, el poder
comunal o la democracia participativa y protagónica, la administración
bolivariana después de más de 19 años de gestión debería permitir observar un
Estado fuerte a la luz de sus propios objetivos de transformación de la
sociedad venezolana. Más aun, cuando en muchas ocasiones los ciudadanos
observan una falta de gobierno en numerosos aspectos, que no es compensada por
frases o expresiones de mítines, programas o concentraciones como aquella de “…así, así, así es que se gobierna”. En
tal sentido, se presentan estos elementos que siguen y que -junto a otros- nos
permiten ubicar un perfil de Estado impotente y poco operativo, para la
atención de numerosísimos problemas que presenta la realidad venezolana.
UN PERFIL DE ESTADO IMPOTENTE
En primer lugar, la posibilidad de que el ciudadano o el empresario
ejerza reclamos o solicite estabilidad para el manejo de sus costos de transacción, que
crecen con la ineficiencia administrativa, la corrupción y los privilegios; y
en los cual han aportado elementos variados los neo institucionalistas. No
es fácil para el ciudadano remitirse al INDEPABIS[1],
SUDEE[2],
la fiscalía o algún tribunal, si fuere el caso, para ejercer una diligencia que,
en atención a su reclamo, le dé un resultado concreto y relativamente rápido.
La idea de te voy a demandar o te
voy a denunciar no pasa de ser, en muchos casos, más que una
reacción emotiva de un determinado ciudadano y que queda más adecuada en otras
latitudes. El caso de los servicios públicos y también muchos privados, debe
destacarse en forma particular. Las líneas aéreas, los medios de transporte
terrestre, servicios de comida y festejos, empresas de vigilancia,
supermercados y otros, siguen cometiendo considerables abusos en contra de los
ciudadanos, considerando, los oferentes de tales servicios que estos últimos
deben sentirse agraciados por el mero hecho de ser atendidos –sea bien o mal-.
Debe destacarse que en algunas dependencias del Estado, que habían mejorado algunos de sus servicios (caso de
trámites de documentación/pasaportes) estos se han deteriorado –grosso modo- en
el contexto del último lustro y han sido abordados por la corrupción, ahora
dolarizada.
En segundo lugar, la ejecución de controles de parte
del Estado, no pasa en algunos casos de
ser meros simbolismos. Los variados controles que ejecuta la administración no
son en sí mismos lo más conveniente para la economía o la sociedad. Los
controles de precios, tarifas y transacciones diversas no siempre benefician a
los sectores menos favorecidos en la distribución de ingreso; todo lo
contrario, algunos de sus efectos terminan favoreciendo a los sectores de
mayores recursos (es el caso de la educación gratuita en universidades e
impedimentos a que en ellas paguen grupos sociales o integrantes de ellos que
sí podrían hacerlo). Pero también tenemos el caso de los controles de precios
en productos alimenticios que, en principio, deberían facilitar el acceso a la
cesta básica y generan –contrariamente- desaparición de productos, distorsiones
de precios, monopolio estatal en la oferta de bienes y presencia de precios
totalmente distantes de los regulados, que producen la sensación en el
consumidor de que ese producto con precio regulado al que hace referencia la administración, no existe
ni se vende en el mercado a ese precio
sino a otro mucho más alto.
Por lo demás el contexto
hiperinflacionario y de agudización de la crisis económica y social
palmariamente en los años 2013 a 2018 y, más aun en 2017/2018, ha permitido
observar propuestas y contrapropuestas donde una pasa a ser menos eficiente que
la otra. En el caso de los llamados precios
acordados planteados desde de 2017, pueden observarse los siguientes
elementos. En tal año y en el contexto de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente se
decretó la Ley de precios acordados (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.342, de fecha
22 de noviembre de 2017). Su
objeto se define como “establecer los principios y
bases fundamentales para el Programa de Precios Acordados, mediante el diálogo
y la corresponsabilidad entre los sectores público, privado, comunal, y de las
trabajadoras y trabajadores, a través del estímulo a la producción,
distribución y comercialización de los bienes y servicios que el Ejecutivo
Nacional declare como priorizados, considerando su estructura de costos, para
garantizar el acceso oportuno, suficiente y de calidad a los mismos dado su
carácter esencial para la vida, la protección del pueblo y de todos los actores
que intervienen en la producción, distribución y comercialización, todo ello en
función de la estabilidad de los precios, la paz económica y la defensa
integral de la Nación.”
Se buscaba, por tanto, con tal Ley, estabilidad en los precios,
garantizar acceso a los bienes y servicios y disponibilidad de bienes a
los precios acordados. En contrario
a eso que se buscaba podía señalarse que, dado que el contexto en que fue
establecida esta Ley era el de uno definidamente hiperinflacionario[3],
por la intensidad y frecuencia en la variación de los precios[4],
la actitud de los agentes económicos ante los activos de reserva –empezando por el dólar-, la ampliación del
criterio de bienes esenciales y la formación de expectativas; de considerable
escasez y de alteraciones irreversibles en las áreas comercial e industrial,
mientras en el campo productivo y de formación de políticas, se mantuviesen los
principios y ejes del modelo de desarrollo impulsado por la administración del
presidente NM, podían esperarse movimientos expansivos de las distorsiones, más
que correcciones[5].
