Leer esta nota en: www.talcualdigital.com
Felix Arellano
Pareciera que varios gobiernos de la región olvidan la naturaleza de los derechos humanos por su carácter: universal, igualitario, irrevocable, inalienable, irrenunciable e intrasmisible
Nuestra región presenta profundas debilidades en temas como: pobreza, desigualdad, exclusión, marginalidad, productividad, competitividad; empero, paradójicamente, también está presentando retroceso en áreas donde había alcanzado fortalezas como: la defensa de la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Los gobiernos autoritarios de la región, bajo el liderazgo del proceso bolivariano, están desarrollando un proceso sistemático de destrucción, tanto de los principios e instituciones fundamentales de sus democracias, como de instituciones internacionales emblemáticas como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o la frágil sociedad civil internacional, en particular las ONG que promueven democracia, transparencia y justicia social.
Varios países de la región han avanzado en la incorporación de los principios democráticos y los derechos humanos en sus ordenamientos jurídicos internos y, como sabemos, el sistema democrático, con la excepción de la dictadura de los Castros en Cuba, se ha extendido en nuestro continente; empero, pareciera que aún resulta frágil ante los avances del autoritarismo, en particular de la izquierda, que con un falso discurso de grandes transformaciones atrae a las masas y, al asumir al poder, su objetivo es perpetuarse. Desempolvando el anacrónico discurso marxista, van desarrollando una neo-dictadura de la camarilla en el poder, con todos los privilegios, corrupción e impunidad en detrimento del pueblo que dicen representar.
Los autoritarismos van minando los principios e instituciones democráticas, entre otros, con el control de los poderes públicos, tratando de eliminar cualquier límite o supervisión a su acción autoritaria. La destrucción del poder judicial es fundamental y lo podemos apreciar duramente en Venezuela, con jueces: interinos, amedrentados, ideologizados, que si alteran las instrucciones, van detenidos, como la jueza Afiuni. Luego, con el poder judicial controlado, se criminaliza la protesta y se trata de eliminar al nuevo poder legislativo. Con sentencias vergonzosas se va minando su capacidad de acción.
Otro trabajo fundamental de los gobiernos autoritarios tiene que ver con la eliminación de los límites o controles provenientes de las organizaciones internacionales o de la incipiente sociedad civil internacional. Un nuevo enemigo externo son los derechos humanos y se les ataca como institución al servicio del poder imperial. Cuando las dictaduras militares perseguían los grupos de izquierda, los derechos humanos era una institución sagrada, que algunos de esos movimientos ayudaron a forjar; pero, al llegar al poder, son un enemigo que se debe eliminar y en esa tarea se encuentran; desprestigiando y debilitando a la Comisión Interamericana; pero, el caso venezolano ha llegado más lejos, al impedir el acceso al país de la Comisión y al denunciar el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos.
Frente al grave deterioro de la democracia y los derechos humanos que enfrenta Venezuela, la mayoría de los gobiernos de la región asume un silencio cómplice. Por el contrario, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido la fortaleza de denunciar sistemáticamente la situación, utilizando incluso mecanismos como la Orden Ejecutiva del Presidente Obama, contra funcionarios incursos en actos violatorios de los derechos humanos y los gobiernos de la región hacen silencio o, lo que es peor, algunos de ellos cuestionan a los Estados Unidos por sus supuestas acciones individuales, injerencistas y autoritarias.
Pareciera que varios gobiernos de la región olvidan la naturaleza de los derechos humanos por su carácter: universal, igualitario, irrevocable, inalienable, irrenunciable e intrasmisible.
También se observa debilidad en la región en lo que respecta al fortalecimiento de la sociedad civil internacional y, en particular, a la labor de las ONG. Los gobiernos autoritarios rechazan tanto los principios de transparencia, justicia, tolerancia que promueven estas instituciones; como la posibilidad de control de sus acciones. En este contexto, promueven limitar o eliminar la acción de las ONG críticas, particularmente las encargadas de los derechos humanos. En este contexto, el gobierno bolivariano expulsó a la ONG Human Rights Watch en el 2008, y mira con admiración la reciente normativa adoptada por el gobierno comunista chino sobre el control de las ONG, que prácticamente elimina su capacidad de acción.
La penosa experiencia que vivimos los venezolanos nos obliga a trabajar en la reconstrucción de la democracia interna, pero también en la consolidación de la sociedad civil en la región; temas como la participación de la sociedad civil, tanto en los esquemas de integración, o el perfeccionamiento de las cláusulas democráticas en lo relativo a la legitimidad del ejercicio democrático, reclaman una acción creativa, dinámica y contundente para impedir que el autoritarismo pueda destruir instituciones fundamentales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario