EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ
CONSIDERACIONES PREVIAS
2017 representa un año significativo y particular en la
evolución política de la Venezuela de los últimos sesenta años. En él, se rompe
con tradiciones, costumbres, esperanzas y comportamientos de ciudadanos,
dirigentes e instituciones, en la dimensión política y de la democracia. Antes
que esa perspectiva general, debe señalarse lo que también representa en cuanto
a una administración que acarrea ya más de dieciocho años, en un proceso nada exitoso para el país, sus
habitantes y distintos grupos sociales.
La administración del caso, iniciada en 1999, después del
triunfo en la elecciones de diciembre 1998, y que ha contado hasta ahora con
dos presidentes (Hugo Chávez y Nicolás Maduro) y dos constituyentes (la de 1999
y la iniciada en 2017[1]), se
había mantenido, a pesar de dudas, sospechas, desencuentros, intento de golpe
de estado de 2002, manifestaciones diversas en su contra, iniciativas de diálogos
(tres hasta 2016), pérdida de autonomía de los poderes públicos, con la
correspondiente influencia de su parte, y otros variados elementos (como la afirmación
repetida decenas de veces por el presidente Chávez y sus seguidores de que esta
era “una revolución pacífica pero no desarmada”), con relativo respeto por los
procedimientos de participación democrática y en particular en lo que atañe a
elecciones. Esto había sido así a pesar del militarismo que ha estimulado como uno de sus basamentos, con la idea
de la unión pueblo y ejército; y, en base al cual, los militares han pasado a
ocupar y desempeñar posiciones y
actividades para las cuales no existe percepción que se acople a la idea de su
sujeción al poder civil ni a su razón de existencia. Privilegios y beneficios
para el área militar, no siempre justificados, han estado, además,
permanentemente referidos y sentidos por la opinión pública y la comunidad[2].
A Partir del 30 de julio de 2017, con la elección de los
miembros de su Asamblea Nacional Constituyente, evaluada con dudas fuertes sobre su
pulcritud y con la correspondiente percepción de un posible fraude, la
administración, pasa a entender la posibilidad de ganar posibles elecciones
futuras, basándose en el paradójico resultado de ser victoriosa, a pesar de una
aguda pérdida de popularidad por sus desafueros políticos y una amplia y
creciente crisis económica y social. Y es así como después de las regionales
del 15 de octubre, se organizaron rápidamente las municipales que, por lo que
se infiere de lo señalado y por la fractura y división en los partidos y grupos
de oposición en cuanto a participar o no en las mismas, además de las
decepciones en los votantes, dados los comportamientos oportunistas y
personalistas de dirigentes de estos últimos, podía preverse -desde noviembre-
serian ganadas por el oficialismo, tal cual sucedió.
Tres razones se
encuentran en la base de esto: a) la
necesidad y deseo de permanencia en el poder, por fragilidades características
de la idea de la democracia en américa latina[3] y de lo
cual no escapa, ni Venezuela, ni las “revoluciones” izquierdistas -o de tal
sesgo- de finales del siglo XX y del siglo xxi en otros países; b) el deseo de continuidad en el poder
como mecanismo de aislamiento, ante presiones internacionales y acusaciones por
delitos de narcotráfico y/o violación de derechos humanos a varios de sus
dirigentes; y, c) el propio fracaso
de la llamada “revolución bolivariana”, que en 2017 –y en los cuatro años
previos- se hizo más que evidente (contrariamente, y como es consustancial al
ejercicio del poder político, sigue siendo presentada como exitosa por la
administración bolivariana[4]), a los
ojos de numerosos venezolanos y países, al percibir sentir y sufrir según el
caso, una crisis económica y social convertida en crisis de hiperinflación[5],
endeudamiento externo con dificultades pronunciadas de pago, escasez de
variados rubros y divisas, hambre y muerte de niños y adultos por falta de
medicamentos y asistencia, así como más de 130 muertos –en su mayoría jóvenes
de la oposición- asesinados en las protestas de alrededor de 4 meses desde
abril 2017, entre otros numerosos elementos.
Así lo fueron viendo un conjunto destacado de naciones y las
cuales reaccionaron acometiendo sanciones y actuaciones hacia funcionarios de
la administración y, en algunos casos, hacia la nación. Este tipo de sanciones,
para una economía con más de 150.000 millones de dólares de deuda externa (ver www.el-nacional.com 13 de noviembre 2017), precios del petróleo bastante
distantes de los alrededor de 100 $ presentes hasta avanzado 2014, pasó a
representar una presión para que la administración terminase, finalizando 2017,
planteando un dialogo cuyos resultados operativos serian para las elecciones presidenciales de 2018 y estarían por verse y
evaluarse a futuro.
Durante 2017, el presidente Nicolás Maduro señaló varias
veces que debíamos regresar a un momento de la economía y la sociedad
venezolana que había creado el presidente Hugo Chávez; algo así como un momento
del Buen vivir[6].
No hay dimensión
temporal específica, que fácilmente le permita a uno precisar de qué trata la
afirmación del presidente Nicolás Maduro en cuanto a regresar a un período que
perdimos, donde el presidente Chávez había ubicado a Venezuela. Ninguna
transformación o cambio ha transitado la nación durante la administración
bolivariana, que amerite tales expresiones. Lo que sí ha sucedido es una gran
pérdida patrimonial en divisas, recursos económicos y humanos, además del proceso
de desinstitucionalización por el cual ha transitado y continua transitando la
nación, teniendo que presentarse ahora ante el mundo como una nación endeudada
(después de haberle ingresado más de 1 billón de $ durante tal administración)
y con una porción importante de población convertida en migrante real o
potencial. A la par de la desindustrialización y descalabro agrícola, se ha
apuntalado en ciertos sectores una crisis moral y de valores que hacen pensar
en una gran destrucción en instituciones
formales e informales.
Una última consideración previa. Lo
transitado en 2017, revive basamentos de autoritarismo que han estado presentes
desde los inicios de aquel ascenso al poder en 1999 y quien mejor los buscó
apuntalar, para su propio beneficio, fue el presidente Chávez, con su proyecto
de reforma constitucional del año 2007 y el cual fue negado en la consulta
popular de finales de ese año. En la campaña del SÍ y del NO, el Presidente
Chávez pidió, en uno de sus discursos, que como capitán se le diera más tiempo
para cada día poder conocer más los distintos detalles que necesita conocer un
capitán (ver Eduardo Ortiz Ramírez, Chávez:
el socialismo como excusa. www.analitica.com, 6 de diciembre de 2007).
Una idea que expresó el Presidente
Chávez a sus seguidores y al país como explicación del entusiasta rechazo que
se le dio a través del NO, a su nefasta e indescriptible propuesta de reforma
constitucional, fue la de que el pueblo no estaba suficientemente maduro para
el socialismo. No se conocen fácilmente expresiones de ideólogos, conductores o
líderes que en su entusiasmo y actividad hayan pensado que el pueblo no estaba
–en algún momento- preparado o maduro para algo como lo planteado.
La idea de la emancipación general (presente en
el marxismo) a través de -cómo gustan decir algunos- el desarrollo de
las potencialidades de campesinos y obreros, ha partido siempre de la meta-idea
de que sus propias penurias materiales, su propia condición de explotados es,
en líneas generales, un basamento ya de por si suficientemente importante para
que tales grupos –o clases sociales- de afectados digan “basta” y se encaminen
por un proceso revolucionario que, supuestamente, les brindaría felicidad o
bienestar. Esto es: el Presidente terminó culpando al pueblo y a las masas
populares, de no tener suficiente preparación para haber asimilado su avanzado
proyecto –según él- del socialismo del siglo XXI.
Escondía el proyecto de reforma
constitucional, uno fundamentalmente personal y autoritario, que es el que al
Presidente Chávez le interesaba apuntalar en términos de reelección[7]. Los
terribles planteamientos que se tenían en tal proyecto, de quitarle la
autonomía al BCV –hoy día ya inexistente- o de permitir que empleados y
estudiantes de las Universidades tuviesen la misma significación a la hora de
elegir a sus rectores –pero no soldados ni sargentos a la hora de elegir quien
comanda el ejército-, lo relativo a los estados de excepción, entre otras
tantas cosas, quedaban subsumidos y supeditados a la ambiciosa idea de -en un
contexto determinado- seguir siendo reelegido.
En ausencia de un triunfo del SÍ, la
“revolución” se volvió más lenta y los desesperos del presidente mucho mayores,
ante la imposibilidad de ser reelecto. Un proyecto personalista y autoritario,
había sido manejado, entonces, con la excusa del socialismo[8].
Aunque no terminó imponiéndose, el proyecto de reforma constitucional referido,
pasó, de manera transfigurada, a ser parte de la herencia del presidente
Chávez, y fue transmitida al presidente Nicolás Maduro y a otros que nada
tenían, ni tienen, de revolucionarios.
LO QUE LLEGÓ DE 2016
Ya habiendo suspendido el referéndum revocatorio en octubre
2016, donde se dio la suspensión de la recolección de 20% del registro
electoral en firmas por parte del Consejo Nacional Electoral (prevista para el
26, 27 y 28 de aquel mes), luego de que cinco tribunales ordenaran la anulación
del proceso de 1% de firmas de los electores, puede afirmarse que para el resto
de 2016 y el primer trimestre de 2017, la actitud de la administración
bolivariana pasó a ser la de establecer todo tipo de trabas y escollos para
evitar cualquier forma de elección, como es el caso de las suspendidas
elecciones de autoridades regionales, que debían realizarse a finales 2016.
Pasos siguientes en esta línea fueron los supuestamente necesarios procesos de
revalidación de los partidos y la duda lanzada sobre sobre la necesidad,
pertinencia o posibilidad de que pudieran haber o no elecciones presidenciales
en el año 2018. Un proceso, tenue, orquestado o a toda voz, según los casos[9],
para que entonces quedase toda forma de elección como un especie de concesión
bondadosa o noble que la administración bolivariana pudiese aceptar, realizar o
facilitar y no un derecho de la programación electoral según leyes y normas[10].
Debe señalarse que todo esto se fue afinando en un contexto
de discrepancia, entrabamiento y molestia, por la existencia de una asamblea
nacional con mayoría de parte de la oposición[11]
desde finales de 2015. Pero, además, tuvo su punto adicional con las decisiones
155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, buscando desplazar y ejercer, por
su parte, las funciones competentes de la propia asamblea nacional (156)[12].
Debe señalarse como elemento fundamental del contexto, el
traslado de la discusión de esta temática al seno de los países de la OEA. Y en
este sentido varias actividades de la institución referida pasaron a
desarrollarse en días del mes de abril, con el fin de inducir cambios en la
administración bolivariana dada la cualidad de miembro de la OEA por parte de
Venezuela y la correspondiente posibilidad de aplicarle la Carta Democrática, aceptada por los mismos miembros. Por primera
vez, pudo Venezuela palpar la unión de un conjunto importante y representativo
de miembros del organismo, para acometer los pasos y acciones correspondientes[13].
Esto fue en aumento o en presión creciente hasta la reunión del 26 de abril de
2017, donde 19 países en el consejo permanente del organismo volvieron a
solicitar la reunión de cancilleres para seguir evaluando el caso venezolano,
produciendo esto la decisión de la administración bolivariana de retirarse de
la organización. Así lo informó la canciller Delcy Rodríguez en nombre del
Presidente y la administración bolivariana (ver www.vtv.gob.ve 26 de abril de 2017). De esta manera, el 28 de abril se
entregó la comunicación –de fecha 27 de abril- a la secretaria general de la
OEA donde el presidente NM transmitió la decisión de su administración de que
Venezuela procedía a su retiro de la organización. Debe señalarse que la carta
contiene párrafos bastante críticos –desde el punto de vista de la
administración bolivariana- sobre el origen, dinámica, matices, intereses y
evolución de OEA hasta pronunciarse también sobre lo que el presidente y la
administración bolivariana aprecian sobre las gestiones del secretario general
Luis Almagro. Con todo el escenario político señalado para el momento del caso, en Venezuela no podía
afirmarse, como hicieron algunos medios de información oficial que se tratase
de una decisión apoyada por el pueblo venezolano (www.psuv.org.ve 28 abril 2017; www.correodelorinoco.gob.ve 28 de abril 2017; www.aporrea.org 28 de
abril2017).
INICIAN LAS PROTESTAS DE 2017
Es así como, con varios de estos elementos señalados, se
iniciaron o se siguieron desarrollando según el caso, las protestas de
distintos grupos de oposición organizados en la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) en base a un conjunto de aspectos económicos, sociales y políticos, entre
los cuales destacan 1. Solicitud de destitución de los magistrados implicados
en las Decisiones 155 y 156; 2. Convocatoria a elecciones; 3. Liberación de los
presos políticos y 4. Facilitar la entrada de ayuda humanitaria desde
organismos y países, dada la crisis de escasez, inflación y hambre presente en
el país[14].
La administración bolivariana había demostrado en anteriores
oportunidades su carácter autoritario y represivo. Pero, inmediatamente
comenzaron las marchas y protestas por las razones aludidas, empezaron a
manifestarse en muertos, heridos y detenidos, consecuencias de aquel carácter.
Numerosos videos y registros difundidos por las redes sociales así lo
testifican. Para el momento de inicio de las protestas, la administración
bolivariana se sintió fortalecida de disponer -además de todos los contingentes
de policías y guardias nacionales, con sus respectivos y numerosísimos equipos-
de milicianos y sobre todo, a los efectos de las manifestaciones, de numerosos
motorizados -que distintos observadores les destacan actitud delincuencial-
agrupados en los llamados colectivos[15]
(que andan armados y son incluso protegidos por los cuerpos represivos
formales). El resultado no se hizo esperar y, ante fuerzas opositoras
mayormente pacíficas, deseosas de elecciones y de que les dejasen cumplir sus
trayectorias de marchas, comenzaron a acumularse los muertos. Ocho muertos para
la oposición y 12/14 entre fallecidos en saqueos -alrededor 10/12- y otros[16].
A pesar de esto, tanto en Caracas como en distintas ciudades del país, las
marchas y manifestaciones de los grupos de oposición continuaron demostrando gran
capacidad de convocatoria[17]
como se demostró en las contundentes marchas del 19 de abril a nivel nacional.
Vistos los resultados y a pesar de las campañas de
desinformación de parte de la administración bolivariana, avanzando el mes de
abril, se comenzó a observar la reacción de esta última en dos dimensiones. La
primera, el llamado al dialogo con las fuerzas de la oposición, que en lo visto
hasta 2017 siempre fueron procesos infructuosos y sin resultados tangibles,
dadas las negativas de la administración a cambiar rumbos, tendencias o
acciones de su parte –como se destaca en este trabajo-. En segundo lugar, la
administración Maduro comenzó a hablar o a pronunciarse sobre las elecciones
programadas, deseadas o en dudas, según los casos señalados. En tal sentido, el
presidente NM señaló: “Elecciones sí, quiero elecciones ya, es lo que digo yo,
como jefe de Estado, como jefe de gobierno”; “Estoy listo para lo que diga el
Poder Electoral” (ver www.el-carabobeno.com 23 de
abril 2017).
