EL AÑO 2018. EL
ESCENARIO POLITICO 2018 EN VENEZUELA. El contexto internacional como presión y la
incubación de una espera pasiva y desorganizada.
EDUARDO
ORTIZ RAMÍREZ
Si el año 2017 tuvo los sucesos,
secuencias y detalles como los ya analizados[1]
y los heredados o transmitidos a 2018, este por tales razones y su dinámica de
comienzo e intensidad inició con grandes cargas y perspectivas de
complicaciones. La muerte/asesinato de Oscar Pérez, el poco o casi irrelevante
avance en las negociaciones llevadas a cabo en República Dominicana y el
aumento de sanciones internacionales (dadas las actuaciones de EE.UU y UE en
fechas del mes de enero) llevaron a revelar o estructurar acciones del lado
gubernamental en cuanto a convocar a las elecciones presidenciales para
realizarlas antes del 30 de abril del año 2018.
Las alarmas y las preocupaciones
llevaron también al pronunciamiento del llamado Grupo de Lima (12 países) -que se reunió el martes 23 de enero en
Santiago de Chile- sobre el llamado a
elecciones por parte de la ANC[2]. En
esta reunión del Grupo de Lima, México se retiró de las negociaciones en su papel
de Garante dado el poco avance de las mismas. Por su parte, todo el conjunto de
países reunidos en el rechazaron la
convocatoria de elecciones en Venezuela por la Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo,
por considerar que la celebración de comicios antes de mayo impedía que estos
fueran “transparentes y creíbles” y carecían de “legitimidad
y credibilidad”[3].
Además de las acciones señaladas,
la administración del presidente Maduro desautorizó la participación de la MUD
y Voluntad Popular en los comicios presidenciales convocados e insistió en el
proceso de validación de los distintos partidos políticos. Todas consideradas -por
agentes opositores y analistas- trabas e impedimentos para facilitar más sus
condiciones ventajosas en la elección indicada.
De cualquier manera esto afectó
la propia marcha lenta de las negociaciones en República Dominicana. Así,
Voluntad Popular no asistió a la reunión del 29/30 de enero en Santo Domingo.
El contexto internacional, por su parte, se vio más propenso a la crítica a la
administración bolivariana a partir de la expulsión del embajador español por supuestas intromisiones según la
administración bolivariana[4]. Esta
medida fue seguida con la correspondiente del lado del gobierno español en
relación al embajador venezolano.
De un salto y con el mayor
optimismo y entusiasmo el jefe de la delegación del
gobierno en el diálogo, Jorge Rodríguez, anunció el 5 de
febrero que los representantes del Ejecutivo ya estaban listos para concretar y firmar el acuerdo de
paz y convivencia con la oposición ese mismo día; indicó además, en una rueda de prensa a medios
internacionales, que el 99,9% de los puntos ya habían sido acordados afirmando
incluso que la oposición también estaba “casi lista para firmar”; “Con tinta en
el tintero, con pluma lista y en las condiciones óptimas para firmar el acuerdo
de paz y convivencia. Vamos a
firmar hoy (5 de febrero) y vamos también a elecciones. ¿Quién dijo
miedo? ¿Van a arrugar ahora?”, dijo Rodríguez directo y con alta emoción (www.quepsaenvenezuela.com 5 de febrero 2018).
Contradiciendo estas afirmaciones y pasado un día adicional, el vocero por la
oposición en la mesa del dialogo, Julio Borges, desmintió que todo estuviese
listo para firmar un acuerdo el martes 6 de febrero. Negó que se hubiesen
reunido la noche del 5 de febrero con los representantes del gobierno, y señaló
“Puede haber mesa y bolígrafo pero falta que haya la verdad, que no es otra
cosa que los derechos de Venezuela” (www.el-nacional.com 6 de febrero).
El 23 y el 31 de enero de 2018 se
retiraron el canciller mexicano y el chileno, respectivamente, de las llamadas
negociaciones de República Dominicana, en razón del poco avance, vicios y/o
particularidades observadas en las posiciones e intereses de la administración bolivariana y sus representantes, según los
casos. Todo esto y los otros elementos señalados llevaron a los resultados
plasmados el día 7 de enero. Con las posiciones expresadas, el oficialismo
estuvo definido por que ya todo estaba listo y había que firmar. Durante una
rueda de prensa Jorge Rodríguez firmó
el documento y manifestó que ellos “cumplirán su palabra. Vamos a elecciones”,
así como que “En el momento correspondiente enseñaremos el pre acuerdo del 31
de enero y cuáles fueron los acuerdos de hoy”
(www.epmundo.com, 7 de
febrero 2018). Por su parte, julio Borges señaló en su cuenta de twitter:
“Informo al país que no hemos firmado, ni firmaremos, ningún acuerdo que no sea
digno ni esté a la altura del pueblo venezolano”; “Los venezolanos de verdad no
recibimos órdenes ni de Estados Unidos ni de Cuba. Les garantizo que hasta que
no haya un acuerdo digno no firmaremos nada”; “Nunca vamos firmar nada que signifique menos derechos y que confisque
los valores democráticos de la población venezolana” (ver www.epmundo.com 7 de enero de 2018; @JulioBorges 7 de febrero de 2018).
Preparado así todo el terreno por la administración bolivariana, el
mismo 7 de febrero en la noche la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, convocó a
las elecciones presidenciales para el 22 de abril[5] del 2018. El mismo CNE,
cuestionado y observado internacionalmente, convocó así a las elecciones
adelantadas y llenas de todas las conveniencias e inhabilitaciones del
interés de los actores oficialistas, que indicó/solicitó/convocó la ANC. Para
ello, señaló Lucena, que en todo el proceso existían las garantías para
una elección “transparente y confiable, para que los venezolanos expresen su
voluntad”; así como que “a pesar de que no se firmó el acuerdo” de
Dominicana, “la paz es el camino” y la
ruta “para que el pueblo de Venezuela decida su destino libremente”, algo que
debe suceder “sin injerencias”.
Varias
cosas podían decirse sobre estos resultados; un balance preliminar nos permite
compartir la afirmación de Luis Vicente León para el momento en cuanto a que
“Es un drama que una elección en Venezuela, lejos de resolver el problema,
fortalecer la democracia y legitimar las instituciones vaya directo a generar
exactamente lo contrario.” (@luisvicenteleon 7 de febrero de 2018).
