Tomado de http://red-ara-venezuela.blogspot.com/2016/06/la-red-ara-rechaza-el-decreto-que.html
domingo, 12 de junio
de 2016
La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) se une a diferentes organizaciones y personalidades en el rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de implementar el llamado Macroproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) el cual se plantea como una pretendida solución económica ante la caída de los precios del petróleo.
Esta decisión, más que colocarnos en la senda de un desarrollo sustentable, bajo los lineamientos del artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, profundiza el actual modelo rentista y extractivista; contradice los principios de seguridad de la Nación definidos en el artículo 326 de la misma Constitución; viola derechos humanos y ambientales, desconoce obligaciones establecidas en el texto constitucional; parece derogar de hecho normas legales vigentes de protección y control ambiental; así como pretende sea implementada desechando el conocimiento científico y las prácticas ambientales reconocidas internacionalmente y la necesidad urgente de disminuir el impacto de la acción humana sobre el ambiente.
Tanto la escala del proyecto, como su enfoque economicista resultan alarmantes: En particular en el mismo resaltan los siguientes aspectos:
·
Se está delimitando una zona a ser intervenida de cerca de 112 mil
km2. Ésta representa casi 12% del territorio nacional, una superficie similar a
países como Cuba o Guatemala. Asimismo se habla de la convocatoria a 150
empresas transnacionales, las cuáles, en la mayor parte de los casos,
realizarían minería a cielo abierto. Jamás en la historia previa del país se
había planteado esa escala de destrucción ambiental.
·
Se resalta la presencia en el AMO de recursos minerales altamente
codiciados tales como: oro, diamante, coltán, hierro, bauxita y tierras raras.
Pero a la vez, se oculta el hecho de que la región contiene riquezas mucho más
valiosas para el país que estos minerales. Éstas incluyen una muy alta diversidad
biológica, paisajes naturales únicos, la presencia del Complejo Hidroeléctrico
del Bajo Caroní (productoras del 70% de la energía eléctrica nacional); así
como diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, incluyendo Parques
Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna Silvestre y Reservas
Forestales.
·
Se resaltan las fabulosas ganancias que serían derivadas de la
explotación de los minerales presentes. Pero no se hace mención de los enormes
costos que tendrá para la Nación los daños socioambientales inherentes a este
tipo de proyectos. Éstos pueden incluir la pérdida de especies y ecosistemas
únicos; la contaminación del agua; la colmatación de los ríos; la destrucción
de paisajes; el aumento del riesgo de catástrofes tecnológicas; la pérdida y
contaminación de los suelos; la bioacumulación de contaminantes en la cadena
trófica; la disminución de la calidad del aire; el aumento de enfermedades
infecciosas; así como el deterioro derivado, tanto del desarrollo de servicios
actualmente inexistentes en el área (vialidad, vivienda, salud, educación) como
del posible crecimiento urbano no planificado en los alrededores de las zonas
mineras, entre otros efectos.
·
Se intenta convencer al país sobre la supuesta base ecológica
(Ecosocialista) que tendrían los proyectos mineros realizados en el AMO. Pero
se oculta el hecho de que la experiencia global indica de manera innegable que
no existe en ninguna parte del mundo ejemplos de una pretendida “minería
ecológica” y mucho menos con las metodologías propuestas. Que por lo contrario
la minería es y será una actividad ambientalmente destructiva y a largo plazo
económicamente insustentable. Bajo esas premisas, los países responsables,
buscan desarrollar proyectos mineros de bajo impacto, a escalas manejables, en
territorios estrictamente delimitados por procesos profesionales de ordenación
del territorio y bajo control riguroso, tanto gubernamental como social.
·
Aunque el decreto y sus proponentes hacen mención de que se respetarán
los derechos de las comunidades indígenas presentes en el territorio afectado
por el AMO, en contraste, diversas organizaciones indígenas han denunciado que
estas comunidades no fueron consultadas. Por ello, este proyecto no cuenta con
el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas
existentes en la zona, tal como lo exige la Constitución, las leyes y los
tratados internacionales. Ello es más preocupante, debido a que existen sólidas
razones para afirmar que este proyecto vulnerará derechos humanos fundamentales,
así como culturales, territoriales y de hábitat de los pueblos y comunidades
tanto indígenas como criollas que habitan la región. Estas comunidades tienen
el derecho a construirse un futuro más allá de convertirse en meros
trabajadores asalariados de las empresas mineras y a la destrucción definitiva
de sus territorios, sus hábitats y sus culturas.
