Nicaragua: avanza la farsa electoral,
por Félix Arellano
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El próximo 07 de noviembre está prevista en Nicaragua una elección de carácter general, que incluye la presidencia y la asamblea nacional, y la pareja presidencial, que aspira un cuarto periodo en el poder, está desarrollando una campaña de terror con el objeto de eliminar la más mínima opción para la oposición democrática. En realidad, una farsa electoral, aspirando un barniz de legitimidad, para continuar perpetuándose en el poder.
Conviene recordar que el binomio de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, llega a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, en el año 2007, por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), gracias a una maniobra jurídica irregular, apoyada por el expresidente Arnoldo Alemán, reduciendo el tope establecido en la normativa para ser considerado vencedores en la contienda electoral.
Al asumir el poder, la pareja presidencial inicia un proceso autoritario, desmantelando progresivamente la institucionalidad democrática y las libertades, que ha contemplado un férreo control de las instituciones fundamentales, entre otras, su partido el FSLN, las fuerzas armadas y policiales, los grupos paramilitares que dirigen directamente, el Consejo Supremo Electoral (CSE), el poder legislativo con 71 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional, la gran mayoría de medios de comunicación; y, paralelamente, han logrado avanzar en la fragmentación de los partidos políticos de oposición y la sociedad civil.
En este proceso, el país ha pasado de un frágil autoritarismo competitivo, hasta llegar en los actuales momentos a un autoritarismo hegemónico, con una creciente violación de los derechos humanos.
Ahora bien, con gran habilidad, también han desarrollado una política clientelar, para lograr el apoyo de algunos grupos políticos, empresariales y miembros de la sociedad civil, que han contribuido a su mantenimiento en el poder, a cambio de beneficios individuales.
Por otra parte, han cultivado el apoyo de gobiernos autoritarios, en particular el asesoramiento de la dictadura cubana, con amplia experiencia en control social y represión. Paradójicamente, la mayoría de la comunidad internacional democrática asumió, en los primeros años, una posición ambigua, de relativa indiferencia, ante el proceso progresivo de destrucción de la institucionalidad democrática y la violación de los derechos humanos.
En este contexto, llama la atención la posición que ha jugado la Organización de Estados Americanos (OEA) y, en particular, el Secretario Luis Almagro, por varios años de bajo perfil, asumiendo que era posible mantener la democracia en Nicaragua, logrando una relación cercana con la pareja presidencial; visión equivocada, pues desde la fuerte protesta popular del 2018, el autoritarismo y la represión se han agudizado.
Conviene destacar que el descontento social del 2018 producto, entre otros, del rechazo a la reforma del sistema de pensiones, se extendió por todo el país con una activa participación de los jóvenes y, la reacción del gobierno de Ortega se concentró en una brutal represión. Al respecto, informes de la OEA destacan que las protestas han dejado un saldo de aproximadamente 448 muertos, más de 2000 heridos y unos 700 desaparecidos.
Frente a la protesta social la pareja presidencial logró calmar las aguas, promoviendo un proceso de diálogos nacionales, que contó con la activa participación de la iglesia católica y la OEA, comprometiéndose que, para mayo del 2021, adoptarían reformas electorales, orientadas a definir condiciones competitivas para las elecciones de noviembre del 2021. Llegado el plazo previsto encontramos que el gobierno sandinista no ha cumplido con los compromisos asumidos y, por el contrario, está avanzando en un proceso de destrucción de la oposición democrática.
En estos momentos, la represión constituye la estrategia central de la pareja presidencial con consecuencias dramáticas, como lo destacan centros de defensa de los derechos humanos, que registran unos 155 presos políticos, incluye 37 líderes de la oposición y 7 aspirantes a la presidencia para la elección de noviembre.
La lista de perseguidos y exilados es larga e incluyendo, entre otros, empresarios, líderes sociales, jóvenes críticos; incluso han arremetido contra la iglesia católica, activa defensora de los derechos humanos; recientemente, el presidente Ortega ha calificado a los obispos como: “hijos del demonio y terroristas”.
También ha crecido la diáspora de nicaragüenses huyendo del país; expertos calculan que unos 10 mil han cruzado la frontera con Costa Rica y, se estima que, desde el inicio de las protestas sociales en el 2018, más de 100 mil ciudadanos han salido al exilio.
En este contexto, destaca la sistemática persecución a los hijos de la expresidenta Violeta Chamorro Barrios (Carlos, Cristina y Joaquín); particular ensañamiento contra Cristina Chamorro, detenida por presuntos manejos financieros irregulares, luego de manifestar su interés de participar en proceso electoral.
Junto al desmantelamiento de los partidos políticos democráticos, también están en la mira miembros críticos del sandinismo y, recientemente, han sido detenidos algunos líderes históricos tales como: Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres. También el prestigioso escritor Sergio Ramírez, compañero de lucha de Daniel Ortega, viviendo en el extranjero, enfrenta una orden de detención. Más recientemente recibieron orden de detención el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
Ante la dramática situación, la comunidad internacional está reaccionando con contundencia, pero tardíamente. Al respecto, cabe destacar que el Consejo Permanente de la OEA ha adoptado en estos meses dos resoluciones críticas contra el gobierno de Nicaragua: la CP/RES. 1175 del 15/06/2021 y la CP/RES. 1181 del 20/10/21, sin llegar a la aplicación de la Cláusula Democrática.
Sobre el particular, llama la atención la abstención en la OEA de los gobiernos de Argentina y México que recientemente, ante la gravedad de los acontecimientos, han llamado a sus Embajadores ante Nicaragua a consultas.
Por su parte el Secretario de la OEA ya califica al gobierno de Ortega como dictadura y aboga por la aplicación de la Cláusula Democrática Interamericana.
El gobierno de los Estados Unidos ha incrementado las sanciones que está aplicando desde el 2018 y ha calificado la nueva ola represiva como “despreciable”. También han asumido posiciones críticas los países miembros de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, en particular el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La decencia y la mesura aconsejan que se debe suspender la farsa electoral e iniciar un nuevo proceso, con la activa y estrecha participación de la comunidad internacional y sus organizaciones especializadas en procesos electorales; empero, la soberbia y la obsesión del poder no oye de razones; por lo tanto, seguramente el binomio presidencial seguirá adelante, para lograr su objetivo de perpetuarse en el poder a cualquier costo, y conocemos el resultado, un triunfo pírrico, pues terminan gobernando sobre los escombros de un país, que están destruyendo para controlarlo.
Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.
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