No era
fácil encontrar indicios de que la administración bolivariana fuese a acceder a
cambiar ese CNE y convertir una elección nacional, en un episodio limpio y
lleno de libertades y derechos ciudadanos. Por otra parte, lo que la
administración había entendido como su camino de la paz, pasó a ser
interpretado y visto por muchos -interna e internacionalmente-, como el súmmum
de las triquiñuelas y el camino directo para la perpetuación del autoritarismo
bolivariano[6],
heredero de un pastiche donde lo más resaltado en sus tiempos más recientes es
la vía al socialismo, la cual se
convirtió en la vía al fracaso, destrucción económica, descomposición
nacional, sobrevivencia como única estrategia de vida ante la crisis
humanitaria, el hambre y la escasez, junto a la desintegración que produjo y
produce –crecientemente- la diáspora[7], y que
todos ellos no son más que componentes naturales de una revolución petrolera
que terminó en frustración y corrupción, junto a un escenario
hiperinflacionario que se alimenta con los propios errores y permanencia
del populismo y políticas económicas erradas.
Las
cartas estaban echadas y el oficialismo seguiría su marcha para ganar las
elecciones presidenciales adelantadas en 2018. Las presiones y reacciones
internacionales, sin embargo, no amainaron, expresando una posición de fuerte
crítica a la manera de proceder y alterar la democracia y sus procedimientos,
por parte de la administración bolivariana. Una muestra de ello fue la
resolución 1095 de parte del Consejo Permanente de la OEA de fecha 23 de
febrero de 2018. Los dos contenidos de la Resolución que se resaltan en la nota[8],
son suficientemente expresivos de la
importancia de la decisión del Consejo Permanente, más aun cuando en esta
ocasión países caribeños que habían apoyado a Venezuela en anteriores
oportunidades se abstuvieron. La resolución se refirió también a la crisis
económica, política, social y humanitaria presente en la nación. Por otra
parte, las acciones de la administración bolivariana buscaron conseguir
supervisión electoral de la ONU[9],
pero siempre con mecanismos y personeros (como José Luis Rodríguez Zapatero)
que pudiesen facilitar pasar la farsa electoral acoplada. Adelantándose a estos
pasos y procedimientos, el Grupo de Lima optó por resaltar la pertinencia de la
participación de la OEA[10].
En la
línea señalada pasó a presentarse el conflicto específico con Panamá, a la luz
de acciones tomadas por esta nación sobre Venezuela. A finales de marzo de
2018, la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá llamó a las
instituciones públicas y privadas de ese país a limitar las actividades
financieras con 55 funcionarios venezolanos y 16 empresas, por considerarlos de
“alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo
y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. A la
semana siguiente (5 de abril) hubo la reacción venezolana, suspendiendo por 90
días relaciones económicas con 22 personas naturales y 46 empresas de Panamá
tras haber “evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño
por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes
proveniente del delito contra el patrimonio público”. Debe resaltarse, el apoyo
firme y decidido del Grupo de Lima a
Panamá, de tal manera que el 6
de abril de 2018, tal Grupo emitió un comunicado en
el que 11 países manifestaron su apoyo a Panamá y lamentaron que “el gobierno
venezolano, en lugar de contribuir con los esfuerzos de la comunidad global
para defender la democracia y los derechos humanos así como proteger los
sistemas financieros internacionales, continúe con la ruptura del orden
constitucional y las normas internacionales, adoptando medidas que van en
detrimento de los países de la región y sus ciudadanos, con una lista que
carece de sustento y de marco jurídico”. Tal fue así que Venezuela continuó
arreciando el conflicto y de esta manera el Gobierno de Venezuela suspendió por
90 días relaciones económicas, comerciales y financiera con otras 50 empresas
panameñas (se sumaron a las 46 sancionadas el 5 de abril), como medida de
“protección” de la economía nacional, según Gaceta Extraordinaria número 6.372
(www.noticiasdevenezuela.org 13 de
abril; www.prodavinci.com 5 de abril).
Por
otra parte, la Octava Cumbre de las Américas, que se había ido
conformando como otro aspecto problemático dentro de los perfiles conflictivos
de Venezuela, tal cual se señaló más arriba, se realizó efectivamente el 13 y
14 de abril. Apartando el sensacionalismo del Presidente de Venezuela sobre si
iba o no iba[11]
a la Cumbre, para al final decir que no asistiría, así como las ofertas de las
cumbres paralelas y las ofrendas y gestiones de alteración/saboteo por parte de
cubanos o simpatizantes de Cuba y Venezuela, puede afirmarse que la Cumbre se
desarrolló rápido y sin otros problemas.
Y, de esa manera, pudo acordarse el Compromiso
de Lima en el que sus 57 puntos pretenden luchar contra la corrupción. El
acuerdo firmado por los países que participaron en la VIII Cumbre de las
Américas se divide en siete capítulos que proponen, en total, 57 soluciones
para que cada Gobierno las implemente en la lucha contra la corrupción y en
otros temas. Las propuestas intentan fortalecer la democracia, aumentar la
confianza de los ciudadanos, advertir la corrupción en contratos públicos y en
el financiamiento de campañas en periodos electorales, entre otros, pero leer
cada uno de los elementos de solución señalados, nos traslada a un terreno de
difícil entendimiento con la administración del caso. Esto es: en buena parte
de los casos la administración bolivariana –según su trayectoria y actuaciones-
colide con el sentido, inclinación, contenido e intención de la solución que se
indica en el Compromiso de Lima. Uno de los puntos fuertes en contra de
la administración señalada, derivado de esta Cumbre, es el endurecimiento y
continuidad de parte de numerosos países en cuanto a no reconocer resultados
electorales que hayan seguido las pautas de irrespeto a los derechos humanos y
de alteración de criterios no negociables de arrebato de la vida en democracia[12].
En la
misma línea de la conformación de un escenario internacional adverso -y de las
profundizaciones en las medidas tomadas por países o grupos de ellos- en cuanto
a la administración bolivariana, debe señalarse el pronunciamiento que en
varios sentidos tuvo el Vicepresidente de los EE.UU. M Pence el 7 de mayo de
2018, día de su participación en la OEA. En tal sentido, Pence instó a los
países de la región a suspender a Venezuela de la OEA y aplicar sanciones
individuales a funcionarios de alto rango del régimen de NM por haber devastado
la democracia y haber enfrascado en la pobreza extrema a lo que alguna vez fue
una de las naciones más aventajadas de América Latina. Adicionalmente Pence,
quien dedicó buena parte de su discurso a describir la tragedia por la que ha
atravesado Venezuela, acusó a la administración bolivariana de asociarse con el
narcotráfico y anunció que tres funcionarios venezolanos habían sido incluidos
en la lista de sanciones aplicadas por el Tesoro de EE.UU. "Estados Unidos
ha designado a tres venezolanos como testaferros de las drogas, hemos
congelados sus activos". La
Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC) colocó a tres
venezolanos en su lista negra. La OFAC anunció sanciones a Pedro Luis Martín
Olivares[13],
identificándolo como un traficante de droga significativo; a Walter Alexander
Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza por brindar apoyo a las
operaciones de Martín Olivares. La agencia también sancionó a 20 compañías en
Venezuela y Panamá, controladas por los ciudadanos mencionados. También Pence,
instó al gobierno de Nicolás Maduro a que suspendiera las elecciones
presidenciales pautadas para el 20 de mayo de 2018 señalando: "No
habrá una verdadera elección en Venezuela el 20 de mayo y el mundo lo sabe.
