El poder de la financiación
pública para la transición verde
Nov 27, 2019 WERNER HOYER
LUXEMBURGO – Funcionarios y
expertos han estado muy preocupados por las crisis que afligen a la Unión
Europea; dicen que está rezagada en la confrontación de grandes amenazas que
ponen en riesgo su supervivencia a largo plazo. Pero en lo referido al cambio
climático, es todo lo contrario. A mediados de noviembre, los estados miembros
de la UE demostraron que pueden unirse en pos de una visión compartida para un
futuro descarbonizado. Algunas instituciones europeas ya lideran la lucha
mundial contra el cambio climático. Y una de ellas, el Banco Europeo de
Inversiones, tendrá a partir de ahora un papel más importante como instrumento
para descarbonizar la economía y mantener el calentamiento global lo más lejos
posible de 2 °C por encima de los niveles preindustriales.
El cambio climático es el tema
político número uno de nuestro tiempo. Los científicos calculan que de seguir
por la senda actual, a fines de siglo tendremos un calentamiento global de
entre 3 y 4 °C, momento en el cual grandes áreas del planeta serán
inhabitables. En combinación con el crecimiento demográfico, esto supone un
efecto catastrófico sobre el bienestar humano y los flujos migratorios. Las
emisiones de carbono alcanzaron en
2018 un máximo histórico, lo que indica que es urgente acelerar la respuesta.
La transición a una economía
descarbonizada no será posible sin inversiones a gran escala. Pero los recursos
públicos son escasos y no bastarán para financiarlas. En vez de eso, hay que
potenciar los fondos públicos usándolos para movilizar el capital privado. La
nueva Comisión Europea con la presidencia de Ursula von der Leyen lo comprende.
En el contexto de un futuro Pacto Verde Europeo, von der Leyen pidió que el BEI se
convierta en el motor
financiero de esa transición.
Con ese objetivo, el BEI usará
sus programas de financiación para movilizar más de un billón de dólares en
inversiones para la acción climática y la sostenibilidad ambiental a lo largo
de la próxima década, además de aumentar la proporción que supone la inversión
climática dentro de su cartera general de préstamos a 50% de aquí a 2025. A fines
de 2020, todos sus programas de financiación estarán en línea con los objetivos
del acuerdo climático de París (2015), y un año después dejará de financiar
proyectos que dependan exclusivamente de los combustibles fósiles. De ahora en
adelante, el banco estará comprometido con la estrategia de inversión climática
más ambiciosa de cualquier organismo de financiación pública del mundo.
Esos organismos no deben
limitarse a seguir a los mercados financieros, sino que deben marcarles el
camino, creando canales para la inversión en las tecnologías
verdes del futuro: desde granjas eólicas flotantes y nuevas formas de
producción de energía a partir de las mareas a mejoras de las baterías y edificios
más eficientes. Los bancos públicos deben ingresar en sectores de los que
el capital privado todavía rehuye (de lo cual el BEI ya dio un ejemplo en el
área de la generación eólica de energía en altamar).
Además, hay buenos motivos
financieros para priorizar la inversión en la transición verde. Los inversores
y las agencias de calificación están cada vez más atentos a la posible
presencia en las carteras de inversión de activos sin valor efectivo, por
ejemplo proyectos gaspetroleros que se volverán obsoletos conforme nuevas
tecnologías de energía renovable se vuelvan comercialmente viables. La vida
útil de muchos proyectos actuales de explotación de combustibles fósiles ya es
menor a lo que se esperaba, y las carteras financieras que dependan mucho de
esos activos correrán cada vez más riesgo de devaluación.
Ahora que algunos gobiernos han
abandonado sus compromisos previos de reducir las emisiones, se podría pensar
que la lucha internacional contra el cambio climático está perdiendo fuerza.
Pero no hay que subestimar el poder que tiene la presión financiera para
generar cambios, ni ignorar la determinación de los gobiernos locales y del
sector privado para actuar allí donde no lo hagan los gobiernos nacionales.
Sin embargo, para conseguir y
sostener el compromiso de todos los gobiernos, la transición a una economía
descarbonizada debe ser inclusiva. La nueva política del BEI para la
financiación de proyectos energéticos recibió el voto favorable de países que
aportan más del 90% del capital de la institución, pero algunos países votaron
en contra: tienen inquietudes legítimas respecto de las consecuencias
económicas para sus electorados. No podemos desestimar la posición de países
que dependen de combustibles fósiles como el carbón, o que planean aumentar la
producción de gas natural para tener un combustible para la transición. En vez
de eso, debemos ayudarlos a acelerar la transición, asegurando que el proceso
sea justo y equitativo. El BEI, por ejemplo, acordó extender (hasta fines de
2021) el plazo hasta el cual dará apoyo a proyectos de explotación de gas que
ya están en evaluación.
Como hemos visto en años
recientes, por más bien diseñadas que estén las políticas climáticas, si se
olvidan de la población generarán rechazo y probablemente fracasarán. Ahora
mismo, al menos diez estados miembros de la UE tienen problemas que no es
posible ignorar relacionados con la inversión en proyectos energéticos.
Para ayudarlos a encontrar una
salida, el BEI trabajará codo a codo con la Comisión Europea y con el nuevo
“Fondo para una Transición Justa” (lo cual incluye la provisión de
asesoramiento).
Bien manejada, una transición a
una economía verde generará abundantes oportunidades económicas en todas las
áreas relacionadas con la energía, incluidas la generación, la transmisión, la
distribución y el almacenamiento. Además, la necesidad de tecnologías no
contaminantes en los sectores industriales con alto uso de energía y en
transporte creará más campo de acción para empresas innovadoras.
Nuevos participantes están
entrando al mercado, los consumidores se están volviendo más activos, y las
organizaciones de la sociedad civil se están movilizando. Con nuestra
influencia en los mercados y guiando la inversión privada hacia sectores que
aseguren una transición justa y equitativa para todos, el BEI espera demostrar
lo mucho que puede hacerse con un aprovechamiento inteligente de los fondos
públicos.
3 Commentaries
Werner Hoyer is President of the European
Investment Bank.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario