martes, 20 de junio de 2017

Solicitud a la comunidad internacional

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Felix Arellano

La OEA debe mantener un escrutinio exhaustivo y permanente de la situación venezolana; en tal sentido, se debería mantener abierta la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la crisis venezolana

La grave situación que vivimos en Venezuela, tanto en materia de derechos humanos, como ante la creciente destrucción de la institucionalidad democrática, que tiene como estocada definitiva el inconstitucional y fraudulento proyecto de asamblea constituyente, exige de un gran esfuerzo de rechazo, tanto nacional, que está ocurriendo con la heroica actuación de nuestro pueblo, en particular de la juventud; pero también se requiere del apoyo permanente y contundente de la comunidad internacional. El caso venezolano está poniendo a prueba tanto el engranaje institucional internacional, como los avances que sobre democratización y participación de la sociedad civil, se han alcanzado a escala global.

Frente a la problemática venezolana y ante la soberbia de los gobernantes bolivarianos, resulta indispensable que, al esfuerzo de calle de nuestra sociedad democrática, se sumen de forma contundente la alerta permanente de: los organismos internacionales, los gobiernos democráticos del continente y del mundo, los partidos políticos, las organizaciones económicas y empresariales, el sindicalismo internacional, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, los centros de investigación. La presión internacional es fundamental y no debe parar, se requiere de un gran esfuerzo y mucha creatividad para mantener activa y firme la presión sobre un gobierno autoritario, ciego y sordo ideológicamente, que está destruyendo la democracia con el objeto de perpetuarse en el poder, siguiendo el libreto de la dictadura cubana.

Los gobiernos democráticos y defensores de los derechos humanos se deberían sumar a las sanciones individuales contra los represores venezolanos. Podrían ser sanciones de carácter unilateral o de grupo de países como: la Unión Europea, el Mercosur, el Mercado Común Centroamericano, etc. Este tipo de sanciones se corresponde con los importantes avances que se han alcanzado en el plano internacional para una defensa más efectiva de los derechos humanos, que tiene como una de sus mejores expresiones el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, donde se ha superado la sanción a gobiernos en forma genérica y poco efectiva, por sanciones directas a los individuos que han realizado las violaciones de la normativa internacional de los derechos humanos.

Las Naciones Unidas, en la medida de lo posible, en todo su sistema institucional debería mantener una permanente atención de la situación venezolana pues conforma una crisis sistémica que abarca múltiples áreas de una compleja y profunda dinámica con implicaciones sociales, económicas y políticas que desbordan el ámbito estrictamente nacional. El Alto Comisionado de las UN recientemente recordó que “Venezuela tiene pendientes diez solicitudes de relatores de la organización especializados en distintas áreas de derechos humanos para visitar el país y analizar su situación.

En este contexto, todos los relatores encargados de la diversidad de temas que abarcan los derechos humanos tanto en las Naciones Unidas como en otras organizaciones internacionales, particularmente la OEA, deben reiterar la urgencia de visitar el país y condenar las diversas acciones del gobierno bolivariano que profundizan la crisis

A la Unión Europea y la mayoría de sus países miembros les agradecemos todo el apoyo que nos han brindado, el Parlamento Europeo ha realizado un seguimiento permanente de nuestra problemática, pero necesitamos un esfuerzo mayor, pues el momento que vivimos es crítico y debe ser objeto de denuncia y rechazo internacional de forma permanente y sistemática.

En el caso de la OEA resulta peligroso asumir que con la aprobación de un documento o una resolución, que condene al gobierno bolivariano se agota el tema y culmina la labor de la OEA sobre Venezuela. Resulta indispensable que el caso venezolano se mantenga en la agenda y en los trabajos de la organización. La OEA debe mantener un escrutinio exhaustivo y permanente de la situación venezolana; en tal sentido, se debería mantener abierta la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la crisis venezolana.

En este momento resulta necesario el seguimiento de la OEA al proyecto fraudulento de la constituye bolivariana, sería conveniente que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presente a los países miembros un informe detallado sobre las graves irregularidades de este proyecto contra los derechos civiles y políticos. También convendría que el Consejo Parmente o incluso la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores aborden exhaustivamente el tema.

En el Mercosur aún está pendiente que se defina la naturaleza y el alcance de la situación de “cesación”, a la que se ha sometido al gobierno de Venezuela. Pero este bloque, que cuenta con una normativa muy completa para la defensa de la institucionalidad democrática como lo es el Protocolo de Ushuaia, debería expresar su enérgico rechazo contra la fraudulenta constituyente que promueve el gobierno bolivariano.


Teniendo en cuenta que con el fraude de la constituyente está en juego la libertad en sus diversas manifestaciones, resulta necesario que todos los sectores de la sociedad civil expresen so voz de alerta. Es el momento que las organizaciones económicas, financieras, comerciales y empresariales se sumen a la lucha por la libertad y la democracia. La democracia venezolana también espera el apoyo del sindicalismo internacional, de las organizaciones políticas internacionales, de las organizaciones no gubernamentales, de los centros académicos y de investigación y en general de la sociedad civil pues lo que está en juego es la existencia de la libertad, la democracia y los derechos humanos.

lunes, 19 de junio de 2017

UNA ECONOMÍA ALTAMENTE INFORMALIZADA. O de cómo la necesidad superó a la libertad.


EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ


DEL SISTEMA BIOMÉTRICO A LAS SUBASTAS

Varias observaciones podían hacerse sobre la aplicabilidad del sistema biométrico (o de registro de huellas para evitar compras duplicadas y con ello el aumento o fortalecimiento de los revendedores) en 2014  para la economía venezolana, en el contexto en que se encuadraba la administración bolivariana después de 15 años. En primer lugar, los problemas de escasez, inflación y distorsión de los precios relativos estaban ya íntimamente relacionados con las políticas de control ficticio o real que, apoyadas en una dinámica cambiaria, fiscal y política particular se había estructurado como resultado de una política económica y social no exitosa. Ya más que evidente en 2017.  En segundo lugar, puede ser un sistema más operativo en economías más pequeñas o menos estratificadas por regiones estados o grupos sociales. En tercer lugar, se requiere un desarrollo institucional de registro, supervisión, ejecución y sanción que no es acorde con el proceso de deterioro institucional y de desinstitucionalización por el cual ha transitado la nación venezolana en por lo menos los últimos casi treinta años. Y también, ya más pronunciado en 2017. La experiencia de la administración bolivariana - en lo visto en más de 18 años de gobierno- en manejo de alimentos y bienes en empresas e iniciativas como Mercal, PDVAL, Abastecimiento Soberano y las correspondientes bolsas CLAP y otras, no es precisamente la más exitosa, a no ser que se interprete con el fanatismo de los seguidores incondicionales.  En cuarto lugar, requiere un sistema de vigilancia estricto que no es seguro pudiera conseguirse en la sociedad venezolana de los últimos lustros, donde funcionarios, organizaciones de seguridad y vigilancia se han visto inmiscuidas en agudos procesos de corrupción. También más que evidente para 2017. En quinto lugar, el deterioro de la civilidad y los valores ciudadanos, no pareciera haberse detenido durante la administración bolivariana si no que por el contrario había aumentado, dentro del propio contexto de deterioro económico y social de los 15 años previos a su propuesta en 2014, lo cual brindaba un elemento de entorno difícil para la aplicabilidad de un sistema de este tipo.

La escasez, la inflación, el favoritismo y el deterioro institucional mataron al instrumento y hoy día tan solo quedan maquinas sin mucho sentido, porque lo que no lo ha afectado la alta inflación, simplemente no lo hay en los estantes. Lo que ha sido abarcado por esta última, se demanda relativamente poco o nada. Correspondientemente el sistema biométrico ha sido desplazado  por la concentración de alimentos regulados del lado del sector público –siendo menos frecuentes las colas precisamente por ello-, para ser distribuidos con intereses fundamentalmente políticos. Esto es, los alimentos y su distribución han pasado a ser otro elemento de control político que se le suma al control cambiario.

El marco económico atinente a elementos relacionados nos ubica para Venezuela actualmente en una amalgama impresionante, en la interrelación de formación de precios, controles, mercado cambiario, deformaciones estructurales de la producción asociadas a la desindustrialización, escasez, valores y comportamiento ciudadano. En el caso de la industria automotriz, por ejemplo, debe valorarse que: “De acuerdo con el reporte de producción de mayo emitido por la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), el mes pasado apenas se ensamblaron 154 unidades, cifra que si se compara con las armadas en mayo de 2007 (17.592 unidades) representa una caída de 99,2%” (ver www.elestimulo.com 16/06/17).

Dada la sobredeterminación que en la economía venezolana presenta el elemento cambiario, hay que señalar que esto no se soluciona con las subastas Dicom (hasta ahora van tres y una cuarta en proceso) con sus más de 70 millones de $ asignados –en las tres realizadas- en procesos solo “transparentes” o de libertad para quienes asignan o son beneficiados. Pero tampoco lo solucionará una idea extrema de libre mercado, ni el invento de controles adicionales a los perniciosos ya desarrollados por la administración bolivariana. Si bien la economía presenta una dolarización informal (con un nivel de más de 8.000 Bs por $, que supera en –grosso modo- casi 4 el nivel de las 3 primera subastas y en casi 800 veces el dólar Dipro o de 10Bs por $ y que, al parecer, seguirá existiendo y beneficiando con favoritismos y mecanismos dudosos a muy pocos), el dólar paralelo no es el único determinante de la inflación. Venezuela en 2017 –y ya desde 2016- se encuentra claramente en hiperinflación, pues para ello no es necesario que estemos en los terribles cuatro dígitos; la intensidad y velocidad de los aumentos de precios, la desvalorización del dinero y la actitud de distintos agentes económicos en la búsqueda de alternativas a esta última, lo permiten afirmar. Desmantelar el control de cambios, que ha sido un generador de alteraciones productivas y de informalización de la economía (compra-venta de dólares y bienes, de manera informal) a la vez que de corrupción, así como un arma de control político, puede hacerse de un día para otro, pero los efectos de ello serán notables en distorsión, confusiones y alteraciones productivas. Lo dramático es que va a tener que suceder. Igual que en otros precios, donde se deberán quitar controles, pero no siempre el mercado va a brindar los mejores o más rápidos equilibrios, según los casos. Los agentes económicos –empresarios, consumidores y gobierno- deberán reeducarse para canalizar la formación de precios relativos. 