Será una elección falsa" (www.elnuevo.herald.com 7 de
mayo 2018; www.el-nacional.com 7 de
mayo 2018)[14].
Igualmente
y ya cerca las elecciones convocadas para el20 de mayo de 2018, el Grupo de
Lima volvió a pronunciarse en cuanto a distintos elementos de deterioro de
Venezuela en asuntos como los ya anotados. En este caso, específicamente el
Grupo de Lima en el comunicado del 14 de mayo señaló “Los países participantes
reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, el
cual ha violentado la institucionalidad democrática, el estado de derecho y el
respeto a los derechos humanos y ha convocado a un proceso electoral ilegitimo
y carente de credibilidad. Hacen un último llamado al Gobierno venezolano a
suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que
han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos
los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente
y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y
democrático”. Como se observa, el comunicado es bastante taxativo sobre la
necesidad y pertinencia de suspender las elecciones para la fecha que estaban
previstas (www.lapatilla.com 14 de
mayo 2018).
A partir del 20 de mayo
Los resultados electorales del 20 de mayo de 2018,
planteados en la versión CNE, no fueron nada esperanzadores para la
administración bolivariana. En primer
lugar -y grosso modo- con un CNE como el del momento, era de suponer que
los resultados eran de menor representatividad y muy poco convenientes para el
gobierno[15].
En segundo lugar, la administración
bolivariana a partir de tales resultados donde fue “reelecto” NM, no iba a
hacer nada distinto a lo que había hecho, porque
no podía ni puede según sus concepciones y sus ataduras
internacionales.
En particular en
economía persistió y persiste tratando de vender el Petro[16];
ejecutando política de gasto, monetización del déficit y aumentos de salario,
que potenciarían el contexto hiperinflacionario; lidiando con los acreedores
internacionales, que cobran deudas importantes pero pírricas ante los
dilapidados –grosso modo- 1,2 billones de $ de ingresos petroleros durante alrededor
20 años; difundiendo la idea de que hay una guerra internacional contra la
economía de Venezuela; señalando que en Venezuela no hay hambre y que nadie se
quiere ir o que los que lo hubiesen hecho, se irían a arrepentir y a querer
regresar; que Venezuela va en camino de convertirse en un país potencia, donde
se producen muchos bienes y se lograrán exportar otros tantos.
En política continuó y continua hablando del poder popular, de una
democracia participativa y protagónica, mientras la desinstitucionalización y
el autoritarismo destruyen crecientemente el Estado y los restos de la
democracia que ahora se pueden añorar, a pesar de todo lo malo que se
desarrolló o presentó en las expresiones
tardías de la Democracia de partidos[17].
Una presión y un condicionante muy grande que tiene en esta dimensión, es la
observación y las acusaciones que pesan sobre varios de sus funcionarios Para todas estas cosas, indudablemente
aprovechará su ANC y cualquier
instrumento legal que invente o improvise así como insistirá en que quiere paz,
amor y desarrollar las negociaciones otra vez[18].
Pero como sabemos, hubo otros resultados que no fueron los
del CNE. Estos resultados alternativos ubicaron alrededor de 17 millones de
personas que no votaron. No es interés discutir acá el importante problema de
la legitimidad, con elecciones donde
habrían votado un poco más de tres millones de alrededor de 20 millones del
padrón electoral, como variados
actores presentaron y manifestaron[19].
Hagamos un ejercicio amable, forzando los datos que referimos y pensemos que
votaron 5 millones de personas. Incluso planteado así surgen numerosas
interrogantes.
En primer lugar, debería uno preguntarse sobre la efectividad del tipo de
populismo desarrollado por la administración bolivariana, para mantener la
consecuencia de sus supuestos seguidores. Y en segundo lugar y en alta correspondencia con lo anterior, las
determinaciones que podrían venir de los profundos efectos de una no menos
profunda crisis económica y social, donde hay una abierta crisis humanitaria
que implica hambre, miseria, desazón y desesperanza: infelicidad, en una administración que se planteó crear un ministerio
de la felicidad[20];
pero también de los efectos y resultados de enfrentar a un pueblo que vivió en
democracia y que nunca expresó simpatías por el socialismo y sus variantes[21],
pero que ante frustraciones y resultados adversos en administraciones anteriores
a la iniciada en 1999, pudo ser seducido por una ideología, una mezcla o
pastiche, en cuyas esperanzas pudieron creer resentidos, frustrados,
necesitados de caudillos y otros por propia voluntad y convicción. Un verdadero
desmentido tienen en estos resultados,
algunos que siempre piensan que al pueblo le puede inevitablemente gustar el
socialismo, comunismo o las formas particulares de un socialismo rentístico plagado de distorsiones y paradojas.
Dada la existencia de distintos mecanismos de presión hay
que preguntarse: ¿dónde estuvieron los 10/15 millones de inscritos y portadores
del carnet de la patria que eran
considerados o por lo menos sugeridos por el presidente Nicolás Maduro como
seguidores automáticos de la “revolución bonita” para el momento de las
elecciones? ¿Dónde quedaron los seis millones de familias a los cuales les
llegaban regularmente -según el presidente- las cajas CLAP y que también eran
considerados amantes y potenciales continuadores felices de sus obras? Consejos
comunales, organizaciones populares diversas de la “revolución”, deben también
considerarse. Por lo demás, debe darse por descontado que existían más de 2,5
millones de empleados públicos para el mismo momento, a los cuales se les exigen
correspondencias en la dedicación y en el voto. ¿Falta de fidelidad, abandono
de la dedicación, amor comprado, confusiones de ideas? Otra idea más terrible y
nada democrática, es que deberían existir mayores mecanismos de control y
supervisión[22],
para que los supuestos seguidores ejecuten efectivamente su función de
seguidores. La sostenibilidad de una condición política de esta naturaleza debe
ser objeto de análisis o abordarse un
terreno de reflexión como el de la legitimidad.
