EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ
La
inclinación al estatismo y expropiaciones en la administración
bolivariana ha terminado ampliando el universo de empresas o entes
descentralizados de propiedad estatal. Por razones de comodidad y por el peso
de las empresas básicas en Venezuela (SIDOR, VENALUM, otras) a varios de estos
entes se les ubica como empresas públicas o unidades de producción y gestión de
servicios que funcionan con objetivos múltiples o entidades multipropósito. Se
expresa con esto el que, aunque funcionen con criterios de eficiencia sus
objetivos no son siempre los mismos de la empresa privada (ver distintos
trabajos de la Profesora Janet Kelly). Estrictamente, ninguna razón técnica permite
justificar que los dos tipos de empresa deberían funcionar bajo iguales
criterios.
Estos argumentos se han flexibilizado
en anteriores administraciones –sobre todo en la de Carlos Andrés Pérez de 1974/1979-
y más aún en la bolivariana desde 1999, convirtiéndose a las empresas públicas
en unidades de generación de empleo con condicionantes políticos y espacios de
desarrollo de la corrupción así como de generación
de endeudamiento y de contribución al déficit fiscal que, en años de la
segunda década del siglo XXI, se ha vuelto significativo en la economía
venezolana. Crisis en productividad, articulación con el resto de la economía,
excesivo consumo de energía así como presiones salariales diversas, no son
infrecuentes en las empresas públicas en esta última administración dado el
contexto de desindustrialización característico de la evolución venezolana
sobre todo de los últimos veinte años, junto a las presiones y condicionantes
desde el mercado cambiario y el monetario que abarca la inflación. Parte de sus
alternativas de funcionamiento derivan de la disponibilidad de divisas para
comprar de insumos o elementos de desempeño diverso.
Visto lo contenido en los planes de
la nación que en más de 17 años se han presentado en la administración
bolivariana, con el Plan de la Patria…
2013-2019, como el último de ellos, era de esperar que estas empresas
encontradas o ampliadas por expropiación de empresas, que se convierten en
públicas por la administración, se hubiesen gestionado con la búsqueda de
consecución de éxitos para la propia administración y con beneficio para la
ciudadanía. De manera contraria e impresionante Fredy Bernal (político de
responsabilidades en cargos oficiales y políticos y actor de fuerza dentro de la
corriente oficial) y en el contexto de sucesos como la aparición pública de la
carta del exministro Jorge Giordani, lanzó un pronunciamiento de interés: “Por
alguna razón no supimos gerenciar adecuadamente (...) las empresas expropiadas y
las llevamos al fracaso” (www.el-nacional.com
30 de junio 2014). Más allá de las responsabilidades del caso y que en una
sociedad, donde se mida más adecuadamente el
éxito de los gobiernos, podría ser contundente, ante tal afirmación existe la
discusión de la vinculación entre tal aseveración y el propio proyecto político
y económico de la administración bolivariana. ¿Es posible el traumático –y muy poco
exitoso- socialismo del siglo XXI?
¿El tiempo transcurrido –más de diecisiete años- finiquita el proyecto mismo o
este necesitará segundas o terceras oportunidades, para casos como los de las
empresas públicas encontradas o ampliadas por empresas expropiadas y convertidas
en públicas?[1]
Son varios los problemas que acompañan a este ya de por sí muy importante[2].
En tal sentido, la carga operativa,
fiscal y de acumulación de problemas sindicales, laborales y de resultados
financieros era ya suficientemente representativa para avanzado 2015 y lo cual
debe señalarse, no solo para la evolución de la economía venezolana acumulada
hasta esa fecha sino para la propia valoración del proyecto político de la
administración bolivariana y sus ejecutorias. Dentro de los resultados
operativos y financieros del área de las empresas públicas para la fecha deben,
así, señalarse los resultados que siguen.
