EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ
DEL SISTEMA BIOMÉTRICO A LAS SUBASTAS
Varias
observaciones podían hacerse sobre la aplicabilidad del sistema biométrico (o de registro de huellas para evitar compras
duplicadas y con ello el aumento o fortalecimiento de los revendedores) en 2014
para la economía venezolana, en el
contexto en que se encuadraba la administración bolivariana después de 15 años.
En primer lugar, los problemas de
escasez, inflación y distorsión de los precios relativos estaban ya íntimamente
relacionados con las políticas de control ficticio o real que, apoyadas en una
dinámica cambiaria, fiscal y política particular se había estructurado como
resultado de una política económica y social no exitosa. Ya más que evidente en
2017. En segundo lugar, puede ser un sistema más operativo en economías
más pequeñas o menos estratificadas por regiones estados o grupos sociales. En tercer lugar, se requiere un
desarrollo institucional de registro, supervisión, ejecución y sanción que no
es acorde con el proceso de deterioro institucional y de
desinstitucionalización por el cual ha transitado la nación venezolana en por lo
menos los últimos casi treinta años. Y también, ya más pronunciado en 2017. La
experiencia de la administración bolivariana - en lo visto en más de 18 años de
gobierno- en manejo de alimentos y bienes en empresas e iniciativas como
Mercal, PDVAL, Abastecimiento Soberano y las correspondientes bolsas CLAP y
otras, no es precisamente la más exitosa, a no ser que se interprete con el
fanatismo de los seguidores incondicionales. En
cuarto lugar, requiere un sistema de vigilancia estricto que no es seguro pudiera
conseguirse en la sociedad venezolana de los últimos lustros, donde
funcionarios, organizaciones de seguridad y vigilancia se han visto inmiscuidas
en agudos procesos de corrupción. También más que evidente para 2017. En quinto lugar, el deterioro de la
civilidad y los valores ciudadanos, no pareciera haberse detenido durante la
administración bolivariana si no que por el contrario había aumentado, dentro del
propio contexto de deterioro económico y social de los 15 años previos a su
propuesta en 2014, lo cual brindaba un elemento de entorno difícil para la
aplicabilidad de un sistema de este tipo.
La escasez, la inflación,
el favoritismo y el deterioro institucional mataron al instrumento y hoy día tan solo quedan maquinas sin mucho
sentido, porque lo que no lo ha afectado la alta inflación, simplemente no lo
hay en los estantes. Lo que ha sido abarcado por esta última, se demanda
relativamente poco o nada. Correspondientemente el sistema biométrico ha sido
desplazado por la concentración de
alimentos regulados del lado del sector público –siendo menos frecuentes las
colas precisamente por ello-, para ser distribuidos con intereses
fundamentalmente políticos. Esto es, los alimentos y su distribución han pasado
a ser otro elemento de control político
que se le suma al control cambiario.
El marco económico atinente a elementos
relacionados nos ubica para Venezuela actualmente en una amalgama impresionante,
en la interrelación de formación de precios, controles, mercado cambiario,
deformaciones estructurales de la producción asociadas a la
desindustrialización, escasez, valores y comportamiento ciudadano. En el caso
de la industria automotriz, por ejemplo, debe valorarse que: “De acuerdo con el
reporte de producción de mayo emitido por la Cámara Automotriz de Venezuela
(Cavenez), el mes pasado apenas se ensamblaron 154 unidades, cifra que
si se compara con las armadas en mayo de 2007 (17.592 unidades) representa una
caída de 99,2%” (ver www.elestimulo.com 16/06/17).
Dada la sobredeterminación que en la
economía venezolana presenta el elemento cambiario, hay que señalar que esto no
se soluciona con las subastas Dicom (hasta
ahora van tres y una cuarta en proceso) con sus más de 70 millones de $
asignados –en las tres realizadas- en procesos solo “transparentes” o de
libertad para quienes asignan o son beneficiados. Pero tampoco lo solucionará
una idea extrema de libre mercado, ni el invento de controles adicionales a los
perniciosos ya desarrollados por la administración bolivariana. Si bien la
economía presenta una dolarización
informal (con un nivel de más de 8.000 Bs por $, que supera
en –grosso modo- casi 4 el nivel de las 3 primera subastas y en casi 800 veces
el dólar Dipro o de 10Bs por $ y que,
al parecer, seguirá existiendo y beneficiando con favoritismos y mecanismos
dudosos a muy pocos), el dólar paralelo no es el único determinante de la
inflación. Venezuela en 2017 –y ya desde 2016- se encuentra claramente en
hiperinflación, pues para ello no es necesario que estemos en los terribles
cuatro dígitos; la intensidad y velocidad de los aumentos de precios, la
desvalorización del dinero y la actitud de distintos agentes económicos en la
búsqueda de alternativas a esta última, lo permiten afirmar. Desmantelar el
control de cambios, que ha sido un generador de alteraciones productivas y de informalización de la economía (compra-venta
de dólares y bienes, de manera informal)
a la vez que de corrupción, así como un arma de control político, puede hacerse de un día para otro, pero los
efectos de ello serán notables en distorsión, confusiones y alteraciones
productivas. Lo dramático es que va a tener que suceder. Igual que en otros
precios, donde se deberán quitar controles, pero no siempre el mercado va a
brindar los mejores o más rápidos equilibrios, según los casos. Los agentes
económicos –empresarios, consumidores y gobierno- deberán reeducarse para
canalizar la formación de precios
relativos.
