Nicaragua: avanza la farsa electoral, 

por Félix Arellano

Félix Arellano|Octubre 26, 2021

Mail: fgap1749@gmail.com

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El próximo 07 de noviembre está prevista en Nicaragua una elección de carácter general, que incluye la presidencia y la asamblea nacional, y la pareja presidencial, que aspira un cuarto periodo en el poder, está desarrollando una campaña de terror con el objeto de eliminar la más mínima opción para la oposición democrática. En realidad, una farsa electoral, aspirando un barniz de legitimidad, para continuar perpetuándose en el poder.

Conviene recordar que el binomio de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, llega a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, en el año 2007, por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), gracias a una maniobra jurídica irregular, apoyada por el expresidente Arnoldo Alemán, reduciendo el tope establecido en la normativa para ser considerado vencedores en la contienda electoral.

Al asumir el poder, la pareja presidencial inicia un proceso autoritario, desmantelando progresivamente la institucionalidad democrática y las libertades, que ha contemplado un férreo control de las instituciones fundamentales, entre otras, su partido el FSLN, las fuerzas armadas y policiales, los grupos paramilitares que dirigen directamente, el Consejo Supremo Electoral (CSE), el poder legislativo con 71 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional, la gran mayoría de medios de comunicación; y, paralelamente, han logrado avanzar en la fragmentación de los partidos políticos de oposición y la sociedad civil.

En este proceso, el país ha pasado de un frágil autoritarismo competitivo, hasta llegar en los actuales momentos a un autoritarismo hegemónico, con una creciente violación de los derechos humanos.

Ahora bien, con gran habilidad, también han desarrollado una política clientelar, para lograr el apoyo de algunos grupos políticos, empresariales y miembros de la sociedad civil, que han contribuido a su mantenimiento en el poder, a cambio de beneficios individuales.

Por otra parte, han cultivado el apoyo de gobiernos autoritarios, en particular el asesoramiento de la dictadura cubana, con amplia experiencia en control social y represión. Paradójicamente, la mayoría de la comunidad internacional democrática asumió, en los primeros años, una posición ambigua, de relativa indiferencia, ante el proceso progresivo de destrucción de la institucionalidad democrática y la violación de los derechos humanos.

En este contexto, llama la atención la posición que ha jugado la Organización de Estados Americanos (OEA) y, en particular, el Secretario Luis Almagro, por varios años de bajo perfil, asumiendo que era posible mantener la democracia en Nicaragua, logrando una relación cercana con la pareja presidencial; visión equivocada, pues desde la fuerte protesta popular del 2018, el autoritarismo y la represión se han agudizado.

Conviene destacar que el descontento social del 2018 producto, entre otros, del rechazo a la reforma del sistema de pensiones, se extendió por todo el país con una activa participación de los jóvenes y, la reacción del gobierno de Ortega se concentró en una brutal represión. Al respecto, informes de la OEA destacan que las protestas han dejado un saldo de aproximadamente 448 muertos, más de 2000 heridos y unos 700 desaparecidos.

Frente a la protesta social la pareja presidencial logró calmar las aguas, promoviendo un proceso de diálogos nacionales, que contó con la activa participación de la iglesia católica y la OEA, comprometiéndose que, para mayo del 2021, adoptarían reformas electorales, orientadas a definir condiciones competitivas para las elecciones de noviembre del 2021. Llegado el plazo previsto encontramos que el gobierno sandinista no ha cumplido con los compromisos asumidos y, por el contrario, está avanzando en un proceso de destrucción de la oposición democrática.

En estos momentos, la represión constituye la estrategia central de la pareja presidencial con consecuencias dramáticas, como lo destacan centros de defensa de los derechos humanos, que registran unos 155 presos políticos, incluye 37 líderes de la oposición y 7 aspirantes a la presidencia para la elección de noviembre.

La lista de perseguidos y exilados es larga e incluyendo, entre otros, empresarios, líderes sociales, jóvenes críticos; incluso han arremetido contra la iglesia católica, activa defensora de los derechos humanos; recientemente, el presidente Ortega ha calificado a los obispos como: “hijos del demonio y terroristas”.

También ha crecido la diáspora de nicaragüenses huyendo del país; expertos calculan que unos 10 mil han cruzado la frontera con Costa Rica y, se estima que, desde el inicio de las protestas sociales en el 2018, más de 100 mil ciudadanos han salido al exilio.

En este contexto, destaca la sistemática persecución a los hijos de la expresidenta Violeta Chamorro Barrios (Carlos, Cristina y Joaquín); particular ensañamiento contra Cristina Chamorro, detenida por presuntos manejos financieros irregulares, luego de manifestar su interés de participar en proceso electoral.