Otro tipo de reacciones atañen a lo que señaló el presidente
NM el día 23 de abril durante su
programa dominical de radio y televisión: “La derecha (la oposición) trancó el
juego, pero necesito que maduremos colectivamente"; "es un proyecto
histórico que jamás se va a rendir ante las fuerzas de la oligarquía"; y
señaló que éstas "no saben lo que somos capaces de hacer para la defensa
de la dignidad revolucionaria. La subestimación es muy grande, pero no saben lo
que estamos decididos a hacer, hasta dónde llegará esta generación de
chavistas"; "un nuevo desencadenante histórico para retomar la
paz. No vamos a hacer una guerra civil, no y no" (puede verse www.excelsior.com.mx 23 abril 2017). Estas afirmaciones o indicaciones no
tuvieron mayores precisiones y todo quedó a la libre inferencia de cada quien;
no sabiéndose, además, si su fin era enaltecer a persona o grupo o a la propia
administración bolivariana y sus proyectos o sugerir algunas medidas próximas
que se tomarían. Podía colegirse que se trataba de una indicación que retomaba
ideas imprecisas sobre el poder popular u originario, pero no fácilmente
relativo a cambios de constitución, realización de una constituyente u otros
procesos formales similares (elementos de discusión puede verse en Entrevista a
Daniel Varnagy, http://unionradio.net/foro-a-tiempo-entorno-politico-en-venezuela/, 24 abril 2017), dados todos los problemas acumulados -y
desencadenantes de los procesos de abril de 2017- en relación a ruptura del
orden o hilo constitucional.
En cualquier caso, ya para esta altura del mes de abril el
punto de inflexión se había presentado y, la oposición, continuó con marchas
tomas y plantones en todo el país, incorporando –crecientemente- zonas
populares. Pero también, a nivel internacional, se habían ampliado las
posiciones críticas hacia las gestiones y actitudes de la administración
bolivariana. Estas posiciones críticas surgieron -como se dijo- de OEA, pero
también de Mercosur, Unión Europea, países individuales y organizaciones
diversas. Puede afirmarse que, en más de 18 años de administración bolivariana,
es primera vez que se han observado propuestas de análisis o búsqueda de
soluciones –desde tales ámbitos- a la aguda crisis política, económica y social
en la que ha desencadenado el conjunto de ejecutorias de la misma, sin que ello
signifique una actitud injerencista como ha insistido permanentemente esta
administración.
LOS INICIOS DE LA ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE.
A inicios de mayo, se vislumbraron dudas derivadas de la
alocución del presidente NM señalada más arriba[18].
Era cierto que se venía fraguando la idea del manejo del poder originario o popular
en forma de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), solo que, a diferencia
de incluso la iniciada y desarrollada en Venezuela durante el año 1999, la
propuesta en este caso remitía a una Asamblea pensada para ganar una elección
de sus miembros, de manera de estructurar un beneficio cerrado para la
administración bolivariana (dadas la restricciones de electores, sectores y
ubicaciones de regiones o congregaciones electorales disímiles con semejantes
representaciones); además de originarse, no en la decisión popular sino en la
muy personal y política del propio presidente NM. Las propuestas para esta
particular ANC se siguieron desarrollando con los espacios cerrados y poderes
no autónomos presentes en la administración bolivariana, convocándose a inscripción
de candidatos y a su particular elección para el 30 de julio de 2017[19].
Los poderes públicos nacionales, a excepción de la Asamblea Nacional,
controlada por la oposición, y la Fiscalía General de la Republica, avalaron
este proceso. En una evolución bastante conflictiva en cuanto a la
administración bolivariana (y en continuación a lo ya señalado), la Fiscal,
Luisa Ortega Díaz, fue abiertamente distanciándose de los otros poderes
públicos y declarando como plenamente inconstitucional la instalación de una
ANC con tales características. Para julio de 2017, ya la posición de la Fiscal
era totalmente distante de la de la administración bolivariana, al caso incluso
de estar expuesta a ser destituida, producto de iniciativas judiciales en su
contra de parte de la administración señalada, además de habérsele prohibido
salir del país y congelado sus bienes (ver www.prodavinci.com 29 de junio 2017).
Mientras, marchas, manifestaciones populares, trancazos,
plantazos y hasta saqueos de determinaciones diversas, aunado a una intensa
política de represión[20] de
parte de la administración bolivariana en figura de las policías y la guardia
nacional, siguieron desarrollándose en Caracas y en distintas ciudades del
interior del país y produjeron una acumulación de muertos que para inicios de
julio bordeaba los cien fallecidos (Venezuela: cien días de calle contra
Maduro; http://www.dw.com/es/venezuela-cien-d%C3%ADas-de-calle-contra-maduro/a-39574298; 0907/2017).
En el plano internacional, para julio de 2017, y a pesar de
no haberse logrado acuerdos concluyentes en la OEA sobre el caso venezolano, la
evolución y acumulación de distintos e importantes países que pasaron a lo
interno de la misma a expresarse
críticamente, los tránsitos inconstitucionales en la vida venezolana del
momento, lo alarmante del nivel de muertos y de la agresión misma a pobladores
desarmados y solicitantes de elecciones y libertad; aunado a expresiones de
Mercosur, Unión Europea, EE.UU y numerosos países desarrollados formulando el
sentimiento político y la percepción señalada, como en el caso del G-20 en su
reunión en Hamburgo en la semana del 3 al 7 de julio[21];
permiten afirmar así que, el caso venezolano, ya se había ubicado en la
dimensión adecuada a la realidad -y no a la difundida por la administración
bolivariana- en cuanto a crisis económica y humanitaria, inestabilidad política
y deterioro en las condiciones de la democracia.
Es así como, cercano a la realización de la consulta popular
no vinculante[22]
sobre la convocatoria de la ANC por parte del presidente NM, vigencia de la
Constitución de 1999, respeto a la Asamblea Nacional, renovación de poderes y
nuevas elecciones (decidida y convocada por la MUD para el 16 de Julio) se
sucedieron dos eventos de importante significación para un escenario donde
numerosas encuestas y mecanismos de sondeo sobre las simpatías hacia la
administración de NM, ubicaban la misma máximo en un 15 al 20%, con la
contraparte de acumulación de simpatías y acciones en distintos sectores
opuestos a tal administración. El primer evento, atañe a las agresiones a la
Asamblea Nacional y a sus integrantes, de parte de sectores abiertamente vinculados
y apoyados por el PSUV y la administración bolivariana, el 5 de julio de 2017 y
lo cual fue registrado y difundido altamente por medios y escenarios nacionales
e internacionales en su intensidad y arrebato violento y bajo la mirada
indiferente -ante el hecho en sí mismo y de apoyo a los agresores- de parte de
los cuerpos de seguridad del Estado.
Derivado de ese último evento, o en asociación con su
cercanía, pues se sucede 3 días después, la administración de NM -o al menos
desde una parte de ella-, procede a
otorgarle casa por cárcel al preso político –de los más de cuatrocientos para
la fecha- más emblemático o acumulador de simpatías: Leopoldo López. Numerosas
conjeturas y especulaciones se esbozaron sobre las razones del proceder de la
administración de NM: bajar la intensidad de las protestas, afectar los
resultados del cercano plebiscito para el 16 de julio, expresar las diferencias
y desencuentros a lo interno del grupo político gobernante, influencia de
factores externos o, entre otras tantas, expresar la debilidad de una
administración afectada grandemente por la alta presión interna y -la ya para
el momento- externa[23].
LA CONSULTA DEL 16 DE JULIO
Aquella consulta popular no vinculante, resultó ser un hecho
de alta significación histórica[24],
dentro de la evolución de la alternativa democrática, a los sesgos, matices y
tendencias fundamentales y de detalle del régimen político que ha caracterizado
la administración bolivariana y -más aún- la del tiempo del presidente NM. Ello
deriva de razones como: su alta convocatoria; la disciplina observada en los
votantes; la efusividad en zonas populares como Catia, Petare o Caricuao; la
buena organización en los puntos soberanos; la rapidez en la comunicación de
los resultados; la figura de las universidades como garantes del proceso así
como la presencia de observadores nacionales e internacionales, entre otras[25].
Es así como avanzada la noche del 16 de julio se supo que con un 95 % de las
actas escrutadas, se alcanzó una votación de 7 millones ciento ochenta y seis
mil ciento setenta personas (7.186.170), abarcando votos nacionales y del
exterior, de los cuales hubo 6.387.054 que se oponían a la propuesta de
Asamblea Nacional Constituyente del presidente NM ya destacada[26].
Los disturbios presentados, una persona fallecida y varios heridos de bala en
Catia (zona popular y de trayectoria en luchas diversas), agresiones a puntos
soberanos como el de San Agustín (también zona popular) fueron resultado de acciones de los grupos
oficialistas agresores (colectivos) y de la falta de atención y protección de
parte de los organismos de seguridad. Dado el poco tiempo para organizar el
proceso, la actitud contraria y negativa de la administración bolivariana, los
temores de la población en un escenario político que para el momento ya
bordeaba los cien fallecidos o asesinados por parte de los cuerpos represivos
del Estado y grupos paramilitares simpatizantes y apoyados por la
administración bolivariana; la posibilidad de haber reunido sobre los 7,6 millones de votos en el sentido
anotado, no puede catalogarse sino como de un gran éxito y de una alta
capacidad de convocatoria[27].
Pero también de un gran impacto en la comunidad internacional y ello lo
testifican las posiciones de la UE, EE.UU., Brasil, Costa Rica, Colombia y
otros numerosos países que individualmente también plantearon las
inconveniencias de que la administración Maduro continuase con su proyecto de
ANC.
REACCIONES INTERNACIONALES
Cercanas ya las particulares elecciones del 30 de julio de
2017 atinentes a la elección de miembros de la ANC arreció la sensibilidad y la
presión internacional –parejo además con el creciente número de fallecidos (109
para el 28 de julio; segundo día, del paro cívico de dos días, convocado por la
oposición, sumándose para la jornada seis asesinados a manos de los cuerpos
represivos; ver registros de www.dw.com 28 de
julio 2017)-. Una expresión de ello la hubo con el establecimiento de sanciones
individuales (congelamiento de bienes entre otros elementos) para un número de
13 funcionarios de la administración bolivariana en por parte de EE.UU. y la amenaza que se actuaría
igualmente hacia quienes fuesen electos como miembros de la ANC (ver www.dw.com 27 de julio 2017). Colombia,
por su parte, señaló en la figura del presidente Santos que no reconocería los
resultados de los procesos de la constituyente (ver http://www.noticiasrcn.com/Internacional 28 de julio 2017). También Panamá,
el día 29 de julio, señaló que no reconocería la constituyente (http://www.noticiasrcn.com julio 29 2017). Unión
Europea y países como Suiza[28]
instaron a la administración del presidente NM a que suspendiese el proceso
aludido y tomase iniciativas para el dialogo. Para el 30 de julio mismo el
gobierno de EE.UU. (en la figura de
su embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley) se pronunció en cuanto a que la elección de una asamblea constituyente en Venezuela es
una "farsa" y "un paso hacia una dictadura"; sosteniendo
también la misma embajadora que su país no aceptará un "gobierno
ilegítimo" (http://lta.reuters.com 30 de julio 2017). Igualmente, el mismo día
30 de julio se pronunció Perú y Argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú exhortó a
Caracas a garantizar la instalación de un auténtico diálogo nacional que
permita restaurar el orden democrático, señalando además que "Esta
elección viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad
soberana del pueblo, representado en la Asamblea Nacional", "También
vulnera el principio de universalidad del sufragio y profundiza la fractura de
la nación venezolana, rompiendo el orden democrático en ese país". Por su
parte, la cancillería argentina sostuvo que "lamenta que el Gobierno
venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional (...) haya
proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los
requisitos impuestos por la Constitución de ese país". "La elección
de hoy no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos
venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización", destacó que
sostiene que Argentina no reconocerá los resultados de esa "elección
ilegal" (http://lta.reuters.com 30 de julio2017). También Costa Rica se pronunció, por medio de un comunicado de su
Ministerio de Relaciones Exteriores, donde señaló: “El Gobierno de
la República de Costa Rica no
reconoce y considera nulos, viciados,
ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad
popular, la convocatoria, el proceso y los resultados para
la composición de una Asamblea Nacional Constituyente en la República
Bolivariana de Venezuela, hoy 30 de julio” (https://factormm.com 30 de julio 2017). Contundente y expresivo fue también lo
señalado por el gobierno de México
el mismo día 30 de julio: “La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el
gobierno de México no reconoce los resultados de la elección de los integrantes
de la Asamblea Nacional Constituyente realizada el día de hoy en la República
Bolivariana de Venezuela y lamenta que el Gobierno de ese país haya decidido
llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos
reconocidos universalmente, que no se apegan a la Constitución de la República
y que profundizan la crisis en que se encuentra el país”, “Las medidas instrumentadas a lo largo del día, que
sembraron temor entre la población e impidieron la libre manifestación pacífica
y el trabajo de la prensa, reflejan el nivel de intolerancia que prevalece a lo
largo del país”, “El gobierno de México condena asimismo los incidentes de violencia
y represión en los que más venezolanos perdieron la vida o resultaron heridos.
Seguir adelante con la asamblea constituyente significa una continuación del
conflicto. Es momento de privilegiar el diálogo y la reconciliación…” (www.el-nacional.com 30 de julio 2017). Otros países como Brasil, España, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay, Alemania, Francia, Italia y Portugal y los miembros de la UE[29]
como conjunto, se pronunciaron también en contra de los resultados de la
Constituyente y de lo que ha implicado, los tres primeros con la misma fuerza
con que lo han hecho los que se han destacado. En particular EE.UU.,Colombia, Canadá, México, Panamá, Perú, aplicarán
sanciones. Por otra parte, debe señalarse que Bolivia, Nicaragua y el Salvador
fueron los países que expresaron actitud de celebración ante los resultados
(ver http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/31/los-paises-que-no-reconoceran-la-constituyente-de-venezuela-y-los-que-si/).
ELECCIONES PARA LA ANC Y
ACUMULACIÓN DE FALLECIDOS
Los resultados del proceso electoral del 30 de julio fueron
cercanos a lo que se preveía en ciertos ambientes y relativo a determinados
puntos. En primer lugar, durante toda la jornada se observó una baja
participación en ciudades y regiones, solo no creíble por oficialistas o sus
seguidores. Esa baja participación fue registrada y documentada por periodistas
y reporteros diversos, incluso de nivel internacional (www.noticiasrcn.com 30 de julio 2017). En segundo lugar, y a pesar de lo
anterior la administración bolivariana manejó la idea, casi de manera natural y
anticipada, que era exitosa la gestión y resultados del proceso eleccionario.
De tal forma que al comunicarse los resultados no solo los votos fueron
suficientes para elegir los candidatos que se requerían según la propuesta,
sino que fueron más altos que los obtenidos en cuanto a número de votantes en
el plebiscito del 16 de julio organizado por la oposición y ya señalado más
arriba, así como también igualaron el números de votos obtenidos por Hugo
Chávez en su última participación electoral y habrían superado los votos con
los que ganó NM para ser presidente. Esto es, según este registro para el 30 de
julio de 2017 los seguidores del oficialismo no se habrían reducido a pesar de
todas la pruebas en contrario. De esta manera y de modo impresionante por el
descaro y abrumador fraude que implicó, el CNE, avanzada la noche de 30 de
julio, informó que los resultados favorables para la elección de los miembros
de la ANC superaron los 8 millones de votos o más de 41% del padrón electoral
(ver www.vtv.gob.ve cadena nacional 30 de julio 2017)[30].
En los días previos a las elecciones de la ANC, habían ido
aumentando en todo el territorio nacional las protestas, trancazos y
manifestaciones diversas. Igual se fue ampliando e intensificando la represión
de los cuerpos represivos de la administración bolivariana[31].