Los registros en
las Memorias y Cuenta de las empresas básicas de Guayana indican la situación
crítica de tales unidades empresariales públicas. Hasta 2013, las industrias
del sector aluminio (Venalum, Alcasa, Bauxilum y Carbonorca) operaban entre 30
y 60% de su capacidad instalada y acopiaban pérdidas por cinco años. En el
sector hierro y acero (Ferrominera y Sidor) la gestión fue igualmente negativa;
las industrias tuvieron un bajo desempeño en producción, y ante las operaciones
problematizadas y disminuidas, acumulaban tres años con saldos negativos. Esta
situación de las llamadas empresas básicas de Guayana se trasladó a los años
2014 y 2015, teniendo importantes repercusiones en las empresas privadas del
área de la metalurgia aglomeradas en la Asociación de Industriales metalúrgicos
y de Minería de Venezuela, dadas las restricciones y disminuciones de los
insumos con los que laboran y que son producidos en buena parte por las
empresas básicas señaladas y que los años señalados les presentaron una
profunda agudización en la disponibilidad de divisas, eliminándoseles
posibilidades de importar tales insumos. Para 2015, se estimó así que, las empresas metalúrgicas, estaban
trabajando a 30% de su capacidad instalada debido a la falta de materias primas
e insumos que les suministran las empresas básicas (ver El nacional viernes 31
de julio 2015 Economía/4; www.el-nacional.com).
Caso parecido se
presenta también para la fecha con la empresa Maderas del Orinoco. El panorama
es más o menos similar para otras regiones y sectores; así, en cemento, los
registros oficiales indican que la Fábrica Nacional de Cementos para 2013
acumuló cuatro años con pérdidas. En alimentos, despunta el caso de Lácteos Los
Andes, con pérdidas en 2013 y 2012; siendo Industrias Diana la que presentaba
un mejor desempeño. Caso contrario se ha dado con las empresas del Estado en el
área de telecomunicaciones (Orinoquia y Vtelca) que presentaban menos dificultades
y, para 2012 y 2013 produjeron beneficios. Estos últimos casos no afectan la
tendencia predominante y que, dado el contexto y evolución señalada, ha llevado
a que la administración en la figura del presidente de la república, NM, se
haya planteado una especie de reestructuración buscando equilibrios,
mejoramientos y que las empresas públicas para ello no se presenten siempre
como perdedoras y puedan funcionar con criterios de rendimiento y eficiencia.
En tal sentido y ya en el contexto del mes –setiembre 2014- donde comunicó medidas de reestructuración del área
pública -buscando derrotar el Estado burgués según sus expresiones, las cuales
denominó el sacudón-, expresó: "…hay
que darle coherencia, direccionalidad y coordinación a las empresas públicas…”;
"…todas las empresas públicas, todas las empresas del Estado, del tamaño
que sea, de la actividad que sea tienen que ser productivas, transparentes, que
le rindan al país su riqueza, sus dividendos, su producto" (ver www.eluniversal.com 9 de septiembre 2014).
A pesar de estos pronunciamientos del
presidente NM, el escenario de escasez, inflación y desinversión agudizado en
2014 y 2015 ha contado con la inefectividad de la acción estatal en las
empresas públicas señalada para algunas de ellas. Insistiendo en el caso de las
dedicadas al ramo alimenticio puede indicarse cómo empresarios del área
comercial han afirmado que después de seis años de las expropiaciones de
Lácteos Los Andes, Fama de América e Industrias Diana el resultado de la
administración bolivariana ha sido la caída de la producción; y ello se expresa
en que las marcas del Estado se ven poco en los estantes de los supermercados
privados. El café Fama de América, el aceite Diana, los jugos y la leche Los
Andes duran poco tiempo en tales locales, dado que la cantidad de los despachos
no cubre la demanda y la frecuencia del suministro es irregular según
señalamientos de aquellos empresarios (ver www.el-nacional.com
16 de febrero 2015 pág. E/4).