Junto al desmantelamiento de los partidos políticos democráticos, también están en la mira miembros críticos del sandinismo y, recientemente, han sido detenidos algunos líderes históricos tales como: Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres. También el prestigioso escritor Sergio Ramírez, compañero de lucha de Daniel Ortega, viviendo en el extranjero, enfrenta una orden de detención. Más recientemente recibieron orden de detención el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Ante la dramática situación, la comunidad internacional está reaccionando con contundencia, pero tardíamente. Al respecto, cabe destacar que el Consejo Permanente de la OEA ha adoptado en estos meses dos resoluciones críticas contra el gobierno de Nicaragua: la CP/RES. 1175 del 15/06/2021 y la CP/RES. 1181 del 20/10/21, sin llegar a la aplicación de la Cláusula Democrática.

Sobre el particular, llama la atención la abstención en la OEA de los gobiernos de Argentina y México que recientemente, ante la gravedad de los acontecimientos, han llamado a sus Embajadores ante Nicaragua a consultas.

Por su parte el Secretario de la OEA ya califica al gobierno de Ortega como dictadura y aboga por la aplicación de la Cláusula Democrática Interamericana.

El gobierno de los Estados Unidos ha incrementado las sanciones que está aplicando desde el 2018 y ha calificado la nueva ola represiva como “despreciable”. También han asumido posiciones críticas los países miembros de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, en particular el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La decencia y la mesura aconsejan que se debe suspender la farsa electoral e iniciar un nuevo proceso, con la activa y estrecha participación de la comunidad internacional y sus organizaciones especializadas en procesos electorales; empero, la soberbia y la obsesión del poder no oye de razones; por lo tanto, seguramente el binomio presidencial seguirá adelante, para lograr su objetivo de perpetuarse en el poder a cualquier costo, y conocemos el resultado, un triunfo pírrico, pues terminan gobernando sobre los escombros de un país, que están destruyendo para controlarlo.

Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo

Nicaragua y Venezuela, ¿nuevo modelo de autocracia?

 Nicaragua y Venezuela, ¿nuevo modelo de autocracia?

 

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

 

Al leer la novela del reconocido escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, Tongolele no sabía bailar, resalta la similitud entre lo ocurrido recientemente en el país centroamericano y la descomposición política y moral vivida en Venezuela bajo Maduro. Se refiere a los trágicos acontecimientos de 2018, cuando fue reprimida la masiva protesta contra las reformas al sistema de seguridad social, con turbas de malandros y esbirros “revolucionarios” armadas por los cuerpos de seguridad. Parece una hoja tomada de la experiencia venezolana. Terminó ese año con la muerte de más de 300 nicaragüenses por fuerzas represivas al servicio de Daniel Ortega y su esposa-vicepresidente, Rosario Murillo. En su mayoría fueron jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios y de secundaria.

 

Ramírez ha aclarado en entrevistas posteriores que lo que escribió fue una novela y que no pretendió hacer un reportaje riguroso de estos hechos como documento histórico. No obstante, ello en absoluto le resta autenticidad a su obra. Quien sepa algo de la historia reciente de Nicaragua, conoce que Sergio Ramírez, además de laureado escritor premiado internacionalmente por sus novelas, fue militante activo del Frente Sandino de Liberación que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional creado tras el triunfo de la Revolución Sandinista y luego fue vicepresidente del gobierno de Daniel Ortega (1985-90). A pesar de romper en 1990 con sus antiguos compañeros de lucha, siguió viviendo, hasta hace poco, en su país. Esta novela no deja dudas de que su autor está muy familiarizado con las idiosincrasias y vicisitudes de sus compatriotas, como con la naturaleza dictatorial del régimen. Tan bien refleja lo padecido en la sangrienta represión de 2018, que fue prohibida su circulación en Nicaragua y Ramírez obligado, en julio de este año, a exiliarse.

 

La similitud entre Venezuela y Nicaragua no es una mera casualidad. Ambos regímenes son expresión de autocracias sumamente crueles que, con tal de mantenerse en el poder, no han vacilado en desatar la guerra contra su propia población, apoyándose en instrumentos propios del terrorismo de Estado. El ductor de tan nefasto comportamiento ha sido, en ambos casos, la dictadura cubana, que ha acumulado una vasta experiencia reprimiendo, de raíz, cualquier protesta. “Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución, nada”, gustaba decir Fidel, parodiando a Mussolini[1]. En este sentido, los tres países conforman una especie de modelo, cada uno con sus particularidades, que ilustran las perversidades de aquellos dispuestos a desmantelar el Estado de Derecho liberal en nombre de una “revolución”.

 

En Nicaragua y Venezuela la corrupción jugó un papel central en la destrucción de la institucionalidad democrática, disfrazada, en ambos casos, con una retórica revolucionaria, más genuina –al menos al principio— en el país centroamericano. Fueron conformándose autocracias altamente centralizadas, sin autonomía ni equilibrio de poderes, transparencia ni rendición de cuentas, que forjaron complicidades que sirvieron para amalgamar los intereses de quienes ejercen el control del Estado. En Venezuela, la corrupción fue conscientemente dirigida por Chávez hacia los componentes más indignos de la Fuerza Armada. Logró, así, que traicionaran sus lealtades para con la patria en pro de las oportunidades de lucro que les ofrecía, dependientes, claro está, a que aquellas fuesen transferidas hacia él mismo.