Participación de civiles armados (colectivos) apoyado por la Guardia Nacional,
violaciones de domicilios y/o hogares, destrucción de la propiedad privada,
destrucción de vehículos, robos de motos y celulares a personas, ataques a
edificios y estacionamientos, con armas diversas y vehículos con el fin de
destruirles fachadas y puertas, detenciones sin justificación ni debido
proceso, agresiones y torturas físicas y psicológicas, embestidas al personal
de la prensa, entre otros elementos que pueden asociarse a la alteración o
desaparición del Estado de Derecho, forman parte de sucesos y experiencias
durante cuatro meses de protestas desde abril 2017, pero que fueron aumentando
los días previos al 30 de julio. Urbanizaciones como Montalbán, La Candelaria,
El Paraíso, La Urbina o Barriadas diversas como Petare, Catia, La Vega o Caricuao
en la región capital, se destacaron destacado por estos atropellos; igual en
Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida en el interior del país tuvieron
los mismos episodios.
Ese escenario llevo el número de muertos a una cifra mayor
de cien. El día 30 de julio puede considerarse un día negro y trágico, pues
fueron asesinadas 16 personas en un solo día. En la alocución que la Fiscal
Luisa Ortega Díaz ofreció al país el día 31 de julio de 2017 brindando sus
opiniones sobre las elecciones para la ANC, precisó 121 fallecidos hasta el
30/07/17 y 10 fallecidos específicamente este último día, derivando la diferencia,
seguramente, de no estar verificadas y procesadas las cifras que manejaba el
ministerio Público (https://www.youtube.com/watch?v=SVgrayBMscw Alocución de la fiscal Luisa Ortega Díaz el 31072017 en VPI
TV).
ALGUNOS SUCESOS POSTERIORES AL
30 DE JULIO
Después del 30 de julio varios sucesos merecen ser
mencionados 1. Establecimiento de
sanciones al presidente NM por parte de EE.UU. el día 31 de julio, por razones
variadas vinculadas a las elecciones de la ANC. Pasó a formar parte de la lista
Clinton vinculada al narcotráfico; se le congelaron sus bienes en EE.UU.; pero
igualmente se ofreció actuar igual con constituyentistas electos que buscasen
desarrollar sus cargos (www.el-nacional.com 26 de
julio 2017). 2. Se les revocó la
medida de casa por cárcel a Leopoldo López y Antonio Ledezma[32]
por parte del gobierno de NM. 3. El
2 de agosto de 2017, la UE se plegó
categóricamente al grupo de naciones que rechazaron la constituyente y, en tal
sentido, Federica Mogherini, a través de una declaración en nombre de la UE
(los Veintiocho estados miembros) señaló que la misma no reconocía a la Asamblea
Constituyente de Venezuela, elegida el 30 de julio, y
reclamó al presidente del país, Nicolás Maduro, que rectificase y suspendiese
la puesta en marcha del nuevo órgano, con el que se pretendía suplantar a la
Asamblea Nacional controlada por la oposición (www.elpais.com 2 de agosto 2017). 4.
Smartmatic, la empresa a cargo del
sistema de voto electrónico empleado en las elecciones a la Asamblea
Constituyente de Venezuela, denunció el 2 de agosto de 2017 que "hubo
manipulación del dato de participación". El director
ejecutivo de la compañía, Antonio Mugica, aseveró que Smarmatic estimaba "la diferencia entre la cantidad
anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores".
Esta denuncia impactó en la prensa internacional pues se trata de la empresa
que ha estado con el CNE en los procesos electorales de Venezuela desde 2004.
El CNE tuvo explicaciones ligeras sobre este grave planteamiento, a excepción
del Rector Luis E. Rondón, quien tuvo un planteamiento más firme que el
señalado más arriba, indicando o solicitando al directorio que suspendiese
los efectos de la adjudicación de los candidatos a la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) hasta se realizasen las auditorías técnicas
correspondientes (www.globovisión.com 2 de
agosto 2017; www.bbc.com 2 de agosto 2017). 5.
Un poco tardíamente, pero no por ello carente de importancia, el día viernes 4
de agosto se difundió un comunicado del
vaticano sobre procesos y perfiles que se asocian a la constituyente. Merece destacarse este
documento en su parte central: “Al mismo tiempo, la Santa Sede pide a
todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el
pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como
también de la vigente Constitución; se eviten o se suspendan las iniciativas en
curso como la nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la
paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro; se
creen las condiciones para una solución negociada de acuerdo con las
indicaciones expresadas en la carta de la Secretaría de Estado del 1 de
diciembre de 2016, teniendo en cuenta el grave sufrimiento del pueblo a causa
de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de
seguridad” (www.noticiasvenezuela.org 4 de
agosto 2017). 6.
El día 4 de agosto se instala la ANC en
el espacio definido tradicionalmente para las actividades de la Asamblea
Nacional y al día siguiente, 5 de agosto de 2017, en su primera reunión de trabajo tomó la
decisión de retirar de su cargo a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, figura emblemática
y, para el momento en franca oposición a la ANC y a la administración
bolivariana (ver https://www.youtube.com/watch?v=ecqfixNYxI0). 7. El 5
de agosto de 2017 Venezuela es
suspendida indefinidamente del MERCOSUR. El canciller de Brasil, Aloysio Nunes,
dijo en una conferencia de prensa -Sao Paulo- que los países fundadores,
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, decidieron aplicar la "cláusula
democrática", (Protocolo de Ushuaia). "Estamos diciendo: Detengan esto, basta de muertes, basta
de represión. No es posible infligir tanta tortura al pueblo", dijo el
canciller después de la reunión que convocó el bloque para abordar el tema de
Venezuela (ver www.bbc.com 5 de agosto 2017)[33].
8. El 8 de agosto se llevó a cabo
una reunión de varios cancilleres de la región a iniciativa del Perú; allí doce países (Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y
México) firmaron la Declaración de Lima
acompañados de cinco países de la región que no aparecen firmando el documento
(Guyana, Granada, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay). Los cancilleres consideraron
que Venezuela "ya no es una democracia" y "son
ilegítimos" los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC). Condenando, además, "la violación sistemática de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la
persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de
elecciones libres bajo observación internacional independiente" (www.bbc.com. 8 de agosto 2017; http://www.dw.com/es/cancilleres-de-am%C3%A9rica-denuncian-dictadura-en-venezuela/a-40017460 9/8/2017). La administración de
NM, por su parte, reunió en Caracas a los miembros del ALBA, acogiendo, el
mismo martes -0808/2017-, a sus aliados, de la agrupación ya señalada, en la
que participaron los cancilleres de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y varias
islas del Caribe, quienes demostraron su apoyo al presidente NM (www.bbc.com. 8 de agosto 2017). 9. El 9 de
agosto de 2017 el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso una nueva ronda de
sanciones económicas contra 8 funcionarios venezolanos. Las sanciones, que congelan los activos que estas personas
puedan tener en EE.UU. y prohíben realizar transacciones financieras con ellos,
se ocasionan una semana después de que Estados Unidos incluyera en su
"lista negra" internacional al presidente Nicolás Maduro. Además de
Adán Chávez (hermano del fallecido presidente Hugo Chávez), se incluyó a
Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D'Amelio, Erika Farías,
Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos ellos miembros de la Asamblea Nacional
Constituyente y exfuncionarios "chavistas" (http://www.noticiasrcn.com/internacional-crisis-venezuela/eeuu-impone-nuevas-sanciones-ciudadanos-venezolanos-incluido-un
9/8/2017; www.globovision.com 9/8/2017). 10.
El 11 de agosto el presidente de EE.UU. indicó que no estaba descartada la
opción militar para el caso de Venezuela. En sus palabras "Tenemos
muchas opciones respecto a Venezuela, incluida una posible opción militar si es
necesaria", "Tenemos tropas desplegadas por todo el
mundo en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente
está sufriendo y está muriendo" (www.bbc.com 12 de
agosto 2017). Punto polémico y harto difícil de evaluar, en la compleja
situación en que Venezuela desencadenó en 2017 según lo visto. 11. El mismo día 11 de agosto en
reunión de la ANC, esta reconoció a las cuatro rectoras oficialistas
integrantes del CNE y desconoció al único rector representante de la oposición
–Luis Emilio Rondón[34]-
en ese organismo. Acción en evidente concordancia con los perfiles de aquella y
el cumplimiento de las acciones para las que fue creada según se señaló más
arriba (www.el-nacional.com 11 de agosto). 12.
El 25 de agosto, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva aplicando sanciones
financieras sobre el gobierno de NM, prohibiendo las negociaciones sobre
nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de
la petrolera estatal Pdvsa, así
como también impidiendo la negociación de ciertos bonos que estén en manos del
sector público venezolano y el pago de dividendos al gobierno de Venezuela[35]. "La dictadura de Maduro sigue
privando al pueblo de Venezuela de alimentos y medicinas, encarcelando a
los miembros de la oposición que fueron elegidos democráticamente y reprimiendo
en forma violenta la libertad de expresión", dijo la Casa Blanca a través
de un comunicado donde también y de manera muy relacionada se destacó la
instauración y gestiones de la ANC. La Casa
Blanca explicó la medida por "la decisión del régimen de crear una
Asamblea Constituyente ilegítima —y, más recientemente, de que ese órgano
usurpe los poderes de la Asamblea Nacional que fue elegida en forma
democrática—". Para Washington, la
Constituyente "representa un quiebre fundamental del orden constitucional
legítimo en Venezuela" (ver www.bbc.com 25
agosto 2017).
NUEVAMENTE EL DIALOGO
Pasados todos estos eventos se volvió a plantear –alrededor
de septiembre de 2017- la posibilidad de desarrollar una mesa de dialogo que
pudiese abonar o facilitar la búsqueda de consensos y acuerdos de atención de
la profunda crisis política que confluyó para el año 2017, con todos los
significativos eventos que hemos planteado. En los más de 18 años de la
administración bolivariana, puede decirse que es la cuarta vez en que se
plantea la posibilidad de establecer diálogos o conversaciones que pudiesen
abonar en cuanto a la solución o búsqueda de consensos políticos. La primera,
fue cuando la crisis política e intento de golpe de Estado del año 2002 durante
la presidencia de HC; la segunda, cuando la crisis y protestas del año 2014 ya
en la presidencia de NM y en la cual hubo más de 40 muertos; la tercera, cuando
las protestas por la suspensión del referéndum revocatorio y las vacilaciones y
desatenciones por parte del CNE para establecer el cronograma electoral; y, la
cuarta, en la crisis amplia del año 2017. En las tres primeras, detalles
más-detalles menos, mayores tiempos-menores tiempos, no hubo resultados
concretos ni significativos (a excepción de la insistencia en el referéndum
revocatorio en la del 2002). Nada indicaba o prometía posibles salidas o arreglos
a partir de la cuarta, si era el caso que se estructurase, visto desde el
perfil y la cercanía del último trimestre del año 2017. Por varias razones: la
sospecha de fraude para el establecimiento de la ANC; la utilización de esta
para los fines políticos y represivos de la administración bolivariana; la
aumentada y descarada pérdida de autonomía de parte de distintas instituciones,
con la correspondiente supeditación a los intereses de esta; la larga
experiencia en la acumulación de jugadas políticas diversas, por parte de la
administración bolivariana; el desespero y la tozudez –por razones variadas-
para mantenerse en el poder político por
parte de administración señalada; entre otras.
La posibilidad de iniciarse estas negociaciones se vio
afectada por varios factores. Uno fue de carácter informativo, dados los
intereses de la administración bolivariana de presentar un proceso ni
clarificado ni iniciado, como uno ya en curso, que tendría entre sus
determinantes fundamentales la amplitud y un conjunto de virtudes de su lado;
pero también por la negativa a aceptar la propia iniciativa de participación,
de parte de la oposición. Avanzada la primera quincena –vista una primera
reunión exploratoria que se habría realizado en República Dominicana- y entrada
la segunda, se vislumbraron algunos elementos como es el caso de los requisitos[36]
para participar en la misma y, en específico, en alguna reunión planteada para
finales del mes de septiembre[37]
según se indicó. Para esta reunión la oposición había escogido –avanzado
septiembre- como garantes a Chile, México y Paraguay,
mientras que el chavismo había elegido a Bolivia, Nicaragua y
otro país por precisar (www.efectococuyo.com 20
septiembre 2017). Debe destacarse el papel de la cancillería francesa y del
gobierno de la República Dominicana, para el impulso de esta propuesta o
iniciativa[38].
Debe señalarse que ya avanzado el mes de septiembre, el
oficialismo fue planteando cada día más las cosas en el terreno de sus
conveniencias y sin observársele disposición a cambiar o ceder en asuntos
fundamentales como el deterioro institucional desde poderes como el CNE,
constricción de las libertades para el ciudadano común, enriquecimiento de
grupos de poder, revancha hacia disidentes como la antigua Fiscal General,
además de no lograr éxitos en los problemas del hambre, la escasez y la
inseguridad. Desde el punto de vista de problemas a atender y estrategias a
seguir, la oposición tenía ya entonces un cuadro suficientemente perfilado,
sobre temas y asuntos que podía ordenar para discutir y atacar. Sus posiciones
y actuaciones, basadas en personalismos y proyectos personales en algunos
casos, no favorecieron estos ordenamientos pero tampoco la fijación en temas de
alto interés, como la permanencia del mismo CNE, que había estructurado el
denunciado fraude del 30 de julio -donde se dio paso a la formación de la ANC-,
o así también las particularidades en los desempeños del oficialismo y su
férreo interés de permanecer en el poder[39].
LAS ELECCIONES REGIONALES
Por fin el 15 de octubre se dieron las esperadas elecciones
regionales. Había podido preverse el resultado dada la configuración, gestiones y actuaciones previas por parte del
CNE[40].
La oposición sin embargo decidió aceptar ir a las elecciones con tal CNE, cuya
parcialidad y jugadas le eran bien conocidas, tal cual se indicó.
La noche del 15 de octubre, al leer el primer boletín, con
más del 95 % de los votos, el impacto no ha podido ser más neurálgico, incluso
para los más ponderados en el campo del análisis político. Después de escuchar
los resultados, J Magdaleno (www.globovision.com
programa especial de Vladimir Villegas y Manuel Felipe Sierra, 15 de octubre
2017) pudo afirmar cómo, ni siquiera, en el peor escenario, pudo albergar los
mismos. Se trató de 17 gobernaciones ganadas por el oficialismo junto a 5 ganadas
por la oposición y adicional una en disputa[41].
Al resolverse la disputa a favor del oficialismo el día 18 de octubre
terminaron 18 gobernaciones con gobernadores oficialistas y 5 con opositores.
Este último día los 18 gobernadores del oficialismo se juramentaron ante la ANC[42].
Varios factores influyeron par que se diese un resultado de
esta naturaleza. En primer lugar el conjunto de triquiñuelas y malas jugadas llevadas a cabo por las cuatro
rectoras de CNE, suficientemente conocidas por su parcialidad hacia el gobierno
de NM[43],
la más importante de las cuales pasó a
ser el cambio de los centros de votación para numerosos votantes colocándolos
en lugares de difícil o muy diferente acceso y condición[44].
La segunda razón fue la abstención
por diferencias entre grupos de opositores o por simple cansancio o decaimiento
del entusiasmo que bordeo el 40% y fue importante en casos como el estado
Miranda. A medida que pasaron las horas posteriores a la finalización, la
oposición pasó a definir lo transitado como un fraude electoral, convirtiéndose esto en una tercera razón[45].