Tal panorama recibió los pronunciamientos nacionales de
duda, sorpresa y alarma por las cifras presentadas y por la magnitud de la
abstención (54% según los datos “oficiales” y alrededor de 80% según
apreciaciones señaladas). En el plano
internacional los pronunciamientos y rechazos fueron categóricos.
EE.UU. rechazó los resultados y la reelección ofreciendo además
próximas sanciones. Las naciones del Grupo
de los Siete (G7) rechazaron el 23 de mayo el resultado de la elección
presidencial de Venezuela, pues carecía de "legitimidad y
credibilidad", y pidieron una nueva votación. En declaración conjunta, los
líderes de los siete países más
industrializados (Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y
Estados Unidos), junto con la Unión
Europea, consignaron que "están unidos en rechazar el proceso
electoral", "No se han respetado las normas internacionales
reconocidas y no se han asegurado las garantías fundamentales necesarias para
un proceso inclusivo, justo y democrático. Por ende, esta elección y su
resultado carecen de legitimidad y credibilidad" (comunicado emitido en
Ottawa). Correspondientemente, "Como consecuencia, denunciamos las
elecciones presidenciales de Venezuela y su resultado, ya que no
representan la voluntad democrática de los ciudadanos venezolanos. El gobierno
venezolano ha perdido la oportunidad de realizar, con urgencia, una corrección
política" (www.panorama.com.ve 23 de
mayo 2018). Por su parte, el Grupo de Lima anunció el 21 de mayo que
no reconocía la legitimidad de las elecciones presidenciales y que preparaba
drásticas medidas para limitar las relaciones diplomáticas y financieras con la
administración de NM. Los 14 países del Grupo dijeron en un comunicado emitido
a través de la cancillería de Perú y México que los comicios no cumplen con
“los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y
transparente”; de la misma manera el Grupo de Lima señaló que acordó reducir el
nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para ello llamarán a
“consultas a los embajadores en Caracas" y emplazará a los embajadores de
Venezuela "para expresar nuestra protesta” (www.elnuevoherald.com 21 de mayo 2018).
Uno de los miembros más activos de ese Grupo de Lima, que ha
insistido en los deterioros de la democracia y la economía venezolana como lo
ha sido Canadá, nuevamente sancionó a funcionarios de la administración
bolivariana el día 30 de mayo de 2018. Chrystia Freeland, ministra de
Relaciones Exteriores de Canadá, informó así que 14 funcionarios serían
sancionados bajo los regimientos de la Ley de Medidas Económicas
Especiales "Estas sanciones envían un mensaje claro de que el
comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene
consecuencias. El anuncio de hoy es una prueba de nuestro compromiso con
la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y nuestro
rechazo a las elecciones presidenciales fraudulentas de Venezuela. Canadá
está tan decidido como siempre a apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda
de un futuro más pacífico, democrático y próspero”. Entre los funcionarios
destacó la primera dama Cilia Flores; la alcaldesa de Caracas, Erika Farías y
el ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos
Rotondaro. El Reglamento de Medidas Económicas Especiales establece congelación
de activos de los funcionarios incluidos en la lista y prohíbe
a las personas en Canadá y a los canadienses fuera de Canadá comercializar con
cualquier propiedad de aquellos o proveerles servicios financieros o
relacionados (www.el-nacional-com 30 de
mayo 2018; www.primicias24.com).
En la continuación de estas reacciones internacionales, un
evento relevante pasó a ser la resolución de OEA en reunión de inicios de
junio, a los efectos de desconocer el proceso y los resultados de las
“elecciones” del 20 de mayo de 2018. Fue
quizás un gran triunfo, dentro de sus limitaciones, tanto del Secretario Luis Almagro como de toda la
organización. En tal sentido, la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos, OEA, aprobó el martes 5 de junio una
resolución sobre Venezuela, que allana el camino a
su suspensión de la organización. La representación
diplomática venezolana pidió que la votación se hiciera de manera nominal, y el
resultado final fue de 19 votos a favor de las
sanciones, cuatro en contra (Venezuela, Dominica, San Vicente y
Bolivia) y 11 abstenciones (mayormente
naciones caribeñas: Surinam, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago,
Belice, Uruguay, Antigua y Barbuda, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití y
Nicaragua)[23].
En el mismo orden de anotaciones anteriores, la UE, el 25 de
junio de 2018 amplió su número de funcionarios venezolanos sancionados
–llevándolos a 18-, implicando la prohibición de viajar a la UE y la
congelación de sus activos en el bloque; esta vez, por el mismo sentido de la
reacción de OEA ya señalada, aunque con repercusiones personalizadas en los
funcionarios, por su participación en el deterioro de la democracia en
Venezuela dadas las elecciones del 20 de mayo señaladas. Entre los sancionados
se encuentran los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck
el Aissami, señalados por el órgano de violar derechos humanos y
socavar la democracia y el Estado de derecho; Sergio José Rivero,
inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante
general del Ejército Bolivariano;
Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim); Elías Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación; Sandra
Oblitas, vicepresidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE); Freddy
Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP); Katherine
Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional
Electoral, y Xavier Antonio Moreno,
secretario general del CNE
(http://efectococuyo.com 25 de junio 2018; www.el-nacional.com 25 de junio de 2018).
En la misma línea de las acciones ya presentadas para Canadá
y UE durante el año 2018 -y en un contexto de profundización de la crisis
social, económica y política de la nación,
a pesar del nuevo enrumbamiento para la economía y la nación, intentada
por la administración bolivariana a partir de las medidas tomadas el 17 de
agosto del 2018[24]
, EEUU volvió a tomar medidas sancionatorias hacia funcionarios de alto nivel
de la administración bolivariana. En específico las tomó sobre Cilia Flores
(primera dama), Delcy (Vicepresidente) y Jorge Rodríguez (ministro para la
comunicación e información) así como Rafael Padrino L. (ministro de la
defensa). De esta manera, las propiedades e intereses que los cuatro
funcionarios tuviesen en Estados Unidos o que estuviesen bajo el control o
posesión de terceros de nacionalidad estadounidense serían bloqueados y
reportados a la OFAC. "El presidente Maduro confía en su círculo
cercano para mantenerse en el poder mientras su régimen saquea sistemáticamente
lo que queda de la riqueza de Venezuela. Continuamos señalando a los
partidarios que permiten que Maduro consolide su control sobre los militares o
el gobierno mientras los venezolanos sufren", es parte de lo contenido en
un comunicado del secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. Agregando que
"El Tesoro seguirá imponiendo un castigo financiero a los responsables del
trágico declive de Venezuela y a las redes y los representantes que usan para
ocultar su riqueza ilícita"; así como que, "Seguimos sancionando a los partidarios del gobierno que hacen posible a
Maduro consolidar su control sobre los militares y el gobierno mientras el
pueblo venezolano sufre"[25].