 

En Nicaragua se hizo evidente que el poder corrompe, Lord Acton dixit. La primera etapa del gobierno sandinista terminó con la tristemente célebre “piñata”, en la que casas y otros bienes de la oligarquía desplazada pasaron a manos de muchos “comandantes”. Sin embargo, fue cuando el pacto de Ortega con el expresidente Alemán, prometiendo absolverlo –estaba preso por corrupto—a cambio de que los partidarios de éste en la Asamblea Nacional apoyasen la rebaja del porcentaje de votos requeridos para evitar una segunda vuelta electoral, que la corrupción terminó entronizándose como política. Así regresó Ortega al poder, después de 16 años, con apenas el 38% de los votos. Siguiendo el ejemplo de Maduro, fue adulterando comicios subsiguientes para garantizar su permanencia en el poder, llegando a hacer elegir a su esposa, Rosario Murillo, su vicepresidente. Para las elecciones presidenciales del próximo noviembre, ha fabricado infundios con los cuales meter presos o ahuyentar del país a sus rivales democráticos, asegurando su probable victoria, no obstante la fuerte caída en su popularidad.

 

Como en nuestro país, lo anterior se posibilitó conculcando la independencia del poder judicial y relajando otros resguardos institucionales, para poder forjar las complicidades requeridas para afianzar su poder. Al igual que en Venezuela, se fue conformando un Estado patrimonial, en el que muchos meten la mano, siempre y cuando –fiel a la prédica de Fidel—se mantuvieran “dentro de la revolución”. El botín a repartir provino en buena parte de la ayuda de Chávez a Nicaragua: petróleo a descuento, financiamientos generosos, preferencias comerciales, programas sociales, viviendas y otras inversiones. Destaca el caso de Albanisa, empresa mixta entre PdVSA y Petronic (Nicaragua), denunciada como fondo de recursos para usufructo discrecional del dúo Ortega-Murillo.

 

En resumen, el “modelo” reseñado se basa en regímenes de expoliación, con fuerte protagonismo de una casta militar corrupta, que se ampara en discursos revolucionarios construidos con base en simbolismos y mitos épicos de la izquierda comunista. Con la destrucción del Estado de Derecho se ha instalado una situación de anomia, propia de Estados fallidos, en el que una oligarquía militar – civil hace y deshace, con auxilio de medios violentos, en su prosecución del lucro. Para ello polariza al país entre los suyos –patriotas, los buenos-- y quienes tilda como enemigos, Se comporta como ejército de ocupación, violando consuetudinariamente los derechos de estos últimos.

 

En fin, son regímenes gangsteriles, que se cobijan en una burbuja ideológica izquierdosa que les provee de una falsa realidad, ante la cual están eximidos de tener que justificar sus atropellos. El régimen cubano, celosa y férreamente controlado en el pasado por un exaltado comandante que no aceptaba límites a sus delirios, financiado generosamente por la extinta URSS y luego, Chávez, comparte este estado de descomposición, sobre todo, en lo que respecta al papel hegemónico, discrecional, de su Fuerza Armada y aparatos de seguridad. Las críticas que hacen terceros se descalifican por provenir de enemigos de la “revolución”, de la derecha, agentes del imperio. Izando la bandera anti-EE.UU., han concitado importantes apoyos externos, muchos de regímenes similares a los suyos –Rusia, Bielorrusia, Turquía—pero también de la teocracia iraní y de China. Asimismo, cuentan entre sus aliados a organizaciones criminales, tanto de la región (FARC disidente, ELN) como del cercano oriente (Hezbolá). Y --no podía faltar-- tienen la absolución de políticos e intelectuales de una izquierda en Europa y EE.UU. que, por sus posturas intolerantes y primitivas, son indistinguibles de la derecha retrógrada.

 

Eventos recientes en América Latina parecen amenazar a la institucionalidad democrática en la región. Las señaladas vinculaciones con la extrema izquierda del recientemente electo presidente del Perú; los devaneos populistas de Nayib Bukele en El Salvador; las posturas primitivas del chauvinismo de AMLO, en México; temores de una orientación antiliberal de la nueva constitución a redactarse en Chile; las insinuaciones de Bolsonaro de perpetuarse en el poder; y la inestabilidad preelectoral en Colombia, son indicios preocupantes. El peligro que plantean estos procesos es que, de continuar sin atenuantes, terminen degradados en regímenes dictatoriales de nuevo tipo, similares a los de Venezuela y Nicaragua. Los ingredientes populistas, tan enraizados en la historia regional, el interés de redes criminales internacionales y el sempiterno empeño desestabilizador de Cuba, están ahí.

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[1] “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”. 