También en este estado, el candidato Carlos Ocariz[46],
mostró actas precisando fraude.
Puede señalarse que en las dos semanas siguientes a la
realización de las elecciones regionales del 15 de octubre, el panorama, a
pesar de cosas que podían considerarse pendientes (denuncias, reclamos,
rechazos), estaba bastante inclinado hacia lo que se había propuesto la
administración bolivariana, buscando quedasen en su dominio la mayor parte de
las gobernaciones y un parcial reconocimiento a su ANC. Sin embargo, no se le
puede ubicar como ganador a la administración bolivariana, pues el proceso, en
sí mismo, le dejó de su lado una pesada denuncia y sentir colectivo de ser un nuevo fraude (siendo el anterior el de
la elección de la propia ANC). Una colectiva o bastante espaciada[47]
sensación de fraude, dejó presente la idea del final elecciones legales -o en
una porción importante decentes- dentro de la administración bolivariana y, con
ello, la correspondiente perspectiva de no poder salir de esta por la vía
electoral. Alberto Barrera T. lo resumió adecuadamente: “El proyecto de fraude
global que inició el oficialismo en diciembre del 2015, con la designación de
nuevos miembros y suplentes en el TSJ, alcanzó fatalmente su clímax en los
comicios del pasado domingo. Ha sido un proceso que cada vez ha ido perdiendo
más sus maquillajes y dejando en evidencia su naturaleza delictiva. Las
recientes elecciones regionales fueron ya el destape final. El ventajismo institucional,
los procedimientos y acciones al margen de la ley, el robo descarado de votos,
la violencia en contra de los representantes de la oposición en las mesas…
logró el insólito milagro de ganar 18 gobernaciones teniendo un 20% de
aprobación. El oficialismo ha terminado estrujando y desechando la última y
frágil instancia de legitimidad institucional que tenía: el voto popular” (www.prodavinci.com Una larga y triste derrota; Alberto Barrera Tyszka 22 de octubre, 2017).
LA DEMOCRACIA O UNA PARTE DE
ELLA
Se trata entonces de reflexionar, sobre el camino
democrático expresado en elecciones[48].
Muchos habían dicho que la administración bolivariana sabía ya -para ese
momento- que no ganaba en la realidad
venezolana ninguna elección. Sin embargo, ya sabemos los resultados, las
secuencias y lo acumulado. Con la estructura organizacional de las elecciones y
su ente fundamental que –ha sido y- es el CNE, se pasó a percibir como no fácil
ganar una elección en el contexto ya desatado en Venezuela durante el año 2017.
Algunos expresan que la vía electoral si derrumba tiranías y dictaduras; que se
demostró en Polonia, Chile y otros casos. Es cierto que allí se demostró. Pero
hay diferencias, según los casos. Como se sabe, en las ciencias sociales se
rechazan crecientemente modelos de aplicación para todos los lugares. Esto se
le ha criticado al FMI y al Banco Mundial. Aquí no se trata de un modelo, pero
habría que ver si lo que funcionó allí funcionaria acá. Son bastante conocidos
los desafueros del socialismo real
en el caso de Polonia, pero puede uno preguntarse ¿Ha tenido Venezuela los
astilleros y las masas obreras?, ¿Son iguales las fuerzas armadas, en su
trayectoria, carácter represivo y funciones, según los casos?, ¿Han Seguido la
misma secuencia los políticos?, ¿Han sido culturas rentistas -los casos
señalados- que hubieran permeado hasta los más profundos intersticios de
sectores populares y con grupos sociales acomodados en varios casos cómplices?,
¿Han estado tales pueblos llenos de resentimiento, incluso ante políticos y
dirigencia que se les siguen presentando una y otra vez, aunque estos mismos
hayan sido causantes de su acumulación de penurias? No parece que todo esto
esté claro, cuando se comparan casos diversos y se insiste en el camino
electoral para Venezuela y su contexto, sobre todo a partir de 2017[49].
Después de las elecciones del 15 de octubre, puede afirmarse
–entonces- se presentó un importante punto de inflexión en la situación y
perspectiva política de la nación. En tal razón, varios elementos podrían
destacarse; sin embargo, mencionaremos tres muy inmediatos al episodio
electoral mismo, que ameritan ser destacados. En primer lugar, la aguda crisis política en que devino la MUD
-como expresión de parte de la oposición- por los resultados mismos, por
sospechas de arreglos de representantes suyos con la administración bolivariana
y por la juramentación de cuatro gobernadores de los cinco de la oposición que,
según el CNE, fueron ganadores[50],
ante la ANC. Acusaciones, sospechas, deslealtades, irresponsabilidades y
decepciones, fueron así destacadas por distintos representantes políticos de
partidos y agrupaciones, llegando a producir preocupación a nivel interno e
internacional, sobre una posible división en el seno de aquella. En segundo lugar, la rapidez con la que
la administración bolivariana comenzó a difundir y a tramitar lo concerniente a
las elecciones municipales[51].
No habiéndose aclarado el procedimiento electoral, ni las solicitudes de
auditorías recomendadas por países y grupos de ellos, pero llevando al extremo
su sentido de victoria, a pesar de las numerosas sospechas y denuncias de
fraude en estados y regiones (como Miranda, Bolívar y otros estados), el
oficialismo inicio discusiones y ordenamiento de ideas atinentes a tales
elecciones[52].
En tercer lugar, la expresión muy
contundente del llamado Grupo de Lima -señalado más arriba- una vez finalizado
su encuentro en Canadá el 26 de octubre de 2017, sobre no reconocer la ANC e
invitar a la MUD a que mantuviese la unidad y acuerdos entre distintos grupos y
partidos de oposición[53].
FRACTURAS EN LA MUD Y
ELECCIONES MUNICIPALES DE DICIEMBRE
La mezcla del primero y segundo punto de los resaltados en
el párrafo anterior, permitió observar ciertos efectos para las elecciones
municipales de diciembre 2017. La oposición, en la mayor parte de las
expresiones partidistas presentes en la MUD planteó no participar (dos de las
que primero lo plantearon fueron Voluntad
Popular y Primero Justicia). Sin
embargo, iniciado noviembre algunas organizaciones decían seguirían discutiendo
si lo harían o no, y se presentó el impresionante resultado de la eliminación
de la inhabilitación política de Manuel Rosales (antiguo Gobernador del Zulia y
excandidato presidencial) cuya organización (Un Nuevo Tiempo) si se trazó participar en las elecciones
municipales del caso, al igual que Avanzada
Progresista organización de Henri Falcón exgobernador de Lara (ver www.el-nacional.com 1 de noviembre 2017). Posterior a esto, Manuel Rosales, se
convirtió en una especie de adalid para
la justificación de la participación
en las elecciones municipales y en un candidato a la gobernación del Estado
Zulia (como se señaló estas elecciones se volverían a realizar), entrando en
polémicas con otros líderes de la oposición sobre la participación del caso y
estos con él[54].
Igualmente impresionante, en posteriores pero muy cercanos días, el joven líder
de Voluntad Popular Yon Goicoechea[55]
(ver www.noticierodigital.com 4 de noviembre 2017)
que estaba detenido desde hacía más de un año, fue liberado
condicionadamente y, de manera inmediata a ello, se pronunció en su interés en
participar para la alcaldía del hatillo (Voluntad Popular –tal cual se señaló
ya- había señalado no participaría en tales elecciones). El hecho de participar
en las elecciones tuvo el trasfondo de discusión de aceptar y reconocer los
órganos e instituciones como el CNE y la ANC (con el agravante de juramentaciones
ante ella como las ya señaladas). Quienes defendían posiciones favorables a tal
participación argumentaron: a) el enemigo no está entre nosotros, el enemigo se
sabe quién es; b) hay que unir no desunir; c) si no se participa el gobierno se
quedará con todo; d) se perderán oportunidades de seguir aumentando las
fuerzas; e) participando se demuestra que el otro es capaz de hacer fraude; y
otros elementos. Nada de ello explicaba cómo se convocaba a participar en unas
elecciones gestadas, controladas, supervisadas y con resultados ya
preconcebidos desde la ANC, o como la nueva elección daría nuevamente ganador
-al igual que en las regionales del 15 de octubre y en condiciones de creciente
deterioro económico y social- a un gobierno que semanas y meses antes, se decía
no ganaba ni la más elemental de las elecciones concebibles. En ese contexto
surgieron, o se alimentaron, líderes y personalismos nada buenos o coincidentes
con un proyecto nacional de unidad. Las frases siempre son atrayentes en la política.
En el caso de un candidato en Chacao -el presidente del Concejo Municipal
de Chacao, Robert García- este expresó casi en un tono seductor no estar dispuesto “a que el gobierno de Maduro tome las
riendas de Chacao, porque sabemos que sería nefasto ese escenario, pero tampoco
estamos dispuestos a la continuidad. Nuestro municipio merece algo mejor y
distinto”. “El
chavismo se quedará con las ganas de tomar Chacao”[56]
(ver www.elcooperante.com 1 de noviembre).
Al momento de mediados de
noviembre el panorama se había ya complejizado de manera amplia y puede
perfilarse a la luz de detalles de tres agentes fundamentales del contexto. El primer agente es la administración bolivariana. Esta revalorizada
-a sus propios ojos- producto de las victorias electorales de la elección de la
ANC del 30 de julio y de las elecciones regionales del 15 de octubre, se sentía
suficientemente fuerte para -con el CNE establecido- adelantarse ya como
ganadora en las elecciones municipales, e incluso, en pensar pudieran
adelantarse las elecciones presidenciales –considerándose en tales condiciones
muy posible “ganador”-[57]. Esto,
a pesar del creciente empobrecimiento generalizado, escasez, inflación,
atosigamiento por pagos de la deuda externa, penuria de efectivo, desempleo y
deterioro en valores y comportamiento de funcionarios y ciudadanos. El segundo agente constituido por la
oposición política a la administración bolivariana, a pesar de su amplio
espectro. Encontrados en la crisis ya señalada, tiene previamente su punto de
inflexión con las elecciones regionales a las cuales fue sin las exigencias y
cuidados pertinentes, después de haber observado todos los lustros de
experiencias con el CNE y los específicos resultados de las elecciones para la
ANC. El perfil derivado de esta inflexión para las elecciones municipales -y
pareciera que para toda elección futura, mientras la propia oposición no pase
por su propio proceso de reestructuración y cambio- es abstencionistas y voluntaristas
(que observan triunfos aun perdiendo con fraude, pues este lleva a que
se muestre el talante del otro participante) para una parte de la oposición. La
solución de esta dicotomía no podía entenderse como fácil, pues ella transita
en la generación de confianza para cualquier elección y, en mediados de
noviembre, ya esto no era posible con el CNE existente y la disposición
política de la administración bolivariana de perpetuarse en el manejo del poder político. El tercer agente es la comunidad
internacional, en el entendido de EEUU, Canadá, la Unión Europea, el Grupo de
los 12 en América Latina, y organismos como Mercosur y OEA (esta
fundamentalmente con las gestiones de Luis Almagro y sus tres informes sobre
Venezuela[58]). De manera curiosa y muy importante, mientras una
parte de la oposición se fue moviendo entre abstencionistas y voluntaristas, la comunidad internacional
continuó con sus evaluaciones y procesos sancionatorios sobre Venezuela y sus
funcionarios. En tal sentido, además de las sanciones de Canadá en días previos
(el 8 de noviembre), la Unión Europea acordó sancionar a Venezuela por la
represión en el país, incluyendo un embargo de armas y la posibilidad de
imponer medidas restrictivas selectivas contra los responsables[59]. Los
ministros de Exteriores comunitarios, plantearon dar su visto bueno en su
Consejo del lunes 13 de noviembre a este acuerdo político, logrado unánimemente
por los embajadores de los Veintiocho países integrantes. Las sanciones
propuestas consistieron en un embargo de armas y en un veto a las exportaciones
de equipos que pudieran ser utilizados para la represión interna o para vigilar
las comunicaciones electrónicas; también incluyó, la base legal para que la UE
estableciese una lista de personas a las que considerase responsables de la
situación en el país, y a las cuales les prohibiría viajar a territorio
comunitario y congelaría los bienes que pudiesen tener en la Unión, si la
evolución de la situación lo requiriese (ver www.el-nacional.com 8 de noviembre 2017)[60].
DOS
EVENTOS DE IMPORTANCIA
Sean cuales sean los resultados de procesos en
curso para el resto del año, llegados a la primera quincena de diciembre, dos eventos[61]
ameritan una referencia breve. El primero el de las conversaciones/negociaciones
formalizadas con las reuniones del 1 y 2 de diciembre de 2017. El segundo,
correspondiente a las elecciones municipales del día 10 de diciembre. En ninguno de los dos hubo grandes
sorpresas.
En
cuanto al primero,
debe señalarse que, en el caso de Venezuela, dentro de la administración
bolivariana, según las experiencias previas de negociación (2002[62],
2014 y 2016), no se produjeron mayores o trascendentales resultados sino
siempre puro optimismo al inicio; después, este último fue desapareciendo y las
negociaciones quedaron –mayormente- en casi nada para la oposición y en beneficios diversos para el gobierno. Veamos
resultados, para el caso en cuestión, a la luz de expresiones de agentes
participantes. En el balance ofrecido por el presidente de República
Dominicana, Danilo Medina, se indicó que durante la primera jornada de
negociación entre gobierno y oposición, de seis puntos en la agenda se avanzó
en cuatro, dejando dos para la jornada del día 2 de diciembre; no se
especificaron detalles (ver www.el-nacional.com 1 de diciembre 2017). Con gran
optimismo y perfil de futuro, se pronunció el presidente NM: “Gracias a Dios lo
hemos logrado mesa de diálogo en República Dominicana para la paz y la prosperidad”
(ver www.eluniversal.com 1 de diciembre 2017).
Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación del gobierno,
expresó su satisfacción por la jornada y afirmó que se “ha avanzado mucho” en
los seis puntos de la agenda. “La discusión fue ardua, de las buenas (…)
Queremos informar a todos los hombres y mujeres de la oposición que nos pudimos
sentar a dialogar sin que mediara el escrache y el bullying”.
Siempre muy entusiasta y optimista, afirmó que ambas partes están “muy cerca”
de concretar un acuerdo. “Estamos tan cerca de un acuerdo que ya convocamos
otra reunión para el 15 de diciembre”. Según él, en cuanto a un canal
humanitario, la “verdadera solución” sería el cese de supuestos ataques contra
la economía venezolana y resaltó los “esfuerzos” del gobierno para facilitar
a la población las medicinas, como el programa
0800-SaludYa. "La verdadera ayuda debería provenir en
cesar los ataques contra la economía venezolana, que se deje de solicitar
acciones económicas y financieras contra el país" (ver www.el-nacional.com 2 de diciembre 2017).
Por su parte, Julio Borges,
presidente de la Asamblea Nacional, comunicó que fueron presentadas una
serie de propuestas para que en los próximos meses se realicen elecciones presidenciales, buscando garantías
y condiciones para asegurar que se trate de una "elección segura".