Comenzando el año 2018 varios
representantes empresariales insistían en la inconveniencia de tales precios
acordados, enfocados y buscados procesar a través de tal Ley y que popularmente
se ha conocido como el plan 50 (dados los bienes considerados).
Transcurrido más tiempo, ya superando el primer semestre del año 2018 y vistas
reacciones de disminuciones de oferta o escasez que produce tal tipo de
medidas, debe afirmarse que tal ley o plan no se ha propiamente ejecutado. A
finales del primer semestre, la administración bolivariana pasó a ejecutar
distintos mecanismos de control, intervención u ocupación de los mercados
populares, expresando o encontrando algunos de sus funcionarios “efectos” o “resultados”
positivos en disminuciones de precios en alguno de tales mercados –coche-, no
teniendo esto correspondencia con el agudo escenario hiperinflacionario de
tales momentos y que ha implicado sobre un 80% de inflación mensual como
promedio, para los primeros cinco meses
del 2018[6]. Para
inicios de julio, se ofreció una propuesta de precios para tales bienes, pero
fueron suspendidos los anuncios. Con el denominado plan 50, acotó en
tales momentos María
Carolina Uzcátegui (presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios
–Consecomercio): “Va a ocurrir lo que ocurrió anteriormente (…) Cincuenta
productos que al igual que en enero van a desaparecer del mercado porque
ningún productor va a producir a pérdida con consecuencias graves para el
consumidor” (ver www.eluniversal.com 7 de julio 2018; www.bancaynegocios.com 8 de julio 2018).
En tercer lugar, el área judicial donde la administración ha terminado
reconociendo directa o indirectamente su inefectividad para corregir numerosas
desviaciones presentes en la misma, más allá de la pompa que se dan magistrados
y jueces cuyas togas y birretes no tienen siempre los respaldos necesarios como
saben algunos participes en esta administración. Caso terrible y sempiterno es
el de las cárceles a pesar de sus transfiguraciones internas. Esto es: viejos
problemas, alimentados por otros nuevos y presentados con efectos audiovisuales
más amplios o nutridos pero con la misma ciencia de fondo: ¡el problema de las
prisiones es un problema de clases
sociales, donde viejas clases o nuevos grupos sociales acomodados salen indemnes!
Esto lo saben de tiempo atrás numerosos analistas y juristas pero es terrible
que se destaque en una administración que se denomina revolucionaria, y que de
manera dramática se ha desentendido de la gestión del poder en las cárceles,
como ha quedado demostrado en numerosos episodios de impotencia estatal.
Adicionalmente, los cuerpos militares y de seguridad del Estado no siempre
generan la mejor confianza en los ciudadanos y ello deriva de referencias,
informaciones y propias experiencias tenidas con tales cuerpos y de las cuales
están en conocimiento las propias instancias del Estado/gobierno.
En cuarto lugar, debe destacarse lo concerniente a la estructura y
dinámica de las políticas públicas y en particular las económicas y sociales.
No es este un terreno donde se compruebe organicidad, adecuada secuencia o que
demuestre fortaleza en la estructura estatal/gubernamental actual. No trata
solo esto de expresar ideas o acercamientos teóricos, sino que trata también de
cómo se ejecuta lo que se plantea y de manera muy importante quienes ejecutan
las políticas y con qué equipos se cuenta para ejecutar las mismas. En los
casos del comercio exterior, la integración económica y las negociaciones
internacionales, las decisiones siguen estando muy concentradas en muy pocas
personas. En el asunto de las relaciones internacionales y el acercamiento o
distanciamiento a determinados países, las decisiones e inclinaciones siguen
implicando –también- muy poca participación de la sociedad civil. Puede afirmarse que en el área internacional del comercio y la integración no existe una
política de estado que supere las limitaciones de los intereses cercados
por los linderos ideológicos y la especie de populismo internacional –ya menguado por las propias restricciones
presupuestarias y de ingresos de la administración bolivariana, donde un tema
especial es como llegó a esta situación una administración que dispuso de más
de un billón de $-.
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD: UN PUNTO DE LLEGADA
Muy dramático para la economía termina
siendo la afectación de los derechos de propiedad y el aumento de los costos de
transacción, cuando ello parte del propio Estado/gobierno. Ese proceso
de debilitamiento y destrucción de derechos de propiedad, lo cual implica
incrementar los costos de transacción, afecta negativamente la actividad económica
privada, la que propiamente se expresa en transacción de contratos de un agente
a otro. Tales derechos pueden ser diversos, y abarcan desde un contrato de
alquiler de una vivienda, transacción de una propiedad accionaria en un mercado abierto o cerrado, un depósito
bancario, licencias, franquicias, hipotecas, otros. Es evidente, así, el
impacto negativo que sobre la economía causa el debilitamiento de los derechos
de propiedad y control.