LA REALIDAD DEL MERCADO Y LOS BIENES

Varias expresiones presenta la informalización en el mercado de los bienes. La primera atañe a los revendedores, también llamados bachaqueros y que algunos tienden a ubicar hasta el imperialismo detrás de ellos. No es cierto. Son buscadores de trabajo, ganancias fáciles y en algunos casos simple subsistencia. Abarcan desde vendedores callejeros, que dividen un kilo de algún producto en numerosas bolsitas, hasta los sofisticados oferentes de Instagram o en otros mecanismos de suministros de información para captar o mantener demandantes. Los perniciosos comportamientos manifiestos en los niveles de precios a los que ofrecen bienes estos últimos y sus correspondientes niveles de ganancias, no son fácilmente entendibles a la luz del más puro liberalismo, desde el que pudiese opinarse “eso lo solucionaría el mercado”. La segunda forma se encuentra en locales y bodegas o pequeños abastos ubicados en zonas populares, céntricas y algunas no tan populares, donde se sabe que allí se consiguen productos a precios superiores a los que están regulados. Estos espacios informales se han visto alterados, a diferencia de los primeros, dadas la posibilidad o amenaza de ser robados a saqueados, pero siguen existiendo. Una tercera forma de informalidad, es la que se ha generado desde los propios ámbitos oficiales y que serán los administradores de estos –es de pensar- los primeros interesados en solucionar. Se trata de como desde estos ámbitos surgen sospechas, evidencias y registros -como se ha hecho público- de reventas de las bolsas CLAP o de listas para las mismas, que no se ejecutan o que se estructuran y son redireccionadas o reubicadas con otros fines. Apartando el conjunto de valoraciones que pueden hacerse sobre lo adecuado o necesario sobre la existencia de un mecanismo de esta naturaleza en una economía como Venezuela, otrora abundante y llena de bienes y productos diversos, debe señalarse que la frecuencia y la regularidad con la que llegan tales bolsas a los distintos sectores y grupos sociales no son las que señala la administración bolivariana, al indicar que ya hay millones de personas atendidas. Lo que dicen integrantes de los sectores populares es otra cosa.

Una cuarta forma que, directa o indirectamente, puede ubicarse dentro de la informalización de la economía en estos ámbitos, atañe a los nuevos expendios de bienes que han venido ampliando su número y que venden a precios totalmente dolarizados. Alimentos, cosméticos, dulces, son adquiribles con la facilidad de tener los dineros para ello. De ser determinados y marcados por el dólar libre, pasan a ser también determinadores de precios. Lo que allí se consigue a un precio pasa a entenderse como un precio “normal”, más aun si tienen ramificaciones para ventas fuera del mismo local. Es curioso observar dentro de este conjunto de distorsiones como los precios de algunos productos de nacionales –que también venden algunos supermercados- superan con creces a productos similares que deberían lanzar al mercado las empresas que están bajo la administración estatal, pero cuyos producto no aparecen sino en los mecanismos de distribución pública que como hemos señalado han adquirido un matiz de control político.

Lo señalado solo representa un conjunto de aproximaciones a un ámbito vasto de comercialización y compra de bienes. Existen otros mercados como los de bienes intermedios para actividades como construcción o fabricación de alimentos, donde las irregularidades y la incertidumbre (aquello que deberían regular las instituciones sin implicar ello estatismo ni control acérrimo de la economía) son frecuentes e intensas. Las expresiones “no se consigue”, “viene Aumentado”, “por ahora está así, aprovéchalo” se han vuelto parte de la regularidad diaria y consustancial a los escenarios hiperinflacionarios.

LA NECESIDAD Y LA LIBERTAD

Pensadores, filósofos, economistas y otros han transitado y reflexionado sobre esto. Me decía un amigo, que seguía a otra cadena de amigos, que ante el producto tal o cual solo había que adquirirlo, que era un problema de necesidad y no había que preguntar mucho.

Una administración que en más de dieciocho años pretendió, planteó solucionar o mejorar la distribución del ingreso y de la renta petrolera, terminó creándole una sobredetrminación al reino de la necesidad (ampliándolo, profundizándolo) y restringiendo grandemente la libertad de producir, consumir y hasta conseguir los bienes mas elementales. ¡Terminó, en resumen, generando más pobres y más pobreza!

@eortizramirez
eortizramirez@gmail.com



viernes, 16 de junio de 2017

Entrevista a Leonardo Vera. La Razón.

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Tomado de www.larazon.net

Leonardo Vera: “El país va a tener un mal final de año”

“Pdvsa debe pagar más de 3.600 millones de dólares en intereses y capital y no ha recibido un solo dólar”

El especialista cree que el Gobierno tendrá que seguir recortando las importaciones en los próximos meses, por lo que aumentará la escasez; por eso acelera la activación de la Asamblea Nacional Constituyente


Enrique Meléndez
El economista Leonardo Vera considera que el Banco Central de Venezuela no ha dicho si sufrió un daño patrimonial o no, en lo que atañe a la operación financiera que acaba de hacer con el banco de inversión norteamericano Goldman Sachs.
“Si ese título estaba asentado en el balance del BCV a un precio de 2.800 millones de dólares, y tuvo que venderlo a 800 millones, el patrimonio del BCV debe reflejar una pérdida; es decir, hay un daño patrimonial a la nación. Ese es un tema que debe ser investigado, pues las autoridades del BCV deberían explicar esta situación”, dice el profesor de Economía en la Universidad Central de Venezuela.
“Necesitamos reconstruir las reservas internacionales”