Tal medida se dio en la semana de la Asamblea General de la
ONU nro. 73 en el septenario del 24 de septiembre de 2018. A esta reunión
asistió -contrario a lo que había afirmado previamente sobre que no lo haría-
el presidente NM. Su discurso, dado con la ausencia de muchos representantes de
países, estuvo signado por la repetición de numerosos lugares comunes en el
sentido de intenciones, políticas y concepciones presentes en las ejecutorias
de la administración bolivariana durante alrededor de 20 años, al igual que
numerosas referencias sobre supuestos ataques a nivel internacional para la
misma. De resto, todo el discurso estuvo plagado de un auto reconocimiento empedernido
a todos los “logros” tenidos por la administración y la nación durante el
tiempo señalado. Pero, posterior a esta euforia del presidente y sus
seguidores, existen dos eventos que ameritan ser señalados pues encuadran en el
sentido del escenario internacional de crecientes sanciones y cuestionamientos
hacia la situación en que -ya para ese momento del 2018- la administración
bolivariana había ido sumiendo a la
nación y sus ciudadanos, en aspectos económicos sociales y políticos cargados
de inestabilidad e incertidumbre.
El primero de los eventos señalados en el párrafo anterior
atañe a la solicitud el día 26 de septiembre de 2018, por parte de cinco países
latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) y Canadá a la
Corte Penal Internacional, en relación a investigar hacia el presidente NM
crímenes de Lesa Humanidad[26].
Debe indicarse que la petición a la CPI estampada inicialmente por los seis
países americanos es la primera, en sus 16 años de historia, en que un grupo de
Estados miembros remiten la situación de un tercer país a la Fiscalía. Estos
procesos pueden llevar tiempo pero el mismo inicio a partir de la solicitud representó de por si
una acción relevante en contra del presidente. Puede observarse la gestión
continuada y perseverante de parte de Canadá en sus observaciones y acciones
para buscar detener el clima de deterioro económico, social y político que
reiteradamente ha ido planteando presente para Venezuela (www.eluniversal.com 26 de septiembre 2018).
El segundo de los
eventos indicados atañe a la resolución que tomó el consejo de derechos humanos
de la ONU el 27 de septiembre de 2018, en cuanto a que Venezuela debía permitir
la observación y canalización de ayuda humanitaria dada la crisis del mismo
tenor en lo correspondiente a alimentación y salud; asuntos que han estado en
la base de la fluida migración hacia países vecinos y otras latitudes que ya
habían ejecutado sobre dos millones de venezolanos, buscando alimentos, atención de la salud y
alternativas en sus opciones de vida[27]
(www.eluniversal.com 27 de septiembre 2018). Puede catalogarse como una acción
de política firme hacia el Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro,
por parte de un órgano intergubernamental (creado en 2006). 23 países votaron a
favor de la resolución, siete en contra (Burundi, China, Cuba, Egipto,
Pakistán, República Democrática del Congo y Venezuela[28])
y 17 se abstuvieron (www.elestimulo.com 27 de
septiembre 2018). Adicionalmente, debe señalarse que la resolución del caso
hizo mención expresa de "la profunda preocupación" por "las graves violaciones de los
derechos humanos en el contexto de la crisis política, económica, social y
humanitaria".
El llegadero: las elecciones
municipales del 9 de diciembre.
A pesar de las expectativas para el comienzo de 2019, en
relación al desconocimiento deseado por algunos en cuanto al inicio de un nuevo
periodo presidencial del presidente NM en enero del año señalado[29], las elecciones municipales de diciembre de
2018 se plantearon como una nueva “legitimación” y ampliación de los espacios
de poder para la administración bolivariana. Más aun, dado el escenario de
expectativas pasivas y desorganizadas, en el cual devino el conjunto de fuerzas
opositoras al régimen de la administración bolivariana y sus frecuentes y
masivas movilizaciones en distintos lugares del país. Del año 2017, con todos
sus detalles y más de 130 muertos, al escenario conocido y observado del año
2018, según características señaladas, indudablemente hay una distancia
considerable y poco estimulante. El estímulo o desestimulo según el perfil
interpretativo que se asuma, quedó, durante 2018 y sus finales, para la
realidad misma, con su agudo deterioro económico y social -con una dominante
hiperinflación de proyecciones nada felices para el año 2019-, con un aparato
productivo además golpeado, atribulado y afectado técnicamente por todo el
conjunto de políticas acumulado desde años previos y, correspondientemente, lo
determinante del paquete de medidas del 17 de agosto y su complemento del 29 de
noviembre[30],
como instrumentos de actuación para equilibrar la economía; considerados por la
administración, antes, durante y posterior a su puesta en práctica como
exitosos, mientras la realidad económica y social fue demostrando lo contrario
al sumir a la economía en mayor recesión y mayor extensión de la pobreza, así
como deterioro de la imagen de la nación en el escenario y los indicadores
internacionales[31].
Igual que otros casos vistos en recientes años -después de
diciembre de 2015, donde la administración bolivariana perdió la Asamblea Nacional- dadas las acciones[32],
estrategias, procuras y urgencias de la administración del caso por mantenerse
en el ejercicio del poder, no hubo mayores sorpresas en el triunfo cómodo de
esta última. Lo destacable solo deriva de la pronunciada abstención
observada (alrededor de un 73%)[33]
con una mayoría definida de cargos
ocupados por el PSUV[34]
y una población perpleja entre elecciones, hambre y escasez. Con el escenario
conocido, y los desempeños continuados de instituciones del caso como el CNE,
no es difícil imaginar que la abstención haya sido de un porcentaje mayor.