En este entorno para el ejercicio de
los derechos de propiedad es donde la administración iniciada en 1999 produce
sus primeros efectos –vía expropiaciones e intervenciones diversas-, al
violentar tales derechos -por vía legal y por la acción política de los entes
informales-, con lo cual se induce una reducción del volumen de transacciones
económicas, disminuyendo la actividad económica formal y -con ello- los
impuestos o ingresos fiscales, afectando el sentido redistributivo que bordea
el discurso de cambio y justicia social con el cual se presentó inicialmente -y
se ha mantenido- la administración señalada. Una porción importante de las
transacciones que se hacían en el mercado, son informalizadas, cayendo los impuestos
indirectos y directos, creciendo el desempleo y contrayéndose el proceso de
formación de riqueza.
Cuando se revisa la evolución de la
economía venezolana de los últimos tres o cuatro lustros y se elimina el efecto
expansivo del petróleo, se puede apreciar este fenómeno de caída de la
actividad económica formal, y crecimiento de la informal. La paradoja es diáfana:
el proceso político señalado lleva implícito la descapitalización del aparato
productivo, lo que induce a los agentes a exportar sus activos. La
descapitalización se observa claramente en la reducción del PIB generado en la
actividad económica formal, la pérdida de empleos y la disminución de la
posibilidad de crear otros, tanto en sectores trabajadores de bajos ingresos
como en los sectores medios. Debe señalarse que, del último lustro, el año en
curso representaría el quinto con definido decrecimiento económico.
Debe afirmarse que en áreas de la vida
económica y social (niveles de precios, facilidades o dificultades de obtención
de financiamiento, funcionamiento del área privada que atiende la salud, acceso
a viviendas, mecanismos restrictivos de comercialización, entre otros) la
administración del Presidente Chávez expresó ideas o impresiones preliminares relativamente
acertadas. Sin embargo, a la hora de formular políticas y de ejecutarlas estas
se materializaron llenas de retórica, ineficiencia y corrupción con muy
probables fines políticos electorales o de generación de incondicionalidades. Este
proceso se profundizó y se amplió durante la administración del presidente
Maduro.
Indudablemente que las debilidades en
las áreas mencionadas y la propia dinámica del Estado impotente deberían
ser de sumo interés en el análisis actual y de elaboración de perfiles futuros
para la economía y la nación venezolana. Más aun dado que, visto en la
evolución de las últimas décadas el ISLR
petrolero/PIB ha ido en franca disminución –ubicándose en niveles irrisorios- y
el no petrolero se ha prácticamente estancado[7].
eortizramirez@gmail.com
[1]
Nació en 2008, dejó de existir hace unos años.
[2]
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
[3]
Ver Carlos E. Daly Gimón, martes,
14 de noviembre de 2017 “La
hiperinflación comparada: un análisis de casos importantes en el escenario
internacional” http://masterecointerucv.blogspot.com/2017/11/la-hiperinflacion-comparada-un-analisis.html;
y Asdrúbal Oliveros sobre la hiperinflación en Venezuela; por Víctor Salmerón, 23 de
noviembre, 2017, www.prodavinci.com.
[4]
La evolución de la administración del presidente NM, ha brindado menos
información mientras más alta se ha presentado la inflación. En abril de 2017,
el Banco Central de Venezuela (BCV) reportó al Fondo Monetario Internacional
(FMI) que el año 2016 la inflación en el país fue de 274,4% (la segunda más
alta del mundo después de Sudán del Sur). Por su parte la Asamblea Nacional, a
través de su Comisión de Finanzas y en base a sus cálculos propios, dada la
ausencia informativa señalada, informó, en febrero 2017, a través de José
Guerra, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión
de Finanzas del Parlamento, que la inflación de 2016 se ubicó
en 550% (ver www.finanzas digital.com
abril 20 2017 y www.el-nacional.com 23
de febrero 2017). Para el año 2017 y lo transcurrido de 2018 estos datos desde
la Asamblea Nacional se han convertido en fundamentales dada la mantenida
ausencia de los gubernamentales.
[5]
Ideas relacionadas pueden verse en “Ley
Constitucional de Precios Acordados” Enrique González Porras Blog Noviembre 17, 2017.
[6] (puede verse ANCE Abril/junio 2018. http://www.econolatin.com/coyuntura/pdf/venezuela/informe_economia_venezuela_junio_2018.pdf).
[7]
Ver L Vera, LA TRIBUTACIÓN EN VENEZUELA:
DESAFIOS CON SENTIDO DE EQUIDAD. Presentación diciembre 2017.
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