Prof. Luis Angarita
Luego de la más que anunciada rueda
de prensa de las autoridades monetarias y económicas del país, las expectativas
que se habían generado los distintos actores económicos en la búsqueda de
señales que permitan la reactivación de la economía venezolana, y reglas de
juego más claras para la adquisición, distribución y aprovisionamiento de
mercancías para la sociedad, fueron desinfladas con las medidas aplicadas por
los planificadores del nuevo sistema cambiario.
Dólar preferencial, dólar barato
El establecimiento de controles de
cambio tiene una posibilidad casi infinita de herramientas y mecanismos para el
control tanto del precio de venta, como la cantidad o volumen de divisas que se
negocien en el sistema administrado. Uno de estos mecanismos que ha usado el
gobierno en distintos momentos y que se mantiene con el nuevo esquema anunciado
es el de precios diferenciados, es decir, el establecimiento de dos o más
niveles de precios de acuerdo al uso y destino de las divisas asignadas.
En el pasado este mecanismo se aplicó
con la intención de favorecer a aquellos sectores que requerían, para el
facilitar su proceso productivo, de insumos importados que no existieran en el
mercado nacional, y que no afectaran de una manera importante su estructura de
costos. De esta manera es natural que aquellos sectores beneficiados sean
aquellos para generar capacidades productivas, bien sean importación de bienes
de capital, bien sea financiamiento de estudios en el extranjero (como forma de
inversión social).
El problema que plantea este régimen,
es que induce a un proceso de arbitraje por parte de los buscadores de renta,
quienes buscan favorecerse de un precio “artificialmente” barato de la divisa,
y poder tener ganancias súbitas al transar lo asignado en un mercado paralelo,
o a través de mercancías relativamente caras. El sistema discrecional y
discriminatorio (la autoridad cambiaria decide a quién otorgarle el beneficio y
a quién no) se hace vulnerable a mecanismos de soborno y corrupción por parte
de quienes luchan por ser “favorecidos” por el precio preferencial de la
divisa. De esta manera, todo régimen diferenciado reproduce espacios de
corrupción y de discriminación en la asignación de las divisas.
En la actualidad, de los anuncios
realizados en la citada rueda de prensa se entiende que: el Centro Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX) establece una tasa de cambio preferencial de 6,30
Bs/$, en la que se debe destinar el 70% de las asignaciones totales a las
importaciones de alimentos y medicinas que satisfagan el consumo interno a lo
largo del año 2015. Lejos de este anuncio está la generación de capacidades
productivas para el impulso de la economía interna, bien sea de la industria de
los alimentos, o la industria farmacéutica, lo que implica una política
que retrasa la activación de dichas industrias al tener que competir con la
importación artificialmente barata que favorece el gobierno, bien sea a través
de la Corporación de Comercio Exterior, o bien sea a través de las asignaciones
discriminatorias hechas por CENCOEX.
En un segundo plano queda el Sistema
Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD), que en teoría funciona bajo un
mecanismo de subastas complicado y poco transparente, que al final del día sólo
se soporta por la oferta de divisas que hace el gobierno (quien tiene el
control de la gran mayoría de las divisas del país) y que es quien anuncia la
tasa final del intercambio derivado de la subasta. Su inicio se establece a
partir de una tasa de 12Bs/$ y puede fluctuar en función de las jornadas de
adjudicación que realice el Banco Central de Venezuela. Este mecanismo está
destinado a dar fondos a las distintas industrias del sector productivo para la
adquisición de insumos para la producción nacional y contará con el 30%
restante de las asignaciones totales de divisas por parte del gobierno central.
Una tasa de 12 Bs/$ luce de igual manera sobrevalorada en comparación con
precios de referencia tales como la Paridad del Poder Adquisitivo (30 Bs/$
aproximadamente) o la relación de Reservas Internacionales versus Masa
Monetaria llamado también dólar implícito (MM/RI 95 Bs/$). Esta
brecha genera la expectativa que el tipo de cambio en el SICAD se vaya
devaluando a lo largo del tiempo, lo que encarecería la producción nacional
dependiente de insumos importados.