EL ESCÁNDALO DE GOLDMAN SACHS

El pasado mes de abril el Gobierno no se declaró en “default”; logró honrar sus compromisos de deuda en lo que se refiere al pago de los bonos de Petróleos de Venezuela, pero a última hora tuvo que recurrir a la banca de inversión Fintech para poder completar los pagos. ¿Qué nos dice ?
— En los últimos meses Venezuela ha estado sometida a una carga de compromisos por deudas que asumió años atrás, cuyos vencimientos se han acumulado justamente desde el año 2013 en adelante, y la mayor parte de esa concentración la encontramos a finales del año pasado. Entre septiembre y diciembre de 2016 se pagaron más de 5.000 millones de dólares en vencimientos de deuda de la República y de Pdvsa.
El Gobierno sabía, porque efectivamente conoce de ese cronograma de pagos —como lo conocen también las agencias financieras—, que tenía que hacer ese fuerte desembolso entre abril y mayo de este año por un monto de unos 5.000 millones de dólares, otra vez deuda de la República y deuda de Pdvsa. Conseguir el dinero para honrar esos compromisos se veía muy cuesta arriba, y de hecho los bancos de inversión volvían a acariciar la idea de un “default” en Venezuela en el primer trimestre del año.
¿Qué hizo el Gobierno?
— Esencialmente lo que ha venido haciendo desde el año 2012: reducir las importaciones. Al hacerlo puede acumular más dólares petroleros, y con esos dólares petroleros asumir todos estos compromisos con el mercado financiero internacional. En el primer trimestre del año las importaciones estuvieron en alrededor unos 300 millones de dólares.
Si tú comparas eso con cualquier mes del año 2012, en momentos en que se asignaban entre 3.500 y 4.000 millones de dólares por mes, estaríamos hablando de que esa es sólo una cuarta parte de las asignaciones que se hacían unos cuatro años atrás. Por lo tanto, el Gobierno, para poder asumir estos compromisos ha tenido que hacer un espacio enorme, reduciendo drásticamente las asignaciones de divisas. Ese es el principal vehículo a través del cual el Gobierno ha conseguido recursos.
Por otro lado sabemos que el Gobierno ha recurrido a otras operaciones de ingeniería financiera, entre las cuales la de Fintech es una más. La de Fintech consistió en un canjeo de “swap” o de recompra y en donde tú vendes un activo y después lo recompras a un precio mucho mayor. Por supuesto, quien te financia se lleva una tajada grande. En este caso fue este banco de inversión llamado Fintech. Pero esto tipo de operaciones se están viendo cada día más. Es decir, el Gobierno está recurriendo a los muy pocos activos que puede vender en dólares en el exterior con unos grandes descuentos.
“El título se le vendió a un intermediario que se lleva una comisión, que por estimaciones preliminares se cree que pudo haber estado en el 10 % de la transacción”
¿Usted alude a la operación que se viene de hacer con Goldman Sachs, que fue objeto de todo tipo comentarios?
— Esa fue una operación muy oscura, porque se hace con unos títulos que cuando salieron en el 2014 mucha gente los vio con escepticismo, porque no salieron al mercado primario. Simplemente fueron unos títulos en dólares que emitió Pdvsa. Se supone que se los cedió al Banco Central de Venezuela (BCV) como parte del pago de una deuda enorme que tiene Pdvsa con el BCV.
Me explico: Pdvsa se está financiando día a día con bolívares que emite el BCV. Esta es una situación que viene pasando desde hace unos tres o cuatro años. El monto de esa deuda con el BCV es millonaria. El BCV ha venido acumulando esos papeles que tiene registrados en sus balances. Se trata de un papel que no tiene precio en el mercado secundario. De pronto es vendido a través de un intermediario, quien inmediatamente lo revende a Goldman Sachs.
La sorpresa de esta negociación es el descuento con el cual el BCV vende este título. Lo vende con un descuento enorme de 70 %, lo que implica, para un título que vence en el año 2022 que paga una tasa de interés de 6 %, un rendimiento para este banco de inversión de 45 %. No hay ningún título en los mercados emergentes que tenga un rendimiento de ese nivel. Entonces, eso ha llamado mucho la atención.
Lo otro que llama la atención es que si el título no se negoció en el mercado secundario, ¿por qué no se le vendió directamente a Goldman Sachs? Se le vendió a un intermediario que se lleva una comisión, que por estimaciones preliminares se cree que pudo haber estado en el 10 % de la transacción, lo cual, de ser cierto, sería un escándalo. De modo que hay mucha oscuridad alrededor de esta transacción.
Por otro lado está el tema de que el BCV no ha dicho si sufrió un daño patrimonial o no, porque si ese título estaba asentado en el balance del BCV a un precio de 2. 800 millones de dólares, y tuvo que venderlo a 800 millones, el patrimonio del BCV debe reflejar una pérdida; es decir, hay un daño patrimonial a la nación. Ese es un tema que debe ser investigado, pues las autoridades del BCV deberían explicar esta situación.
Asimismo, está el tema de cómo queda Pdvsa en todo esto, y la respuesta es que Pdvsa queda con una deuda de 2.800 millones de dólares con Goldman Sachs, que antes sólo tenía con el BCV, y que podía saldarla tarde o temprano, incluso, en bolívares, ya que se trataba de una deuda entre dos entes de la República.
Ahora la deuda se convirtió, irreversiblemente, en deuda externa, y hay que pagarla en dólares durante los años 2020, 2021 y 2022, más los intereses, lo cual quiere decir que Pdvsa debe pagar más de 3.600 millones de dólares en intereses y capital y no ha recibido un solo dólar. Porque los 800 millones de dólares no fueron sino al BCV, a los fines de honrar algún tipo de compromiso, por ejemplo, con el Dicom, como suponen algunos. También se ha dicho que son para pagarle unas ciertas armas que se deben a Rusia, como lo anunció el presidente Nicolás Maduro.
“Frente a un escenario de muy mal cierre de año por los inmensos compromisos que hay que pagar entre octubre y noviembre, más de 3.200 millones de dólares”
¿Cómo se prepara el Estado para honrar el otro tramo de bonos de la deuda externa que se pagan en el mes de noviembre?
— Esa es una buena pregunta, porque tiene que ver con el hecho de que el Gobierno está acelerando, desde el punto de vista político, la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente, y está poniendo como fecha julio, porque, supongo yo, el Gobierno sabe que a partir de agosto y septiembre va a tener que acumular recursos otra vez para poder hacerle frente a los compromisos que tiene en octubre y noviembre.
Es decir, el Gobierno sabe que el país va a tener un mal final de año, porque eso significa volver a recortar importaciones, volver a incrementar la escasez, seguir paralizando la economía por falta de insumos, repuestos, partes automotrices, materia prima. De modo que frente a un escenario de muy mal cierre de año por los inmensos compromisos que hay que pagar entre octubre y noviembre, creo que son más de 3.200 millones de dólares, el Gobierno trata de buscar una salida política con esta propuesta de la ANC.
El profesor universitario Leonardo Vera destaca que el Gobierno venezolano está recurriendo a “los muy pocos activos que puede vender en dólares en el exterior” con unos grandes descuentos