@eortizramirez
[3]En tales
sentidos expresaron en el comunicado: “Exigimos
que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada
anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y
con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de
observadores internacionales independientes. Unas elecciones que no cumplan
estas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad” (http://americanuestra.com/los-principales-paises-de-america-latina-rechazan-las-elecciones-en-venezuela-antes-de-mayo/#). De la misma
manera y ya en el ámbito nacional la Conferencia Episcopal Venezolana expresó
su rechazo en un documento fechado 29 enero 2018; entre los ocho puntos de ese
documento están los dos siguientes: “2.- En primer lugar, ratificamos lo dicho
en la Exhortación Pastoral “Dios consolará a su Pueblo”, del pasado 12 de enero
2018: “La Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su
origen y en su desempeño. En vez de limitarse a redactar una nueva Constitución
pretende erigirse en un supra poder con funciones ejecutivas y judiciales”
(n.4). Demostración de esto es el mandato dado al CNE por parte de la ANC para
que convoque elecciones presidenciales adelantadas, contraviniendo el marco
legal vigente. 3.-En segundo lugar, estamos ante un hecho de extralimitación y
desnaturalización de las funciones de la ANC. Tenemos una Constitución Nacional
y unas leyes que estipulan claramente el procedimiento de las elecciones.
Sencillamente, se desconocen y omiten estas disposiciones, para legislar según
los intereses propios del poder” (ver www.800noticias.com 29 de enero 2018).
[4] Esta
acción recibió respuesta de la UE en el sentido de que: “La UE condena
firmemente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al embajador
español persona non grata. Expresamos plena solidaridad con España y llamamos a
revertir la decisión, ya que va contra la necesidad de mantener abiertos los
canales diplomáticos” (Comisión
Europea -CE-, Catherine Ray). Venezuela declaró el jueves 25 de
enero de 2018 persona no grata a Silva Fernández por “continuas agresiones y
recurrentes actos de injerencia” del Gobierno español en los asuntos de
Venezuela (www.globovisión.com 26 de
enero 2018).
[5] Después fueron
pospuestas para el 20 de mayo.
[6] Esta
evolución y resultados hasta ese momento, llevaron a pronunciarse –nuevamente-
con mucha firmeza al Grupo de Lima; en este caso sobre la participación del
presidente NM en la Cumbre de las Américas a celebrarse con fecha 13 y 14 de
abril de 2018; partiendo esto del respaldo a la propuesta y decisión del
presidente del Perú de no permitir tal participación. En tal sentido, el Gobierno de Perú retiró la
invitación enviada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para
que asistiera a la octava Cumbre
de las Américas, que se efectuaría
el 13 y 14 de abril del año en referencia, según la carta que oficializó
esa decisión y que fue firmada por la canciller peruana, Cayetana Aljovín, y enviada al
ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. En tal sentido, el Grupo de Lima señaló el 13 de febrero de
2018 que respaldaba el anuncio del Gobierno peruano de declarar como "no
bienvenida" la presencia en la Cumbre señalada del mandatario venezolano,
a quien el bloque exigió un nuevo calendario electoral, al ratificar su rechazo
a las presidenciales anticipadas en el país. El grupo (Argentina, Canadá,
Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y
Costa Rica), emitió una declaración en la que reafirmó que las elecciones
presidenciales anunciadas por el oficialismo venezolano para el 22 de abril
"carecerán de toda legitimidad y credibilidad". Aljovín objetó la
asistencia de NM a la Cumbre, apuntando que, según la Declaración de Quebec de
2001, firmada por los países de la Organización de Estados Americanos (OEA),
una ruptura de la democracia constituye un "obstáculo insuperable"
para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas (www.efe.com 13 de febrero 2018; www.elmundo.es 16 febrero 2018). El día 21 de marzo de 2018 el presidente
de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a su cargo, según anunció en un
pronunciamiento televisado junto a su gabinete; quien lo sustituyó, el
Vicepresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ratificó la posición
señalada hacia el presidente NM (www.cnnespanol.cnn.com 21 de marzo 2018).
[7]
Ver Eduardo Ortiz Ramírez https://www.academia.edu/35776780/VENEZUELA._DESINTEGRACI%C3%93N_NACIONAL_LA_DI%C3%81SPORA_EN_ACCI%C3%93N.
[8] “CONSIDERANDO
que el anuncio del Gobierno venezolano de adelantar las elecciones
presidenciales al 22 de abril de 2018 imposibilita la realización de elecciones
democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas
internacionales, y contradice los principios democráticos y la buena fe;”; “RESUELVE: 1. Exhortar al Gobierno de Venezuela a que
reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y presente un
nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con
todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente,
legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y
actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase, observadores
internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de
comunicación, y con un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su
independencia y autonomía y que goce de la confianza de todos los actores
políticos.” (https://www.voanoticias.com
23 de febrero 2018).
[9] En fecha
8 de marzo 2018, la ONU descartó el que pudiese ejercer algún tipo de
observación en razón de que "El secretario general no puede enviar
personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato
específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad", señaló al
respecto el portavoz del secretario General, Stéphane Dujarric (www.laverdad.com 8 de marzo de 2018). Por
otra parte el día 9 de marzo Zeid Ra'ad al Hussein, pidió al gobierno de NM que
abriera las puertas a la ONU para verificar sobre el terreno lo que sucedía en
el país. El mismo alto comisionado había presentado el día 7 de marzo un
informe sobre sus actividades ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde
destacó la situación de las libertades fundamentales en el mundo, en el que
dijo que las libertades de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica
son "reprimidas y gravemente restringidas" en Venezuela; además, señaló que "no se cumplen las condiciones mínimas
para la celebración de unas elecciones libres y creíbles", convocadas para
el 20 de mayo (ver www.dw.com 9/3/18). En este
agudo contexto, EEUU no amainó en la imposición de sanciones contra
funcionarios y la administración bolivariana. Así, el gobierno estadounidense
prohibió el 19 de marzo, las operaciones que involucren criptomonedas
venezolanas y simultáneamente sancionó a cuatro funcionarios y ex funcionarios
oficialistas, intensificando la presión sobre el Gobierno de NM. La orden,
firmada por el presidente Donald Trump prohibió a toda persona o compañía
sujetas a las leyes estadounidenses, realizar transacciones con cualquier
moneda digital emitida por la administración Venezolana, a partir del 9 de
enero del 2018, incluyendo al llamado Petro. Los funcionarios
sancionados por incurrir en prácticas de corrupción o derroche administrativo
fueron: Américo Alex Mata García, director del Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat; Carlos Alberto Rotondaro Cova, ex presidente del directorio del
Instituto Venezolano del Seguro Social; Willian Antonio Contreras,
superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos; y
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, tesorero nacional interino. (www.elnuevoherald.com 19 de marzo). Pero
también Suiza, a través de El Consejo Federal (gobierno) promulgó el 28 de
marzo sanciones contra Venezuela y congeló los fondos de siete ministros y
altos funcionarios “a causa de las violaciones a los derechos humanos y al
deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas”.
