Acotaciones
necesarias a las negociaciones con el chavismo
Humberto
García Larralde, economista, profesor de la UCV, himgarl@gmail.com
Los
fines de la negociación y sus implicaciones
Retornar
al ordenamiento constitucional a través de la negociación con representantes
del Madurismo será siempre preferible a que ello ocurra por medio de una
intervención extranjera. Pero el margen con que debe manejarse tal negociación
estará necesariamente constreñido por el fin buscado: la creación de
condiciones para que los venezolanos superen de forma eficaz y perentoria la
terrible situación en que la oligarquía militar - civil los ha sumido, y para
conquistar una democracia plena, con contenido.
Las
negociaciones no deben restringirse a plantear la salida del usurpador. Sea por
medio de elecciones confiables (con las garantías del caso) o por otros
mecanismos, el resultado debe apuntar al cambio del modelo funesto
instrumentado por Chávez y Maduro en contra de la población. Significa, en
primer lugar, el respeto pleno de la batería de derechos civiles, políticos y
económicos consagrados en la Constitución. Como condiciones sine qua
non, pueden citarse: Restablecer las potestades de la Asamblea Nacional;
disolver la asamblea constituyente; renovar al CNE; liberar los presos
políticos; cesar la criminalización de la protesta; respetar los derechos
humanos; convocar elecciones presidenciales confiables.
En
el plano económico es un sinsentido que todo el esfuerzo por sacar a Maduro
termine en una gestión que no dé respuesta palpable a las expectativas de
perentoria mejora en el bienestar de la población. Un nuevo gobierno que
fracase en responder satisfactoriamente a ellas tendría muy corta vida.
En
términos generales, existe consenso entre los economistas en torno a la
necesidad de instrumentar políticas creíbles y consistentes que abaten la
inflación, permitan estabilizar el tipo de cambio en un mercado libre, eliminen
los controles e incentiven las inversiones productivas para generar empleo,
abastecimiento y equilibrio en las cuentas externas. Ello está recogido en el
Plan País y, con mayor elaboración, en las discusiones entre economistas que le
sirvieron de sustento.
El
desafío económico
El
nivel tan absoluto de destrucción y de pauperización de los venezolanos
producido por Maduro y su equipo genera esperanzas de mejora inmediata entre
los venezolanos, lo que plantean un serio desafío a un eventual gobierno
democrático futuro. Entre los elementos de mayor impacto están:
1) El
salario mínimo se encuentra actualmente en menos de tres dólares al
mes. Tengamos en cuenta, además, el aplanamiento de la escala salarial
en torno a este nivel, con lo que la mayoría de los asalariados ganan menos de
cinco veces esta cantidad[1].
2) La
estabilización del precio de la divisa, en un mercado sin restricciones,
presupone una apreciable corrección de la paridad, actualmente sobrevaluada.
Esto significa que se despreciará el bolívar, lo que reducirá aún más los
salarios arriba mencionados en dólares.
3) La
recuperación de los servicios públicos, factor central al bienestar de los
venezolanos, obligará a un proceso eventual de sinceración de sus precios para
garantizar su prestación eficiente.
Condiciones
para el ajuste expansivo del Plan País
El
programa de estabilización económica planteado en el Plan País augura un
crecimiento rápido de la producción, el empleo y de los salarios reales. Ello
se fundamenta, entre otras cosas, en la altísima capacidad ociosa del aparato
productivo doméstico que actualmente opera, en promedio, a menos del 30 de su
capacidad. Un cambio político que restablezca las garantías legales a la
propiedad y de orden procesal, elimine la inflación, levante los controles y
asegure el acceso sin restricciones a la divisa, debe provocar una respuesta
inmediata, fuertemente expansiva, de empresarios locales e inversionistas
foráneos. No obstante, ello dependerá de las siguientes condiciones, que están
interrelacionadas:
1) Un
significativo financiamiento internacional, con una reestructuración a fondo de
la deuda pública.
2) La
apertura de la industria petrolera a la inversión privada.
3) Un
incremento significativo y a muy corto plazo en la productividad laboral.
4) Un
gobierno que dé confianza, dotado de un equipo económico altamente calificado.
Las
magnitudes requeridas de financiamiento externo sólo las podrá proveer la banca
multilateral, con el FMI a la cabeza, a la cual habrá de sumarse préstamos
bilaterales, la reapertura del crédito internacional y la inversión privada.