EL “NUEVO” MERCADO CAMBIARIO

¿Por qué, a su juicio, el Gobierno no recurre al Fondo Monetario Internacional para un financiamiento?
— Bueno, hay varias razones para esto. La primera es que para la estructura de pensamiento de la izquierda tradicional, acudir al FMI se trata de una cosa no concebible, es claudicar frente a la máxima expresión del capitalismo financiero internacional, del imperialismo. Así que hay unos frenos ideológicos por esta vía.
Por otro lado, creo que el Gobierno si tiene un programa con el FMI terminaría reconociendo que su política económica es un fracaso. Porque realmente es así: cuando un país recurre al FMI es porque fue sometido a una situación externa que hizo inmanejable su economía, o que hizo un manejo de la política económica muy malo y, por lo tanto, se quedó sin recursos en dólares y necesita una línea de crédito.
Es evidente que Venezuela necesita financiamiento internacional y el único organismo que está en capacidad de dar esa línea de crédito para Venezuela hoy en día, en términos de abundantes recursos, es el Fondo Monetario. El FMI le puede dar a Venezuela un acuerdo de facilidad extendida por tres años, a razón de 8.000 millones de dólares cada año, de acuerdo a las cuotas, que tiene Venezuela, y a las cuales puede acceder.
Pero, obviamente, va a exigir un programa de reconstrucción económica, un programa de estabilización en unas direcciones muy diferentes a las decisiones que ha venido tomando el chavismo-madurismo con respecto a la política económica en los últimos tiempos. Entonces, ahí hay una gran tensión. Creo que es muy difícil que podamos contar con ese recurso mientras tengamos encima un gobierno de este tipo.
“el Gobierno trata de buscar una salida política con esta propuesta de la ANC”
¿Cómo ve usted el comportamiento del nuevo Dicom?
— Desde el año 2010 el régimen cambiario venezolano ha venido mutando. Hay que recordar que hasta ese entonces teníamos un solo tipo de cambio oficial, que era a 4,30, y ese año el presidente Chávez decidió ir a un tipo de cambio múltiple. Bueno, desde ese momento nuestro tipo de cambio ha venido cambiando no menos de diez veces.
Este es un cambio más. Yo diría que bastante cosmético, porque el Dicom ya existía. Todo el mundo lo llamaba Simadi. Pero este tipo de subasta ya existía. Ahora se está tratando de que sean un poco más operativas, un poco más transparentes. Pero la gran pregunta alrededor del Dicom es si el Gobierno tiene los recursos para inyectarle a ese mecanismo los dólares que la economía necesita, y venimos diciendo que el Gobierno recorta cada vez más las asignaciones en dólares que le está dando al sector privado.
Tampoco el Gobierno ha dicho de dónde va a sacar los recursos, cuál va a ser el fondo de esos recursos líquidos en divisas que va a alimentar al Dicom, y muchas de estas innovaciones que han venido surgiendo a lo largo del año están como entrabadas. Mira lo de las casas de bolsa: ¿qué está pasando ahí? Iban a vender dólares al detal. Bueno, comenzaron a trabajar, y están paradas otra vez. De manera que me temo que el nuevo Dicom sea una experiencia más de ese tipo.
Además parece que el Gobierno prefiere alimentar más al Dipro…
— Sobre el Dipro se puede escribir toda una historia, porque pareciera que este tipo de cambio quedaría para las importaciones públicas y la gran pregunta que uno se hace es quiénes son esos importadores, quiénes son esos que reciben a diez bolívares por dólar. Ese es un negocio redondo y el Dipro se trata de un mecanismo que permanece vivo.
Lo que uno supone es que el Dipro va a quedar como el mecanismo de asignación de dólares para hacer las importaciones que distribuye el sector público. Óigase bien: las importaciones que muchos importadores privados hacen para vendérselas al sector público, y que éste a su vez las distribuye a través de sus cadenas.
“La gran pregunta alrededor del Dicom es si el Gobierno tiene los recursos para inyectarle a ese mecanismo los dólares que la economía necesita”