“Hemos venido con la idea firme y central de lograr más derechos para el pueblo
venezolano, y pensamos que en la medida que logremos abrir más derechos
lograremos que la crisis sea superada dándole la palabra al pueblo venezolano
en el proceso, a través del cual la gente pueda expresarse sin temor”. Agregó
que durante la discusión se trataron temas económicos, la liberación de
aproximadamente 350 presos políticos, el tema institucional de hacer valer a
los 14 millones de venezolanos que votaron por la AN y la aplicación de la
Constitución para todos los ciudadanos por igual. “Queda ahora un trabajo
laborioso, hemos defendido el nombre del pueblo en cada uno de los puntos,
veremos si en la reunión del 15 de diciembre se pueden acercar las
posiciones". Recalcó que el encuentro fue de gran valor por el hecho de
que oposición y gobierno se hayan reunido para disponer de dos días de debate
en cada uno de los temas en agenda. "Así podremos lograr la solución a los
problemas, que la gente pueda expresarse sin ningún temor con la mirada en el
futuro. Es un proceso duro, de confrontación, para abrir una ruta” (ver www.el-nacional.com 2 de diciembre 2017).
Pueden resumirse algunas
observaciones sobre lo presentado como resultado, por ambas partes. En primer lugar nada concreto se
observa; aunque puede argumentarse que es el comienzo. En segundo lugar, el hecho mismo de reuniones dos días, tratando
seis temas no es expresión de avance. En
tercer lugar, no se observan posiciones coincidentes. Y, en cuarto lugar, la reunión programada
para el 15 de diciembre no estrictamente expresa avance[63].
A pesar de todas estas observaciones, debe resaltarse que el presidente de
República Dominicana, Danilo Medina,
señaló que: "Para mí ha sido un honor dirigir las
conversaciones. En un clima de respeto se han producido
significativos avances para una solución de manera pacífica. Han reiterado
ambas partes la necesidad de avanzar a un acuerdo en interés del pueblo de
Venezuela” (ver www.el-nacional.com 2 de diciembre 2017; y www.eluniversal.com 2 de diciembre 2017).
En
cuanto al segundo
evento, las elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017, como dijimos,
no tuvo tampoco grandes sorpresas, era lo previsible que pasara: el oficialismo
“ganó” en la mayoría de las instancias sujetas a elección, incluida la
Gobernación del Zulia. Una alcaldía en
Táchira y tres en el Distrito Metropolitano (Chacao, Baruta y El Hatillo) fue
lo que quedó en manos de la oposición en las primeras informaciones, pero,
posteriormente, se señaló desde el CNE que el PSUV ganó 293 alcaldías y la oposición obtuvo 26 (ver www.el-nacional.com 11 de diciembre 2017).
Varios factores influyeron en ello:
a) la mayoría de los partidos de la
oposición más definida o relativamente más seria, no participó; b) surgieron variados candidatos
alternativos al oficialismo, dispersando votos; c) hubo una abstención considerable derivada de factores señalados
o de decepciones y frustraciones por parte del electorado (a pesar de la cifra
oficial de 47% de participación); d)
el oficialismo continuó con sus intereses de, por distintas vías, legitimar la
ANC y con sus acciones de victoria con un CNE favorable y con preparaciones
para ser el ganador; e) con dos
elecciones previas, cercanas y que tuvieron condiciones semejantes a esta, con fundamentos
fuertes de sospechas de fraude, no iban ase estas las elecciones más puras.
María Corina Machado, opositora públicamente
definida, señaló categóricamente: “Lo que paso
ayer (10 de diciembre/EOR) no significa que los venezolanos somos indiferentes,
todo lo contrario, lo que pasó ayer en Venezuela fue un acto muy consciente de
cada ciudadano”; “hay
una Venezuela que está decidida a luchar"; "No es verdad que está
resignada, es que no va seguir creyendo en engaños. Para votar y elegir no
podemos seguirle el juego a la narcodictadura. Tenemos que salir a luchar, como
se enfrentan las narcodictaduras, con posiciones de firmeza partiendo de la
base y confianza de la fuerza que sí tenemos. Tenemos más de 90% de los
venezolanos que repudia este sistema” (ver www.el-nacional.com
11 de diciembre 2017).
Finalizadas las elecciones del 10
de diciembre y dando muestras del verdadero trasfondo que siempre ha tenido la administración
bolivariana, a pesar de decir y ufanarse de que constantemente busca la paz y
la negociación, el presidente NM fue capaz de expresar, mezclando con toda
intención unas y otras cosas: “Ellos ya decidieron quién es su candidato
presidencial, pero no es (Henry) Ramos Allup, a pesar de que Acción Democrática
según todas las encuestas es el principal partido de la oposición venezolana
(…). Los demás partidos, Voluntad Popular, Primero Justicia, han
desaparecido del mapa político venezolano, porque partido que no haya
participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar
más. Ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha
esgrimido, y yo, como jefe de Estado de un poder constituido, los apoyo” (www.eluniversal.com
11 de diciembre de 2017).
Las tramas,
trampas, intenciones, trasfondos y componendas tienen siempre sus señales. La oposición
tiene nuevas oportunidades y expresiones de interpretar. Se verá, si seguirá
cometiendo los mismos errores.
CONSIDERACIÓN
FINAL
Los resultados de las elecciones
municipales no fueron ninguna sorpresa. Las ganaría el oficialismo porque así
estaban programadas. Entre desacuerdos, diferencias, decepciones, apatías
de los votantes, maniobras políticas de los dirigentes de la administración bolivariana,
empecinados en presentarse como amantes de la paz y que persisten en quedarse
en el poder porque su noción del ejercicio del mismo y sus miedos de
perderlo se concentran en querer
mantenerse allí, se dio el resultado previsible desde noviembre (Eduardo Ortiz
Ramírez, Venezuela. La escena política de noviembre. https://www.academia.edu/35099715/VENEZUELA._LA_ESCENA_POL%C3%8DTICA_DE_NOVIEMBRE).
Lo que sí es novedoso es el hueco
democrático derivado de la sospecha, duda y aseveraciones sobre lo ilícito de
los procesos electorales desde la elección de los miembros de la ANC. A una economía entrampada en la
pobreza, miseria, ausencia de recursos de inversión y con un relativamente alto
endeudamiento, se le añadió, así, el déficit de la estructura y la operatividad
de la democracia en la nación.
De ahí que a Venezuela le queda,
como resultado del año 2017, en primer lugar, la desembocadura –dada la
intensidad que asume la problemática económica, social y política- de un
proceso de más de dieciocho años -llamado revolución
bolivariana- con muy pocos logros que blandir. Que no alteró el rentismo
sino que lo fortaleció. Que no ejecutó ningún modelo alterno de desarrollo, a
pesar de los señalamientos y criticas al modelo desarrollado en los cuarenta
años previos a 1999. Que no logró con su propagandeadas misiones disminuir la pobreza, sino aumentarla, destruyendo,
desatendiendo y abandonando las instituciones y los servicios atinentes a las
áreas de salud, seguridad, educación y justicia. En
segundo lugar, la alteración de los procedimientos, hábitos, costumbres y
esperanzas democráticas, que fueron las que precisamente llevaron y permitieron
el ascenso al poder de los que habían liderado los golpes de estado de 1992, acompañados
de la derrotada, fracasada y frustrada izquierda de las décadas y lustros
previos a este último año. En tales sentidos, las conversaciones y avances
hacia negociaciones, iniciadas en noviembre de 2017, con reuniones formales el 1
y 2 de diciembre (y las preparatorias del caso), saltaron numerosos asuntos
atinentes a la vida en democracia y focalizaron, de manera fundamental, en la
estructura y papel del CNE[64]
en unas posibles elecciones presidenciales para 2018, a pesar de haberse
recordado o señalado -del lado de la oposición- lo atinente al respeto a la
constitución, la ayuda humanitaria y los presos políticos[65]
(desapareciendo de tonos y momentos, el tema de los crímenes de lesa humanidad
y los más de 130 muertos de los meses de abril a julio de 2017). En tercer lugar, se encuentran los
efectos de todo lo transitado en 2017 en el ámbito político, sobre un factor
fundamental en el futuro de la nación: sus
pobladores y sus votantes. Estos, además de las cargas atinentes al
deterioro en las condiciones de vida, han acumulado los efectos de la
alteración de procedimientos, trampas, marramuncias y probables fraudes, en lo
que atañe a su resistencia, empuje y capacidad de lucha. Después de numerosas
marchas, fallecidos, gases, alteraciones de viviendas, violaciones de hogares y
de la privacidad, dadas las acciones gubernamentales, se encontraron al
finalizar los meses de protesta, con una dirigencia opositora, caracterizada,
por varios actores y analistas, con agendas ocultas, personalismos y actitudes
oportunistas[66].
@eortizramirez
eortizramirez@gmail.com
[1] La
primera fue procesada y establecida en una consulta nacional, la segunda en un
proceso restringido, amañado y lleno de sospechas de fraude en sus resultados,
según distintas opiniones.
[2] Un
resumen de algunos perfiles de esto puede abarcar el señalamiento de que: “Hoy
la FAN,…es dueña de astilleros, instituciones financieras y de seguros,
empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos,
transporte, alimentos, armamento y televisoras, entre otras, y de la Compañía Anónima Militar de Industrias
Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg), constituida recientemente
para intermediar en las subastas y demás negocios relacionados con la riqueza
petrolera y minera del país… Adicionalmente, están al frente de la CVG, de los
puertos y aeropuertos, de Minerven, Corpolec, Pequiven, Edelca, Enelven y ahora,
de la joya de la corona… ....PdVSA” (Humberto García Larralde, La gran componenda criminal: El reparto de
Venezuela entre cúpulas militares y “revolucionarias”, 9 de diciembre
2017).
[3] Con las
diferencias pertinentes, el ejercicio de la democracia en América Latina ha
tomado un sentido mayoritariamente eleccionario, apartando otras formas de desempeño de la democracia y, en varios
casos, las administraciones izquierdistas (Bolivia, Nicaragua o Venezuela como
las más abiertamente interesadas en el sentido que se anota) o no, han
gestionado las reelecciones, con el impulso de las respectivas reformas
constitucionales, entre otros procedimientos (Algunas relaciones pueden verse en:
Lucas
Goyret, Democracia,
una conquista en "proceso de desgaste" en América Latina.
www.infobae.com, domingo 23 de febrero 2014).
[4] Ha sido
insistente la administración del presidente Nicolás Maduro en destacar que ha
sido objeto de una guerra económica
de parte de agentes nacionales e internacionales. La siguiente expresión es
útil en la discusión de tal perspectiva: “Llama la atención que movimientos populistas y radicales, como el proceso
bolivariano, en su falso discurso, también pregonan sueños de potencia mundial;
aspiración, que además de falsa, resulta grotesca. Se destruye el país, se
empobrece la población para controlarla, se forja una hiperinflación y un grave
desabastecimiento, con claros fines políticos, generando una crisis
humanitaria. Se presentan imaginarias excusas como el enemigo externo y la
guerra económica y, se tiene el cinismo de escribir en los textos oficiales,
que aguantan todo, como el Plan de la Patria, que avanzamos como país potencia.
Una ópera bufa, con consecuencias sociales muy dramáticas.” (Félix
Arellano, ¿Nuevos movimientos geopolíticos? http://economiainternacionalpostgradoucv.com.ve/2017/11/21/nuevos-movimientos-geopoliticos/).
[6]
Ver Eduardo Ortiz Ramírez https://www.academia.edu/34611947/LA_ECONOM%C3%8DA_Y_EL_PRESIDENTE_A_QUE_DEBER%C3%8DA_REGRESAR_VENEZUELA.
[7] Esta
propuesta la facilitó el conjunto de fragilidades de las democracias
latinoamericanas
que señalamos más arriba, las porciones de poder político que ya había
ido acumulado el presidente Chávez en alrededor de 9 años y, el
indisolublemente asociado proceso de desinstitucionalización
por el que ya había comenzado a transitar la sociedad venezolana. “La reflexión
sobre el tema institucional conduce a observaciones aún más graves que implican
la necesidad “revolucionaria” de derribar el orden existente. Por eso, más que
estar ante procesos de esa institucionalización creadora en la que fue modélica
la monarchia catholica, se está ante un voluntarismo personalista destructivo,
más bien desinstitucionalizador que con diversas estrategias está conduciendo a
la destrucción de una realidad institucional cuyo desarrollo y vigencia han
sido el resultado de un lentísimo y difícil esfuerzo bisecular. La voluntad del
régimen personalista con afán revolucionario se orienta, así, a crear los
supuestos de un orden nuevo, provocando un erial institucional por muy diversas
vías. La primera de ellas, el secuestro de los poderes del Estado por el
Ejecutivo. Pero no se excluyen otros procedimientos que aquí sólo cabe
enumerar: 1. La promoción deliberada de una institucionalidad paralela para
atender los mismos fines; 2. El desconocimiento deliberado y artero de
instituciones vinculadas a personalidades incómodas o “enemigas” –como
expresaría Schmitt– de un régimen que excluye al adversario; 3. La provocación
deliberada de la disfuncionalidad institucional para destruir el propósito
originario de la institución; 4. La cruda y burda destrucción deliberada de la
institución por estrangulamiento o desatención, y 5. El debilitamiento y muerte
de la institución por ignorancia, ineficiencia, inexperiencia o descuido, cuyo
necesario e ineludible resultado, aun cuando involuntario, conduce a la
destrucción institucional” (Graciela Soriano de García-Pelayo, De 1810 a 2010: variables conceptuales
paradigmáticas en la Historia de Venezuela. RE V I S T A POLITEIA, N° 43, V
O L. 32. IN S T I T U TO DE ES T U D I O S PO L Í T I COS, UCV, 2009:31-63).
[8] “Dentro
de la concepción mítica de la realidad y de la “consideración de motivos” de la
reforma constitucional propuesta y rechazada en 2007, subyacen, de un lado, la
vocación totalitaria del líder y su grosera e insaciable ambición de poder, y
de otro, el mito al servicio de la “revolución” y de un “socialismo del siglo X
X I” rechazado, cada vez más desnudo ante una ciudadanía cansada de abusos, de
farsa, engaño y corrupción” (Graciela Soriano de García-Pelayo, Ídem).
[9] Diosdado
Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y
diputado de la Asamblea Nacional, indicó, así, varias ideas ubicables en
variadas perspectivas pero útiles para lo indicado: “aquí no va haber
elecciones generales, ni renuncia ni abandono del cargo, aquí lo que va haber
es revolución y más revolución”; “No nos vamos a dejar tumbar, vamos defender
la Constitución cueste lo que cueste”; “ya el CNE dio un cronograma el año pasado”;
“ellos se inventaron un Referendo Revocatorio que retrasó todo”; “Habrá
elecciones el día que el CNE lo establezca, los partidos políticos de la
oposición verán si siguen el camino democrático, tendrán que renovarse porque
ahorita no hay partidos políticos en la oposición” (ver www.lapatilla.com enero 17 2017),
[10]
Analistas y opinión pública comenzaron así a manejar tal idea. “¿Cómo queda
la democracia con un panorama político en el que parecen cada vez más lejanas
unas elecciones? Aquí no va a haber elecciones. El presidente Maduro se
movió muy claramente hacia un autoritarismo como la forma de estabilizarse.
Ante un Gobierno con tan poca legitimidad como este, que comenzó ganando por un
1 % de los votos, se tienen dos opciones: o se trata de ampliar las bases de
apoyo para consolidarse y en ese sentido se abre a la negociación, o trata de
estabilizarse por la vía autoritaria, es decir, van cerrándose y apoyándose en
la represión y en los sectores armados; ese fue el camino que tomó Maduro.
