Óver Silgado.
La creciente liberalización comercial en el mundo recrea un ambiente de desafíos en una economía cada vez más globalizada y competitiva. Las propuestas que emanan ante la crisis económica actual, parecen tener importancia categórica, sin que ello implique un acierto, para enfrentar los obstáculos de la sombra del pasado que baña la historia de la década de los 50’s: la industrialización.
El umbral de ruptura, transformación y formación de los procesos que procuren cambiar las formas de actuar y desarrollarse de los países latinoamericanos, suponen una descomposición del capital y la producción, como nota dominante de las estructuras e historia económicas. Esto conlleva a pensar en la misma literatura clásica de la economía. Por ejemplo, el problema de la tierra y la productividad, el trabajo y el capital.
El desarrollo de la América Latina, se configuró desde la óptica de los términos de intercambio como política para sacar del atraso al campo, además, procurando alternativas de competitividad ante los mercados mundiales y no solo comercializar bienes primarios tal como el petróleo, minerales preciosos y otros bienes que sufren ante la volatilidad de los precios internacionales. Además, de la desestabilización macroeconómica que estos bienes primarios crean, está el malestar social, por supuesto, cuando no hay políticas anti-cíclicas y fondos de estabilización para lograr combatir los rezagos y coletazos de una eventual caída de los precios de los bienes primarios en la cesta internacional, por ejemplo, los sufridos en la década de los setenta y la actual.
La dinamización de la economía como apuesta del crecimiento y el desarrollo económico requiere de políticas públicas más sólidas y de voluntad política para emplearlas a largo plazo. Las iniciativas deben estar acompañadas de herramientas, financiamiento, inversión pública y privada y de esfuerzos colectivos de las fuerzas políticas que conviven en las naciones democráticas y social-demócratas existentes. La descomposición del capital que prevalece en las estructuras económicas latinoamericanas se describe bajo dos ópticas envueltas por los pensamientos económicos europeos; de un lado, una completamente vertical que se niega aceptar la intervención del Estado en la economía, además, posee los medios de producción y requiere de inversión y financiamiento para incentivar, mediante la producción de bienes y servicios, el crecimiento económico a nivel nacional y, por otro lado, se desarrolla una tesis más horizontal, donde el Estado debe ser el garante de la producción de bienes y servicios que conlleven a un crecimiento y desarrollo económico, no solo mediante las políticas económicas, sino también, controlando los medios de producción que garanticen la eficiencia productiva que la economía requiere en cuanto a la utilización de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
Sin embargo, las políticas de desarrollo rural en América Latina evolucionaron notablemente. Durante los últimos dos lustros, una de las principales áreas de énfasis ha sido el desarrollo de iniciativas que promuevan la formación de cadenas productivas en el sector agrícola en torno a productos estratégicos, que generan economías rurales mucho más competitivas. Ejemplo de ello es, Colombia, cuyo enfoque es novedoso, tal como lo demostró un análisis hecho por el equipo de Vinculación de los Agricultores a los Mercados del Área de investigación en Análisis de Políticas (DAPA, por sus siglas en inglés) del CIAT, gracias al apoyo de la Fundación Ford Región Andina y Cono Sur, que se centra en el establecimiento de organizaciones de cadenas en el ámbito nacional y regional, cuya estrategia tiene un enorme potencial competitivo en el sector agrícola; solo si se consigue una focalización geográfica adecuada y se fortalece su capacidad de gobernanza.
La iniciativa de la política de las cadenas productivas dirigidas al sector agropecuario surge a mediados de la década de los noventa. Inicialmente su objetivo era incrementar el valor agregado de los productos agrícolas, para incentivar la creación de ventajas competitivas en el sector y, además, asegurar que todos los actores de la cadena recibieran ganancias equitativas.
La agricultura es una de las principales fuentes de ingresos de los pequeños agricultores. Se estima que, en el mundo, brinda aproximadamente 2.5 mil millones de oportunidades laborales y aporta alrededor del 6% de la economía mundial1. Según la FAO, para el 2030 se espera que el 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas, por tanto, fortalecer la agricultura nunca antes había sido más urgente para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, entre otros temas claves2.
A partir de ahí, se puede decir que la política de cadenas productiva agrícola puede tener un enorme potencial, como estrategia, solo si se consigue una focalización geográfica adecuada y se fortalece su capacidad de gobernanza, como se mencionó líneas arriba.
Al asumir estas posturas, primero, tal como lo describe Parra-Peña RI; Miller V (2012), se obtiene que las inversiones públicas, brindan soporte a las organizaciones de cadenas productivas y pueden contribuir a una mayor competitividad agrícola, teniendo al menos en cuenta los siguientes canales:
Promoción de la coordinación de actores en los distintos niveles de las cadenas productivas para lograr una mayor articulación, inclusión y equidad en la generación y repartición del valor agregado.
Consecución de fondos para la investigación y el desarrollo.
Fomento de condiciones productivas equitativas en las negociaciones de la política comercial; entre otros.
Segundo, se parte del supuesto de que una mayor competitividad se vincula positivamente con la reducción de la pobreza rural mediante:
La inclusión de los pequeños productores a mercados formales, puesto que se deduce que la mejora de la competitividad tendrá efectos positivos en la inclusión económica, entendida como el mejoramiento de los ingresos a nivel de las comunidades rurales.
1 El Banco Mundial. Estadísticas. 2010. www.worldbank.org
2 FAOSTAT. 2010. FAO. http://faostat.fao.org
El fomento de la especialización, innovación, diversificación y tecnificación de productos.