Pero tal financiamiento estará sujeto a un programa creíble, coherente y
factible de recuperación de la economía, que proyecte una imagen de solvencia
en el tiempo ante la banca y los inversionistas foráneos, y que permita el
reembolso del financiamiento en los plazos acordados. La existencia de un
gobierno serio, dotado de un buen programa y de personal directivo altamente
calificado, debe transmitir la confianza necesaria para que las
transformaciones requeridas se instrumenten de manera eficiente y oportuna.
Esto posibilitará negociar una restructuración a fondo de la deuda pública
externa, con apoyo del FMI, para que Venezuela pueda atender los compromisos
internacionales que de ahí se deriven, pagar sus importaciones y aspirar a
dinero fresco.
No
habrá milagro petrolero que venga al rescate
La
recuperación de la industria petrolera habrá de aumentar los ingresos por
exportación de crudo. Pero ya no habrá milagro petrolero. En el mejor de los
casos, la producción anual podrá incrementarse en el equivalente a 250.000 a
300.000 barriles diarios. De manera que el país podrá alcanzar un nivel
respetable de producción (en torno a los 2,5 millones b/d) en unos seis años.
En términos per cápita, la producción estará apenas por la mitad de la
existente en los años ’70. Además, la atracción del capital requerido para esta
expansión requiere reducir la carga impositiva a la industria, de manera que
esta mayor producción, si bien generará empleo y encadenamientos con
proveedores locales (los que sobrevivieron junto a los nuevos), no aumentará en
proporción los ingresos del estado. Es decir, esta vez la renta petrolera no
vendrá al rescate.
Más
allá, las expectativas son poco favorables a un aumento abrupto en los precios
internacionales del crudo, tanto por el incremento de la oferta (fracking en
EE.UU., no limitado por cuotas o restricciones políticas), como por la
ralentización y eventual reducción de la demanda por el desplazamiento
progresivo de los combustibles fósiles ante consideraciones climáticas, junto a
la disminución en los costos de fuentes alternativas de energía. Los esfuerzos
por reducir el uso de los combustibles fósiles acortan la vida de Venezuela
como país petrolero. Algunos calculan una ventana de apenas tres décadas, antes
de que caiga aceleradamente la demanda por nuestro crudo.
La
importancia decisiva de mejorar perentoriamente la productividad
La
terrible pauperización de la población venezolana a manos de Maduro y los suyos
obliga a concertar de inmediato la transferencia de recursos a los sectores más
humildes a fondo perdido. Pero la viabilidad de que órganos multilaterales
accedan a financiar tales transferencias se sustenta -más allá de
consideraciones humanitarias-, en la condición de que sean progresivamente
reducidas y/o en su eventual reembolso. El financiamiento externo es renuente
al gasto corriente improductivo. Más allá, debe considerarse la sinceración de
los precios / tasas de los servicios públicos y el efecto de la depreciación (pass-through) sobre
los precios domésticos. De manera que la mejora tan ansiada en los ingresos de
la población habrá de descansar, por fuerza, en el incremento en la
productividad laboral.
Aumentar
drásticamente la productividad cuanto antes es factible, sin mayores
inversiones, si se logra aprovechar la holgada capacidad ociosa de la planta
productiva del país. Pero numerosos factores entraban tal aprovechamiento.
Citamos los siguientes:
a) La
ausencia (por emigración) de mano de obra calificada y de talento profesional;
b) El
colapso de los servicios públicos y de la infraestructura física;
c) Un
marco institucional –leyes, reglamentos— asfixiante y punitivo;
d) La
ausencia de servicios especializados de apoyo;
e) La
destrucción del tejido industrial (clusters): proveedores, industrias
complementarias, de servicios.
f) Una
banca “enana”, que ha visto reducir sus activos en dólares en casi un 90% desde
2013;
g) El
colapso de la capacidad de respuesta administrativa del Estado en muchas áreas;
h) La
necesidad de pagar remuneraciones competitivas para atraer talentos y personal
calificado, en una economía en la que el salario promedio está por debajo de
los $10 mensuales. La inversión extranjera contemplaría sueldos competitivos
para sus operaciones, pero sueldos atractivos que retengan el personal
calificado requerido para hacer funcional al estado, recuperar y mantener los
servicios públicos, es políticamente problemático cuando la remuneración
general es tan miserable.
Es
imprescindible articular un programa especial dirigido a resolver estas
insuficiencias. La inversión extranjera podrá llenar algunos vacíos en el corto
plazo, pero será mayor contando con un programa que identifique las
oportunidades y la secuencia de acciones deseada para su superación.
