Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com
Los venezolanos se enfrentan a un gobierno sumamente cruel e inhumano, que da reiteradas muestras de que le importa en absoluto sus penurias. El hambre que se extiende a sectores cada vez más numerosos, las muertes y angustias atribuibles a la ausencia de medicamentos y/o de equipamiento de hospitales, el altísimo índice de criminalidad que sesga vidas inocentes y los padecimientos ocasionados a la población por la escasez generalizada, les resbala. No es con ellos, señalan, volteando de un lado para otro en busca de culpables, pues por (auto)definición, son “abnegados revolucionarios” defendiendo las conquistas del pueblo ante la arremetida de fuerzas oscuras de la “derecha”. Y así, con el mayor cinismo los más, creyéndose sus embustes los menos, siguen impertérritos con sus políticas empobrecedoras y de progresivo exterminio de la población.
Esta insensibilidad se transforma en burla abierta del sufrimiento de sus coterráneos cuando repiten una y otra vez, como excusa, la suprema estupidez de que el gobierno enfrenta una “guerra económica”. El último desalmado en mofarse así del pueblo es el embajador ante la OEA, Bernardo Álvarez, al negarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a aceptar la ayuda de gobiernos y organismos extranjeros, aduciendo que es irresponsable hablar de una crisis humanitaria en el país, porque lo que existe es ¡la guerra económica! No hay emergencia sanitaria, no hay desabastecimiento, no hay presos políticos encarcelados de manera fraudulenta, no existe violación de los derechos humanos y no se acepta ninguna ayuda foránea porque, por antonomasia, tales padecimientos no existen en una revolución. No se despilfarraron los mayores ingresos que registra la historia del país, no se hipotecó el futuro de los venezolanos con deudas gigantescas y subastando recursos del subsuelo a cambio de unos churupos para estirar la arruga, no se quebraron las empresas públicas por robo y negligencia, ni se dejó deteriorar los servicios públicos por desidia (y robo). Así que, en nombre de la única “verdad” admisible, a seguir arruinando al país, “la Historia nos absolverá” y ¡”pa’atrás ni pa’ coger impulso”!
Causa suma indignación tanto cinismo e indolencia para con el sufrimiento de la gente. Y aunque ya casi nadie cree en la idiotez de la guerra económica, ello no es consuelo. Preocupa que no emerja una opción clara, contundente, que haga saber a los venezolanos que esta situación no es una fatalidad, que puede mejorar significativamente y en un plazo menos distante de lo que muchos creen, con unas políticas coherentes y un equipo calificado de gobierno. Es menester proponer de manera decidida las tres condiciones básicas, ineludibles, para atajar de inmediato la caída del nivel de vida de los venezolanos y abrirle posibilidades de recuperar su futuro que, por fuerza, implicarían un gobierno de transición. Estas tres condiciones son:
1) la concertación, lo más pronto posible de un generoso financiamiento internacional, en el orden de los $30 a 40 millardos;
2) la privatización de empresas públicas que son un desaguadero de dinero y sin la cual no es posible sanear las cuentas fiscales; y
3) el desmontaje de los controles y regulaciones que aplastan a las actividades económicas.
Las primeras dos son imprescindibles para unificar el tipo de cambio y liberar el acceso a la divisa. Sin ello, no podrá superarse el estrangulamiento externo que impide importar insumos, repuestos y equipos para la actividad productiva, base para lograr el abastecimiento interno y la generación de empleos bien remunerados. La tercera es imprescindible para liberar las fuerzas productivas, y promover la competencia y la racionalización de las actividades económicas. Las tres, junto a un programa de estabilización macroeconómica, son pilares de un programa para abatir la inflación.
Sabemos que la oligarquía en el poder se opondrá con uña y dientes a desmontar los controles, privatizar empresas que vacían las arcas públicas y negociar empréstitos internacionales que exigen poner orden en la casa, porque con ello se desmontarían las bases de sus muy lucrativas actividades corruptas, de expoliación de la riqueza social. Pero si bien se les ha caído la máscara de redentores para justificar esta postura, siguen contando con el chantaje ideológico enraizado en la cultura política nacional, que les permite estigmatizar estas medidas. Así, todo asomo de negociación con el FMI, único ente en capacidad de otorgar el financiamiento requerido, y la privatización de empresas públicas que desangran las finanzas del Estado, son repudiadas por Maduro por “neoliberales”. Apela, con ello, a toda una carga valorativa que hemos cultivado los venezolanos bajo gobiernos populistas adecos y copeyanos, y bajo el actual régimen fascista de Chávez-Maduro, en la que ambas medidas se asocian a un deterioro de las condiciones de vida de la población a causa de la "entrega del país a intereses privados, nacionales y foráneos". A papá Estado, por más corrupto e ineficaz que sea, se le tiene que permitir que intervenga en todo y gaste a mano suelta porque, por antonomasia, es el único que representa los intereses del pueblo.
Ya hemos explicado en un artículo anterior,[1] que el verdadero ajuste draconiano, empobrecedor, es el que nos viene imponiendo Maduro desde hace dos años. Por el contrario, disponer de un financiamiento internacional capaz de destrabar las cuentas externas, no puede sino ser expansivo, pues permitirá la importación de insumos, repuestos y equipos para la producción doméstica y la generación de empleo, así como los bienes de consumo que requiere la población. Por supuesto que tal financiamiento se condiciona a que el país haga los ajustes macroeconómicos que aseguren su reembolso en el tiempo. Y ello se centra en el saneamiento de las cuentas públicas que implica, como elemento central, que el estado se desembarace de empresas quebradas que requieren transferencias permanentes para subsistir. Así se liberarán los recursos para compensar a los sectores vulnerables que pudiesen verse afectados por un programa de transición.
¿Cómo es posible que los voceros democráticos no sean capaces de defender estas ideas de manera abierta, para lo cual sobran argumentos y datos empíricos? ¿Cómo no defender que contar con unos 30 – 35 millardos de dólares de un organismo financiero internacional en calidad de préstamo es algo que beneficia a los venezolanos con abastecimiento, producción y empleo? ¿Hasta cuándo el chantaje ideológico del populismo – fascismo?
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