Academia Nacional de Ciencias Económicas
La población venezolana viene padeciendo un acelerado deterioro en sus
condiciones de vida desde hace tres años. La tasa de inflación, actualmente la
más alta del mundo, se une al desabastecimiento, la desmejora de los servicios
públicos, la mengua de los salarios, la grave situación de inseguridad y la
penuria en que se encuentran los servicios de salud, para empobrecer a las
mayorías, no obstante los cuantiosos ingresos captados por el país bajo la
presidencia de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. La Academia
Nacional de Ciencias Económicas considera su deber pronunciarse sobre las
causas y consecuencias de tan lamentable situación, en beneficio de contribuir
con su comprensión y con la formulación de políticas que puedan sacar al país
de tal extravío. Si bien este empobrecimiento se ha agravado por la caída en
los precios de exportación del petróleo, sus causas anteceden a esta situación.
Encuentran sus raíces en el proyecto económico implantado por ambos gobiernos,
que ha despilfarrado los enormes recursos percibidos, destruido la capacidad
productiva doméstica, alimentado la inflación, y aumentado nuestra dependencia
del ingreso petrolero y de proveedores foráneos.
Un cálculo somero de los recursos manejados por el régimen bolivariano
entre 1999, su primer año de gobierno, y 2014, da una cifra superior a 1,3
billones[1] de
dólares entre ingresos al Gobierno Central, incremento de la deuda pública y
gasto social (parafiscal) de PDVSA. El objetivo económico principal proseguido
ha sido el de centralizar en manos de la Presidencia de la República estos
cuantiosos recursos para su aplicación discrecional con fines políticos. Para
ello se desmanteló el marco institucional del Estado de Derecho que regulaba la
Hacienda Pública, así como las relaciones entre el Estado y el sector privado,
al acceder Chávez al gobierno. En el ámbito de lo macroeconómico, los proventos
de la venta de petróleo en los mercados mundiales pasaron a disposición directa
del Ejecutivo para su reparto directo a través de “misiones”, se eliminó en la
práctica el control legislativo sobre el gasto público, se estableció un
control cambiario que pretende ocultar la devaluación sostenida del bolívar y
que reservó el usufructo de las divisas al arbitrio del Ejecutivo, y se acabó
con la autonomía del Banco Central de Venezuela. En el plano microeconómico se
socavaron los derechos de propiedad y las garantías procesales y para la
solución de controversias, se sometió la economía a una serie de regulaciones y
controles, y se congeló el mercado laboral, tanto en lo que respecta a su
movilidad, como en relación con la contratación colectiva.
Como resultado de estas medidas, el Sector Público Restringido[2] aumentó su peso en la economía
venezolana desde un 26% del PIB en el último año del gobierno de Rafael
Caldera, hasta un 40% en los últimos cuatro años. Desde el 2010, el déficit
público ha superado el 10% del PIB, llegando a ser más del 15% durante el
último trienio. Ello está asociado a una política monetaria expansiva y
permisiva. A partir del 31 de diciembre de 2010, la liquidez monetaria se ha
multiplicado 10 veces, un 97% de incremento sólo en lo que va de 2015, sin que
se haya aumentado el crédito bancario a la inversión reproductiva. Una tercera
parte de la liquidez se origina en el financiamiento del BCV al flujo de caja
de PDVSA, hecho posible por La reforma de la Ley del Instituto Emisor de 2010.
Por su parte, el régimen de control cambiario implantado desde comienzos de
2003, en vez de impedir la fuga de capitales, fortalecer la moneda y defender
las reservas internacionales, se ha traducido en una salida de más de $180
millardos por las cuentas financiera y de errores y
omisiones[3], una caída de las reservas a los niveles
precarios de ese año, y una cotización del dólar en la frontera que ha llegado
a ser 130 veces superior a la tasa oficial de Bs. 6,30. Y como el otorgamiento
de divisas a este último precio está fuertemente racionado y sujeto al arbitrio
discrecional de los funcionarios que deciden al respecto, su cotización en el
mercado paralelo se ha convertido en referente para la fijación de precios
domésticos, impulsando aún más la inflación. Todo lo anterior ha socavado la confianza
en el bolívar, que ha dejado de operar como depositario de valor y unidad de
cuenta, colocando a Venezuela al borde de la hiperinflación.
En lo interno, bajo el pregón de construir un “socialismo del siglo
XX1”, se arrinconó a la economía privada, expropiando empresas productivas del
campo y la ciudad –a veces sin compensación-, y estableciendo un draconiano
control de precios que impide cubrir adecuadamente los costos de producir y
comercializar bienes y servicios. Esto ha fomentado la búsqueda de rentas
fabulosas arbitrando entre precios altamente distorsionados -particularmente en
transacciones transfronterizas, en las que puede cobrarse en dólares-,
provocando un clima de gran incertidumbre que ha socavado la iniciativa
empresarial y, con ello, la inversión y el empleo productivo, mientras
incentiva actividades especulativas de todo tipo, en connivencia con
funcionarios corruptos. En consecuencia, la productividad laboral ha descendido
en más de 12% desde 2008, con su inevitable efecto sobre la remuneración real
de los asalariados. Como contraparte y secuela también de la excesiva
sobrevaloración del tipo de cambio oficial, Venezuela se ha hecho mucho más
dependiente del extranjero para la provisión de bienes de consumo y para la
producción. En 2012 las importaciones llegaron a cuadruplicar el monto de las
de 1998.
