La ANCE ante las recientes medidas
económicas
La Academia Nacional de Ciencias
Económicas (ANCE), alarmada por el sostenido deterioro en las condiciones de
vida de los venezolanos, se siente en la obligación de dirigirse al país para
reiterar preceptos básicos de la ciencia económica que ofrecen pautas para la
superación de tan grave trance.
La actividad económica obedece a
incentivos. Las empresas producen y/o comercializan bienes y servicios con la
expectativa de obtener un beneficio que remunere adecuadamente su inversión y
sus esfuerzos. Un obrero valora ser remunerado dignamente al cumplir con sus
labores. El consumidor busca que el dinero que entrega en pago de bienes y
servicios sea compensado con la calidad de éstos. El amparo de tales incentivos
impulsa la economía hacia niveles crecientes de bienestar, como lo muestra la
experiencia de numerosos países de desarrollo exitoso. Ello debe plasmarse en
un marco institucional adecuado que genere un ambiente de abierta competencia,
libre movilidad de los recursos productivos, transparencia y bajos costos en
las transacciones a efectuarse, garantías jurídicas y estabilidad
macroeconómica, en el que los precios y las remuneraciones premian el esfuerzo
y la capacidad de innovar. Debe velarse, igualmente, porque la actividad
económica redunde en objetivos deseados de justicia social y de protección ambiental.
Asegurar un marco institucional
idóneo para superar la grave crisis económica debería ser la principal
responsabilidad del actual gobierno. Lamentablemente, ha preferido continuar
con las políticas económicas de su predecesor, Hugo Chávez, quien desmanteló
las instituciones favorables a la economía de mercado y a las libertades
individuales, confiscó empresas e instrumentó mecanismos de control y
regulación, generando un ambiente de gran incertidumbre y de acoso al sector
privado, que desincentivó sus actividades. Bajo la creencia de que el ingreso
petrolero bastaba para alcanzar los propósitos del gobierno, se intervino el
sistema de precios, sometiéndolo a consideraciones políticas. El reparto de la
renta y otros recursos centralizados en manos del Ejecutivo liquidó los
estímulos para aumentar la productividad, para el uso racional de los recursos
como sostén de mayores niveles de consumo en el tiempo y para la adecuada
remuneración al esfuerzo productivo. Se exacerbó así el intervencionismo y el tutelaje
estatal que habían minado la estrategia de “sembrar el petróleo” de gobiernos
anteriores.
El reforzamiento de reglas de
juego no mercantiles, en un ambiente opaco en el que no se rinden cuentas sobre
la aplicación de los recursos públicos, premia la discrecionalidad en la toma
de decisiones a favor de intereses partidarios. Los precios regulados,
divorciados de sus costos de producción y comercialización –incluyendo el
incentivo de una ganancia adecuada-, la obligatoriedad de sacar permisos de todo
tipo para distribuir productos y la amenaza de sanciones severas para las
empresas que no cumpliesen, incentivó la búsqueda del lucro fácil para todo
aquél que tuviera cómo intervenir en la aplicación de tales medidas. La brecha
entre los precios de los bienes regulados y los de reventa que están dispuestos
a pagar los consumidores, el aprovechamiento del diferencial cambiario para
vender tales bienes en países vecinos y convertir los proventos al tipo de
cambio paralelo, las increíbles fortunas que posibilitan tales prácticas en el
caso de la gasolina, las oportunidades para extorsionar a productores y
comerciantes que ofrecen las regulaciones punitivas a sus actividades, y la
opacidad con que se efectúan muchas transacciones públicas, al margen del escrutinio
de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación, han terminado por
arrollar los baluartes morales que pudiesen evitar tales prácticas en distintas
esferas del poder. Como era de esperar, se han creado poderosos intereses en
torno a la permanencia de estos mecanismos de intervención y control. Constituyen la
principal explicación de la resistencia del Ejecutivo a la rectificación de
políticas para poder superar las terribles penurias que sufren los venezolanos.