Concretamente, Suiza congeló fondos de siete ministros y altos cargos y les prohibió
la entrada a su territorio. Aunque el comunicado no especifica quienes son los
sancionados, la lista de siete nombres es idéntica a la adoptada por la Unión
Europea. También se congelaron bienes de empresas e instituciones que el
comunicado no especificó. Los funcionarios sancionados son: el constituyente
Diosdado cabello, La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay
Lucena, El Fiscal General Tarek William Saab, Antonio Benavides Torres, El
ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, el director del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Gustavo González López, y El
presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno (www.el-nacional.com 28 de marzo; www.runrun.es 28 de marzo 2018).
[10] Ver Félix Arellano Venezuela y el
multilateralismo,
http://masterecointerucv.blogspot.com/2018/02/venezuela-y-el-multilateralismo.html 27 de febrero 2018.
[11] Aunque
le fue señalado por la cancillería y presidencia del Perú, que no sería
admitido después de habérsele retirado la invitación.
[13] Pedro
Luis Martín Olivares: exfuncionario del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin) -ligado al exjefe de inteligencia durante
el Gobierno de Hugo Chávez y actual diputado a la Asamblea Nacional por Monagas
Hugo Carvajal- (www.efectococuyo.com
7 de mayo 2018).
[14] El 18
de mayo de 2018, faltando dos días para las elecciones, EEUU volvió a actuar en
contra de 4 funcionarios de la administración bolivariana y -en este caso- se trató del vicepresidente del PSUV así como expresidente de la Asamblea Nacional
2012/2016 y figura siempre destacada de la administración del caso así como de
su hermano Superintendente del SENIAT (también fueron sancionados Marleny Josefina Contreras Hernández y Rafael
Alfredo Sarria Díaz). Las medidas implicaron la congelación de los
activos que las personas sancionadas tuviesen bajo jurisdicción de EE.UU y
prohibición a las empresas estadounidenses de realizar operaciones financieras
con ellas. La OFAC también sancionó tres empresas propiedad de Sarría
radicadas en el estado de Florida identificadas como 11420 Corp, Noor
Plantation Investments LLC y SAI Advisors Inc. Estados Unidos acusó a D.
Cabello de lavado de dinero y estar directamente implicado en el tráfico de
drogas a Europa desde Venezuela (pasando por República Dominicana). “El pueblo
venezolano sufre bajo políticos corruptos que se aferran al poder mientras se
llenan sus bolsillos”, señaló en un comunicado el secretario del Tesoro de
Estados Unidos, Steven Mnuchin. Así también: “Estamos imponiendo costos a
figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para
involucrarse en el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero, la malversación
de fondos estatales y otras actividades corruptas” (ver www.msn.com 18 de mayo 2018; www.talcualdigital.com 18/05/18).
[15] El CNE
terminó asignándole más de 6 millones de votos a NM, de cerca de 9 millones
como total de votantes (ver www.el-nacional.com
22 de mayo).
[16] Su
criptomoneda.
[17] Para un
caso lleno de particularidades como el de la actual Nicaragua es pertinente la
idea de Sergio Ramírez: "Los nicaragüenses lo que quieren es que les
devuelvan la democracia" (www.bbc.com 21 de mayo 2018).
[18] Algunos
europeos como el expresidente de España Rodríguez Zapatero han conseguido
ocupación regular en estas actividades. Cosa curiosa, pero que tiene sus
razones del lado de los empleadores.
[19] “Recorridos
realizados durante el día por las agencias de noticias y reporteros de la
prensa independiente mostraron centros de votación totalmente vacíos en las
principales ciudades del país, mientras que encuestas de boca de urna
realizadas por firmas privadas también dejaban en claro la magnitud con que el
proceso estaba siendo rechazado. Según una de ellas, sólo unos 3.59 millones de
venezolanos acudieron a los centros de votación, proporción que solo representa
el 17.32 por ciento de los cerca de 20.5 millones de electores inscritos en el
registro electoral. Dirigentes de la oposición agrupados bajo el denominado
Frente Amplio dijeron antes del anuncio que el mundo había visto el domingo el
gran triunfo del pueblo venezolano” (www.elnuevoherald.com
21 de mayo). Directamente pudimos constatar esto y recibimos variadas
informaciones de diversos lugares del país, donde el panorama era semejante.
[20] Estas
expresiones no se indican con sorna, pues en la misma economía se han
estructurado indicadores relacionados y hasta uno llamado de sufrimiento macroeconómico, el buen vivir, mejor vida y otros.
[21] En
distintas elecciones de las realizadas antes de 1999, la izquierda difícilmente
superaba los 200.000 votos.
[22] Algo
así como controles sobre controles.
[23] Un
resumen de los elementos fundamentales de la resolución puede abarcar aspectos
como: 1. Declarar que el proceso electoral desarrollado en
Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por
no cumplir con los estándares internacionales, y no haber contado con la
participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado
sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y
democrático. 2. Reafirmar que, sólo a través de un dialogo nacional con
la participación de todos los actores políticos y otros actores venezolanos
interesados, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones
indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje
realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de
manera pacífica la actual crisis. 3. Reiterar que ha ocurrido una
alteración inconstitucional del orden constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela. 4. Urgir al Gobierno de Venezuela a dar pasos
para garantizar la separación e independencia de los poderes
constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea
Nacional, el Estado de Derecho y las garantías y libertades de la población. 5.
Urgir al Gobierno de Venezuela a permitir el ingreso de ayuda
humanitaria, así como a implementar las medidas de vigilancia
epidemiológica en su país para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria
y de salud pública, en particular frente a la reaparición de enfermedades como
sarampión, malaria y difteria. 6. Instar a los Estados miembros a implementar
medidas para atender la emergencia epidemiológica, incluyendo suministrar
medicamentos. 7. Instruir al Consejo Permanente para que, en coordinación
con las instituciones interamericanas e internacionales competentes,
identifique las medidas apropiadas para apoyar a los Estados Miembros
que están recibiendo un creciente número de migrantes y refugiados venezolanos.
8. Hacer un llamado a los Estados Miembros y Observadores a implementar, de
conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional
aplicable, las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y
financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en
Venezuela. 9. Mantenerse atenta al desarrollo de la situación en Venezuela con
objeto de apoyar medidas y acciones diplomáticas adicionales que
faciliten la restauración de la institucionalidad democrática y de la paz
social. 10. Aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta
Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de
la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21 (www.diariolasamericas.com 5 de junio 2018).