Resultados de 2015 vistos a la luz de
la documentación oficial a inicios de 2016 reflejan resultados de una evolución
deficiente para aquel año. La mayoría de las empresas públicas registraron
descenso en su producción, por la contracción en la asignación de divisas
oficiales: Industrias Diana, expropiada en 2008, presentó la mayor contracción;
esta empresa encargada de producir aceite, produjo en 2015 73.406 toneladas, 41,03% menos
que en 2014, cuando fueron 124.482 toneladas; la producción de Mercal (Unidades
Productivas y Carnes Venezuela) cayó 13,09%; mientras en 2014 esta empresa procesó
9.151 toneladas, en 2015 fueron 7.953 toneladas; Venalcasa por su parte tuvo
una contracción de 15,15%, pasando de 87.031 toneladas en 2014 a 73.840 en
2015; en el caso de Lácteos Los Andes, expropiada también en 2008, el descenso
en la producción fue 1,06% y pasó de producir 265.932 toneladas de alimentos a
263.094 toneladas (leche en polvo y condensada, agua mineral, mermeladas, salsa
de tomate, entre otros), teniendo, correspondientemente, una menor disminución
en su producción; por su parte, la empresa mixta Venezolana de
Telecomunicaciones, encargada del ensamblaje y comercialización de celulares y
otros productos de alta tecnología, tuvo un descenso de 11,78% en su
manufactura, pasando de fabricar 1,04 millones de equipos en 2014 a 925.410 en
2015 y utilizando tan solo 49% de su capacidad productiva (ver www.el-nacional.com 5 de marzo 2016). Igualmente
útil como registro es la nota presentada en konzapata.com sobre la evolución de
las empresas del Estado desde 2005, que es cuando se forma el Ministerio de Industrias
Básicas y Minería (MIBAM) y cuyas actividades no han modificado un contexto
signado por problemas laborales, inadecuada gerencia y desinversión y
tratándose –además- de que desde sus inicios, con el economista Víctor Álvarez
como Ministro, se impulsó la idea de la cogestión
que era expresión muy usada en ese momento, cuando la administración bolivariana
refería la administración compartida de las empresas básicas con los
trabajadores. Para esto la prueba piloto se desarrolló en Alcasa, cuya evolución
poco exitosa se resume en que producía 190.000 toneladas en 2005, bajó a 90.000
en 2010 y a 28.798 toneladas en 2014. Se destaca en la nota como Los resultados del sector de empresas básicas
son poco alentadores. Las estadísticas de Alcasa, Venalum, Carbonorca,
Ferrominera o alguna otra de las empresas básicas, permiten destacar el decaimiento
de las mismas. El caso de Sidor es emblemático para la administración
bolivariana. Produjo 4,3 millones de toneladas de acero en 2007; en 2008 la
producción descendió a 3,5 millones y en 2015 alcanzó 1 millón 68 mil
toneladas.
A través de los 11 años abarcados desde 2005, se han revisado unas 480
concesiones y 509 contratos de operación y se ha puesto el cese a permisos de explotación
a varias empresas extranjeras, como el caso de Gold Reserve que en
tiempo reciente se ha visto la posibilidad de su retorno en el contexto de los motores
impulsados por el presidente NM. En 2011, el MIBAN fue eliminado y unas empresas
pasaron al Ministerio de Industrias y otras al de petróleo y minería (ver www.konzapata.com 13 de mayo de 2016). A inicios
de abril de 2016 y apuntalando el motor nro. 15 relativo al carácter estratégico
de las industrias básicas -como un integrante adicional a los 14 motores ya
existentes para impulsar la economía y el bienestar de los venezolanos según la
administración bolivariana-, NM creó el Ministerio de Industrias Básicas,
Estratégicas y Socialistas (ver www.eluniversal.com
12 de abril 2016).
Insistamos en
el caso SIDOR. Debe recordarse que esta fue una empresa del Estado de las
llamadas básicas en todo el periodo de los cincuenta a los noventa, hasta 1997
cuando fue privatizada para, posteriormente, en el año 2008, pasar nuevamente a
manos del Estado en plena administración bolivariana. De 1998 a 2007 la empresa
estuvo privatizada y, según los datos oficiales que son recogidos por Damián
Prat en sus informes, la producción de acero líquido de la misma habría
evolucionado entre un año y otro con una tendencia suavemente ascendente
pasando de 2.900.000 toneladas a 4.300.000 toneladas. Contrariamente, y en el
periodo donde es reestatizada, evoluciona con una tendencia descendente desde
este último nivel de producción hasta 1.722.000 toneladas en 2012. Tales
informes reflejan considerables deteriores en las condiciones técnicas y
ambientales de producción (ver https://www.youtube.com/watch?v=hotXcvWpoE&index=2&list=PLOAHwlQQofQUUiT1Hu4kIoVxiVNj9A6rF).
