EDUARDO
ORTIZ RAMÍREZ.
Los venezolanos adquirieron un nivel de vida respaldado en oportunidades
de empleo, niveles de salario que permitían alcanzar un nivel de vida superior
al de varios países de América latina, apoyo en seguridad social y servicios
públicos, entre otros elementos. Ese nivel de vida empezó a deteriorarse
–inicialmente en los sectores menos favorecidos en la distribución del ingreso-
con los aumentos de los precios petroleros y los niveles de endeudamiento del
país desde mediados de los años setenta. Ninguno de los dos tipos de aumento,
ni las ejecutorias de variadas administraciones, con sus respectivos sesgos en
la elaboración de la política económica y social, permitieron aumentar ni el
desarrollo ni el bienestar de los venezolanos. Es esa la evolución desde los
años referidos hasta los inicios de la administración bolivariana, y esta
última ha continuado –grosso modo- con los mismos resultados. Es de ahí que los
registros y balances sobre el deterioro del salario real sigan siendo de los
elementos relevantes en la evaluación de lo que en otro trabajo llamamos el paquete de pobreza. Es este, en parte,
el sentido recogido en la afirmación contenida en el documento Compromiso con Venezuela de
Fedecámaras: “La calidad de vida de las personas solo puede incrementarse
sostenidamente con una economía que año tras año logra crecer. A pesar de los
cuantiosos recursos naturales y el talento con los que cuenta nuestro país,
hemos retrocedido año tras año con respecto a América Latina y al mundo en
indicadores de competitividad, inversión y calidad institucional.”
(Fedecámaras, Compromiso con Venezuela. 2014.)
Varias son las opciones que en una economía pueden considerarse para
atender las necesidades de aumentar o mantener el bienestar de sus ciudadanos.
En el caso de Venezuela es ineludible considerar su condición de economía
productora de petróleo y petroestado.
Considerando administraciones siempre polémicas, como la segunda de Carlos
Andrés Pérez y la bolivariana desde 1999, podemos resaltar cuatro perspectivas.
La primera opción remite a la perspectiva tradicional entre crecimiento y bienestar. Se
considera que a una dinámica intensa en el crecimiento para el mediano plazo,
corresponderá automáticamente un impulso en el bienestar de la población. Es
este el sentido que se le ha dado a varios elementos de política y dinámica
macroeconómica en la economía venezolana. Es el caso de los megaproyectos en la segunda
administración de Carlos Andrés Pérez, los cuales se consideraban estimularían
las variables aludidas. En el caso de la administración bolivariana el proyecto
ferrocarrilero (para 2014 con varios años de aletargamiento de su intensidad),
obras del metro, puentes sobre el Orinoco, construcción de viviendas han
ocupado ese lugar.
En segundo lugar, se encuentra la opción de los Programas Sociales Compensatorios (PSC)
en la administración de Pérez señalada. Se consideró en esta que, dado el
innegable panorama de pobreza y deterioro en el bienestar, los PSC (sobre todo
a través de la red escolar y de salud, y focalizando en los sectores o grupos
sociales más vulnerables) contrarrestarían los efectos de los programas de
ajuste y estabilización enmarcados en el llamado Gran Viraje. En el caso de la administración bolivariana desde 2004
se desarrollaron grandemente las misiones,
que abarcan salud, educación, vivienda y otros. Puede afirmarse que en esta
administración ha habido mayor sectarismo y acotación ideológica al momento de
difundir la atención social. Las preguntas en ambas administraciones han sido:
¿Cuánto tiempo puede la administración mantener el programa de atención social?
¿Contrarrestan estos últimos significativamente la pobreza? Debe aceptarse que,
la asignación de viviendas en la administración bolivariana, ha significado un
salto de importancia en la valoración de familias que han sido beneficiadas en
tal sentido y más allá de los condicionantes políticos, puesto que al momento
de aquella asignación y en el uso de la vivienda misma no han estado claros los
criterios de propiedad. Se mantiene además el agudo problema de los déficits habitacionales
y si se han cumplido o no las metas trazadas para la satisfacción de los
mismos.