El Pacto de Punto Fijo: Un modelo

 

El Pacto de Punto Fijo: Un modelo

El pacto solo estuvo vigente en el primer período democrático, de 1959-1964, su espíritu, debe iluminar a una nueva clase política.-

 

·         JESÚS E. MAZZEI ALFONZO

21/10/2021 05:00 am

El próximo domingo 31 de octubre, se cumplen 63 años, de la firma de este importante pacto político, clave en el desarrollo y estabilidad del régimen democrático en aquellos años difíciles. En efecto, se firmó este acuerdo político cuando se abría paso en forma tímida varios procesos de transición democrática, en un escenario complicado en el final de década de los años 50. En un contexto internacional dominado por la guerra fría y la aparición de jóvenes proyectos democráticos en el continente latinoamericano, frente a los desafíos de gobernabilidad y estabilidad, que se cernían sobre el horizonte venezolano. La ultra y la izquierda marxista–leninista venezolana, siempre ha tratado de crear un infundada leyenda negra, muy típico de su forma de accionar político (destruir y no crear) en torno al Pacto, por cierto hoy en el gobierno y como muy acertadamente afirmó el profesor universitario Dr. Nelson Chitty la Roche”…una clase política que detenta el poder desde hace ya 22 años, incapaz, inepta, incompetente, como ninguna otra en nuestra historia…”

En efecto, tres extraordinarios líderes inigualables hasta hoy: Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, con sentido de estado encararon los retos, anhelos y esperanzas de los venezolanos que en aquél momento, buscaron crear un orden político gobernable, viable y estable. Los tres gozaban de una robusta auctoritas. Fue un acuerdo tripartito, buscando intersecciones socio-políticas en el período gubernamental del 1959-64. En este acuerdo u hubo voluntad y claridad estratégica.

Para los jóvenes de hoy que no vivieron y conocieron el turbulento año 1958 y la década de los 60, llegar a este acuerdo político que buscaba crear un orden político en base al consenso no fue tarea nada fácil. Sería útil los estudiantes fueran a la prensa de la época para que vieran el desarrollo de los acontecimientos y el comportamiento de los diferentes actores, se quedarían sorprendidos. Así las cosas, fueron largo nueve largos meses, de reuniones, conferencias, estudios, en fin; paciencia, ponderación política, y laboriosa elaboración de una difícil negociación, donde intervinieron todos los actores políticos que hicieron posible la caída de la última dictadura militar del país, para firmar este acuerdo centrista, y la necesidad de articular reglas de juego político.

En efecto, se estableció una Mesa Redonda de los partidos políticos, que tenía como método de trabajo unas comisiones de enlace que a su vez estaba divida en comités de trabajo de diferentes áreas. Se laboró en forma ardua y se reconoce que la nación no puede volver a repetir la experiencia del trienio 1945-48, de conflicto político existencial, que debe haber algún grado de civilidad, diálogo, reconocimiento mutuo y entendimiento en la lucha política democrática.

Como diría uno de los claves maestros en la difusión de la ciencia política en Venezuela, el respetado académico Juan Carlos Rey, un régimen político que satisfaga ciertas condiciones de deseabilidad, equidad, consentimiento, institucionalidad y condición de viabilidad.

Así las cosas, se firma el pacto de Punto Fijo, ese 31 de octubre un día viernes, que es saludado por la incipiente y poco consolidada sociedad civil de aquel momento, como gremios profesionales, la academia, los sindicatos, la Iglesia, universidades existentes para ese entonces; intelectuales. Lo firman los partidos políticos más importantes de aquel entonces AD, Copei y URD, con la ausencia del Partido Comunista que tuvo una actitud valiente y férrea en su lucha contra la dictadura perezjimenista, que aunque no firmó el acuerdo político siempre estuvo abierto a incorporarse a él, como queda plasmado en el testimonio periodístico de la época. Por ello, reitero y sugiero ver y leer, en ese sentido, la prensa del momento La Esfera, El Nacional, El Universal o Últimas Noticias, para observar la conducta de los diferentes actores sociopolíticos tanto individuales o grupales y cómo se expresaron acerca del acuerdo y su factibilidad.

El acuerdo de Punto Fijo, desembocó en otra serie de acuerdos que se efectuaron a lo largo del año 1959, que fueron un complemento de él, son ellos normas "de unidad de acción para la defensa del régimen constitucional, protección a la Industria, lucha contra el desempleo" y otros, suscrito por los tres partidos firmantes del acuerdo el 24 de julio con carácter de reglamento del Pacto de Punto Fijo y del Programa Mínimo Común de Gobierno. Indudablemente, una consecuencia inmediata fue el proceso que llevó a elaborar y promulgar un nuevo texto constitucional; la Constitución del año 1961, por una de las élites políticas más preclaras y brillantes por su capacidad, prestigio político e intelectual, insuperable de cualquier época en la historia contemporánea venezolana.