Para finales de 2014, en el campo de la producción, se hicieron consideraciones
–por parte del viceministro de Industrias Básicas, Justo Noguera Pietri- para
2015 en cuanto aumentos de la misma, estimándose aumentarla a dos millones de
toneladas en este último año (y a tres millones 500 mil toneladas para el año
2016). Todo esto derivaría de que "Se han realizado acciones dentro del
programa Sidor en Positivo, que consiste en mejorar las 18 plantas que
conforman esta empresa. En el apartado de insumos recibimos materia prima,
equipos móviles y repuestos para seguir potenciando y mejorando la industria y
el tema más importante: el recurso humano, la firma del contrato colectivo y
las 50 unidades de transporte para los trabajadores". El nivel de
producción para 2015 trataría de duplicar el volumen de 2014, el cual bordeó el
millón de toneladas métricas de acero líquido (ver www.eltiempo.com.ve 02-01-2015)
y donde se habría continuado con la tendencia descendente desde la
reestatización.
Las huelgas
en la empresa se iniciaron a raíz de críticas del presidente NM a la dirigencia
sindical de esa empresa. Las protestas se dieron a partir del 8 de agosto de
2014 y fueron contundentemente reprimidas en las actividades del 12 del mismo
mes, habiendo sido respuestas a los planteamientos del Presidente NM en el
contexto de la realización del I Congreso de trabajadores socialistas donde
este pidió apoyo para “liberar” a SIDOR de “cuatro sindicaleros”. El 13 de
agosto en su programa “En contacto con Maduro” el presidente señaló: "Hay
que construir un nuevo sindicalismo, un sindicalismo para el socialismo, un
sindicalismo para una patria libre e independiente"; así como que: "Una
en el área de la construcción de la economía socialista, es la tarea principal
de la clase obrera venezolana, en algunos sectores hemos avanzado bastante y
bien, en otros no agarra el ritmo todavía que debe agarrar y en otros por
corrientes sindicales, anarcosindicalistas que no entienden". José Luis
Hernández, presidente del Sindicato sidorista Sutiss, organización de larga
trayectoria –varias décadas- de lucha en SIDOR señaló sobre las manifestaciones
del 12 ya señaladas: "…fue una persecución con más de 500 guardias nacionales,
más de ocho tanquetas"; así como
que se lanzaron más de 700 bombas lacrimógenas y "más de ocho compañeros"
resultaron afectados por los perdigones (ver www.talcualdigital.com 13 de agosto
2014). Al final de la semana de estas situaciones el oficialismo -en base a sus
funcionarios y a sus representantes sindicales- informó que se había llegado a
un acuerdo de contrato, siendo esto negado por la contraparte ya señalada (www.el-nacional.com 16 de agosto de
2014). Se corroboró que era falso el martes 19 de agosto cuando se puso a
funcionar la planta y el ministro de industria, José David Cabello, planteó
continuar con las negociaciones salariales y de jubilación implicadas en este
agudo conflicto (www.ultimasnoticias.com.ve
19 de agosto 2014). Esto ha sido parte de los determinantes de la evolución de
la empresa para 2015 y 2016.
Lejos de la realidad venezolana se encuentran las discusiones y
realidades de algunos países asiáticos y otras latitudes, donde las empresas públicas
han podido gestionar porciones del crecimiento y avance de las naciones.
@eortizramirez
eortizramirez@gmail.com
[1] Una
problematización de interés sobre el área
de la empresas públicas en el contexto de la administración bolivariana
la presenta Richard Obuchi en entrevista publicada en Prodavinci: “El tema de
la gestión pública está caracterizado por la opacidad, incluso en las grandes
empresas no hay información oficial, no hay estados financieros, estadísticas o
informes de gestión. El resultado más elocuente va más allá de la situación
individual de estas empresas y se centra en lo poco que han contribuido a la
resolución de los problemas de los venezolanos que, en lugar de tener más
seguridad alimentaria, lo que tenemos es más dependencia de importaciones y
escasez. Al final tenemos problemas de
calidad, inflación y poder adquisitivo. Eso es la manifestación de un modelo
que se ha caracterizado por este incremento sin control de las actividades del
sector público, sin un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.