Una tercera opción, más especifica que las anteriores es la que se da a través de los
aumentos de salario vía decreto gubernamental. Desde los tiempos de la
Venezuela de los años setenta, la nación venezolana presencia episodios
relacionados donde los aumentos de salario de tal tipo son interpretados a la
luz de si pueden o no compensar los aumentos de precios tenidos en períodos
relativamente recientes a los mismos; si estimulan nuevos aumentos de precios
dados las crecidas en la capacidad de compra o si realmente permiten aumentar
el bienestar de los ciudadanos. Desde el punto de vista político son apartados,
así, cualesquiera criterios sobre el desarrollo de la productividad. Todo este escenario se ha complicado grandemente
dados también los registros y mediciones sobre la llamada cesta o canasta alimentaria -por familia de
alrededor de 5 miembros- o la canasta
básica que incorpore los servicios y bienes restantes que necesita la misma
familia. En el contexto de la administración bolivariana y reconocidos los
efectos de la inflación, también se ha terminado conceptualizando que en una
familia puedan existir dos o más salarios mínimos.
Siguiendo los registros que presenta Anabella Abadi –y depurando los
planteamientos en su debida temporalidad- (Todo lo que usted necesita saber
sobre el aumento del Salario Mínimo. www.prodavinci.com, 30 de Abril, 2014) puede destacarse
como en la administración bolivariana se habían presentado -en quince años- 25
aumentos de salario y en el caso del presidente Nicolás Maduro (NM) -hasta mayo
de 2014- se tenían acumulados cinco para su primer año de gobierno (con el
último el salario mínimo se habría ubicado en BsF. 4.251,4 y con el
bono de alimentación alcanzó a BsF. 5.602).
Esa última combinación se le ubica propiamente como el salario integral y debe apreciarse que
el bono de alimentación generalmente aumenta menos que el salario y, dados
niveles altos de inflación como los de 2013 (56%) o los registrados ya entrado
2014 y los cuales se habían previsto (5% en varios meses; 5,7% en abril y 5,7%
también en mayo, www.el-nacional.com, 17-5-14 y www.elmundo.com.ve 13-06-14),
es fácil que en tales momentos se hayan perfilado perdidas de poder
adquisitivo. Ello llevó, entre variados factores presentados (aumentos de
precios de bienes regulados, fijación de precios de otros rubros que
significaron aumentos) al director de econométrica, una firma consultora, a
ubicar una pérdida de poder de compra de 4% mensual ya establecido el escenario
2014 (ver www.eluniversal.com 12 de mayo 2014). El nivel de inflación acumulado
para mayo 2014 había alcanzado 23% (www.elmundo.com.ve
13-06-14). Para el mes de noviembre del mismo año la inflación acumulada
alcanzó 60,1% (www.el-nacional.com 1 de enero 2015); superando para ese mes
como se observa el nivel acumulado en 2013. Definitivamente la inflación
terminó registrándose para 2014 en un monto de 68,5% (ver www.informe21.com
14-02-15).
Ajustando a los precios a enero de 2014 Abadi presenta que el salario
máximo alcanzado habría estado en 2007 con un nivel de Bs F 3.657, aunque aquel
último aumento coloca el salario en BsF. 3.995, pero con tendencia a
presentarse más bajo en adelante;
globalmente “Desde 1999 los ajustes sólo han logrado mantener el Salario
Mínimo alrededor de su promedio de los últimos 15 años”. igualmente de interés
es resaltar sus registros sobre la relación entre el aumento de mayo 2014 con
el costo de las canastas para las familias: “…desde el inicio de la gestión del
Presidente Maduro y tras 4 ajustes, el Salario Mínimo nunca llegó a cubrir el
costo de la Canasta Alimentaria Normativa y mucho menos de la Canasta Básica.
Si se mantiene la tendencia, el ajuste de 30% de mayo de 2014 también será
insuficiente”.
Comenzando el último trimestre de 2014, Cendas (grupo de análisis que
tradicionalmente ha supervisado la inflación y sus repercusiones en la canasta
alimentaria y la básica) difundió sus apreciaciones y registros sobre el costo
alcanzado por la canasta alimentaria y básica –como en otros casos deben
entenderse en su debida temporalidad-. En cuanto a la primera, para el mes de
septiembre de 2014 su valor se ubicó en 14.080,98 bolívares, incrementándose el
mismo en Bs. 598,42 -4,4%, con respecto al mes de agosto de 2014 y 97,7% entre
septiembre de 2013 y el mismo mes de
2014-; requiriéndose de esta manera, 3.3 salarios mínimos para poder
adquirir la canasta (Ver www.elmundo.com.ve).
Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la
Federación Venezolana de Maestros, Cendas-FVM, señaló que la canasta básica
familiar registró un aumento de 11.819,03 bolívares (92,9%) entre agosto de
2013 y agosto de 2014 y pasó a ubicarse su costo en 24.541,63 bolívares.
Requiriéndose, en tales condiciones, 5,8 salarios mínimos (Bs 4.251,78) para
poder cubrir todos los gastos relativos a una familia. La canasta básica
familiar que mide el Cendas-FVM se refiere al conjunto de bienes y servicios
indispensables a los que debe acceder una familia para satisfacer sus
necesidades fundamentales (gastos alimentarios, alquileres, vestimenta y salud,
entre otros elementos). Debe señalarse que esto representó alrededor de 93% de
aumento -para un año- en el costo de tal canasta básica y según estos registros
presentados para octubre 2014 (Ver MSN Dinero, www.msn.com 14/10/14). Los
registros de la misma fuente reseñados para mayo de 2015 resumen los efectos de
la inflación y el correspondiente deterioro en las condiciones de vida de la
población, vistos a la luz del precio de la misma canasta básica familiar: “El
precio de la Canasta Básica Familiar (CBF) de abril costó Bs. 37.960,36
aumentando Bs. 2.835,91 (8,1%) con respecto al mes de marzo, según el estudio
del Centro de Documentación y Análisis Social de la federación Venezolana de
maestros. La variación anualizada para el período abril 2015-abril2014 fue
de107,2% o Bs. 19.638,07; lo que representa tres y medio salarios mínimos (Bs.
5.622,48). Se requieren 6.8 salarios mínimos para poder adquirir la canasta
básica para una familia de cinco miembros.” (www.el-nacional.com 20 de mayo
2015).
Para noviembre 2014 el presidente NM comunicó al país un nuevo aumento
del salario mínimo -con vigencia para el mes de diciembre del mismo año-,
representando, en esta oportunidad, el sexto que el presidente NM decretaba
en año y medio de gobierno. Y alcanzando a ser el número 28 –según los registros
oficiales- en 16 años de administración bolivariana. Con el aumento de 15% anunciado el 3 de noviembre, el salario
mínimo llegaba a Bs F. 4.889,1. Es el
tercer ajuste aprobado sólo en 2014, tras el de 10% de enero 2014 y el de 30% de mayo de 2014, con lo que se acumulaba un aumento de
64,5% en un año, con una inflación interanual que alcanzó a 63,4% en agosto de 2014. En
un contexto inflacionario dinámico e intenso como el que Venezuela registraba
ya en 2014, el aumento del salario mínimo al no tener en paralelo un acrecentamiento
en la oferta de bienes, su capacidad de compra desaparece rápidamente y la
administración se enfrenta en estos casos a un círculo vicioso entre nuevos
aumentos e inflación. Algunos estiman así que de ser una solución de corto
plazo pasa a ser un problema de largo plazo. Y efectivamente, ante 28 aumentos
del salario mínimo y recrudecimientos de la inflación se trata de un círculo
vicioso (Anabella Abadi M. ¿El aumento del salario mínimo recupera la capacidad adquisitiva del
venezolano? www.prodavinci.com
3 de noviembre, 2014). Otro tipo de análisis nos remite a la comparación de
los niveles alcanzados por el salario mínimo -recurrentemente aumentado- con el
precio de las canastas, pues para el último trimestre del año 2014 las cifras
de instituciones como Cenda -tal cual se destacó- ubicaban (grosso modo) la canasta alimentaria en más de 14.000 Bs
F. y la básica en más de 24.000 Bs
F. en un contexto de agudizada y crecientemente extendida escasez. En momentos
cercanos a los señalados, varios funcionarios expresaron numerosos
reconocimientos y elaboraron perspectivas altamente positivas para 2015 en los
asuntos indicados. Un caso es el del Vicepresidente de Planificación y Conocimiento
quien aseguró que el salario mínimo se ubicó -dado el aumento decidido por la
administración- por encima (4.888 bolívares) del valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN;
5.741 bolívares); llegando a afirmar lo siguiente: "El valor general del
salario, del ingreso general de nuestras personas, el mínimo pasa a estar
rondando los 7 mil bolívares", así como que "En el pasado donde
trabaja una persona por hogar, ahora tenemos cerca de dos personas que trabajan
por hogar. Eso permite que las cifras del ingreso por hogar se ubiquen en
13.300 bolívares por casa. Trabajan más personas por casas y evidentemente, al
subir el salario mínimo y el ticket de alimentación, se mejora la situación
desde el punto de vista de los hogares" (www.eluniversal.com 04/11/2014).