Recomiendo finalmente, en ese sentido, a los jóvenes el texto del Dr. Naudy Suárez: Punto Fijo y otros puntos, el cual es un estudio serio y pormenorizado sobre como se llegó a ese acuerdo y los textos del eminente politólogo Juan Carlos Rey, sobre esa misma materia y el pionero libro, El Sistema Político Venezolano editado por el instituto de Estudios Políticos de la UCV, entre otros textos para su compresión y estudio.

El pacto solo estuvo vigente en el primer período democrático, de 1959-1964, su espíritu, debe iluminar a una nueva clase política. El Pacto de Punto Fijo, fue un ejemplo en acuerdos políticos similares que se trasladó a procesos redemocratizadores como el ecuatoriano o el peruano de finales de la década del 70 o en el pacto de La Moncloa en la naciente democracia española de mediados de los años 70. También fue un ejemplo de acuerdo político para las nacientes democracias centroamericanas de mediados de los 80. Necesitará Venezuela, otro acuerdo; eso lo dirán las circunstancias históricas-políticas del porvenir y estimo creo que sí.

jesusmazzei@gmail.com

 

El comercio y el futuro de los alimentos

 https://www.project-syndicate.org/commentary/world-food-day-transform-world-food-system-through-trade-wto-by-ngozi-okonjo-iweala-2021-10/spanish 

El comercio y el futuro de los alimentos

Oct 15, 2021NGOZI OKONJO-IWEALA

GINEBRA – Nadie puede sobrevivir sin alimentos. Y, sin embargo, los sistemas alimentarios del mundo necesitan urgentemente una reforma. Para garantizar el acceso universal a una nutrición adecuada, así como a una sustentabilidad ambiental de largo plazo, necesitamos cambiar la manera en que producimos, procesamos, transportamos y consumimos los alimentos. El Día Mundial de la Alimentación debería invitarnos a considerar cómo logarlo, y a reconocer que el comercio debe ser parte de la solución.

La reciente Cumbre sobre los sistemas alimentarios de las Naciones Unidas resaltó no sólo la necesidad de reformas integrales, sino también el rol que deben desempeñar los gobiernos para mejorar la manera en que funcionan los mercados de alimentos. Esto requerirá una mayor cooperación internacional. Como nos ha recordado la pandemia del COVID-19, una acción conjunta es esencial para permitir que la gente viva de manera saludable y digna.

Las barreras al comercio de necesidades básicas, como alimentos y medicamentos, frustran los esfuerzos por mejorar la nutrición y la salud, minando así la base de la prosperidad futura. Por el contrario, un comercio efectivo puede reducir el hambre y la desnutrición no sólo garantizando el suministro de alimentos, sino también creando un trabajo decente y un alza de los ingresos.

La urgencia del problema se ha vuelto innegable. Ya sabemos que el cambio climático está alterando los patrones de temperatura y precipitaciones y que conduce a eventos climáticos más extremos y frecuentes –que pueden causar estragos en la producción de alimentos-. En un contexto tan inestable e impredecible, los mercados de alimentos globales les ofrecen una línea de salvataje a los países y regiones que enfrentan shocks repentinos.

Ya estamos rezagados. En 2015, el mundo adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los ODS 2, que instan a poner fin al hambre mundial, logrando una seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promoviendo la agricultura sustentable en 2030. Seis años más tarde, no estamos ni cerca de encaminarnos a alcanzar esos objetivos. Por el contrario, parecemos estar dando marcha atrás, sacudidos por vientos de frente como la pandemia, las crisis económicas, el conflicto violento y los shocks relacionadas con el clima. De hecho, el hambre y la desnutrición aumentaron sustancialmente en 2020: según las Naciones Unidas, se estima que alrededor del 9,9% de la población mundial ha estado subalimentada el año pasado, por encima del 8,4% en 2019.

Para revertir esta tendencia y garantizar que los sistemas alimentarios funcionen para la gente y para el planeta, los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para actualizar las reglas globales en materia de comercio. Al mismo tiempo, deben abandonar las políticas que distorsionan el mercado alimentario global de rápida evolución. Por ejemplo, los gobiernos invierten 22.000 millones de dólares cada año para mantener flotas de pesca económicamente inviables en el mar –una política que genera un agotamiento de las reservas pesqueras-. Los programas de subsidios agrícolas también pueden distorsionar los mercados de alimentos y agrícolas, mientras que los subsidios a los combustibles fósiles no hacen más que agravar los efectos.

 

Los gobiernos deben encontrar nuevas maneras de revertir la subinversión en bienes públicos relacionados con los alimentos y la agricultura, especialmente en países de bajos ingresos, mejorando a la vez la asignación global de recursos escasos. En este sentido, deberían sacar provecho de la creciente importancia del comercio y servicios digitales en los países pobres.

El desafío tal vez parezca abrumador. Pero, con una estrategia incremental, el progreso es posible. El mes que viene, en la decimosegunda conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, los ministros de comercio tendrán la oportunidad de diseñar una estrategia de estas características y tomar medidas importantes de aquí para adelante.