Desde que el CNE suspendió el referendo revocatorio trancaron el juego
democrático en Venezuela, porque una semana antes también suspendieron hasta
nuevo aviso las elecciones regionales. Ya no queda nada de la institucionalidad
democrática, se puede decir que hay algunos espacios para la libre expresión,
para la protesta, pero en realidad a los venezolanos se nos ha despojado de
todos nuestros derechos civiles y políticos. Vivimos en un estado de
indefensión, no tenemos ninguna garantía que se cumpla la Constitución y las
leyes” (entrevista a Margarita López Maya, 7 de marzo 2017, www.larazón.net).
[11] Tal
cual se señaló más arriba (ver también http://www.eleccionesvenezuela.com/)
el carácter de ese cambio y otros detalles pasaron a ser elementos muy
polémicos y de lidia política durante 2016 y 2017, dadas las acciones de la
administración bolivariana a través de instituciones bajo su control como el
Tribunal Supremo de Justicia, para entorpecer las acciones de la Asamblea,
llegándola a ubicar incluso en situación de desacato, mientras, previamente, se le despojó de la mayoría absoluta por supuestas
irregularidades en cuanto a elecciones de tres diputados y lo cual, entrado
2017, todavía no había sido atendido con los pasos pertinentes. En razón de
todo esto, el presidente NM presentó su informe anual sustituyendo a la
asamblea por el Tribunal Supremo de justicia dado que "quienes hoy han asumido la Asamblea Nacional
continúan en desacato, actuando al margen de la Constitución" mientras
que él, como Presidente, se encontraba "ejerciendo activa y
cabalmente" (15 de enero 2017 www.aporrea.org).
[12] Estas
decisiones -junto a otros elementos- produjeron el inicio de los sucesos que
arrancaron en abril 2017 y que marcaron un punto de inflexión en el escenario
político de la nación. Las decisiones en sí mismas son elemento fundamental de
la llamada ruptura del orden o hilo constitucional y tratan asuntos
relativos a poderes del presidente, cuestiones penales, de formación de
empresas mixtas, competencia de la asamblea nacional, entre otros (ver ¿De
qué se tratan las sentencias 155 y 156 del TSJ?, www.el-carabobeno.com 1 de abril 2017).
Estas decisiones produjeron un primer pronunciamiento de la Fiscal general de
la República, Luisa Ortega Díaz, el 31 de marzo de 2017, destacando la idea de
la ruptura del hilo o del orden constitucional. Este
pronunciamiento de la Fiscal produjo distintas observaciones, pues esta había
sido figura definidamente participativa de las propuestas y ejecutorias de la
administración bolivariana en todos sus años. Nuevamente el día 25 de abril, la
Fiscal, en una especie de informe sobre fallecidos, heridos y detenidos durante
ese mes, hizo nuevos pronunciamientos que llamaron nuevamente la atención en la
opinión pública. Se refirió a las descalificaciones políticas y a la
inconveniencia de las discriminaciones políticas, también a la necesidad de
sustento para que se puedan dar las detenciones, al debido proceso, a los
discursos de odio, a la inconveniencia de la guerra civil y las intervenciones
extranjeras (https://www.lapatilla.com/site/2017/04/25/luisa-ortega-diaz-confirma-26-asesinatos-durante-protestas/).
Debe señalarse que los medios oficiales no estuvieron en la exposición de la
Fiscal.
[13] Dada la
dinámica, características y resultados en más de 18 dieciocho años de
administración bolivariana, esta evolución en la atención del caso venezolano
no es sorpresiva: “Debemos reconocer que el caso Venezuela se ha mantenido en
la agenda de la OEA, prueba de ello son las Declaraciones adoptadas por el
Consejo Permanente: la Nro. 51 adoptada en el año 2014 y las Nros. 63 y 66
adoptadas en el año 2016. Para el 2017 ya tenemos la Resolución 1078, adoptada
el pasado lunes 03 de este mes, que cuenta con el rotundo rechazo del gobierno
bolivariano…… Con la Resolución 1078 nos encontramos en la primera fase de la
Carta Democrática que se concentra en el diálogo y la negociación” (Félix
Arellano, Venezuela y la OEA, 11 de abril 2017, http://masterecointerucv.blogspot.com/2017/04/venezuela-y-la-oea.html).
[14] Puede
verse https://youtu.be/o57YYm-Ypjs
para una recopilación y resumen por parte de CNN en español, 22 de abril 2017. El Cardenal Parolin, Secretario de
Estado del Vaticano, envió al gobierno venezolano, en diciembre del 2016, una
comunicación que resume cuatro condiciones fundamentales –muy relacionados con
los puntos señalados-, para superar la crisis, con las que se comprometió el
gobierno venezolano y no había cumplido, que tienen que ver con: definición del
calendario electoral, liberación de los presos políticos, respeto de la
constitución (correspondientemente, autonomía de los poderes públicos) y
soluciones a la crisis humanitaria de alimentos y medicamentos (ver Félix
Arellano. La comunidad internacional comprometida, http://masterecointerucv.blogspot.com/2017/04/la-comunidad-internacional-comprometida.html).
[15] De
manera pública y notoria el propio presidente NM ofreció comprar 500.000
fusiles para asignárselos a los milicianos y Diosdado Cabello –vicepresidente
del PSUV, diputado y figura de importancia en la administración bolivariana-
ofreció lanzar a la calles miles de motorizados con las características
señaladas, para la ocasión de las marchas del 19 de abril (se dieron las
marchas de la oposición y la de los simpatizantes de la administración
bolivariana): “las fuerzas revolucionarias tomarán Caracas”; “Nosotros les
dijimos que no van a entrar (se refiere al centro de Caracas/EOR) hasta el
cansancio y cuidado si no somos nosotros los que vamos para allá porque estamos
cansados de que no nos dejen en paz”; ”Además, tenemos 60.000 motorizados que
van a salir desde El Valle y Caricuao” (ver www.el-nacional.com
17 de abril de 2017).
[16] Estos
fueron los resultados para los primeros veinte días de abril y la imprecisión
en alguna cantidad deriva de las propias
restricciones y limitaciones para la difusión de la información. Después de
esos veinte días, el día 24 de abril de 2017, día del plantón a nivel nacional,
se le adicionaron 3 muertos en barinas y 1 en
Mérida (ver www.eluniversal.com
24 abril2017). Redondeando cifras y fallecidos la Fiscal General informó que
para el 25 de abril habían 26 muertos confirmados más 4 del día anterior, lo
cual elevaba el número de muertos a 30 (https://www.lapatilla.com/site/2017/04/25/luisa-ortega-diaz-confirma-26-asesinatos-durante-protestas/).
[17] Debe
agregarse que, antes de abril, ya la administración de NM había retirado del
servicio de las empresas cableteras a CNN en español y otras emisoras de
televisión internacionales, y venia -y siguió- haciendo uso desmedido y
proselitista de cadenas y otros mecanismos.
[18] Mediante
el Decreto Nº 2.830, de fecha 01 de mayo de 2017 se convocó a la Asamblea
Nacional Constituyente (ver www.lapatilla.com
junio 9 2017).
[19] A efectos de atender elementos de los
señalados para la propuesta en cuestión, el Decreto Presidencial N° 2.889 (Gaceta
Oficial N° 6.303 Extraordinario, 4 de junio de 2017), complementó las Bases
Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), incorporadas en el
Decreto N° 2.878 del 23 de mayo de 2017, exhortando a la Asamblea Nacional
Constituyente a que, el proyecto de Constitución que se redacte en su seno, sea
sometido a referéndum aprobatorio popular, en los términos establecidos en el
artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (ver www.lapatilla.com junio 9 2017).
[20]A
finales de noviembre 2017 Human Rights
Watch y la organización venezolana Foro
Penal presentaron El informe (73
páginas) intitulado “Arremetida
contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”,
el cual documenta 88 casos (abarcando al
menos 314 personas) de represión y abusos contra los ciudadanos del caso.
Numerosas personas describieron haber sufrido graves violaciones de derechos
humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017. Así, miembros
de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los
torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras
acciones brutales. De la misma manera,
usaron fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y
procesaron arbitrariamente a opositores a la administración bolivariana. Debe
señalarse que la magnitud y gravedad de la represión en 2017, según se
desprende de lo registrado en el informe, alcanzó niveles no vistos en la
historia reciente venezolana (https://www.hrw.org/es/news/2017/11/29/venezuela-abusos-sistematicos-contra-opositores).
(Un resumen del informe puede verse en https://www.hrw.org/es/report/2017/11/29/arremetida-contra-opositores/brutalidad-tortura-y-persecucion-politica-en).
[22]
Preguntas de la consulta: “1) ¿Rechaza y desconoce la realización de una
Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo
venezolano? 2) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario
público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las
decisiones de la Asamblea Nacional? 3) ¿Aprueba que se proceda a la renovación
de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la
realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un
gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?” (www.runrún.es 0607/2017).
[23] Algunos
puntos referenciales pueden verse en: http://www.dw.com/es/venezuela-por-qu%C3%A9-l%C3%B3pez-y-por-qu%C3%A9-ahora/a-39613158; Venezuela: ¿por qué López y por qué ahora?,
0807/2017.
[24]
Elementos de interés pueden verse en el artículo de Eugenio Martínez Sobre
los votos en la consulta popular http://prodavinci.com/blogs/sobre-los-votos-en-la-consulta-popular-por-eugenio-martinez/
17 de julio 2017.
[25] Otros
perfiles o relacionados con los señalados, también pueden verse en expresiones
y balances realizados por Luis Vicente León (ver http://www.elimpulso.com/home/luis-vicente-leon-la-oposicion-sentirse-extremadamente-orgullosa
17 de julio 2017).
[26]
La diferencia entre una y otra cantidad -en palabras de los miembros de la
comisión de garantes- está en los votos nulos.
[27] Sobre
resultados y detalles puede verse la alocución de la Comisión de garantes en https://www.youtube.com/watch?v=7cwU9EQcOVk
16 de julio 2017. Sobre retos que se desprenden de estos resultados y su
asociación con el cercano -para el momento del planteamiento- proceso
eleccionario para la ANC puede verse Alberto Barrera T., La hora cero de
Venezuela, https://www.nytimes.com/es/2017/07/21/la-hora-cero-de-venezuela/?smid=fb-espanol&smtyp=cur.
[28] Muy
llamativa esta iniciativa de Suiza, por las particularidades que esta nación ha
tenido en sus desempeños internacionales y en el siglo XX durante la segunda
guerra mundial, sobre la cual se abstuvo de pronunciarse. En tal sentido, el
ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza dijo estar "profundamente
preocupado" por la situación en Venezuela y pidió al gobierno de
NM que desconvocara las elecciones a la asamblea constituyente. Señalando,
también, que "Suiza está profundamente preocupada por la situación actual
y el aumento de la violencia en Venezuela. Está profundamente preocupada
por la polarización creciente, la violación de los derechos humanos, el recurso
a la violencia y las repercusiones socio-económicas cada vez más serias que
afectan a la población". "Para no exacerbar las tensiones",
Suiza instó al gobierno a no proceder a la elección de la asamblea
constituyente y "a respetar la separación de poderes". "Suiza
apela al gobierno venezolano a renunciar a la elección de la asamblea
constituyente prevista para el domingo. Ese proceso, cuya legalidad y
legitimidad es muy cuestionado en Venezuela, exaspera las tensiones y las
diferencias en el seno de la sociedad y tiene el riesgo de acelerar la espiral
de la violencia". Asimismo, el ministerio de Exteriores suizo urgió a
"todas las partes" a retomar el diálogo "rápidamente" para
encontrar salidas a la crisis de "una manera pacífica" (ver www.el-nacional.com 29 de julio).
[29] "Una
Asamblea Constituyente, elegida en condiciones dudosas y con frecuencia
circunstancias violentas no puede ser parte de la solución. Ha aumentado la
división y deslegitimará más las instituciones elegidas democráticamente en
Venezuela", destacó en un comunicado la portavoz del Servicio de Acción
Exterior de la UE. El ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, pidió
hoy "la necesidad urgente de un diálogo constructivo con la oposición".
El jefe de la diplomacia italiana explicó que el diálogo se debe basar en las
cuatro condiciones propuestas por la Santa Sede para "impedir el riesgo de
una definitiva fractura política e institucional (creación de un canal
humanitario, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, la liberación de los
presos políticos y una ruta electoral). Alfano expresó su preocupación por la
elección de la Asamblea Nacional Constituyente "a pesar de las
reclamaciones de la comunidad internacional para suspender una iniciativa no
compartida por la mayoría de los venezolanos". "El proyecto de una
nueva Constitución, que será elaborada por una asamblea que por su modalidad de
constitución no encuentra legitimación democrática, no puede ir contra los
principios fundamentales del estado de derecho y de la democracia
representativa", añadió Alfano (ver www.dw.com
31 de julio 2017).
[30] Estos
resultados se habían ido preparando. Algunos de los elementos relacionados son
de conocimiento a lo interno del país y han sido asimilados y procesados a
nivel de la difusión internacional, dadas las evidencias y la percepción que
desde hace tiempo atrás se ha venido teniendo sobre el caso de Venezuela y los
personajes de la administración bolivariana y las instituciones controladas por
ella como el CNE. Una ilustración al respecto: “Tras una consulta orquestada
por el Parlamento (16.7.2017), según la cual más de siete millones y medio de
ciudadanos estaban en contra de la convocatoria de Maduro, Lucena (Presidenta
del CNE/EOR) cambió las reglas del juego horas antes de los comicios para
garantizar que –por convicción o bajo coacción– no menos de siete millones y
medio de personas apoyaran la Asamblea Nacional Constituyente en las urnas: el
CNE le dio a los votantes la potestad de sufragar en cualquier local del
municipio donde estuvieran inscritos y allanó el camino para más de un vicio
electoral. Para empezar, restringió la labor escrutadora de la prensa. …Procurando
hacer viable el proyecto constituyente de Maduro en un tiempo récord de dos
meses y para asegurar la hegemonía del PSUV, ya se habían sacrificado las
evaluaciones del sistema de sufragio y del padrón electoral, entre otras fases
de preparación del proceso, y se había apelado a un gerrymandering descarado.
A última hora, con el ablandamiento de otros controles, se propició la
proliferación de votos múltiples y usurpaciones de identidad. El respaldo de
los empleados públicos y de los portadores del “carnet de la patria” –una
tarjeta electrónica destinada al control de la transferencia de prestaciones
sociales– se buscó mediante coerciones. …Todo esto explica por qué Lucena,
presidenta del CNE, figura entre los funcionarios chavistas sancionados por el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo el cargo de minar la democracia;
por qué desde países vecinos y remotos se le pidió al mandamás de Caracas que
suspendiera la elección en cuestión; por qué sigue habiendo quien arriesgue su
integridad física para protestar contra la violación de la Carta Magna y el
desmantelamiento del Estado de derecho en Venezuela;... Lucena asegura que
8.089.329 ciudadanos –un 41,53 por ciento de los votantes registrados–
participaron en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente; pero, aún si
así fuera, ¿quién le creería?” (Evan Romero-Castillo, Venezuela, voto y violencia, www.dw.com
31072017). Bastante extendida en observadores nacionales e internacionales, y
en los propios ciudadanos, se presentó posterior a las elecciones la idea de
cifras no creíbles. Otros detalles o precisiones técnicas de especialistas
remiten a “Cuando la presidenta del organismo comicial anunció que se podía
votar en cualquier centro del municipio en donde está inscrito el elector,
eliminó una de las restricciones más básicas que existen para garantizar la
integridad de una elección. Con la excusa de facilitar el voto a los ciudadanos
afectados por la violencia, Lucena permitió que la posibilidad de votar en
múltiples centros fuese real y sin ningún tipo de control”; “En un proceso con
menos auditorías, sin tinta indeleble, que utilizó subregistros electorales,
que no respetó la proporcionalidad ni la universalidad del voto ni la
personalización del sufragio, con escasos controles contra el voto múltiple,
con presión directa e indirecta a los 14 millones de inscritos en el Carnet de
la Patria, resulta complejo avalar los resultados presentados. No obstante, una
auditoría amplia a las bases de datos de huellas recabadas ayer en la
plataforma biométrica pudiese servir para despejar algunas dudas (especialmente
con el voto múltiple). No obstante, esta vía ya se intentó en el año 2013 y la
revisión que planteó el CNE al archivo biométrico resultó inaceptable para la
oposición” (Eugenio Martínez,
Sobre los resultados anunciados por el CNE; www.prodavinci.com 31 de julio 2017). De manera un tanto tardía
y ligera, para ser el representante de la oposición en el CNE, el Rector L. E.