ECONOMÍA DE TRANSICIÓN

¿Qué se debe hacer para el caso de un Gobierno de transición en lo que atañe a la política cambiaria?
— El gran reto económico de un gobierno de transición es levantar la tremenda restricción de recursos en divisas que tiene Venezuela. Así que un nuevo régimen cambiario debe comenzar por la búsqueda de financiamiento para incrementar el colchón, el fondo de divisas, que constituyen las reservas internacionales del país, pues con el nivel de reserva que tiene el país hoy en día no puede ir a otro régimen cambiario que no sea el que tiene en este instante. Entonces, necesitamos reconstruir las reservas internacionales y para eso necesitamos una línea de crédito.
Una vez que tengamos ese fondo líquido de divisas, entonces sí podemos ir a un nuevo régimen cambiario. Por ejemplo, pudiéramos ir a un régimen cambiario libre, con una tasa flotante, en donde el BCV intervenga para ir a un tipo de cambio que los economistas llamamos competitivo, pero que, además, sea estable. Es decir, que no se dispare. Se disparará en un principio, pero después se debería estabilizar.
Ahora, para estabilizarlo habría que vender, y para poder vender se necesitan divisas. De modo que la constitución del fondo de recursos líquidos en divisas es muy importante mientras se va estimulando la economía y se va reviviendo, para generar divisas diferentes a las petroleras.

martes, 13 de junio de 2017

Pueblos que rectifican

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Felix Arellano
Nuestro pueblo ha decidido enmendar y con heroico sacrificio está tratando de reconstruir la democracia

Humano es errar y los pueblos también se equivocan, pero es de sabios enmendar y de irracionales o de oportunistas mantenerse en sus errores. Las circunstancias que enfrentamos nos llevan a alterar el histórico aforismo, cuyos antecedentes resultan controversiales, pero creemos que con el cambio podemos abordar los complejos procesos que estamos viviendo, destacando algunas importantes experiencias de enmienda tanto de estadistas, como de pueblos y, paralelamente, resaltar la irracionalidad del proceso bolivariano que, con el objeto de perpetuarse en el poder y mantener los privilegios de la camarilla, está repitiendo graves errores y destruyendo el país; empero, nuestro pueblo, con heroico sacrificio, ha decidido rectificar, esperemos que este cambio sea tan profundo que logre erradicar viejos mitos, como la equivocada admiración a las charreteras.

En la historia encontramos diversas experiencias de estadistas que han sabido enmendar, pero el espacio de esta columna no nos permite extendernos demasiado; por lo tanto, recordaremos algunos casos cercanos y paradigmáticos; por ejemplo, Mijail Gorbachov en la vieja URSS, quien al exponer en el XXVII Congreso del Partido Comunista en 1987, sus tesis de la perestroika (reorganización) y el glasnot (transparencia), inició un indetenible proceso de transformación tanto de la decadente potencia comunista, como del orden mundial de la guerra fría.

Otro caso admirable ha sido la brillante dupla de Frederik de Klerk y Nelson Mandela en Sudáfrica, que iniciaron negociaciones secretas en 1989, con Mandela aún detenido y, con su fortaleza y liderazgo, lograron construir un nuevo país, que incluso se ha posicionado en las potencias emergentes de los BRICS. También destaca la capacidad de enmienda y visión estratégica de Deng Xiaoping en China, que logró superar la farsa económica del comunismo, e iniciar su extraordinario desarrollo, al punto de transformarse en una de las grandes potencias económicas del mundo, no obstante que políticamente mantuvo la cruenta dictadura.

Sobre pueblos que reflexionan y enmiendan tenemos interesantes experiencias recientes: como los positivos resultados en varias de las elecciones efectuadas este año en Europa, son los casos de la reelección de Primer Ministro de Holanda Mark Rutte quien, en contra de las encuestas, derrotó al populista y xenofóbico Geert Wilders; y el triunfo de: Emmanuel Macron en Francia, superando la fortaleza del falso discurso populista, nacionalista y xenofóbico de Marine Le Pen. También podríamos inscribir en esta línea, los resultados de las elecciones efectuadas el pasado jueves en el Reino Unido, que han sido calificados como un grave autogol de la Primera Ministra Theresa May, al quedar mucho más débil que antes de la elección, lo que también podría traducirse como el inicio de la reflexión colectiva sobre el error del Brexit

En nuestra región tenemos casos recientes que podrían calificar como procesos de enmienda popular; al respecto, caben destacar: las elecciones presidenciales del 2015 en Argentina, donde el pueblo de forma contundente rompió con un largo pasado de peronismo y con años de errores del Kichnerismo y la institucionalidad democrática ha resultado tan fortalecida, que la Sra. Cristina de Kichnner, no obstante la maraña de corrupción que le acompaña, está pensando en su candidatura para senadora en las próximas elecciones. Pero también el pueblo boliviano nos ha brindado una lección de enmienda, al votar en contra del referéndum promovido por Evo Morales en febrero del 2016, con el objetivo de promover la modificación de la constitución boliviana para reelegirse por cuarta vez consecutiva en el poder.