[24] (“” presidente
NM) 1.- “El petro ha sido fijado su valor en dólares en (…) 60
dólares o más, es el precio del barril petróleo. Ahora el petro va a anclar el
precio del bolívar soberano y cada petro tendrá un valor de 3.600 bolívares
soberanos”, lo que implica una tasa de cambio de 60 bolívares soberanos por
dólar”. 2.- Aumento y el anclaje de los salarios y pensiones
al petro. “He fijado el salario mínimo, las pensiones y la base del salario
para todas las tablas salariales del país en base a medio petro, 1.800
bolívares soberanos (equivalen a 180 millones de bolívares actuales)”. 3.- La
administración asumiría durante 90 días todos los salarios de las
PYMIS del país y de todo el sector privado: “tengo los recursos, si no pueden
avísenme, pero no voy a aceptar que me aumenten los precios porque aumentaron
los salarios”. 4.- Habrá un solo tipo de cambio, que estará anclado
al petro durante 90 días y que fluctuará con todo el resto de monedas (dólares,
euros, yuanes, etc.). “Elevaremos la frecuencia de subastas ente Dicom con tres
subastas semanales de oferta de divisas convertibles en general, con la meta en
60 días de llegar a una por día y jugar claro duro y directo en el sistema
cambiario venezolano para tener un solo tipo de cambio definitivamente y matar
al dólar criminal, sepultarlo”. 5.- Incremento del IVA de 12 a
16% y la recaudación del ISLR a una frecuencia semanal. También un
Impuesto a las Transacciones Financieras de hasta 2% para a los 133 mil contribuyentes
especiales del país. 6.- Emisión de un bono para los
beneficiarios del carnet de la patria. “A través del carnet de la Patria a
partir del lunes 20 un bono de reconversión económica de 600 bolívares
(soberanos) a diez millones de carnetizados”. 7.- Incremento en el
precio de la gasolina, sin pormenores sobre cuándo se realizaría el mismo y
señalando que “no tiene prisa” por los cambios, que podrían ser paulatinos.
Extendiéndose hasta el 30 de agosto el censo de transporte (solo se podrá
comprar gasolina con el Carnet de la Patria) (www.noticierodigital.com 17 de
agosto 2018; www.eluniversal.com 17 de
agosto 2018). Puede verse Eduardo Ortiz Ramírez, NI SUEÑO NI VATICINIO: lo
realmente sucedido después del 17 de agosto en Venezuela, http://masterecointerucv.blogspot.com/2018/09/ni-sueno-ni-vaticinio-lo-realmente.html
[25] Ver www.bbc.com 25 de septiembre 2018; www.el-nacional.com 25 de septiembre
2018; www.ultimasnoticias.com.ve
25 septiembre 2018.
[26] Es de
señalar que para finales de septiembre se registró internacionalmente el apoyo
de Francia a esta solicitud. La
presidencia francesa señaló que los esfuerzos de la CPI son pertinentes para
"establecer los hechos que han llevado a esta crisis y contribuir a
encontrar una solución"; mostrando también gran preocupación por los
últimos desarrollos de tal crisis y "en particular el deterioro de la
situación económica que obliga a cientos de miles de ciudadanos venezolanos a
exiliarse y a buscar refugio" en el resto de Sudamérica e incluso en otras
regiones y continentes (www.contrapunto.com
1 de octubre 2018; www.elestimulo.com
29/09/18).
[27] Para
estos momentos de septiembre de 2018, cifras alternativas variadas, superiores
a la indicada, se habían planteado sobre el número de migrantes. Algunas
incluso superando los 4 millones para el total de los mismos. La migración de
venezolanos en el contexto señalado ha marcado señales muy superiores a
migraciones internacionales diversas y evidentemente mayor a la mayoría de las
experiencias latinoamericanas en varias décadas. Ver Eduardo Ortiz Ramírez https://www.academia.edu/35776780/VENEZUELA._DESINTEGRACI%C3%93N_NACIONAL_LA_DI%C3%81SPORA_EN_ACCI%C3%93N.
[28] Debe
destacarse que algunos de estos países como China, Cuba, República Democrática
del Congo y Venezuela han sido habituales de las listas negras, que elaboran cada año organizaciones del área, como
los principales violadores de los derechos humanos en el mundo.
[29] “El
próximo 10 de enero de 2019, oportunidad en que se inicia un nuevo período
constitucional la nación no dispone de una persona electa para tomar
posesión de tal cargo, ya que hasta la presente fecha no se han realizado las
elecciones para presidente de la República en los términos establecidos en
la Constitución de la República”, comunicado del Bloque Constitucional. Puede
verse http://runrun.es/noticias/360915/an-discute-sobre-juramentacion-de-maduro-el-10-de-enero-de-2019/.
[30] Las medidas
tomadas el 29 de noviembre de 2018 implicaron: 1) valor del petro es de Bs S
9.000; 2) salario mínimo pasa a Bs S 4.500; 3) otras medidas como diferenciales
de aguinaldos por nuevo salario, más bono navideño según procedimientos y ajuste
de tabla de hogares de la patria a partir del 01-12-2018 (ver www.el-nacional.com 29/11/18). No
habiéndose ejecutado el aumento del precio de la gasolina, el cuadro de
políticas económicas es bastante similar con el contexto de inflación creciente
al igual que el mercado del dólar paralelo. Ver referencias de la nota 31.
[31]
Puede verse Eduardo Ortiz Ramírez https://www.academia.edu/37913997/COMO_ENTENDER_EL_FUTURO_DE_VENEZUELA_PISANDO_EL_2019._04_de_Noviembre_2018; y PRONUNCIAMIENTO DE LA ANCE SOBRE SOBRE LOS
ANUNCIOS DE NICOLAS MADURO DEL PASADO 29 DE NOVIEMBRE http://masterecointerucv.blogspot.com/2018/12/pronunciamiento-de-la-ance-sobre-sobre.html.
[32] Entre
ellas, poner en acción una segunda constituyente dentro de la administración
bolivariana, con la correspondiente Asamblea Nacional Constituyente como es
analizado más arriba.
[33] Para el Observatorio
Electoral Venezolano (OEV) esta es la segunda abstención más alta en elecciones
en Venezuela. “En la estadística que llevamos nosotros del año 2000, esta
es la segunda abstención más alta en las elecciones venezolanas (…) en los
últimos diez años no habíamos visto semejante abstención estamos hablando de más
del 70% de la población que no votó”, indicó
Ignacio Ávalos, director del OEV; citado en www.entornointeligente.com 16 de
diciembre 2018.
[34] “De los
467 cargos nominales, 449 fueron para el PSUV, mientras que otros partidos y
alianzas obtuvieron 18 cargos adjudicables”. http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3769,
16 de diciembre 2018.
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