Por ejemplo, los ministros considerarán cómo poner fin a los subsidios pesqueros perjudiciales, que contribuyen a la sobrepesca y a un exceso de capacidad, y amenazan con provocar la extinción de algunas especies. Los países también pueden acordar eximir de las restricciones a las exportaciones a las compras asistenciales de alimentos humanitarios del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, permitiendo así que los pobres del mundo y aquellas personas desplazadas por los conflictos internos o los efectos del cambio climático tengan mejor acceso a los alimentos.  

Asimismo, los ministros tendrán la oportunidad de impulsar negociaciones sobre un conjunto de cuestiones relacionadas con el comercio agrícola, inclusive recortes a los subsidios gubernamentales que distorsionan el comercio y un mejor acceso a los mercados externos. En este sentido, un acuerdo sobre medidas concretas, así como sobre la dirección de las conversaciones futuras, representaría un progreso tangible hacia el futuro alimentario que necesitamos.

El Día Mundial de la Alimentación ofrece una oportunidad importante para recordar cómo y por qué los alimentos son importantes para la gente. Pero no debemos olvidar el papel vital que desempeña el comercio a la hora de modelar la producción, la disponibilidad, la fijación de precios y la calidad de esos alimentos. Ningún esfuerzo por crear un sistema alimentario más equitativo y sustentable se completará sin una acción concertada de los líderes mundiales sobre el comercio.

 

NGOZI OKONJO-IWEALA

Writing for PS since 2010
18 Commentaries

Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General of the World Trade Organization, is a former managing director at the World Bank, finance minister of Nigeria, board chair of Gavi, the Vaccine Alliance, and African Union special envoy on COVID-19. She is a distinguished fellow at the Brookings Institution and a Global Public Leader at Harvard University's John F. Kennedy School of Government.

 

 

Pedro Castillo: ¿un giro confiable?, 

por Félix Arellano

Félix Arellano|Octubre 19, 2021

Mail: fgap1749@gmail.com

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Desde que se conoció el triunfo de Pedro Castillo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, como candidato del partido Perú Libre con propuestas radicales de orientación marxista, la incertidumbre política se ha exacerbado y la burbuja económica, que se mantenía relativamente estable, está presentando manifestaciones de potencial colapso.

Frente al complejo panorama, el nuevo giro de moderación que ha planteado el presidente Castillo, al nombrar, en muy corto tiempo, un segundo gabinete, que excluye los extremistas, es una señal positiva, pero se enfrenta con un comprensible escepticismo, en el marco de la creciente tensión que reina en la política peruana.

Ya electo presidente, Pedro Castillo ha tratado de moderar el agresivo discurso del partido y enfatizar su autonomía frente a la ortodoxia ideológica de su presidente Vladimir Cerrón. Pero la designación del primer gabinete, con varias fichas claves de Cerrón en posiciones importantes, como Guido Bellido en el cargo de primer ministro y presidente del Consejo de Ministros, Héctor Bejar como el primer canciller (renunció a los pocos días del nombramiento) e Iber Mariví como ministro del trabajo; confirmaron los temores sobre la orientación radical del nuevo gobierno.

El primer gabinete incrementó las divergencias en el Congreso con los sectores más conservadores, en particular los representantes de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que en oportunidades anteriores alcanzó mayorías significativas, pero actualmente cuenta con 24/133 representantes, que están trabajando arduamente en el enfrentamiento contra el presidente Castillo. Recordemos que su estrategia inicial fue declarar el fraude y nulidad de los resultados electorales, sin contar con las pruebas necesarias.

El enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo constituye un elemento fundamental de la crisis política peruana Han sido varios los intentos de destitución de presidentes, mediante la moción de vacancia, un cuestionable mecanismo jurídico, que con un mínimo de 87/133 votos, permite la destitución inmediata del presidente.

Votación que resultaba relativamente fácil de alcanzar en el pasado, cuando el Partido Fuerza Popular contaba con amplias mayorías; pero en esta oportunidad el Congreso está fragmentado entre diez partidos y, la mayor representación corresponde a Perú Libre con apenas 34/133 representantes.

La fragmentación del Congreso y el reducido margen de votos que determinaron el triunfo de Castillo, evidencia que en Perú no existen condiciones objetivas para avanzar en agendas extremistas; en consecuencia, la negociación con los sectores moderados que hacen vida en el Congreso, representa la clave para la gobernabilidad. El presidente logró el respaldo de representantes de la izquierda moderada para la aprobación del primer gabinete; empero, se mantenía el malestar por la presencia de las fichas de Cerrón, en particular el primer ministro Bellido, quien enfrenta diversas denuncias por apología al terrorismo, misoginia, homofobia y xenofobia.