Los excesivos controles de precio
en Venezuela se asocian a la inflación más alta del mundo, un desabastecimiento
extendido, desempleo, un empobrecimiento acelerado y un aparato productivo en
el suelo. Pero el gobierno pretende ocultar tan notoria evidencia inventando
una supuesta “guerra económica” de factores internos y externos contra el
pueblo para explicar sus carencias. Ello es recogido en el Decreto de Estado
de Excepción y de Emergencia Económica que el Presidente se hizo aprobar
contra la voluntad de la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, crea los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para distribuir productos
alimenticios regulados directamente a los hogares. En manos de organizaciones
oficialistas, ha generado numerosas denuncias de discriminación política y de corrupción.
Más allá este marco ha servido para entregarle poderes extraordinarios al
Ministro de la Defensa, General Padrino López, como Jefe del Órgano Superior
del Comando para el Abastecimiento Soberano y Seguro, mediante Decreto N°
2367. Enumera entre sus objetivos, el perseguir y neutralizar las “acciones
desestabilizadoras” que se vienen ejecutando contra “el sistema agroproductivo
e industrial”. Dispondrá de equipos técnicos de carácter cívico-militares que,
entre sus atribuciones, podrán obligar a “sujetos de las cadenas productivas y
de distribución” a vender a “determinadas empresas u otros entes estatales el
porcentaje de su producción que sea necesario“, de conformidad con la Ley de
Precios Justos (Art. 7). En este orden de ideas, la Resolución 9855 del
Ministerio del Trabajo crea un “régimen laboral transitorio” que permitirá la
conscripción de trabajadores de empresas públicas o privadas para “el reimpulso
productivo del sector agroalimentario”, en violación de libertades individuales
y garantías económicas básicas.
La Academia Nacional de Ciencias
Económicas se siente obligada a manifestar que la economía no es un escenario
de guerra que puede ser conducido con base en órdenes y controles, ni el grave
desabastecimiento agroalimentario se reduce a un problema de logística militar.
Políticas intervencionistas de este tipo han producido la deplorable situación
que hoy padecemos, reiterando los desaciertos que han empobrecido a la
población. Como afirmara una prominente figura política internacional, “cuando
se está metido en un hueco, la salida no es cavando”.
Es perentorio generar condiciones
que estimulen la iniciativa privada y, con ello, reactive el aparato productivo
doméstico, que en muchos casos opera con apenas un 30 o un 35% de su capacidad.
Ello requiere unificar y liberar el tipo de cambio, estabilizándolo en torno a
sus valores de equilibrio, para que las empresas puedan importar los insumos,
piezas y equipos que requieren para abastecer al país, sustituir importaciones
(y con ello ahorrar divisas) y crear empleo productivo. Levantar los controles
que hoy asfixian la economía y procurar el financiamiento externo tiene que ser
una de las prioridades actuales del gobierno para avanzar con estos propósitos,
así como sanear las cuentas fiscales para abatir la inflación y generar la
confianza requerida para el cálculo económico de inversionistas, empresarios y
consumidores. La adecuada instrumentación de estas medidas y la activa
promoción de la competencia, de las seguridades jurídicas y de la transparencia
en las transacciones, permitirán rebajar el precio –en algunos casos,
sustancialmente- de muchos bienes que se importan con el dólar paralelo o que
son revendidos a varias veces su precio regulado. Ello es imprescindible para
que los salarios, en un ambiente que promueva la productividad, mejoren su
poder adquisitivo.
Ante la severa crisis que afecta
la vida de la inmensa mayoría de los venezolanos, no hay excusa para que un
gobierno que alega defender los intereses del pueblo no promueva las reformas
que incentiven la reactivación pronta de la economía. Venezuela
cuenta con enormes potencialidades para solventar las penurias actuales. Como
siempre ha reiterado en sus pronunciamientos públicos, la Academia Nacional de
Ciencias Económicas se pone a la orden, conforme al artículo 2 de su Ley de
creación, para contribuir a que estos cambios puedan producir los resultados
deseados.
Humberto García Larralde Sary Levy Carciente
Presidente Secretaria
Caracas, 3 de agosto de 2016
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