La cara negativa del aforismo tiene que ver con los que irracionalmente se mantienen en sus errores y no tienen la sabiduría de enmendar, situación que resulta característica de los gobiernos autoritarios. Al respecto, podríamos encabezar nuestra lista regional con el caso de la dictadura de Fidel Castro, que no obstante los ejemplos transformadores de Gorbachov y de Deng Xiaoping, mantuvo su férrea dictadura en el rígido y anacrónico formato comunista, fracasado en todo el planeta, sometiendo al pueblo cubano a la miseria y el ostracismo, pero logrando perpetuarse en el poder; además, no satisfecho con la destrucción de su país promovió la exportación de su revolución

En la línea de la irracionalidad y siguiendo el libreto cubano pareciera que se inscribe el proceso bolivariano al promover un proyecto fraudulento e inconstitucional de Asamblea Constituyente, por medio del cual busca eliminar los pocos vestigios que nos quedan de democracia y perpetuarse en el poder. Pero nuestro pueblo ha decidido enmendar y con heroico sacrificio está tratando de reconstruir la democracia.

Immigration economics. A new paper rekindles a tiresome debate on immigration and wages

Tomado de www.economist.com

But commentators on both sides seem to miss the point

WHAT effect do immigrants have on native wages? It’s perhaps one of the most important questions of labour economics. It's also one that is largely unanswerable. The problem is that it's almost impossible to separate cause and effect. If a country with high rates of immigration also sees strong wage growth, we can’t assume that immigrants are boosting wages—it may well be the case that the migrants are choosing to move to places with stronger economies.

One approach to getting around this problem is to find a natural experiment in which either the supply of or demand for labour changes exogenously. Perhaps the most famous example of such an event in labour economics is the Mariel Boatlift. In 1980, Fidel Castro, then president of Cuba, eased emmigration restrictions. Some 125,000 Cubans moved to the United States that year. Almost instantaneously, the labour supply of Miami increased by 55,000.
The Mariel migrants were overwhelmingly low-skilled workers—less than half had high-school degrees. In 1990, David Card, now an economist at the University of California, Berkeley, wrote a highly regarded paperexamining the effects of the Mariel supply shock on American-born Miamian’s wages, and found no evidence of any adverse effect. The debate surrounding Mariel seemed largely settled until last year, when George Borjas of Harvard published his own study on the topic (a working version of which was circulated in 2015). As we noted last May, Mr Borjas’ study found that wages for low-skilled, native-born Miamians fell noticeably following the Mariel boatlift.

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Mr Borjas’ work has sparked plenty of controversy–his blog notes at least three challenges to his work, see here, here and here. After a few months of relative tranquility, Mariel has once again come into the limelight thanks to a new paper by Michael Clemens of the Centre for Global Development, a think-tank, and Jennifer Hunt of Rutgers University. Mr Borjas has since responded to this critique; their correspondence appears to have proceeded ad infinitum. (A working-paper response to Mr Clemens and Ms Hunts' critique can be found here.)
While the Mariel studies are of great political interest, the fact that they’ve shown such different results have come down to fairly boring technical decisions by the papers’ respective authors. Mr Borjas’ results differed from Mr Card’s in part because he chose a different definition of low-skilled worker, and in part because he chose a different set of cities to compare Miami with. Mr Clemens and Ms Hunt argue that much of the statistical power behind Mr Borjas’ findings is an accident of a methodological change in the survey behind the Mariel studies. In some years, Mr Borjas’ paper feature sample sizes as small as around 20 people.

By economics 101 reasoning, the short-run, partial-equilibrium effects of a large influx of migrants are clear. Given a downward-sloping labour demand curve, a sudden increase in supply should be expected to lead to lower wages. It shouldn't be surprising—or indeed controversial, that a study like Mr Borjas' should find that evidence of a wage decrease. But even if large-scale migration hurts native workers in the short run, it should have little bearing on public policy.

Far more relevant to lawmakers are the long-run effects of immigration on wages. In theory these depend on how immigrants change the skill composition of the workforce. If lots of unskilled workers arrive in a country,  unskilled workers' wages should fall relative to everyone else's. But economists usually have to squint hard to find a negative effect of immigration on wages for any native workers. In the long-run, immigrants tend to reduce the wages only of past generations of immigrants (whose skills presumably overlap strongly with those of the newcomers). One study found that while immigration between 1990 and 2006 had little effect on wages of native-born Americans, it lowered the wages of previous immigrants by 6.7%. American-born workers, perhaps because of their language skills, were better prepared to move on to different jobs.