Tratando de generar confianza y construir gobernabilidad, el tono del presidente Castillo se ha orientado por la moderación, lo reiteró en su visita a Nueva York, en oportunidad de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde sostuvo diversas reuniones con sectores de la sociedad civil. Incluso, recientemente ha declarado el interés de presentar la postulación de Perú ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ahora bien, cuando el presidente promueve el diálogo y la convivencia, los radicales de su gabinete anunciaban potenciales nacionalizaciones, complicando las relaciones con el sector empresarial, lo que está afectando la burbuja económica relativamente estable.

Las amenazas de un creciente intervencionismo gubernamental generan desconfianza en los sectores económicos y, la propuesta de la reforma constitucional, exacerba el clima de tensión con los partidos de oposición en el Congreso, donde está planteada una relación suma cero entre los radicales. Por una parte, sectores de oposición que aspiran aplicar la moción de vacancia y destituir al presidente Castillo; por otra, Perú Libre que aspira la disolución del Congreso, prerrogativa prevista para el presidente o por la vía de reforma constitucional.

La formación del nuevo gabinete caracterizado por la moderación, que cuenta como primer ministra a Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, y ha incluido a seis mujeres en el equipo, se puede interpretar como un punto de inflexión del gobierno de Castillo, conformando una nueva alianza con los sectores moderados, que le podrían facilitar la gobernabilidad en el Congreso; empero, la desconfianza está enraizada y, por otra parte, producto del giro, sus aliados y mentores de Perú Libre se pueden convertir en la nueva amenaza, seguramente dispuestos a promover el descontento y la protesta en la base popular que permitió el triunfo de Castillo.

Por los momentos la jugada representa un riesgo interesante y creativo. Cabe destacar que, según las recientes encuestas, el presidente goza de apoyo popular, pero Cerrón y Perú Libre, pueden complicar la situación; al respecto, ya han informado que no apoyarán la aprobación del nuevo gabinete, que califican de traidor. Seguramente el partido Fuerza Popular de Fujimori asuma la misma posición, los extremos se vinculan.

No resultaría extraño que los grupos políticos radicales en el Congreso (Perú Libre y Fuerza Popular), que hoy se presentan como enemigos, logren negociar para avanzar en la moción de vacancia, naturalmente juntos no llegan al mínimo de votos necesarios, requieren negociar con otros grupos políticos en el fragmentado Congreso.

No la tiene fácil el presidente Castillo, tampoco le ayuda su poca experiencia sobre la compleja dinámica política peruana; empero, en las contradicciones de la política, eso también puede resultar una ventaja. La actual situación política en Perú plantea una interesante oportunidad para los moderados, las posiciones de centro, el dialogo y la negociación.

El presidente Castillo, quien merece el beneficio de la duda y pudiera resultar una sorpresa, parece decidido a montarse en la ola de la moderación y ganar gobernabilidad; pero, en la oposición existe la desconfianza si el presidente está realizando una jugada táctica, para calmar las aguas, ganar tiempo y poder avanzar en la agenda radical progresivamente y con el apoyo inicial de la izquierda moderada.

El presidente Castillo enfrenta el reto de generar confianza, su primer gabinete fue un serio error y, por otra parte, su base popular le exige acciones concretas, recordemos que ahora se encuentra en peores condiciones por los perversos efectos de la pandemia del covid-19. Esperamos que el presidente haya comprendido, en sus pocos días de gobierno, que el programa extremista de Perú Libre no es la solución para enfrentar la pobreza y la exclusión, por el contrario, representa el clásico libreto de los autoritarios para empobrecer y ejercer un mayor control social.

Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo

Gobernabilidad conceptos y aproximaciones.-

 

Gobernabilidad conceptos y aproximaciones.-

Se debe buscar a los problemas de gobernabilidad, fórmulas que les permitan llegar a acuerdos, pactos que abarcan a los diferentes actores políticos, económicos y sociales.-

 

JESÚS E. MAZZEI ALFONZO

14/10/2021 05:00 am

 

 

              En Venezuela, gracias al nivel de desarrollo del arte alcanzado en materia intelectual en nuestro medio docente y de investigación, en la ciencia política venezolana, tenemos destacados académicos en esta área de estudio entre otros a: Juan Carlos Rey, Aníbal Romero, Carlos Romero, Ángel Álvarez, Eladio Hernández y John Magdaleno.

            Pues bien, este concepto surgido a mediados de los setenta, trata a la estructura política hoy en transición por la incertidumbre e imprevisibilidad, en búsqueda de un punto de equilibrio para regular, conducir a los distintos actores gubernamentales y/o a los valores en un sistema político que está en una compleja situación de reacomodo ó cambio.

            En efecto, la gobernabilidad la debemos entender no solo en términos eficacia, sino de legitimidad y estabilidad, interacción estratégica entre actores; que dé un rol capaz de procesar decisiones e implementarlas, que garantice una equidad y además, eficiente papel de los estados buscando la justicia social y una mayor solidaridad internacional.

