Venezuela y la OEA.

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Felix Arellano

La comunidad internacional debería observar con asombro como en Venezuela progresivamente se deteriora la institucionalidad democrática, por el poder hegemónico del Ejecutivo frente a los demás poderes públicos

En estos momentos Venezuela representa complejos retos para la Organización de Estados Americanos (OEA). Por una parte, pone a prueba la eficiencia de la normativa vigente en materia de respeto a la institucionalidad democrática y derechos humanos; por otra, representa un reto para la revisión y perfeccionamiento de las normas, particularmente la Carta Democrática Interamericana, entre otros, en lo relativo al desarrollo del tema de la legitimidad del ejercicio democrático. El proceso bolivariano, por su parte, desprecia tanto a la OEA, como en general al multilateralismo, que pretende poner límites o controles a la soberanía absoluta y juega a perpetuarse en el poder a pesar del creciente aislamiento internacional, seguramente considera que Corea del Norte lo ha logrado.

El caso Venezuela representa un desafío para eficiencia de las normativas sobre clausulas democráticas vigentes en nuestro hemisferio, especialmente en la OEA y en el Mercosur, con el Protocolo de Ushuaia. La comunidad internacional debería observar con asombro como en Venezuela progresivamente se deteriora la institucionalidad democrática, por el poder hegemónico del Ejecutivo frente a los demás poderes públicos. Resulta grave la actual situación, donde se va destruyendo sistemática a la Asamblea Nacional, recientemente electa, por pretender cumplir con sus funciones constitucionales y ejercer acciones de supervisión y sanción. También en el tema de los derechos humanos encontramos una larga lista de violaciones de la normativa internacional.

En el caso del Mercosur, en sus primeros días de gobierno el Presidente Macri expresó sus intenciones de invocar el Protocolo de Ushuaia ante la situación que se vive en Venezuela; pero con los días, tanto sus problemas internos, como su agenda externa se han agudizado, y el tono sobre Venezuela ha disminuido. La situación interna de Brasil tiene paralizado al Mercosur y, adicionalmente, no debemos olvidar que para aplicar medidas se requiere de la unanimidad de los miembros, difícil de lograr ante las posiciones del gobierno brasileño y la prudencia del Uruguay.

En el caso de la OEA, la situación también resulta compleja. Es cierto que tanto un país miembro, como el Secretario General, como lo establece la Carta Democrática Interamericana, pueden solicitar la aplicación del mencionado instrumento, frente a una situación de deterioro democrático que enfrente un país miembro. También es cierto que con el Sr. Almagro se cuenta con una persona más responsable en el cumplimiento de la normativa de la OEA. Ahora bien, no podemos menospreciar la habilidad bolivariana de controlar la organización mediante su chequera petrolera y, en particular, con Petrocaribe. Con el voto del Caribe el gobierno bolivariano controla la OEA. Cabe destacar que el Caribe se opone a Venezuela en el caso de Guyana, por eso el bajo perfil que de nuevo está jugando el proceso bolivariano en ese tema, a los fines de mantener el apoyo del Caribe en la OEA.

También conviene destacar que la situación venezolana en el contexto internacional se deteriora progresivamente. Desde la mayoría de países democráticos se presentan cuestionamientos y alertas ante la grave situación política y económica del país. Igualmente, debemos recordar que en la votación que solicitó el gobierno de Colombia en la OEA (28 agosto 2015), para tratar el caso del estado de excepción adoptado por el gobierno bolivariano en la frontera, los resultados no fueron nada positivos para Venezuela; pues tanto el Caribe, como la mayoría del Mercosur, se abstuvieron, cuando los bolivarianos esperaban un respaldo contundente.

Pareciera que en las actuales condiciones la aplicación de la Carta Democrática de la OEA podría avanzar si se aplica lo establecido en su Artículo 20, en relación a la labor de diálogo y buenos oficios que podría promover la organización para restablecer el ordenamiento constitucional en Venezuela. Por esta vía podría ser posible lograr el apoyo de los países del Caribe y del Mercosur en su conjunto; luego, en la medida que el gobierno bolivariano rechace todo intento de diálogo o mediación, podría obligar a la OEA a considerar el tema de eventuales sanciones.

Otra temática que no podemos dejar de resaltar, tiene que ver con el reto que la negativa experiencia venezolana representa para impulsar reformas profundas en las normativas de cláusulas democráticas, que permitan una efectiva participación de la sociedad civil en la denuncia, control y seguimiento del funcionamiento de la institucionalidad democrática. Otro tema importante, podría ser la creación de mecanismos de alerta temprana que permitan a la comunidad internacional actuar más eficientemente.