Nicaragua: ¿alguna esperanza?, por
Félix Arellano
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Resulta sorprendente y admirable cómo el pueblo nicaragüense, no obstante enfrentar una larga historia de opresión política con breves periodos de libertades —y en los últimos años bajo una creciente represión—, mantenga un espíritu libertario que se expresó ampliamente durante las fuertes protestas que, a nivel nacional, se desarrollaron en año 2018; reprimidas con sangre por el protervo binomio de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Cabe alertar que en estos momentos el autoritarismo sandinista se está incrementado, para evitar que se consolide la unidad de la oposición democrática frente a un nuevo proceso electoral, previsto para el de noviembre del presente año. Ahora bien, las contradicciones podrían generar que la represión contribuya a mantener la fuerza de la lucha democrática y propicie la construcción de un nuevo y sólido liderazgo nacional en la persona de Cristiana Chamorro Barrios.
Conviene recordar que el binomio de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, llega a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, en el año 2007, por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que controlan plenamente. Ocurrió gracias a una irregular maniobra jurídica, apoyada por el expresidente Arnoldo Alemán, que redujo el tope establecido en la normativa para ser considerado vencedor en la contienda electoral; es decir, reduciendo el nivel de apoyo necesario.
Desde que el binomio Ortega-Murillo asume el poder en el 2007, donde se mantienen y aspiran a una cuarta reelección en noviembre, el país ha avanzado, con una frágil institucionalidad democrática, de un débil autoritarismo competitivo hasta llegar, en los actuales momentos, a un autoritarismo hegemónico con una creciente violación de los derechos humanos y muy limitados espacios de libertad; todo bajo el control de la pareja presidencial.
La pareja presidencial ha logrado mantenerse en el poder por una combinación de diversos factores. En el plano nacional, mediante el férreo control de instituciones fundamentales, entre otras, su partido el FSLN, las Fuerzas Armadas y policiales, los grupos paramilitares que dirigen directamente, el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Poder Legislativo —donde el FSLN cuenta con 71 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional— y la mayoría de los medios de comunicación.
Adicionalmente, han avanzado en la fragmentación de los partidos políticos de oposición y la sociedad civil. Desde el ámbito internacional recibieron durante varios años los beneficios del despilfarro de la chequera petrolera bolivariana, lo que facilitó la política clientelar de compra de aliados y la colosal corrupción que caracteriza al régimen. También ha sido importante el apoyo de la dictadura cubana, con su amplia experiencia en represión social, y de Rusia en su búsqueda de liderazgo internacional.
En este año, en el marco del incremento del despotismo, el gobierno ha decidido la apertura de una arbitraria investigación contra Cristiana Chamorro Barrios por supuestos manejos financieros irregulares, luego de manifestar su interés de participar en proceso de selección del candidato presidencial del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), uno de los pocos partidos de la oposición democrática que aún se mantiene habilitado para participar en las próximas elecciones. Paralelamente, ha iniciado el hostigamiento contra su familia y, recientemente, un funcionario del Poder Judicial, controlado por el sandinismo, ha aprobado la orden de arresto domiciliario de la señora Chamorro.
El binomio Ortega-Murillo debe celebrar que, mediante el uso arbitrario de la autoridad, está despejando el panorama para perpetuarse en el poder; empero, puede resultar un triunfo pírrico, toda vez que genera efectos contradictorios. Por una parte, el asedio contra la señora Cristiana Chamorro fortalece su liderazgo a nivel nacional, necesario en la crisis política nicaragüense. Por otra parte, deteriora los frágiles vínculos alcanzados con la comunidad democrática internacional, en particular en el marco de la OEA, que permitieron calmar los graves efectos de las protestas del 2018.
Conviene recordar que la brutal represión de las fuerzas policiales y paramilitares del gobierno sandinista contra las protestas populares —en particular de jóvenes que luchaban por la libertad— que se extendieron desde abril del 2018 hasta principios del 2019 —que, según informes de la OEA, ha dejado un saldo de aproximadamente 328 muertos, más de 2000 heridos y unos 700 desaparecidos— generó un contundente rechazo de la comunidad internacional y, en particular, de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Adicionalmente, activó el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el marco de la OEA.
Frente a la presión nacional e internacional, la pareja presidencial sagazmente logró calmar las aguas, promoviendo un proceso de diálogos nacionales, con la activa participación de la Iglesia católica y, en el plano internacional, se comprometió con la OEA a promover reformas electorales, orientadas a definir condiciones competitivas en nuevo proceso electoral del 2021.
En los compromisos con la OEA se definió el mes de mayo como la fecha límite para la adopción de las reformas, proceso que podía resultar sencillo para el sandinismo, que controla el Poder legislativo, el Consejo Supremo Electoral y el Poder Judicial.
Finalizado el mes de mayo, nos encontramos con que el gobierno sandinista no ha cumplido los compromisos asumidos en los diálogos nacionales ni con lo pactado con la OEA y, por el contrario, está avanzando en un proceso de destrucción de la oposición democrática al inhabilitar a la gran mayoría de partidos políticos que forman parte de la Coalición Democrática, plataforma que han conformado varios partidos de oposición para participar unidos en la contienda electoral.
Ante la arremetida autoritaria del sandinismo para perpetuarse en el poder, el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea han manifestado su categórico rechazo, tanto a la percusión contra la familia Chamorro y otros líderes democráticos; como al creciente deterioro de las condiciones electorales del país. Adicionalmente, la Coalición Democrática ha solicitado a la OEA que retome el debate de la aplicación de la Cláusula Democrática.
El caso nicaragüense ilustra y confirma los nuevos procedimientos del radicalismo, que ha abandonado el camino de las armas para tomar el poder, y aprovecha las bondades de la democracia para manipular y engañar a una población que enfrenta graves necesidades y espera soluciones inmediatas.
El radicalismo miente y manipula para lograr el voto popular; luego, al llegar al poder, desarrollar el libreto del desmantelamiento de las instituciones y el empobrecimiento de la población para someterla con facilidad., Frente al espíritu libertario de los pueblos incrementa la represión y la sistemática violación de los derechos humanos.
Por otra parte, el caso nicaragüense también evidencia las limitaciones de la comunidad internacional para enfrentar, de manera oportuna y eficiente, la conformación de una deriva autoritaria en gobiernos que gozan de legitimidad de origen, pero van destruyendo la democracia en su actuación cotidiana, con el objeto de perpetuarse en el poder. Ante tal situación, si bien las cartas democráticas representan un avance conceptual, con el tiempo han demostrado sus limitaciones, sujetas a la discrecionalidad y oportunismo de los gobiernos.
Es cierto que la solución de los problemas internos no está en manos de la comunidad internacional; empero, su labor de alerta temprana debería ser más dinámica y efectiva, pues los gobiernos autoritarios cuentan con apoyos y recursos para destruir las posibilidades de acción de sus pueblos. En este contexto, nos encontramos con una lista de pueblos reprimidos a sangre y fuego en su lucha por retomar la institucionalidad democrática, entre otros, Ucrania, Myanmar y varios países en la región y Nicaragua representa un caso emblemático.
Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.
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