Solicitud a la comunidad internacional

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Felix Arellano

La OEA debe mantener un escrutinio exhaustivo y permanente de la situación venezolana; en tal sentido, se debería mantener abierta la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la crisis venezolana

La grave situación que vivimos en Venezuela, tanto en materia de derechos humanos, como ante la creciente destrucción de la institucionalidad democrática, que tiene como estocada definitiva el inconstitucional y fraudulento proyecto de asamblea constituyente, exige de un gran esfuerzo de rechazo, tanto nacional, que está ocurriendo con la heroica actuación de nuestro pueblo, en particular de la juventud; pero también se requiere del apoyo permanente y contundente de la comunidad internacional. El caso venezolano está poniendo a prueba tanto el engranaje institucional internacional, como los avances que sobre democratización y participación de la sociedad civil, se han alcanzado a escala global.

Frente a la problemática venezolana y ante la soberbia de los gobernantes bolivarianos, resulta indispensable que, al esfuerzo de calle de nuestra sociedad democrática, se sumen de forma contundente la alerta permanente de: los organismos internacionales, los gobiernos democráticos del continente y del mundo, los partidos políticos, las organizaciones económicas y empresariales, el sindicalismo internacional, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, los centros de investigación. La presión internacional es fundamental y no debe parar, se requiere de un gran esfuerzo y mucha creatividad para mantener activa y firme la presión sobre un gobierno autoritario, ciego y sordo ideológicamente, que está destruyendo la democracia con el objeto de perpetuarse en el poder, siguiendo el libreto de la dictadura cubana.

Los gobiernos democráticos y defensores de los derechos humanos se deberían sumar a las sanciones individuales contra los represores venezolanos. Podrían ser sanciones de carácter unilateral o de grupo de países como: la Unión Europea, el Mercosur, el Mercado Común Centroamericano, etc. Este tipo de sanciones se corresponde con los importantes avances que se han alcanzado en el plano internacional para una defensa más efectiva de los derechos humanos, que tiene como una de sus mejores expresiones el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, donde se ha superado la sanción a gobiernos en forma genérica y poco efectiva, por sanciones directas a los individuos que han realizado las violaciones de la normativa internacional de los derechos humanos.

Las Naciones Unidas, en la medida de lo posible, en todo su sistema institucional debería mantener una permanente atención de la situación venezolana pues conforma una crisis sistémica que abarca múltiples áreas de una compleja y profunda dinámica con implicaciones sociales, económicas y políticas que desbordan el ámbito estrictamente nacional. El Alto Comisionado de las UN recientemente recordó que “Venezuela tiene pendientes diez solicitudes de relatores de la organización especializados en distintas áreas de derechos humanos para visitar el país y analizar su situación.

En este contexto, todos los relatores encargados de la diversidad de temas que abarcan los derechos humanos tanto en las Naciones Unidas como en otras organizaciones internacionales, particularmente la OEA, deben reiterar la urgencia de visitar el país y condenar las diversas acciones del gobierno bolivariano que profundizan la crisis

A la Unión Europea y la mayoría de sus países miembros les agradecemos todo el apoyo que nos han brindado, el Parlamento Europeo ha realizado un seguimiento permanente de nuestra problemática, pero necesitamos un esfuerzo mayor, pues el momento que vivimos es crítico y debe ser objeto de denuncia y rechazo internacional de forma permanente y sistemática.

En el caso de la OEA resulta peligroso asumir que con la aprobación de un documento o una resolución, que condene al gobierno bolivariano se agota el tema y culmina la labor de la OEA sobre Venezuela. Resulta indispensable que el caso venezolano se mantenga en la agenda y en los trabajos de la organización. La OEA debe mantener un escrutinio exhaustivo y permanente de la situación venezolana; en tal sentido, se debería mantener abierta la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la crisis venezolana.

En este momento resulta necesario el seguimiento de la OEA al proyecto fraudulento de la constituye bolivariana, sería conveniente que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presente a los países miembros un informe detallado sobre las graves irregularidades de este proyecto contra los derechos civiles y políticos. También convendría que el Consejo Parmente o incluso la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores aborden exhaustivamente el tema.

En el Mercosur aún está pendiente que se defina la naturaleza y el alcance de la situación de “cesación”, a la que se ha sometido al gobierno de Venezuela. Pero este bloque, que cuenta con una normativa muy completa para la defensa de la institucionalidad democrática como lo es el Protocolo de Ushuaia, debería expresar su enérgico rechazo contra la fraudulenta constituyente que promueve el gobierno bolivariano.

Teniendo en cuenta que con el fraude de la constituyente está en juego la libertad en sus diversas manifestaciones, resulta necesario que todos los sectores de la sociedad civil expresen so voz de alerta. Es el momento que las organizaciones económicas, financieras, comerciales y empresariales se sumen a la lucha por la libertad y la democracia. La democracia venezolana también espera el apoyo del sindicalismo internacional, de las organizaciones políticas internacionales, de las organizaciones no gubernamentales, de los centros académicos y de investigación y en general de la sociedad civil pues lo que está en juego es la existencia de la libertad, la democracia y los derechos humanos.