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El presidente Gustavo Petro de Colombia promueve una ambiciosa agenda de reformas, un desafío difícil de alcanzar, pues incluye temas complejos, que requieren de reflexión exhaustiva, amplias consultas con la sociedad civil y, dado que no tiene el control del Congreso, arduos procesos de negociación política, en un contexto de fragmentación partidista. Pero el presidente aspira resultados inmediatos y está radicalizando el ambiente como un ejercicio de presión, para sus adversarios de chantaje, que puede tener consecuencias paradójicas, particularmente en sus proyectos de política exterior, entre los que destaca las relaciones con Venezuela.
Lo sorprendente es que el presidente inició su gestión con un talante negociador, centrista e incluyente, que le permitió la conformación de una interesante coalición con partidos tradicionales de Colombia: conservador, liberal y el partido de la U; que garantizaban el respaldo político necesario para avanzar en sus proyectos en el Congreso y, de hecho, la reforma tributaria, conducida hábilmente por el exministro José Antonio Ocampo, logró ser aprobada en un tiempo récord.
Pero, el clima político colombiano se está complicando, entre otros, por la influencia de los sectores radicales vinculados al gobierno, el complejo y explosivo carácter del presidente, la corrupción que crece incluso en su entorno familiar; un conjunto de factores que están deteriorando la imagen del presidente y estimulando su radicalismo.
Que el proyecto de la «paz total«, el más preciado del presidente, enfrente los mayores obstáculos, al punto que pareciera en extinción, afecta su ánimo y lo predispone contra el poder judicial, la oposición democrática y los medios de comunicación. El presidente se niega a reconocer los errores del proyecto, la inclusión de grupos heterogéneos que además están incrementando su agresividad, rechazando el cese al fuego y cualquier posibilidad de desarme.
Para incrementar la desazón presidencial, la coalición en el Congreso está colapsando, los partidos aliados rechazan, tanto el estilo gubernamental para promover las nuevas reformas de salud, pensiones y laboral; como algunos elementos de los proyectos y el presidente, en lugar de propiciar más diálogo y negociación; está presentando un giro al radicalismo que se evidencia, entre otros, en el cambio del gabinete efectuado en el mes de abril, como en su discurso oficial que se torna agresivo y excluyente.
El presidente Petro insiste en la conformación de una nueva gramática de poder en beneficio de los más débiles y vulnerables, pero que también presenta coincidencias con los libretos que han promovido gobiernos autoritarios en la región, que se presentan como los defensores de los pobres y, en realidad, empobrecen a la población para facilitar su control social y perpetuarse en el poder.
En los últimos días el presidente Petro ha incrementado sus conflictos con la sociedad colombiana y ha enfrentado simultáneamente al poder judicial, en particular al Fiscal, que, entre otros, rechaza el ininteligible proyecto de «la paz total»; pero también, a los medios de comunicación, a los gremios laborales y empresariales, incluso a las fuerzas armadas. Las recientes amenazas del presidente de iniciar un proceso de expropiaciones y convocar a los grupos radicales que lo apoyan a la calle para impulsar las reformas, se le puede salir de las manos, deteriorando las condiciones de gobernabilidad del país.
La creciente inestabilidad interna está menoscabando el esfuerzo de equilibrios que el presidente ha promovido en el contexto internacional, tratando de mantener unas relaciones fluidas con actores divergentes, desde las potencias occidentales como Estados Unidos, hasta los movimientos radicales como el Grupo de Puebla en la región.
El presidente sabe que para Colombia resulta fundamental una buena relación con los aliados tradicionales: Estados Unidos, la Unión Europea y la OCDE. Y conviene reconocer que sus esfuerzos han dado frutos y, hasta el presente, ha contado con respaldo internacional. Al respecto, el presidente Biden ha mantenido estrechas relaciones con el gobierno colombiano; incluso, incorporándolo como un potencial aliado en la solución pacífica y democrática de la crisis venezolana.
Pero el giro radical del presidente Petro enciende alarmas y genera una creciente incertidumbre. Su esfuerzo por lograr un papel de buenos oficios en la crisis venezolana, se va debilitando, en parte pues los proyectos planteados poco avanzan. Las relaciones consulares, fundamentales para fortalecer las relaciones bilaterales, van muy lentamente; la revisión del acuerdo comercial dejó malestar en sectores productivos venezolanos y los obstáculos al comercio parecieran insalvables.
El giro radical acaba con el esfuerzo por presentar una posición relativamente equilibrada, que el presidente Petro trató de proyectar al promover la iniciativa de la conferencia internacional sobre Venezuela realizada en Bogotá. Los resultados han sido limitados, pero ha servido para fortalecer su actuación en el escenario internacional.
Ahora bien, el giro radical puede acabar con el esfuerzo realizado. En la medida que el presidente Petro se radicaliza, marca distancia con los sectores de oposición democrática, tanto en Colombia, como en la región.
Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.
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