Esta política de cadenas productivas procura hacer una conexión entre la estrategia macro de desarrollo del sector y la implementación de un programa que responda desde lo micro. Para ello es necesario la creación de comités regionales a nivel nacional en los principales núcleos productivos del país. Estos comités tendrán por objetivo incentivar la formación de cadenas agrícolas competitivas e inclusivas socialmente, al brindar espacios que promuevan la participación en el marco de las cadenas productivas regionales tal como foros de otros actores locales involucrados tanto en la producción como en la comercialización que permita romper la intermediación.
Ahora bien, la propuesta de las políticas de cadenas productivas, a pesar de la crisis estructural del agro que vive Venezuela y de la reiterada política keynesiana en los asuntos económicos de la nación, está dirigida a escenario de largo plazo y su éxito dependerá de una competitividad sistémica fundamentada en pilares económicos, sociales y ambientales.
En varios estudios, el análisis del proyecto de esta clase de política pública de competitividad resulta muy eficaz no solo cuando se trata de aumentar la producción o el rendimiento sino, también, al reducir la pobreza rural. Sin embargo, debe señalarse que, estas políticas deben ser dirigidas a los sectores con población rural vulnerable.
La activación de los motores de la economía, propuesta del ejecutivo nacional, en especial el primero de ellos, la agricultura, en estas circunstancias es natural, preguntarse si en las regiones la política de desencadenamiento de este motor para el despegue económico de la nación, se dirigió a las zonas rurales con mayor pobreza, lo que se supone mejoraría los medios de vida de los pobladores del campo.
Para dar respuesta a ese tipo de preguntas, sería necesario hacer un análisis de las relaciones empíricas entre la producción y el rendimiento y/o varios indicadores socio-económicos a nivel municipal en los núcleos de producción. Por lo anterior, en la República Bolivariana de Venezuela se hace necesario incluir dentro del primer motor dinámico de la economía, la implementación del proyecto de política de cadenas productivas. Dicha política, idealmente debe procurar combinar los objetivos competitivos con los sociales. Ahora bien, si se asume que mayores rendimientos agrícolas conducen a mayores ingresos, entonces se puede deducir que la competitividad de las cadenas tendrá a largo plazo resultados importantes sobre la pobreza rural, esta última, producto del abandono del campo.
El abordaje de este tema requiere de la elaboración de un indicador de fortaleza institucional -IFI- que mida la efectividad de la política de cadenas productivas, de tal forma que los propios actores locales puedan tener herramientas de juicio para medir el desempeño de sus gobiernos locales y regionales. El puntaje del IFI describe el desempeño visible de la política a nivel regional, evaluando de esta manera la calidad del desempeño de las estructuras de gobernanza e implementación de la política pública.
El análisis de los puntajes del IFI revelaría las diferencias en el desempeño de la política pública, tanto en distintas regiones como en distintas cadenas productivas. Es necesario también, que dicho indicador sea clave para la organización de cadenas en el ámbito regional, pues dicha organización mide el grado de dispersión estadal del IFI. El grado de dispersión corresponde al promedio de las desviaciones estándar del IFI según la cadena en las diferentes entidades federales.
Se presupone, que los comités y secretarías técnicas regionales apoyan a las organizaciones con la misma intensidad, esto es, menor desviación estándar del IFI. En síntesis, la implementación de este indicador conduciría a la reducción de la pobreza rural mediante el aumento de capacidades competitivas, logrando así en el agregado la diversificación de la oferta agrícola productiva destinada tanto al mercado nacional como al de exportación.
No obstante, el desafío que se tiene en Venezuela, con la implementación de una política de cadenas productivas, estaría básicamente centrado casi exclusivamente en el tema productivo. Pero, dentro de un modelo de cadena de valor, los aspectos de transformación y mercadeo son igualmente importantes, aunque la responsabilidad en términos políticos de algunos de estos aspectos puede corresponder a otras instituciones, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otros. El resultado final de todo esto debe ser el cúmulo de estrategias de apoyo parcial a las cadenas productivas, aunque dichas estrategias emanadas por los entes públicos no siempre compaginan bien. Esta falta de coordinación institucional es uno de los más grandes desafíos institucionales.
Por último, el éxito de la política de cadenas productivas dependerá en gran medida de la coordinación entre el Gobierno nacional, regional, local y la participación del sector privado. La falta de interés de los gobiernos locales y el incumplimiento de los compromisos por parte del sector privado dan lugar a una gobernanza e implementación débil de la política económica.
Por ello, se hace necesario tomar las siguientes indicaciones que podrían constituirse como políticas públicas de cadenas productivas, tal como lo señala el economista e investigador colombiano Parra-Peña S. y Lundy M (2012)3, quienes recomiendan los siguientes pasos:
Las políticas de cadenas productivas agrícolas deben integrarse a las iniciativas y las estrategias de competitividad y desarrollo de los gobiernos regionales, de manera que se garantice una adecuada asignación de los limitados recursos económicos.
• El Ministerio de Agricultura y Tierra debe monitorear de manera consistente la implementación de la política pública en el ámbito regional, por ej., mediante el diseño y uso de índices similares al IFI, pues constituyen una herramienta importante en la toma de decisiones.
• Documentar adecuadamente la implementación de los programas a nivel nacional y regional es esencial. Los resultados de las políticas, en especial a nivel local, se deben registrar de manera consistente, ya que la actual falta de información dificulta el desarrollo exitoso de iniciativas políticas futuras.
• Los comités regionales deben recibir el apoyo total y equitativo en términos geográficos de las políticas nacionales de cadenas productivas; sin embargo, se deben incluir nuevos comités regionales únicamente cuando se hallen disponibles los recursos y los mecanismos de apoyo adecuados. A veces hacer menos es hacer más.
3 Parra-Peña RI; Miller V; Lundy M. 2012. Cadenas productivas colombianas: Cómo la política pública transforma la Agricultura. CIAT Políticas en Síntesis No. 8. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia. 6 p.
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