Rondón fijó en su twitter el día 1 de agosto las siguientes ideas relacionadas
con lo indicado:” 1) Como Rector
CNE, por 1era vez desde que asumí este compromiso con el país, no puedo avalar
la consistencia o veracidad de resultados 30J. 2) A la inconstitucionalidad de
su convocatoria se sumaron decisiones q atentan contra la credibilidad del
proceso y q he venido denunciando 3) Menos auditorías, no utilización de tinta
indeleble y decisión de última hora de permitir q electores votaran en otros
centros de su mcpio. 4) Todo esto vulnera las garantías del proceso y
por ende la credibilidad en el resultado 30J. 5) No puedo tener confianza en cifra alguna q haya surgido de un proceso
q no contó con todos los controles que a lo largo de estos años... 6)… se han
ido incluyendo para generar confianza en los comicios que se llevan a cabo en
Venezuela. 7) Lo ocurrido el 30J es muy grave, vulnera nuestros controles y
crea un precedente que no debe ser repetido en ningún otro proceso electoral.”
@RondonCNE 1 de agosto 2017.
[31] Debe
señalarse de esta manera, pues el desempeño de estos cuerpos, cada día más, se
fue y se ha ido presentando de manera consustancial a la ideologización
divulgada desde aquella administración, en base a ideas como el movimiento, la
revolución o la unión cívico-militar. De manera directa o indirecta, debe
señalarse que todo el estamento militar, represivo o de seguridad fue asumiendo
este sentido.
[32]
Variadas razones pueden haber determinado tal medida. Puede señalarse que
Ledezma difundió un video el 31 de julio donde se pronunciaba sobre la
constituyente, el gobierno de NM y las propias ejecutorias de la MUD (https://www.youtube.com/watch?v=G-RUHxLEBWI).
La madrugada del 4 de agosto Antonio Ledezma fue devuelto a su casa, dándole
retorno a su condición casa por cárcel. No se difundió ninguna idea –no se le
transmitió ninguna- o razones de su detención ni asuntos similares (ver www.es.reuters.com 4 de
agosto 2017). En el caso de L López fue devuelto por segunda vez a su casa el
día 5 de agosto (ver www.efectococuyo.com
5 agosto 2017). Antonio Ledezma se escapó de este tipo de detención, fugándose
y yéndose del país, avanzado noviembre de 2017 (http://www.talcualdigital.com/Nota/151681/la-fuga-de-ledezma
17/11/17).
[33] La
respuesta de Venezuela a esta decisión puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=ecqfixNYxI0.
[35] “Atención
tenedores de deuda, los convoco a través del vicepresidente de Finanzas, Ramón
Lobo, a una reunión la próxima semana para buscar soluciones al daño que le ha
hecho (el presidente de EEUU) Donald Trump a los tenedores de bono”, señaló el
presidente NM en una declaración desde el palacio de Gobierno (ver www.el-carabobeno.com 25 de agosto
2017).
[36] Del
lado de la oposición se insistió durante el mes de septiembre en estos
elementos: un cronograma electoral (nacional, regional y municipal; solo se
habían acordado las regionales), libertad de presos políticos, cese de
hostilidad contra la Asamblea Nacional y posibilidad de ejecutar el canal
humanitario para solucionar la profunda crisis económica, social y de hambre
presente en la nación. El oficialismo fue ordenando las propuestas de
elecciones presidenciales en octubre de 2018, levantar el desacato al
Parlamento y reducir el período de la constituyente a julio de 2019,
a cambio de que los diputados convivieran con este foro político y
aprobaran los créditos y proyectos internacionales que requiere el gobierno. El
punto de la ANC terminó perfilándose como un requisito de reconocimiento de la
ANC (ver www.el-nacional.com 13 de
septiembre). Este punto se fue presentando como de los más candentes “Quiero hacer énfasis en el tema de que
la Unidad Democrática no va a aceptar la validación
de la Asamblea Nacional Constituyente que el Gobierno pide”, (diputado Luis
Florido, preguntado sobre los encuentros
del Gobierno y la oposición) (www.efectococuyo.com
20 de septiembre). En el caso de las elecciones regionales o de gobernadores
señaladas se fijaron para el 15 de octubre, con un tiempo de campaña de 20 días, desde el 23 de septiembre hasta el 12
de octubre (www.panorama.com.ve 23
septiembre 2017).
[37] Esta
reunión, se planteó para el 27 de septiembre de 2017, y no se llevó a efecto
pues la oposición no asistió. El día 26 de septiembre varias organizaciones miembros
de la Mesa de la Unidad enviaron una comunicación al presidente Danilo Medina
donde le comunicaron su decisión de no asistir, en razón de no naber cumplido
el gobierno de NM con las exigencias hechas para participar y avanzar en tales
negociaciones (www.unidadvenezuela.org
26 de septiembre). Para inicios de octubre y ante los repetidos planteamientos
del lado del oficialismo y del presidente NM en particular, sobre avances en
las negociaciones el presidente de la
Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, indicó que
no había ningún avance en relación al proceso de exploración del diálogo entre
Gobierno y oposición; así también que el Gobierno no avanzaba en dar muestras
claras de que quería avanzar en un proceso serio “y nosotros lo hemos
dicho: no nos vamos a prestar para un proceso que no sea serio, en torno a
una negociación política que es tan importante para los venezolanos”; igualmente afirmó que el Gobierno
debía cumplir con la liberación de los presos políticos para que “el
país pueda ver la forma de que hay una intención en que exista un proceso de
negociación claro” (www.runrun.es 2 de
octubre 2017).
[38] A pesar
de estos desarrollos, el contexto internacional de crítica y observación a los
sucesos de deterioro económico, social y político de Venezuela, agudizados en
2017, brindó una nueva actuación de una nación en el establecimiento de
sanciones a funcionarios de la administración bolivariana. De esta manera, el
gobierno de Canadá anunció sanciones para 40 funcionarios –incluido el
presidente NM- de la administración de NM el 22 de septiembre de 2017. La
medida fue tomada –consideró el gobierno canadiense-como apoyo al pueblo de
Venezuela y como mensaje a la administración de que “su conducta
antidemocrática tiene consecuencias”. Las sanciones abarcan la congelación de
activos y la prohibición realizar negocios con los afectados. El gobierno
canadiense consideró que los funcionarios “desempeñan un papel clave en el
debilitamiento de la seguridad, estabilidad y la integridad de las
instituciones democráticas en Venezuela” (www.el-nacional.com 22/09/17).
La cancillería expresó en un comunicado que “Venezuela denuncia
ante la comunidad internacional estas medidas inamistosas y hostiles, las
cuales vulneran, entre otros, el principio de no intervención en los asuntos
internos de los Estados” (www.elestimulo.com
23 de septiembre 2017). Con tiempo muy cercano a esta medida de Canadá, EE.UU.
comunicó una nueva actuación, incorporando a Venezuela en un conjunto de países
(siete) sobre los cuales impone
restricciones de inmigración o que se concreta en la idea del “veto
migratorio”. A diferencia de los otros países de la lista a los ciudadanos
venezolanos no se les impide la entrada a los EE.UU., ni se les impedirá la
asignación de visas, si no que el procedimiento está principalmente dirigido a
determinados funcionarios (como consecuencia de la falta de intercambio de
información y cooperación entre Venezuela y Estados Unidos) y a sus familiares
(lo cual está relacionado con el sentido político que tiene la medida, buscando
ejercer presión para alterar los deterioros políticos y sociales que han venido
presentando y que se han señalado). La sanción tiene sus flexibilidades y
excepciones y no todos los puntos están totalmente definidos (puede verse Mariano de Alba, El alcance
de la inclusión de Venezuela en el “veto migratorio” de EEUU, www.prodavinci.com
25 de septiembre, 2017). El 3 de
noviembre de 2017, Canadá, por su parte, impuso nuevas sanciones contra el presidente NM
y otros 18 altos funcionarios por graves violaciones de derechos humanos
y corrupción. Además de NM, Canadá actuó sobre Tareck el Aissami,
vicepresidente de Venezuela; Adán Chávez y Argenis Chávez, hermanos del
fallecido presidente Hugo Chávez, así como sobre varios ex ministros y ex
diputados chavistas. Las sanciones contra los 19 altos funcionarios formaron
parte de un conjunto de sanciones contra 52 individuos. El Ministerio de
Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que se congelaban los
activos en Canadá de las personas incluidas en el listado, y se impedía
que los sancionados pudieran desplazarse a Canadá (ver www.el-nacional.com 3 de noviembre 2017).
[39] Varios
de estos elementos, permiten ilustrar lo que se quiere resaltar en cuanto a
variados elementos del contexto: “Un aspecto clave tiene que ver con los
privilegios y prebendas de que goza hoy el entorno de los Maduro-Flores, sus
familiares, amigos y los militares que los apoyan. Se trata de una impunidad
que en Venezuela es total, lo que les ha permitido lucrarse ejerciendo todo un
conjunto de actividades ilegales. ¿Cómo se revierte esto? Los crímenes de
cuello blanco —tipo Odrebrecht donde están ensartados más de 20 ministros o los
delitos cambiarios donde muchos más han amasado grandes fortunas— y los de
sangre —los casos del vicepresidente y del ministro de Relaciones Interiores,
incorporados a la lista OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU por sus
vínculos con el narcotráfico— por su cuantía no tienen paragón en la historia
latinoamericana. El nepotismo es otro privilegio descarnado: las hijas de
Chávez están en la Casona y/o en funciones públicas, sin tener mérito alguno,
Nicolás Maduro hijo tiene múltiples cargos, escoltas y carros. Los llamados
narcosobrinos, familiares que los chinos llaman “hijos de cuadro superior”,
vivían como aristocracia revolucionaria. Y así, otras prebendas: las cajas
CLAP, la bequita, la vivienda para los enchufados más bajos y las clientelas.
¿Cómo se enfrenta políticamente esto? ¿Qué piensan hacer los dirigentes sobre
ello, además de denunciarlo discursivamente? Si hubiera que negociar en esta
materia ¿qué puede negociarse y qué no?” “¿Cómo se puede incentivar la vuelta a
la calle de la ciudadanía democrática? En su última salida, quedaron 140
muertos, miles de detenidos y heridos, decenas torturados, todavía hay cientos
de presos políticos, algunos sometidos a tribunales militares. ¿Qué están
haciendo los partidos para crear condiciones menos arduas para promover
protestas no violentas masivas, imprescindibles para volver a ejercer presión
sobre el gobierno? ¿Sólo discursos? Los partidos necesitan fortalecer sus bases
para, entre otras difíciles funciones, organizar, proteger, coordinar y
conducir, junto a actores sociales, multitudes en los espacios públicos. Si no,
los resultados seguirán siendo magros, la presencia en las calles, cada vez más
reducida y pudiera debilitarse la actual firmeza de la comunidad
internacional.” (www.prodavinci.com Venezuela
2017: la derrota de la democracia; Margarita López Maya 31 de
octubre, 2017).
[40] “Es un proceso muy viciado, un proceso que
violó todos los procedimientos y prefabricó todos los resultados” José
Virtuoso, www.lapatilla.com 17/1017.
[41] Se
trató de la Gobernación del estado Bolívar, donde el candidato opositor Andrés
Velázquez, desde temprano se proclamó ganador y dos días después de finalizadas
las elecciones, el CNE no definía el ganador. El día 18, de madrugada, el CNE
juramentó al candidato oficialista apartando las pruebas y justificaciones que
daba el candidato opositor en cuanto a su triunfo. Ante tal resultado este
último lo calificó como fraude y señaló: "Vamos a defender decisión
soberana del pueblo. Esto es un descaro que los evidencia una vez más como
delincuentes. En la calle rechazamos" (ver www.el-nacional.com 18 de octubre 2017).
[42] Una de
las exigencias de la administración bolivariana y de los órganos controlados
por ella es que los gobernadores electos se juramentasen ante la ANC, con el
objetivo directo de conseguir para esta elementos de legitimación, dadas las
afirmaciones de inconstitucionalidad y fraude que se habían ya precisado sobre
la misma, tal cual se señaló más arriba. Aunque en los grupos y partidos que
conforman la MUD del momento se habían expresado por algunos ideas sobre la
posibilidad de ejecutar tal juramento, la tendencia predominante aparentaba o
representaba ser de rechazo, tal cual
comunicó la MUD después del 15 de octubre (ver www.el-carabobeno.com 18 de octubre
2017). Para el 19 de octubre circuló en
medios la información de que a Omar Hernández presidente del Consejo Nacional
Electoral de Táchira lo nombran gobernador de la entidad, luego de que la
gobernadora electa en los comicios del 15 de octubre (ver www.entornointeligente.com 19 de
octubre 2017), Laidy Gómez, no se juramentara ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Esto fue desmentido por el propio Omar Hernández en rueda de prensa (ver www.quepasaenvenezuela.com 20 de octubre 2017). A pesar de todo esto el
23 de octubre, cuatro –todos de Acción Democrática- de los cinco gobernadores
que finalmente terminaron del lado de la oposición –la excepción fue Guanipa de
primero Justicia, ganador en el Zulia-, se juramentaron ante la ANC (www.notihoy.com 23 de octubre 2017). Este
último no se juramentó y el 26 de octubre la ANC decidió convocar a nuevas
elecciones, tentativamente para el mes de diciembre (ver www.laverdad.com 26 de octubre de 2017).
[43] Es
pertinente destacar las valoraciones de la Conferencia Episcopal sobre estos
episodios políticos: “Estas elecciones, aunque contaron con la participación de
una buena parte del electorado, lejos de contribuir al fortalecimiento de la
institucionalidad democrática a través del voto libre, universal e imparcial,
han hecho más difícil aún la solución consensuada de los problemas que nos
aquejan, han generado nuevas dudas e interrogantes y han abierto la puerta a
mayores tensiones y conflictos frente al futuro de nuestro país”; “El
primer semestre del año estuvo caracterizado por un amplio y prolongado
enfrentamiento político, generado por la pretensión del Ejecutivo de imponer un
modelo sociopolítico que atenta contra la dignidad de la persona y desconoce la
Constitución, y por la convocatoria de una asamblea nacional constituyente,
cuestionada y rechazada por la mayoría del pueblo”; “La decisión de crear
nuevas autoridades, quitando competencias a los gobernadores electos de
aquellos estados que no favorecieron electoralmente al oficialismo, son un
claro desconocimiento y una burla a la voluntad popular en la cual reside la
legitimidad de cualquier elección”; y rechazaron -o repudiaron los miembros de
la Conferencia episcopal- que el CNE “se haya mostrado una vez más como un árbitro parcializado, al servicio
del partido oficialista” (negritas mías/EOR) (ver www.el-nacional.com 20 de octubre 2017).