            Efectivamente, este concepto traído a la discusión intelectual y política, por la Comisión Trilateral en 1973, presenta hoy, cuatro corrientes intelectuales o categorizaciones si se quiere complementarias entre sí; la primera La primera corriente referida a la gobernabilidad, derivada de tendencia neoconservadora concuerdan también casi plenamente al dibujar cuatro concepciones tradicionales de gobernabilidad: la de los conservadores, la de los neoconservadores, la de los liberales y la de los marxistas. El planteamiento neoconservador liderado, entre otros, por Daniel Bell y Samuel Huntington, explica su posición negativa (la ingobernabilidad) como el producto de una sobrecarga de demandas a las que el Estado responde con la expansión de sus servicios y de su intervención provocando inevitablemente una crisis fiscal. De manera más concreta, el diagnóstico de la situación lleva a plantear la existencia de cuatro tendencias que generan disfunciones en el sistema democrático (Crozier, Huntington y Watanuki) y que se refieren: a la deslegitimación de la autoridad y a la pérdida de confianza en el liderazgo como consecuencia de la persecución de las virtudes democráticas de la igualdad y del individualismo; a la "sobrecarga" del gobierno debido a la expansión de la participación política y del desarrollo de las actividades gubernamentales; a la desagregación de intereses como consecuencia de la intensificación de la competencia política y que ha conducido a la fragmentación de los partidos políticos; y al incremento del parroquialismo nacionalista en la política exterior dadas las presiones ejercidas por la sociedad.

            La segunda, es la formulada por economistas neoliberales, políticamente neoconservadores, cuyo principal punto de partida se basa en el presupuesto de la mala relación existente entre el keynesianismo y la democracia, de suerte que "la yuxtaposición de las prescripciones de la política keynesiana y la democracia política crea una mezcla inestable".

            La tercera, la corriente neomarxista queda de manifiesto en el trabajo de O'Connor, por un lado, y de Habermas y O'Connor (1973) se refiere a la "crisis fiscal del Estado" resultante de las contradicciones del Estado del "capitalismo avanzado" agravadas por el sistema democrático. Por su parte, Habermas (1978: 70,71) mantiene la existencia de una doble crisis: "de entrada", en su acepción de crisis de legitimidad clásica, y "de salida" como crisis de racionalidad, en el momento en el que la burocracia no hace compatibles, o es incapaz de manejar correctamente, los mecanismos de control que le exige el sistema democrático. Y por último, Bourricaud (1992) señala que si se parte de la definición del concepto de gobernabilidad como un con[1]junto de condiciones que aseguren el ejercicio del poder en una sociedad sin excesivo riesgo de que ésta llegue a desarticularse violentamente, debe aceptarse la existencia de ciertas condiciones que preserven un mínimo de coherencia y de unidad en las sociedades.

            De esta manera, puede entenderse por gobernabilidad siguiendo a Manuel Alcántara, como la situación en que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno que se sitúan en su entorno (de carácter medioambiental) o que son intrínsecas a éste. Por el contrario, ingobernabilidad se refiere a una situación disfuncional que dificulta la actividad y la capacidad gubernamental. Esta definición coincide con la de Leca (1985: 18) al equiparar el concepto de gobernabilidad con la acción de gobierno a la que se le da un carácter positivo, cuando no moralmente satisfactorio, al tratarse de un comportamiento conforme a las reglas "del buen gobierno". Asimismo, la referida conceptualización comparte la visión de Nohlen (1992:4) cuando indica que "el concepto de gobernabilidad se refiere a la interacción entre gobernantes y gobernados, entre capacidades de gobierno y demandas políticas de gobierno.

Hoy con la autocratización de los sistemas democráticos, devenidos en regímenes hegemónicos, la gobernabilidad es dada por un gran control social de canalización de las demandas y casi nula participación de la sociedad política y civil en la formulación de las políticas, la legitimada de desempeño se resiente en baja y mediocre calidad de las políticas, hay una sobrecarga en el sistema de toma de decisiones, que produciría en la estructura por presiones en términos de legitimidad, eficacia y eficiencia, para la solución de los diferentes problemas que se van presentando. No hay gobernanza sistémica. ( caso venezolano).

            Por tal razón, finalmente, se debe buscar a los problemas de gobernabilidad, fórmulas que les permitan llegar a acuerdos, pactos que abarcan a los diferentes actores políticos, económicos y sociales que actúan hoy en la esfera internacional. Buscando orquestar mejor por una parte, la representación de esos actores y por la otra, articular esos diferentes intereses con mayor legitimidad, pero también con mayor eficiencia para así lograr fórmulas más estables para la paz, el desarme, el desarrollo de la humanidad con criterios de bien común y solidaridad internacional, proveyendo la mayor cantidad de bienes públicos. Es el momento para la innovación para una mejor gestión de la gobernabilidad, es decir, la mejor canalización del repertorio de demandas al sistema político por parte de los actores y grupos estratégicos intervinientes en ella.

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