LA REALIDAD DEL MERCADO Y LOS BIENES
Varias expresiones presenta la informalización en el mercado de los
bienes. La primera atañe a los
revendedores, también llamados bachaqueros y que algunos tienden a ubicar hasta
el imperialismo detrás de ellos. No es cierto. Son buscadores de trabajo,
ganancias fáciles y en algunos casos simple subsistencia. Abarcan desde
vendedores callejeros, que dividen un kilo de algún producto en numerosas
bolsitas, hasta los sofisticados oferentes de Instagram o en otros mecanismos de suministros de información para
captar o mantener demandantes. Los perniciosos comportamientos manifiestos en
los niveles de precios a los que ofrecen bienes estos últimos y sus
correspondientes niveles de ganancias, no son fácilmente entendibles a la luz
del más puro liberalismo, desde el que pudiese opinarse “eso lo solucionaría el
mercado”. La segunda forma se
encuentra en locales y bodegas o pequeños abastos ubicados en zonas populares, céntricas
y algunas no tan populares, donde se sabe que allí se consiguen productos a precios superiores a los que están regulados.
Estos espacios informales se han visto alterados, a diferencia de los primeros,
dadas la posibilidad o amenaza de ser robados a saqueados, pero siguen
existiendo. Una tercera forma de
informalidad, es la que se ha generado desde los propios ámbitos oficiales y
que serán los administradores de estos –es de pensar- los primeros
interesados en solucionar. Se trata de como desde estos ámbitos surgen sospechas,
evidencias y registros -como se ha hecho público- de reventas de las bolsas CLAP o de listas para las mismas, que
no se ejecutan o que se estructuran y son redireccionadas o reubicadas con otros
fines. Apartando el conjunto de valoraciones que pueden hacerse sobre lo
adecuado o necesario sobre la existencia de un mecanismo de esta naturaleza en
una economía como Venezuela, otrora abundante y llena de bienes y productos
diversos, debe señalarse que la frecuencia y la regularidad con la que llegan
tales bolsas a los distintos sectores y grupos sociales no son las que señala
la administración bolivariana, al indicar que ya hay millones de personas
atendidas. Lo que dicen integrantes de los sectores populares es otra cosa.
Una cuarta forma que, directa o indirectamente, puede ubicarse dentro
de la informalización de la economía
en estos ámbitos, atañe a los nuevos expendios de bienes que han venido
ampliando su número y que venden a precios totalmente dolarizados. Alimentos, cosméticos,
dulces, son adquiribles con la facilidad de tener los dineros para ello. De ser
determinados y marcados por el dólar libre, pasan a ser también determinadores
de precios. Lo que allí se consigue a un precio pasa a entenderse como un precio
“normal”, más aun si tienen ramificaciones para ventas fuera del mismo local. Es
curioso observar dentro de este conjunto de distorsiones como los precios de
algunos productos de nacionales –que también venden algunos supermercados- superan
con creces a productos similares que deberían lanzar al mercado las empresas
que están bajo la administración estatal, pero cuyos producto no aparecen sino
en los mecanismos de distribución pública que como hemos señalado han adquirido
un matiz de control político.
Lo señalado solo representa un
conjunto de aproximaciones a un ámbito vasto de comercialización y compra de
bienes. Existen otros mercados como los de bienes intermedios para actividades
como construcción o fabricación de alimentos, donde las irregularidades y la incertidumbre (aquello que deberían regular
las instituciones sin implicar ello estatismo ni control acérrimo de la economía)
son frecuentes e intensas. Las expresiones “no se consigue”, “viene Aumentado”,
“por ahora está así, aprovéchalo” se han vuelto parte de la regularidad diaria
y consustancial a los escenarios hiperinflacionarios.
LA NECESIDAD Y LA LIBERTAD
Pensadores, filósofos, economistas y
otros han transitado y reflexionado sobre esto. Me decía un amigo, que seguía a
otra cadena de amigos, que ante el producto tal o cual solo había que adquirirlo,
que era un problema de necesidad y no había que preguntar mucho.
Una administración que en más de dieciocho
años pretendió, planteó solucionar o mejorar la distribución del ingreso y de
la renta petrolera, terminó creándole una sobredetrminación al reino de la
necesidad (ampliándolo, profundizándolo) y restringiendo grandemente la
libertad de producir, consumir y hasta conseguir los bienes mas elementales. ¡Terminó,
en resumen, generando más pobres y más pobreza!
@eortizramirez
eortizramirez@gmail.com
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