Finalmente,
la reestructuración eficaz de la deuda pública externa habrá de liberar
recursos requeridos para importar los equipos e insumos que exigirá la
reactivación económica, así como los bienes de consumo y servicios para
complementar la demanda final. Ello es crucial, dado el enorme peso que tiene
su servicio bajo las condiciones actuales. Si bien en el tiempo se prevé que
las inversiones se traduzcan en un aumento sostenido en las exportaciones
(petroleras como no petroleras), sin reestructurar la deuda la economía verá
comprometida su crecimiento en el corto plazo.
Implicaciones
para el actual proceso negociación
La
criminal destrucción de las condiciones de vida de los venezolanos urdida por
la oligarquía militar – civil no ofrece mayores márgenes para negociar un
gobierno de transición con factores del chavismo. Estamos frente a un estado
fallido que pone en entredicho la propia viabilidad de Venezuela como país si
no se acometen de inmediato profundos cambios. Tal precariedad restringe las
posibilidades de una transición exitosa, que abra las puertas a una
recuperación sostenible, a las siguientes opciones:
1. Gobierno
nuevo, comprometido con el rescate de la institucionalidad democrática liberal,
resultado de desplazar por completo al madurismo del poder, bien sea por la
implosión de sus bases de sustento (renuencia militar a seguir apoyándolo) o
por una intervención extranjera, que consiga piso en factores domésticos para
reconstruir la democracia. Es un escenario tipo “borrón y cuenta nueva”.
2. Gobierno
de coalición con los factores más sanos del chavismo, resultado de una
negociación que acuerde las condiciones sine qua non mencionadas
al comienzo de este escrito y convoque de inmediato elecciones presidenciales
confiables.
El
primer escenario es el más favorable para el futuro de Venezuela, pero también
el más complejo en términos del manejo satisfactorio de las expectativas de
mejora del venezolano, pues necesariamente implica una ruptura completa
con la cultura rentista. Si bien durante los primeros dos años (quizás más)
tendrá que existir una combinación de servicios subsidiados con transferencias
directas a los hogares más necesitados --hasta que la recuperación de la
economía pueda asegurar condiciones de vida aceptables a la población--, tales
medidas deben entenderse como transitorias. La ventaja de este escenario es
que, al tener un programa coherente (Plan País) que de confianza y un equipo de
gobierno altamente calificado, será factible concertar un generoso apoyo
financiero con el FMI y el BM.
El
segundo escenario posiblemente implicará continuar dependiendo de algunos
programas de reparto, combinado con subsidios a servicios y controles de
precio. Al no enfrentar la cultura populista / rentista, habrá de generar
problemas crecientes en el tiempo por su ineficacia en proveer condiciones para
sacar a la población de la miseria. Disuadirá, por tanto, la prestación de
recursos más allá de la ayuda humanitaria. Quizás la lucha contra la corrupción
–de permitirla el componente chavista del gobierno—provea recursos que permitan
mejoras apreciables en algunos puntos (servicios públicos, importaciones)
En
fin, las condiciones mínimas que justifiquen llegar a acuerdos con factores del
chavismo a través de la negociación son muy exigentes. Constituyen una camisa
de fuerza irrenunciable. No tiene sentido acordar una coalición que no las
cumpla. Y esto va para aquellos ilusionados con un gobierno de “Unidad
Nacional”, a cuenta que observan grietas en la estructura mafiosa de
dominación. Seguir “muddling through” con un gobierno de transición mixto es
inhumano, dadas las condiciones actuales de pobreza extrema y, además,
inviable.
Para
facilitar un acuerdo satisfactorio se requiere, como todos sabemos, hacer
concesiones. Se ha ofrecido, levantar las sanciones a quienes renieguen de la
dictadura y ayuden a restablecer el ordenamiento constitucional, la posibilidad
de un régimen transicional para juzgarlos --como ocurrió en las negociaciones
de paz en Colombia--, así como eventuales períodos de gracia (para que puedan
esfumarse). Es de suponer, además, que la inviabilidad futura evidente del
madurismo, contribuya a que algunos de quienes lo apoyen, abandonen el barco
antes de que se hunda. La incógnita está en saber si esos chavistas “sanos”
existen y si tienen suficiente peso en el poder como para asegurar la salida
pacífica de la mafia Maduro – cúpula militar.
[1] el sueldo de un profesor titular a
dedicación exclusiva de una universidad pública es menos de siete veces el
salario mínimo, equivalente, al momento de escribir estas reflexiones, a solo
diecinueve dólares al mes.
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