Entrado ya 2015, Cendas presentó cifras que podrían apreciarse como
consolidadas dado el tiempo transcurrido en meses -según las referencias
anteriores- y las cuales representan una diferencia no insignificante; aunque
no alteran el sentido de las tendencias señaladas en cuanto al deterioro del
salario real y de las posibilidades de acceso a la canasta alimentaria (en
descargo de la organización debe recordarse el retraso que han presentado
distintas instituciones públicas en el suministro de la información de
variables fundamentales de la economía como la inflación). De esta manera, para
Cendas la Canasta Alimentaria tuvo un costo para el mes de diciembre de 2014
de 12.306,09 bolívares, con un incremento de 91% en relación a
diciembre de 2013 (Bs. 5.889,99). De manera más especifica la organización
destacó como entre noviembre y diciembre el costo de los alimentos básicos
varió en 14,6% (1.566,36 bolívares más por los mismos productos). En diciembre
de 2014 subieron nueve de los 11 rubros
que componen la canasta alimentaria. Entre los productos que más vieron
incrementados sus precios: carnes y preparados (36,8%), grasas y aceites
(24,8%), leche, quesos y huevos (17,1%), cereales 13,3% y verduras 10,6% (ver
www.6topoder.com 19 de febrero de 2015).
Observado desde la perspectiva de finales del tercer trimestre de 2015,
el panorama es considerablemente más complicado en cuanto a deterioro acumulado,
si se parte de medir solamente el costo alimentario. Así, el Centro de
Documentación de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros
(Cendas-FVM) señaló que la Canasta Alimentaria Familiar (familia de cinco
miembros) del mes de agosto aumentó a 50.625,52 bolívares. Entre julio y agosto
la misma presentó un aumento de 8.943,82 bolívares, lo que representó un
incremento de 21.5% en un mes, requiriéndose 6,8 salarios mínimos (7.421,68)
para poder adquirirla (www.el-nacional.com 30 de septiembre 2015).
Con una inflación de 68,5% en
2014 y acentuada durante el transcurso del primer semestre de 2015 (observada
por variados medios a pesar de los retraso en la entrega de los índices
inflacionarios mensuales por parte del BCV; extraoficialmente
se estimaba para mayo de 2015 que, durante los cuatro primeros meses del año,
la inflación sumaba cerca de 50% según fuentes vinculadas a la administración
bolivariana -ver www.elestimulo.com 04/05/2015-; para el último trimestre de
2015 diversas fuentes ubican la inflación para 2015 bordeando el 200%.), una escasez acentuada y
convertida en un problema estructural que se ha expandido a la generalidad de
productos y bienes, una descapitalización y desvalorización en cuanto a
activos, patrimonios y salarios dadas las presiones y combinaciones entre los
movimientos ascendentes del dólar libre –que no ha encontrado contención en
ninguno de los regímenes cambiarios instrumentados- y la inflación, la
administración bolivariana a través de la alocución del presidente NM del 1ro
de mayo de 2015 pasó decretar un nuevo aumento del salario mínimo. La medida
quedó incorporada a otras medidas de ajuste salarial dentro del sector público.
Señaló NM: "He ordenado y he firmado el punto de
cuenta para decretar 30% de aumento del salario mínimo y las pensiones: 20% a
partir del 1° de mayo y 10% a partir del 1° de julio. He ordenado el ajuste
inmediato de toda la tabla de la administración pública nacional y de la
FANB". Con el 20% de aumento de mayo el salario mínimo se ubicó en
6.746,97 bolívares, y con el 10% de julio, se ubicaría –y efectivamente así
fue- en 7.421,66 bolívares, representando estos aumentos un alza de 1.799,18
bolívares al mes y 59,97 bolívares diarios (ver www.el-nacional.com sábado 02
de mayo y domingo 03 de mayo de 2015). Debe señalarse que este nuevo aumento
del salario mínimo pasó a añadir más distorsiones en la diferenciación de
salarios según estratos ocupacionales y tipos de trabajadores como
profesionales, técnicos, personal operativo por mencionar algunos de los casos
(ver www.el-nacional.com 05 de mayo de 2015). (En un contexto de aguda escasez e inflación el 15 de octubre de 2015 el Presidente NM volvió a decretar otro aumento en el salario mínimo: 30% del salario mínimo, el cual se ubicaria a partir del 1° de noviembre en Bs 9.648,16; igualmente se dio un aumento de la base de cálculo del ticket de alimentación a 1,5 unidades tributaria y el número de dias a 30, lo que representa alrededor de Bs 6.750; el salario integral se ubicó asi en 16.399 Bs.F.; ver www.elmundo.com.ve 16 de octubre 2015 y www.eluniversal.com 16 de octubre 2015).
En el contexto de la aguda y ampliada crisis económica y social de la
economía venezolana para finales de 2015, es importante destacar la
interrelación de este nivel de salario mínimo con otras variables. En
estimaciones de Genny Zuñiga –Investigadora de la UCAB-, en base al salario de mayo 2015, puede apreciarse que alrededor de 40% de la población ocupada gana
el salario mínimo (Bs 7.421,68) y, considerando dos salarios
mínimos (Bs 14.843,36), el porcentaje alcanza a 80%. Por otra parte,
al analizar las condiciones de empleo, se observa que 37% de los
trabajadores no tienen contrato, 12% labora bajo un acuerdo verbal, 13% posee
un contrato a término y sólo 38% contrato indeterminado. Igualmente se destaca
en tales estimaciones que menos de
la mitad de la población (alrededor de 40%) tiene beneficios de
vacaciones, política habitacional y seguro social (www.elestimulo.com 8 de
octubre 2015).
La administración bolivariana de HC Y NM siempre ha señalado el
importante nivel que habría tenido el salario mínimo cuando se le compara con
el contexto de países latinoamericanos. Dada la situación cambiaria que se ha
tenido durante buena parte de la misma y que se ha complicado con el
transcurrir del tiempo, esta afirmación es considerablemente irrelevante para
el salario mínimo y los otros salarios puesto que el dólar negro o paralelo ha
ido siendo un tipo de cambio marcador de los precios cuya máxima expresión la
ha adquirido en el contexto de escasez presentado abiertamente para los años
2013, 2014 y 2015. Más aun, en los años señalados la panorámica cambiaria se ha
complejizado con dólar oficial 6.30 (por
referir algún nivel de los presentados), Sicad I, Sicad II y SIMADI. De ahí que
tan solo aplicando Sicad II para el momento del cálculo en los propios registros del trabajo de Abadi se
destaca que: “Calculando a la tasa oficial de Sicad II de 49,9764 Bs F/US$,
Venezuela pasa a tener el 2do Salario Mínimo en dólares más bajo de la región
con US$ 85, sólo superando a Cuba (US$ 10)”. De la misma manera, puede hacerse
una acotación atinente al nivel del salario mínimo medido en dólares a partir
del aumento del 1ro de mayo de 2015. Si se calcula el nuevo salario mínimo de
los trabajadores y pensionados al precio del dólar a la tasa del Sistema
Marginal de Divisas (el SIMADI), que había cerrado el jueves 30 de abril en
198,31 bolívares por $, aquel quedó perfilado para julio de 2015 –después de la
segunda porción del aumento ya señalada- en 37 dólares. Por otra parte, el
dinero adicional diario obtenido a partir del aumento es apenas la tercera
parte de lo que costaba un dólar en ese mecanismo al momento referido (ver www.el-nacional.com
03 de mayo de 2015).
La cuarta opción remite a la elaboración de estrategias de desarrollo que -en la
ejecución de las políticas de ajuste y en el perfil de desarrollo a largo
plazo- abarcasen políticas de ingreso y empleo en la línea de un proyecto de
desarrollo compartido por distintos agentes y el cual permitiese potenciar
áreas fundamentales en cuanto a bienestar de la población (bienes salario, por
ejemplo), el crecimiento (generación de empleo), la productividad (estímulos,
acciones conjuntas entre agentes públicos y privados) o la competitividad
(innovaciones, investigación y desarrollo, mejoramientos de la calidad). En el
caso de la segunda administración de Pérez las conceptualizaciones o ejecutorias
del Gran Viraje no estuvieron
estructuradas en base al consenso. Hubo un extremismo tecnocrático y un sentido
neoliberal, con un paquete considerablemente explosivo desde el punto de vista
económico y social. En el caso de la administración bolivariana, tampoco se ha
usado el consenso ni la participación conjunta de agentes públicos y privados;
adicionalmente, todos los planes, hasta quince años de ejecutorias (incluido el
Plan de la Patria… de 2013), han ido
adquiriendo crecientemente un matiz sesgado hacia el estatismo y lo que tal
administración percibe como socialismo (En distintas discusiones sobre el
desarrollo y la elaboración de estrategias atinentes al mismo, se resalta la
importancia del escenario democrático para los mejores logros e impulso de
aquel, pero, igualmente se señala, entre otros tantos elementos, la importancia
de alcanzar consensos para los objetivos y metas de mediano y largo plazo que
se plateen las naciones. Es inevitable que sobre distintos tópicos, variados
grupos sociales puedan presentar disensos o desacuerdos. Sin embargo, la
tendencia dominante debería ser una donde los consensos fuesen mayores que los
disensos o que aquellos tuviesen mayor representación que estos últimos).
Cualesquiera de estas opciones para el aumento del bienestar pasa
ineludiblemente por consideraciones y acciones atinentes al manejo de ingresos
y gastos del sector público, incluida la atención de la corrupción y en general
a estructurar un nuevo perfil para la Política Fiscal, según los patrones tradicionales
que ha habido en Venezuela. Las posibilidades de financiar adecuadamente el
desarrollo, manejando convenientemente el ahorro nacional es –efectivamente- la base, junto a las
acciones desde el sector privado, para suministrar un impulso productivo que
pueda propender al aumento del bienestar de la población (“…Ya sea en la Europa
occidental de la posguerra o en la China de después de la revolución, en la
República de Corea después de la reforma agraria o en Estados Unidos después
del New Deal, el progreso socioeconómico ha requerido a menudo una
combinación de libertad económica y sólidos fundamentos de educación, salud e
infraestructura públicas. Es casi seguro que la mayoría de países en América
Latina y el Caribe requerirán reformas adicionales de sus contratos sociales
para permitir a sus gobiernos proporcionar esos fundamentos y sostener el
crecimiento” -Banco Mundial, La movilidad económica y el crecimiento de
la clase media en América Latina, 2013, pg. 13).
En el campo fiscal, la administración bolivariana ha mantenido una
permanente posición de éxito sobre los ingresos tributarios distintos del
petróleo. En los inicios de la administración, instituciones como el SENIAT
insistieron en la voluntad de los ciudadanos venezolanos para pagar sus
impuestos que ahora –dada la presencia de la administración bolivariana- si
verían reflejados en mejoras públicas. Cada proceso de recaudación de impuestos
generalmente ha terminado con una evaluación de éxito en cuanto a que se ha
recolectado más que el año inmediato anterior, para los efectos de aumento de
los ingresos públicos. Sin embargo, la realidad fiscal de Venezuela por el lado
de los ingresos tributarios no es muy distinta de otros países de la región.
Los datos del Banco Mundial son expresivos en tal sentido: “Actualmente, con la
excepción de Argentina y Brasil, la región se caracteriza por tener ingresos
fiscales totales relativamente bajos. El promedio de los ingresos fiscales
totales en 2010 fue de 20,4% del PIB en América Latina, en comparación con
33,7% en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,
por ejemplo. Por otro lado, en la composición de estos ingresos fiscales tenían
más peso los impuestos indirectos (a las ventas) y las contribuciones a la
seguridad social que el impuesto sobre la renta y la propiedad, lo cual conducía
a un sistema que no es especialmente progresivo.” (Banco Mundial, La movilidad económica y el crecimiento de
la clase media en América Latina, 2013, pg. 12).
eortizramirez@gmail.com
@eortizramirez
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