Todo lo anterior, se magnifica debido a la extraordinaria opacidad y aparente improvisación con que se realizó este proyecto.
En tal sentido nos preocupa enormemente el desconocimiento del historial socio-ambiental de las empresas interesadas en obtener concesiones en el AMO. En los pocos casos donde se ha informado el nombre de alguna empresa, existen dudas sobre las responsabilidades que asumirán las mismas con la legislación y futuro del país.
Asimismo, es alarmante la incertidumbre sobre quiénes serán los garantes del cumplimiento de nuestra ya pisoteada legislación ambiental. Como fue denunciado previamente por la Red ARA, un precedente nefasto fue la eliminación del Ministerio del Ambiente en el año 2015 y la posterior creación de un Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. El primero de ellos, creado en 1977, había acumulado una extensa experiencia en materia de metodologías y prácticas relacionadas con el control ambiental. Por su parte, el nuevo ministerio se crea sobre una base doctrinaria política y no técnica, a partir del cual no solo se desechó el legado de experiencias y conocimientos del Ministerio del Ambiente, sino que se ha producido un desmantelamiento sistemático del capital humano de esa institución a través de la persecución, hostigamiento y menoscabo de las condiciones de trabajo de los funcionarios que laboran en el mismo.
Más recientemente, en un nuevo y peligroso giro institucional, el Presidente de la República anunció la creación de un “Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico”, que entre otras competencias tendría la de conceder las autorizaciones ambientales en el AMO. Resulta por lo menos asombroso pensar en un Ministerio dirigido a la promoción minera, controle de manera idónea y responsable el desempeño ambiental de las cientos de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos mineros en toda el área incluida en el AMO. Esto último además, sin experiencia previa, ni estructura organizativa, funcional, ni operativa.
En función de lo anterior, la Red ARA considera que el AMO representa un peligro mayor para el ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de la población, tanto en la región de Guayana como en todo el país, incluso con posibles repercusiones internacionales debido a la diseminación a gran escala de contaminantes. En tal sentido, consideramos que, si este proyecto es implementado, pudiera convertirse en el mayor ecocidio jamás perpetrado en el país y potencialmente en un etnocidio que destruiría los pueblos y culturas originarios presentes en la zona.
En contraste con el AMO, creemos que toda la cuenca del Orinoco contiene suficiente potencial biológico, socionatural y cultural que permitiría fácilmente plantear un “Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco”, donde la protección ambiental y de las comunidades indígenas se articule con diversas alternativas económicas sustentables, tales como la agroecología, el ecoturismo y el uso sustentable de los recursos biológicos locales, entre otras posibilidades. Ello sin dejar de lado los planes de vida de nuestros pueblos y comunidades originarias. Estas propuestas pueden resultar en un desarrollo productivo a largo plazo de las comunidades locales tanto indígenas como criollas.
Por estas razones, la Red ARA:
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Exige al Ejecutivo Nacional derogar de manera inmediata el Decreto N°
2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40.855, de fecha 24 de febrero del 2016.
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Exhorta a las autoridades nacionales y regionales a iniciar un diálogo
efectivo, incluyente y democrático con todos los actores sociales en la Guayana
venezolana, conducente a iniciar un programa de desarrollo regional basado en
criterios de sustentabilidad, democracia, justicia social, participación
protagónica y respeto por los derechos humanos.
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Alerta a la comunidad internacional y en particular a las organizaciones
ambientalistas en todo el mundo a activarse en el rechazo al proyecto del Arco
Minero del Orinoco y en solicitar al Ejecutivo Nacional de Venezuela derogarlo
de manera inmediata.
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Propone a toda la ciudadanía y en particular a las organizaciones,
movimientos ambientales, organizaciones de desarrollo social, de defensa de los
Derechos Humanos, grupos de opinión, universidades, academias, y otras
instituciones del país, a unir fuerzas en la defensa de los derechos
ambientales de Venezuela y en este contexto en el rechazo unánime y activo
contra el decreto del Arco Minero del Orinoco.
Red ARA / Junio 2016
Contactos Comité Coordinador Red Ara
Luis Jiménez 0416 3625377
Marjorie Sosa 04166241681
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