Lo semántico es importante, el SIMADI
El creado Sistema Marginal de Divisas
(SIMADI) tiene la importancia de favorecer a la legalización de un mercado
paralelo que se había generado a partir de la creación de controles de cambio,
y más aún con la eliminación del mecanismo de permuta de títulos valores
denominados en dólares. En la actualidad, este ha marcado un precio de
referencia en el comercio transfronterizo de aproximadamente 190 Bs/$, lo que
implica una tasa 30 veces mayor al tipo de cambio oficial. El significado de
marginal aplica perfectamente en las disposiciones del gobierno, ya que
advierte que el 100 % de divisas serán asignadas a los mecanismos antes
expuestos, y sólo aquellas divisas “adicionales” son las que participarían en
el SIMADI. De esto surge la pregunta principal, ¿de cuáles fondos se surtirá
este sistema para operar de forma “abierta y libre” tal como fue anunciado? Una
suposición lógica sería a partir de los fondos privados que estén dispuestos a
vender en dicho mercado, pero el problema fundamental es, ¿de dónde sacarán
dólares los productores privados si no participan del comercio internacional?
El riesgo latente
La necesidad de haber propuesto un nuevo
sistema cambiario obedece esencialmente a la escasez de divisas que tienen las
cuentas externas de la economía venezolana. Uno puede advertir que la caída de
los ingresos petroleros pueden afectar esta posición externa pero que, de
manera estructural, ésta ha venido presentando dificultades derivadas de la
exacerbación de la dependencia en las exportaciones petroleras, sin generar
fuentes alternas de atracción de recursos externos (bien sea por exportaciones
no petroleras o por Inversiones Extranjeras), lo que ha llevado a un
estancamiento de los ingresos en un escenario de necesidades de
importaciones crecientes, y una posterior amenaza a las cuentas comerciales del
país.
Aunado a esta situación que
compromete al saldo de la balanza comercial venezolana, se presenta de manera
más evidente la necesidad de honrar deudas contraídas en el pasado reciente, lo
que ha elevado nuestra deuda externa a una razón 5 veces mayor que las Reservas
Internacionales (22 mil millones de US $) lo que hace evidente una necesidad de
recursos creciente, en un escenario de caída de los ingresos en divisas.
Esta situación es la que motiva a
generar criterios de ahorro y de escasez en la adjudicación de divisas y, hasta
ahora, el mecanismo expuesto (70% CENCOEX -30% SICAD) sólo muestra una
orientación hacia la satisfacción del consumo presente, sin mostrar indicios de
fomentar medios que fomenten la generación de capacidades productivas que
reduzcan la dependencia de recursos externos, bien sea por la disminución de la
importaciones por sustitutos nacionales, o por el impulso del sector
exportador.
Y esta tendencia, de mantenerse en el
futuro cercano aumentará los desequilibrios externos ya que, este nuevo
mecanismo de pagos no favorece ni a la reducción de la demanda de divisas, ni
al aumento de la oferta de dólares, bien sea por bienes exportables o por
inversiones, lo que acentúa en el porvenir la necesidad de una fuente de
financiamiento externa extraordinaria.
La sombra del Default
En lo transcurrido del año 2015,
(apenas mes y medio), las expectativas negativas han venido creciendo de manera
acelerada, llevando a las principales calificadoras de riesgo (S&P,
Moodies) aumentar el riesgo crediticio sobre los bonos de Deuda Publica
Nacional venezolanos, y la consecuente amenaza acerca del impago de los
compromisos de deuda externa, conocido también como Default.
Si bien, Venezuela tiene un stock de
activos en el extranjero que pueden ser liquidados para afrontar necesidades de
pago en el corto plazo, esta acción implicaría una descapitalización que
implicaría la pérdida de CITGO como empresa de comercialización de
hidrocarburos en el mercado norteamericano, así como la venta de refinerías en
el Caribe, y “cuentas por cobrar”, con descuentos importantes. Todo lo
mencionado apunta a que las medidas tomadas en materia económica hasta los
momentos, no resuelven el problema de fondo de las capacidades productivas del
país, y lo colocan al borde de tomar la difícil decisión de acudir a una fuente
de financiamiento masivo externo, o declarar la moratoria de pagos su Deuda
Externa.
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