Esta conducción de lo económico ha acentuado la vulnerabilidad del país
ante los altibajos del mercado petrolero internacional. El petróleo provee
actualmente el 96% de los ingresos por exportación, pero el manejo de esta
industria según criterios políticos, en contraposición a lo que debería ser su
misión corporativa, hacen que una parte significativa de estos recursos no
ingresen al país y/o sean utilizados para fines que merman significativamente
su capacidad de respuesta a los desafíos del negocio petrolero. Para el cierre
de 2014 los estados financieros de PDVSA mostraban $27 millardos en cuentas por
cobrar –buena parte acreencias con países cuyas importaciones de crudo
venezolano son financiadas a través de PetroCaribe-, una deuda externa por $46
millardos y aportes por encima de $8 millardos al año para atender el servicio
de la deuda contraída por la nación con la República Popular de China. En lo
interno, la empresa pierde cerca de $15 millardos anualmente por el subsidio a
la gasolina y otros combustibles. Las insuficiencias de caja provocadas ha
obligado a PDVSA a depender del financiamiento monetario del BCV para poder
cumplir con sus compromisos, no sin diferir el pago a muchos proveedores.
Adicionalmente, enfrenta demandas en su contra que suman varios millardos de
dólares por parte de distintas empresas transnacionales, algunas ya con fallos
en contra. Es decir, la fuente principalísima de divisas con que cuenta el país
para atender las importaciones y el pago de la deuda, y sobre la cual ha
descansado buena parte de las políticas “socialistas” de ambos gobiernos, está
extenuada, sin que sea fácil su recuperación. Peor aún, no tiene reemplazo
inmediato: las exportaciones no tradicionales han prácticamente desaparecido
con el abandono inconsulto del pacto andino y la incorporación del país a
Mercosur -con posibilidades de exportación mucho menores-, y el costo de la
contratación de empréstitos con el extranjero, dada el desacertado manejo de la
economía, es actualmente prohibitivo. Sin políticas conducentes al desarrollo
de la competitividad de empresas e industrias domésticas, basadas en el
fortalecimiento del talento y de sus capacidades de innovación, Venezuela no
podrá superar la situación de postración que ahora exhibe.
Es menester entender que las políticas de reparto, suponiendo precios
internacionales del petróleo en torno a los $100 el barril, descansan en
controles y regulaciones severas que han generado incentivos perversos que
destruyen la actividad productiva. Las distorsiones engendradas son pasto de
buscadores de fortuna que se han ido apoderando de nichos importantes en los
circuitos económicos. La merma en los precios de exportación del crudo
venezolano ha puesto de manifiesto de la manera más cruda la inviabilidad de
continuar con tal esquema. Y los cambios estructurales evidenciados últimamente
en el mercado petrolero mundial no auguran un repunte importante de precios
para 2016. Las largas colas de venezolanos observadas por doquier buscando
alimentos, medicamentos y otros productos incrementan la tragedia representada
por un alza desmedida de precios –este año se estima que la inflación podrá
superar el 180%. Esta realidad no se corrige con medidas represivas ni cierres
de fronteras. Tampoco puede aceptarse la actitud del Banco Central y de otros
organismos, de ocultar la información sobre el acontecer económico, violando
los artículos 311 y 319 de la Constitución, como si con ello la grave situación
no existiese. Para este año se vislumbra una caída significativa de la
producción doméstica –estimada por el Fondo Monetario Internacional en 10%-,
que se acumula con la contracción del 4% ocurrida en 2014.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas hace un llamado a las
autoridades públicas, los partidos políticos, al sector empresarial, las
universidades, los trabajadores y al público consumidor, a concertar los
esfuerzos necesarios para producir un cambio fundamental en la conducción de
los asuntos económicos y así poder superar la grave situación en que nos
encontramos. Es imperativa la liberación de las fuerzas productivas para
aliviar la escasez, generar fuentes de ingreso que complementen progresivamente
al petróleo en la provisión de divisas y proveer empleo productivo y bien
remunerado. Venezuela tiene los recursos con los cuales superar la presente
situación. En este cometido el Ejecutivo tiene la responsabilidad central. Debe
instrumentar un ajuste que restablezca los equilibrios macroeconómicos esenciales
que permitan la unificación del tipo de cambio en torno a sus valores de
equilibrio para abatir la estanflación, generar expectativas favorables a la
inversión y establecer condiciones financieras que promuevan el ingreso de los
capitales necesarios para que estos cambios tengan viabilidad. Este esfuerzo
requiere el restablecimiento pleno de los derechos de propiedad y el
levantamiento del aparato punitivo de controles y regulaciones que está
asfixiando a la economía. Un programa bien diseñado de apoyo a los sectores más
vulnerables podrá reducir el impacto adverso de estas medidas de saneamiento en
el corto plazo mientras se generen los empleos productivos bien remunerados que
sustenten mejoras en el bienestar de los venezolanos.
Una conducción política nacional que hable con claridad al país, que
asuma las responsabilidades del caso y que no rehúya la tarea de labrar los
consensos que viabilicen este ajuste al menor costo posible, es imprescindible.
Ya basta de buscar “culpables” al deterioro en las condiciones de vida de los
venezolanos como excusa para no enmendar sus propios errores de política. El
país no toleraría que no se asuman claramente las grandes responsabilidades que
el momento exige. El grave empobrecimiento de los venezolanos causado por la
inflación desbordada requiere respuesta inmediata. La Academia Nacional de
Ciencias Económicas asume la suya, poniendo sus capacidades de análisis y de
divulgación como contribución a este esfuerzo.
Fuente: Academia Nacional de Ciencias Económicas
http://ance.org.ve//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
[2] Conformado por Gobierno Central, PDVSA, muestra de empresas
públicas no financieras, IVSS y Fogade.
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