La sentencia del TSJ sobre las universidades
El irreprimible afán por destruir
Humberto García Larralde, economista, profesor de la
UCV, humgarl@gmail.com
“Una política del resentimiento, el miedo y la ira. Ése es el
esqueleto fascista: incitación a la violencia, un vulgar materialismo, un
nacionalismo asfixiante, xenofobia, la necesidad de señalar chivos expiatorios,
la banalización del arte, el odio por la vida intelectual y una feroz
resistencia al cosmopolitismo.”
Rob Rieman[1]
Nada mejor que el epígrafe para entender el absurdo fallo de
la sala constitucional del tsj (en minúscula todo, por lo írrito de su
constitución y acción) ordenando elecciones en las universidades autónomas
(públicas) en los próximos seis meses. Es menester señalar, en primer lugar,
que en las universidades o prospectos de universidades que controla
directamente, el fascismo nunca ha realizado elecciones: designa ejecutivamente
al equipo rectoral por su lealtad política. El artículo 34.3 de la Ley
Orgánica de Educación chavista (base del fallo mencionado), alega que
una “democracia participativa, protagónica” significa igual peso al voto de
cada empleado, estudiante, egresado y profesor. Además de pervertir de forma
absoluta el carácter académico que debe tener la designación de sus
autoridades, constituye un pretexto increíblemente cínico, cuya invocación
debería avergonzar a la ponente[2]. El avance del
conocimiento científico, tecnológico y humanístico no obedece a procedimientos
democráticos. La cura del cáncer, la derrota de la inflación o la composición
de una cautivante obra literaria no se deciden por mayoría. Resultan de algo
que el oscurantismo chavo-madurista aborrece: el talento y la creatividad.
Basta una mirada a algunos elementos de la LOE, aprobada en
2009, para apreciar la inquina del fascismo gobernante en contra de la
educación. La “fuerza productiva” por excelencia hoy es el talento humano.
Su aplicación generalizada es la base de la llamada Sociedad del
Conocimiento de hoy. Pero en esta ley no hay referencia alguna a
la necesidad de capacitar al país para afrontar exitosamente los desafíos de
esta sociedad globalizada, ni a formar una ciudadanía universal, insertada
ventajosamente en la generación y aprovechamiento de los avances científicos y
tecnológicos de la humanidad. Por el contrario, la LOE prioriza los valores
nacionales y los “saberes populares, artesanales y ancestrales”, elementos de
una “venezolanidad” primitiva y restringida, aislada del mundo.[3] En las casi
10.000 palabras de la ley, la palabra “aprendizaje” (o “aprendizajes”) sólo
aparece cuatro veces; la “escuela”, nueve veces y la palabra “enseñanza”,
apenas cuatro veces. La insistencia en valores propios de un nacionalismo
atávico, la ausencia de referencia a los desafíos de la sociedad del
conocimiento moderna, los atisbos racistas que se asoman aquí y allá en esa
ley, permite argüir el carácter retrógrado y oscurantista de la concepción
“educativa” chavista.
Pero, además, con el absurdo esquema electoral del mencionado
artículo 34.3 de la LOE, el fascismo saldría todavía más aplastado que en las
elecciones universitarias realizadas conforme a la Ley de Universidades
vigente: en ninguno de los cinco padrones electorales especificados ganaría
(estudiantes, profesores, empleados, obreros, egresados). A pesar de la cantada
intención de trampear cualquier elección que pudiese presentarse bajo esta
pachotada, en absoluto pudiera legitimar su eventual “triunfo” en las
circunstancias de hoy. No es ganar la universidad a través de un sistema
electoral insensato lo que se pretende. Es simple y llanamente su destrucción.
El disparate jurídico del fallo --viola el art. 109 de la
Constitución que consagra la autonomía universitaria; es extra petita,
al sentenciar fuera de lo solicitado[4]; anula preceptos de
la Ley de Universidades; y otros desatinos más, ampara la intención de destruir
a nuestras más prestigiosas Casas de Estudio que siempre exhibió el chavismo.
Poco a poco, cual “tragavenado” constrictora, fue estrechando ámbitos de gestión
autónoma, reduciéndoles el presupuesto, atacándolas con bandas violentas que
destruían equipos y enseres e intimidaban sus estudiantes, para finalmente,
condenar a sus profesores con sueldos de hambre, obligando a muchos a buscar
horizontes foráneos que podrían proporcionarle una vida digna.
El fascismo se alimenta del resentimiento, la envidia, la sed
de venganza y los temores que resultan de la inseguridad que provocan los
cambios asociados al progreso de la humanidad. No hay nada que lo amenace más
que la búsqueda de la verdad, la contraposición de ideas, la asimilación
crítica de los avances del pensamiento universal, el cultivo de la belleza, del
respeto, la convivencia y la libertad. Son éstos, precisamente, los valores y
fines que, precisamente, corresponde cultivar una verdadera universidad. El
primitivismo, la ignorancia y la visión de secta que alimenta el oscurantismo
–bases del imaginario castro-comunista y chavista-- son su antítesis.
El único y verdadero sentido del fallo es terminar por
destruir a la universidad venezolana de calidad, con todo lo que significa. De
un régimen que se atrinchera invocando la violencia, el atraso y su divorcio de
todo lo que huele a progreso y a libertad, no podía esperarse nada distinto.
Lo irracional del fascismo se pone de manifiesto, por demás,
cuando en momentos en que está claramente de salida en Venezuela, en sus
estertores finales y cada vez más arrinconado, decide abrirse un nuevo frente
con este estúpido fallo, en vez de procurar acuerdos que les ofrezcan ciertas
garantías a sus integrantes una vez se produzca la liberación del país.
Invocando de nuevo la fábula de la rana y el escorpión: está en su naturaleza
destruir.
[1] Para combatir esta era. Consideraciones
urgentes sobre el fascismo y el humanismo. Penguin Random House, Grupo
Editorial, 2017.
[3] La presidenta de la Comisión de
Educación, Cultura y Deportes de la AN de entonces, María de Queipo,
sostenía que “la sabiduría popular sobrepasa los saberes académicos”.
Diario El Nacional, Pág. 5 Nación, 16/08/09
[4] Recurso de nulidad introducido por rectores de
las universidades nacionales sobre el artículo 34.3 de la LOE.