En un sistema caracterizado por profundos controles de precios, de guías,
traslados, inventarios y todo el tema cambiario, lo que terminamos teniendo es
una economía con una profunda crisis del modelo de gestión de políticas
públicas.” (ver www.prodavici.com 1 de
julio 2014). Obuchi, economista y profesor del Iesa, coordinó el estudio Gestión en rojo (Ediciones IESA 2011),
de Bárbara Lira y Anabella Abadí (se evaluó un grupo de16 casos de empresas que
implementaron el modelo productivo socialista implantado por el actual gobierno).
[2] Después
de más de 15 años de proyecto y administración bolivariana, un activista en pro
de ideas relacionadas o consustanciadas con las profesadas por aquella, Edgardo
Lander, expresa varias líneas de interés sobre la culminación del proceso de
transformación. Sobre inclusión y gasto
Público: “Uno hubiese podido pensar que en estos años se abrió la
oportunidad, sobre la base del reconocimiento de que la renta petrolera había
creado el tipo de Estado, el tipo de política y el tipo de sentido común que
había que superar; cuando Venezuela contó con abundantes recursos y había un
gobierno extraordinariamente legítimo, porque en algún momento el gobierno de
Chávez lo fue, y hubiese tenido capacidad para empujar a la sociedad en contra
de los sentidos comunes instalados…. En lugar de buscar transformaciones en el
modelo productivo y en los imaginarios de qué tipo de sociedad queremos, hacia
dónde queremos ir, se reforzó la lógica de distribución y la idea de que la
democracia y la inclusión son posibles mediante el gasto público.” “…desde el
punto de vista de la sostenibilidad en el tiempo, esto no es posible. No lo es
desde el punto de vista político-cultural, porque refuerza la lógica de la
mentalidad rentista, del país rico del que hablamos, pero tampoco es posible,
porque por más que crezca la renta petrolera, nunca será suficiente para
satisfacer expectativas crecientes que se van generando en la población.” De
manera contundente sobre el rentismo:
“…El problema del rentismo en Venezuela es que aquí hay consenso nacional
rentista.” En relación a la democracia participativa: “Creo que con el tiempo se fue
instalando más la lógica de control vertical y una caricatura de consejos
comunales rojos rojitos. Pero de todas maneras ha habido una experiencia
popular extendida, que en muchos lugares sigue activa, sigue vigente, sigue
reaccionado. Sin embargo, cuando uno advierte cómo ha reaccionado el mundo
popular venezolano ante la crisis de los últimos dos años, a la inflación y a
la escasez fundamentalmente, uno puede preguntarse ¿Y el tejido social
solidario que se venía construyendo en estos años, qué paso? Resulta que
encontramos que este tejido social tenía unos niveles de fragilidad mucho
mayores de los que parecía hasta hace unos tres años y la respuesta a la crisis
no ha sido precisamente solidaria, sino individual y competitiva.” En cuanto al
componente militar: “La cultura
militar es por definición vertical y autoritaria y por lo tanto es
contradictoria con una noción de democracia pensada en términos igualitarios,
horizontales, participativa. Son dos patrones culturales que muy difícilmente
se pueden encontrar.” “…las formas primarias de la corrupción en estos años,
han tenido que ver con el estamento militar, con la particularidad de que los
militares operan con espíritu de cuerpo, lo que hace mucho más difícil la
posibilidad de denunciar, de investigar, de controlar y, por otra parte, el
apoyo militar ha sido demasiado importante para este gobierno como para que los
civiles que gobiernan se atrevan a tocar demasiado al sector militar. Se ha
vuelto algo inasible.” “Hay un tema fundamental de recuperación de la
democracia que tiene que ver con sacar de la gestión pública al sector militar.”
Y sobre el proceso de transformación: “En términos globales de balance, que
ya podemos hacer después de tres lustros, es que esto, como proceso de
transformación de la sociedad venezolana, en lo fundamental fracasó. Y fracasó
porque no cuestionó el modelo productivo rentista, que era una condición
indispensable para lograr esa transformación. Si eso no se toca, ninguna otra
cosa es posible. Fracasó porque repitió la lógica del llamado socialismo real,
según la cual la sociedad se puede cambiar desde el Estado.” (ver Entrevista a
Edgardo Lander www.contrapunto.com 9
de Agosto de 2015).
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