sábado, 22 de diciembre de 2018

CIUDADANOS DESPROTEGIDOS. O como abordar respetos o irrespetos humanos desde la lógica de los profanos.


CIUDADANOS DESPROTEGIDOS. O como abordar respetos o irrespetos humanos desde la lógica de los profanos.

EDUARDO ORTIZ RAMIREZ



Me decía en días recientes mi compañera “aquí no hay derechos humanos”. Se refería, en el espacio flexible de la confianza, en el resumen de lo que no es necesario detallar, porque se ha hablado suficiente o se tienen numerosos ejemplos, a la protección de los mismos. Debe recordarse que resaltaba el presidente Chávez y sus exegetas, el valor de los aportes de la Constitución del año 1999, para la inclusión y protección de tales derechos.

Y es que en varios ámbitos ilustra uno –permanentemente- la realidad e irreverencia de la afirmación señalada. En primer lugar, con el Estado; en segundo lugar, con la empresa privada y, en tercer lugar, con otros ciudadanos, en procesos variados y en la calle misma, que es donde el ciudadano se encuentra sin la inmediata protección de allegados o de su casa, que por tradiciones, respetos humanos y por leyes, ha sido de los terrenos inviolables.

En cuanto al Estado debe señalarse que, mirando a este en la actual Venezuela, sus estructuras y desempeños se perfilan con un sentido de poder absoluto. Basta que el presidente diga que él puede ejecutar la expropiación de una empresa, terreno o los  ámbitos variados de libertad de actuación de ciudadanos o agentes económicos, para que el ejecútese anule el derecho concerniente, trátese de derecho de propiedad, control o simplemente de circulación. Iniciar un procedimiento contra una alcaldía, gobernación o instancia del gobierno central es poco menos que una ilusión. El Estado, que debía en el pensamiento liberal perseguir el bienestar general o, en el pensamiento marxista iniciático, llevar al individuo al desarrollo de sus potencialidades o al reino de la libertad, pasan a ser sueños sin mayores fundamentos en la Venezuela actual. El Estado y el gobierno, pues se han vuelto lo mismo. Puede mantener el control de cambio, fijar salarios, cambiar el cono monetario o modificar la constitución sin mayores respetos y consultas. Puede hacer cualquier cosa.

Igual desprotección tiene el ciudadano, si no en todos los casos en buena parte de ellos, cuando se enfrenta a los cuerpos de seguridad y orden (sin incluir lo relativo a manifestaciones y protestas). Fue tradición en Venezuela -durante varias décadas anteriores a las dos últimas- respetar el respeto –valga la expresión – que se le tenía a las autoridades del caso. En un sentido biunívoco se ha perdido el respeto y el ciudadano en variados casos –no en todos- es objeto de agresiones y detenciones, sin existir mecanismos claros de defensa para este último, que no sean los atinentes a mecanismos de pagos y sobornos. Pero, igual puede suceder con la expedición de documentos. Lejos está lo que la administración bolivariana alcanzó construyendo un nuevo SAIME, con el cual muchos se sintieron muy bien atendidos.  

Casi/casi lo mismo sucede con la empresa privada. Apartando cualquier criterio necio de guerra económica, es poco lo que el ciudadano puede hacer para reclamar sus derechos ante productores y comerciantes u oferentes de servicios. Es casi nula su posibilidad de actuar en cuanto a la calidad de los bienes y servicios. Cualquier servicio puede prestarse mal, cualquier calidad de un producto puede haberse deteriorado en producción nacional o en producción extranjera de bienes que se hayan importado, incluso vías cajas CLAP, y nadie tiene la mínima posibilidad o derecho, ante cualquier agresión que tenga su salud o gusto, por bienes en mala o peor presentación y menos aún si son productos subsidiados o entregados vía populismo. El contexto hiperinflacionario actual y de escasez de productos brinda justificaciones y pasividad en varios casos para protestar o rechazar tales bienes.
 Pero puede pasar también con servicios como clínicas, médicos particulares, estacionamientos, cines y colegios, donde los abusos y malos tratos de parte de los agentes del caso no pueden ser reclamados por el ciudadano dada la hora, la no presencia de funcionarios oficiales o el mismo contexto económico que lleva a pensar a algunos que el ciudadano tiene que sentirse complacido con cualquier solución a medias, parcial o malos tratos, pues no hay mecanismos que canalicen sus requerimientos y en varios casos no hay ofertas alternativas.  Un caso demasiado expresivo es el de los pagos de pensiones en la reciente temporada decembrina.  A algunos bancos les observamos el día 21 de diciembre, día de pago de las pensiones, como solo estaban pagando pensiones sin darle a otros usuarios la posibilidad hacer retiros. ¿Esto lo autoriza el Estado, el gobierno, algún organismo del caso? ¿No se afirma acaso que ya está solucionado lo relativo a escasez de efectivo? ¿No tienen los bancos suficiente personal y agencias para atender los distintos pedimentos? O igual cuando distintos bancos privados -o también públicos- bloquean o cierran sus accesos a la red. No importan para nada, en estos casos, los intereses o procedimientos que requiere el ciudadano o agente económico.

Calles sin vigilancia, sin fiscales o policías de tránsito. O en algunos casos con la vigilancia de cuerpos adiestrados para otro tipo de actividades y no la vigilancia diaria, nos presentan también un ciudadano desprotegido. Cualquier conflicto de tránsito, peatonal o discrepancia entre los propios ciudadanos, puede resultar en un sálvese usted mismo o sálvese quien pueda. Así puede pasar en ocasiones y en algunos lugares en el mundo, pero en las realidades de la Venezuela actual donde existe un metro que se busca mejorar de manera itinerante (cobra no cobra; se vigilia, no se vigila); cuerpos policiales que se recogen temprano, u oferentes de servicios privados que no tienen el contrapeso estatal o de organismos de la sociedad civil que pudieran ser oídos, son los componentes –dadas las desviadas y disfuncionales imágenes de ejecutorias que transmiten- de un escenario que es el mejor caldo de cultivo para el deterioro urbano y la afectación de los derechos ciudadanos[1].

El criterio de demandar a alguien con los recursos judiciales que el ciudadano pueda tener en las instancias gubernamentales o estatales, no solo que no se ha desarrollado sino que en el caso venezolano se ha perdido lo que antes se había avanzado. Algunos venezolanos en otros países del sur de América dicen hoy día “aquí todo es llevado ordenadamente”. Más completo, menos completo, según los casos, hay que decir que así también era el camino que seguía Venezuela y del cual está apartada según las condiciones actuales.


22 de diciembre 2018
@eortizramirez
eortizramirez@gmail.com



[1] Una buena descripción e imagen del deterioro de la otrora bella Caracas puede verse en Enrique Viloria V. http://masterecointerucv.blogspot.com/2018/12/caracas-ciudad-fantasma.html

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