I suspect that few who have participated in the Mariel debate actually care about the true short-run wage effects were—it instead serves as a proxy war for the broader immigration debate. It seems that proponents of immigration feel compelled to respond to Mr Borjas not because they believe Mariel boatlift was important, but because they are afraid of ceding any ground to immigration hawks. The problem is that Mariel isn't nearly meaningful enough to warrant such attention. Suppose Mr Borjas' findings are entirely correct. Then what?

miércoles, 7 de junio de 2017

Balances de la OEA

Leer esta nota en: www.talcualdigital.com
Felix Arellano

Se podría pensar que la suspensión de la reunión de consulta sin resultados concretos constituye una señal de fracaso, pero realmente es lo contrario, evidencia la complejidad de los temas y la cuidadosa atención que están prestando los países para lograr resultados efectivos

La reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA), efectuada el pasado miércoles 31 de mayo, en la sede de la organización, ha dejado varias lecturas importantes y tareas por realizar. Entre las lecturas destacan: el fortalecimiento de la organización y sus pilares temáticos fundamentales; el dinamismo y promoción de nuevos liderazgos en el hemisferio; y la esquizofrenia del proceso bolivariano, que se estima ganador, cuando en la realidad está perdiendo a paso de vencedores. La agenda de tareas amplia y compleja, tienen que ver tanto con el fortalecimiento de las instituciones hemisféricas, como de la democracia.

Resulta indiscutible que, en contradicción con los sueños de los gobiernos radicales de la región de acabar con la OEA acusándola, en sus falsos discursos ideológicos, de ministerio de colonias y brazo del imperialismo, la organización se encuentra más fortalecida y constituye el epicentro de los debates políticos del hemisferio. Este posicionamiento se hace más evidente al constatar los fracasos tanto de la Unasur, como de la Celac para abordar la crisis venezolana. Paradójicamente es la consideración de la crisis del gobierno bolivariano, uno de los promotores de la destrucción de la OEA, lo que está fortaleciendo tanto la organización, como sus temas fundamentales como son: los derechos humanos y la institucionalidad democrática.

Se podría pensar que la suspensión de la reunión de consulta sin resultados concretos constituye una señal de fracaso, pero realmente es lo contrario, evidencia la complejidad de los temas y la cuidadosa atención que están prestando los países para lograr resultados efectivos. Sería peligroso pensar que con un texto se agota el tema y culmina la labor de la OEA sobre Venezuela. Resulta indispensable que el tema bolivariano se mantenga en la agenda y en los trabajos de la organización. La OEA debe mantener un escrutinio exhaustivo y permanente de la situación venezolana, la gravedad de la violación de los derechos humanos y la constante destrucción de la institucionalidad democrática así lo exige. En este momento resulta necesario el seguimiento de la OEA al proyecto fraudulento de la constituye bolivariana, cuyo objetivo es destruir lo poco que queda de democracia.

La crisis venezolana también está promoviendo movimientos y nuevos liderazgos en nuestro hemisferio. Las democracias de México, Perú y Colombia están proyectando una capacidad de acción más dinámica, asumiendo en gran medida el liderazgo de la organización, que hace tiempo ha dejado de ser un instrumento del imperialismo. Estos nuevos liderazgos superan el espacio estrictamente regional, logrando incorporar y movilizar a Estados Unidos y Canadá, lo que permite materializar una de las potencialidades de la OEA, constituir un foro para el diálogo norte/sur, foro que se debería aprovechar más amplia y profundamente.

En las lecturas, un punto débil, que constituye una de las materias de trabajo y tiene que ver con la necesidad de fortalecer las relaciones con los Estados del Caribe que conforman el Caricom. Ahora bien, esta es una tarea pendiente y urgente no solo de los gobiernos de la región, también de nuestra sociedad democrática venezolana. Resulta necesaria una mayor vinculación con los pueblos del caribe, con sus partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, universidades, organizaciones no gubernamentales para estrechar vínculos que permitan conocer más profundamente la gravedad de nuestros problemas y se puedan sumar como aliados para la defensa tanto de los derechos humanos, como de la democracia.

Otra lectura que impacta tiene que ver con la ceguera ideológica del proceso bolivariano, que bordea la esquizofrenia. Cuando la gran mayoría de los países miembros de la OEA denuncian la grave situación que se vive en Venezuela, el gobierno bolivariano solo aprecia éxitos. Lo que confirma su menosprecio de la diplomacia multilateral, el diálogo, la negociación, la democracia y los derechos humanos. Cuando buena parte de los gobiernos e instituciones democráticas del planeta denuncian su creciente autoritarismo, la solución que presenta el gobierno bolivariano es destruir los pocos vestigios de democracia con una constituyente fraudulenta, que viola la Constitución, para luego eliminarla pues contiene límites despreciables para el autoritarismo.

En la agenda de tareas, el caso venezolano está planteando interesantes retos para el perfeccionamiento de la institucionalidad hemisférica y democrática. En la OEA y, particularmente, en la Carta Democrática Interamericana (CDI) falta pueblo. Se requiere de una mayor participación de los afectados por el autoritarismo y la violación de los derechos humanos. La sociedad civil organizada en partidos políticos, sindicatos, ONG; incluso los familiares de las víctimas, deben tener espacios para la denuncia. Si bien la CDI es uno de los positivos resultados del “fujimorazo”, esta lamentable experiencia venezolana debería propiciar el fortalecimiento de las instituciones hemisféricas, abriendo espacio para una mayor participación de la sociedad civil.