[44] Este
proceso podía ser repetido -en una segunda oportunidad- o resultar falso, según
numerosas afirmaciones. Puede revisarse www.globovision.com
programa especial de Vladimir Villegas y Manuel Felipe Sierra, 15 de octubre
2017. También puede verse https://www.youtube.com/watch?v=v9-_uwDEBh0
para análisis y registros de CNN,
[45] Félix
Arroyo, especialista en el tema electoral, entrevistado en el programa de Moisés Moleiro, en 90.3 FM el
día 19 de octubre de 2017, hizo precisiones de interés para varias de las
perspectivas señaladas: se eliminaron más de 70 centros electorales y se
crearon 11 nuevos, más de 270 centros fueron movilizados, los miembros del CNE
asumieron un comportamiento antiético y, en el caso del estado bolívar, se
cambiaron actas automáticas por manuales, generándose facilidades para el
mecanismo del fraude.
[46] Este
candidato enumeró un conjunto de marramuncias presentes en la votación en
Miranda: migración de electores, fallas telefónicas, votación múltiple, Vulneración de los horarios en los centros
electorales y abusos de poder, por parte de los oficialistas (ver www.elestimulo.com 16 octubre 2017).
[47] A pesar
de esto, no faltaron políticos de oposición que planteasen argumentaciones en
el terreno de lo increíble. El coordinador político de la MUD, Ángel Oropeza,
llegó incluso a plantear que al haber participado en las elecciones regionales obligaron
al Gobierno a cometer fraude y lo dejaron expuesto a nivel
internacional (www.envenezuela1.com
18 octubre 2017). "Había dos opciones o luchar y ganar todas las
gobernaciones que se pudieran o la segunda que era obligar al gobierno a
cometer fraude (…) Ellos hicieron las elecciones para lavarse la cara ante la
comunidad internacional" (www.entornointeligente.com
18 octubre 2017).
[48] La
democracia no son solamente elecciones; pero estas, bien llevadas, forman parte
importante de aquella, tal cual se señala en otra parte de este trabajo. La
evolución y el contexto en que ha derivado el conjunto de acciones ya
acumulados para 2017 por la administración bolivariana y más aún para el
periodo de la gestión del presidente NM, implica un creciente deterioro de la
perspectiva de la organización y posibilidades del ciudadano para la vida en
democracia. Son válidas, en tal sentido, las siguientes apreciaciones: “La
democracia ha venido agonizando sin prisa y sin pausa. La combinación de la
dominación carismática y la construcción de grandes redes clientelares
alimentados con el tesoro nacional, como los consejos comunales y, más
recientemente, el control social alcanzado por el gobierno en materia electoral
a través de la distribución por parte de organizaciones oficialistas de las
bolsas/cajas de alimentos CLAP y el mecanismo del carnet de la patria, han
establecido un sistema de desigualdad y privilegios que en nada corresponde con
los principios rectores de un sistema democrático. Por otra parte, desde que
Maduro asumiera el poder, la dominación carismática ha dado paso a otra de
naturaleza neopatrimonial, donde se han borrado definitivamente las fronteras
entre lo público y lo privado, ambos controlados ahora por el chavismo
madurista. Se han transformado los familiares, amigos y colegas militares de
Chávez y de Maduro en tribus políticas que controlan el aparato del Estado para
su usufructo privado. Se han superpuesto los intereses personales de las tribus
a los de una supuesta “revolución”. Incluso, algunas de las tribus se han
venido metamorfoseando en organizaciones criminales, dada la impunidad de la
que gozan para hacer sus fechorías” (www.prodavinci.com
Venezuela 2017: la derrota de la democracia; Margarita
López Maya 31 de octubre, 2017).
[50] Pueden
verse impresiones de Luis Vicente León al respecto www.el-nacional.com 25 de octubre 2017: “Esta
es, por mucho, la peor crisis vivida por la oposición en 19 años y apenas está
comenzando”; “No hay ninguna posibilidad de éxito opositor futuro sin pasar por
la construcción de reglas comunes para dirimir sus diferencias”; “El triunfo
del gobierno fracturando a la oposición es mucho más estrambótico que el
resultado de las regionales”.
[51] El jueves
26 de octubre de 2017 un dirigente oficialista, Francisco Ameliach, presentó la
propuesta de adelanto de las elecciones municipales ante la ANC. Incluso se
señaló que serían para el mes de diciembre (ver www.laverdad.com 26 de octubre de 2017).
[52] Ello
coincide plenamente con la idea de la atrofiación de la vía electoral o de
cualquier grado de seriedad que hubiese
podido tener, hasta las elecciones de los miembros de la ANC y las elecciones
regionales. Esto condujo a que el día 27 de octubre –tan pronto como solo 12
días posteriores a la elección- la presidenta del Consejo Nacional
Electoral, Tibisay Lucena, informara que el 30 de octubre iniciaría el
proceso de elecciones de candidatos a las elecciones municipales (ver www.el-nacional.com 27 de octubre 2017).
[53] Ricardo
Luna ministro peruano y uno de los copresidentes del bloque al final del
encuentro: "estamos ahora tras un claro periodo de deterioro después de
las elecciones regionales". Por su parte, la canciller canadiense también
copresidente del bloque señaló: "los miembros de este grupo están de
acuerdo en que el régimen de Maduro debe hacer un giro claro y legítimo hacia
la democracia"; "Exigimos que todos los presos políticos sean
liberados. Que devuelva la autoridad a la Asamblea Nacional elegida democráticamente”; igualmente pidió que "se cree un
calendario para las elecciones nacionales bajo la dirección de un Consejo
Electoral independiente y autónomo. Y que se abra un canal de ayuda humanitaria
para el pueblo de Venezuela". De la misma manera, el bloque planteó
buscará implicar al secretario general de la ONU para la búsqueda de soluciones
a la crisis venezolana (ver www.el-nacional.com
26 de octubre de 2017).
[54] “Desde
Primero Justicia y Voluntad Popular queremos solidarizarnos con el bravo pueblo
del Zulia, que no solo es víctima de los atropellos constantes de la dictadura
de Nicolás Maduro, sino que hoy dirigentes utilizan su escudo y su bandera para
proyectos políticos personales”, señaló un comunicado conjunto de Primero
Justicia y Voluntad Popular (http://www.cronicaviva.com.pe
8 de noviembre 2017).
[55] A la
par que esto sucedía con estos dos representantes políticos -y con otro también
de Voluntad Popular- la
administración bolivariana –por la vía de sus órganos controlados como el TSJ-
daba pasos en dos frentes: retiro de la inmunidad parlamentaria al
vicepresidente de la Asamblea Nacional, Fredy Guevara (https://www.youtube.com/watch?v=Duz6Q-oWTwQ
6 de noviembre 2017), quien terminó refugiándose en la embajada Chile para
evitar ser procesado y, en segundo lugar, a través de la ANC se aprobó Ley contra el Odio, por la Convivencia
Pacífica y la Tolerancia (ver www.tachiranews.com 8 de noviembre 2017). Esta última con toda
seguridad, se estimó en diversos ámbitos de la oposición, seria usada para
aumentar la represión y sanciones contra la misma. En cuanto al diputado
Guevara, Chile ofreció darle asilo si este lo solicitaba (http://www.diariolasamericas.com 6
de noviembre 2017).
[56]
Afirmaciones relacionadas con lo que se quiere resaltar, se le pudieron
escuchar a una especie de renacido de
la política, en un tipo de operativismo
neutral y altamente entusiasta, en cuanto a –por ejemplo- lo necesario que
era participar en tales elecciones y cómo, el escenario del CNE, era el mismo
que se tenía en 2015 al ganar la oposición la Asamblea Nacional. Fue el caso de
Enrique Mendoza, quien se lanzó a candidato a Alcalde de Sucre (cargo que
ejerció dos veces – y una vez el de
gobernador de Miranda-), señalando también, “Es irresponsable no participar en
las municipales” (ver www.unionradio.net
20 de noviembre 2017; programa A tiempo).
[57] Cercano
a mediados de noviembre, se comenzó a mencionar nuevamente la posibilidad de
diálogo, atinente a las condiciones para la realización de las elecciones
presidenciales de 2018, con participación de cancilleres de la región, con el
fin de generar condicionantes a las propias negociaciones (ver declaraciones de
Julio Borges y Luis Florido en https://www.youtube.com/watch?v=8llbFGQuSgk
9 de noviembre 2017). En tal sentido se planteó una nueva reunión en República
Dominicana para el 15 de noviembre, la cual fue suspendida por no poderse
garantizar la presencia de los cancilleres. En palabras de Luis Florido: "Nosotros
propusimos iniciar el proceso de negociación, la respuesta del gobierno fue que
se iniciaba el 15 de noviembre ¿Qué es lo que hemos visto? Que no se ha
invitado a los cancilleres hasta la fecha por tanto no se puede producir el
proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite evidentemente a
los cancilleres", dijo Florido a periodistas desde la sede de la Asamblea
Nacional (ver www.2001.com.ve 14/11/17).
Posterior a esto se fijó el día 1 y 2 de diciembre para la realización de la
reunión, con ocasiones previas de preparación. A esta altura del año y los
sucesos, vuelve a ser importante destacar la opinión de la Conferencia
Episcopal: “El problema está en que el diálogo se ha desvalorizado por la
desconfianza que tiene en general el pueblo en los actores del diálogo”; “Si
este diálogo no llega a mejorar la situación entonces volveremos a perder una
ocasión muy importante para lograr la estabilidad del país y que alcancemos lo
que todos deseamos” (http://unionradio.net/monsenor-padron-en-venezuela-el-dialogo-se-ha-desvalorizado/
20/11/17;
entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos).
En cualquier caso, para la reunión de inicios de diciembre, se perfilaban los
siguientes elementos: del lado de la oposición, se mencionaban elecciones
limpias, respeto a la Constitución vigente, libertad de los presos políticos y
atención a la crisis económica, aspectos más o menos similares a los
solicitados en ocasiones previas; y, del lado de la administración de NM, se
señalaba soberanía y reconocimiento de la Constituyente. Todo esto en el
entendido de que asistirían los cancilleres
de Chile, Paraguay, México, Bolivia y Nicaragua (ver https://elpitazo.com/ultimas-noticias/la-mud-llevara-exigencia-la-negociacion-cuatro-puntos-especificos-gobierno-solo-dos/#.WhHxZYxT_Hs.twitter
19/11/17). Debe señalarse que el gobierno de NM se mostró más dispuesto en esta
ocasión, a facilitar e impulsar estas conversaciones/negociaciones y ello
estuvo relacionado con las presiones derivadas del endeudamiento acumulado por
el país (sobre los 150.000 millones de $), los correspondientes compromisos de
pago y las limitaciones para refinanciamientos derivadas de las propias
sanciones de los EE.UU., lo cual permitió en momentos ubicar un relativo
default a pesar de las afirmaciones en contrario de parte del gobierno. Debe
recordarse que, en días cercanos previos, el presidente había señalado que decretaba el refinanciamiento
y una reestructuración de la deuda externa (expresión polémica por la
diferencia entre los dos procesos y porque ninguno de ellos es unilateral). En
sus palabras: “Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para
lograr el equilibrio. Vamos a romper los esquemas internacionales” (www.el-nacional.com 9 de noviembre de
2017).
[58] Puede
verse entrevista en Unión Radio a Félix Arellano y Kenneth Ramírez el 9 de
noviembre 2017. http://unionradio.net/internacionalistas-analizan-contexto-mundial-para-venezuela/.
[59] Al día
siguiente, el 9 de noviembre, EE.UU. comunicó un nuevo paquete de sanciones
contra funcionarios venezolanos. Así, el gobierno estadounidense estableció una
nueva ronda de sanciones económicas contra funcionarios venezolanos, esta
vez a diez altos cargos de los poderes públicos y personalidades asociadas
a la gestión del presidente NM. Los
sancionados están incluidos en la lista de la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros (OFAC-por sus siglas en inglés) y sus propiedades y activos en
Estados Unidos serán bloqueados y las personas tienen prohibido hacer negocios
con los mismos en territorio estadounidense. Este es el listado de los sancionados: Socorro
Hernández, rectora del CNE; Manuel Fernández, ex presidente de Cantv; Elvis
Amoroso, miembro de la asamblea nacional constituyente; Jorge Elieser Monsalve,
ministro del Despacho de la Presidencia; Sandra Oblitas, rectora del CNE; Carlos
Osorio, presidente del Órgano Superior de la Misión Transporte; Isaías
Rodríguez, miembro de la asamblea nacional constituyente; Ernesto Villegas,
ministro para la Cultura; Freddy Bernal, ministro de la Agricultura
Urbana; Carlos Quintero, rector suplente del CNE (ver www.el-nacional.com 9 de noviembre de
2017).
[60]
Efectivamente, dada su preocupación por las trasgresiones de derechos humanos y
uso excesivo de la fuerza en Venezuela, el día 13 de noviembre de 2017, los
países de la UE decidieron prohibir la venta y el abastecimiento de armas,
municiones, vehículos y equipos tanto militares como paramilitares. Sus
ciudadanos y empresas pasaron a tener prohibido aportar asistencia técnica o
servicios de corretaje, así como financiación o ayuda financiera, para
actividades militares de Venezuela. Así también, los responsables de
las violaciones de los derechos humanos o de actos de reprimenda
contra la sociedad civil y la oposición en Venezuela, así como aquellos
que atentasen contra la democracia o el Estado de Derecho, estarán sometidos a
sanciones. Las personas o entidades que así se ubiquen, no podrán viajar a
territorio europeo y tendrán sus activos congelados en los países de la Unión.
Estas medidas ocasionaron variados pronunciamientos de rechazo de parte de la
administración de NM (www.el-nacional.com
13 de noviembre 2017).
[61] Dentro de otros eventos de importancia
se encuentra el conjunto de acciones en contra de la corrupción o situaciones
irregulares en el área petrolera (y sobre las cuales no se había actuado con
tal impulso, a pesar de ser de larga presencia en la industria petrolera –tal
cual venia planteando el presidente de la Comisión de Contraloría de la
Asamblea Nacional, Juan Guaidó- y en el país; ver http://fmcenteresnoticia.com.ve 1 de diciembre 2017) en un conjunto
de acciones sobre gerentes de PDVSA o de la empresa Citgo, de parte de órganos de la administración
bolivariana y de la fiscalía, los cuales comenzaron a actuar, llevando a la
detención del reciente y muy nombrado presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, o
de uno anterior Nelson Martínez. El Fiscal precisó que las detenciones de Eulogio
del Pino y Nelson Martínez se generaron como producto de las
investigaciones en torno a las tramas de corrupción que envuelven a
las filiales de Citgo y Petrozamora; de esta manera Nelson Martínez,
exministro de Petróleo y Minería, fue privado de libertad por su presunta
vinculación a firmas de contratos de refinanciamiento de deuda de la
empresa Citgo, la cual se hizo a espaldas del Estado (ver www.elcorreodelorinoco.com 30 de noviembre 2017). También esto estuvo relacionado con la
renuncia del Jefe de delegación de Venezuela en ONU y antiguo ministro y
presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, a quien varios han señalado por
enriquecimiento ilícito y que ha sido funcionario de alta confianza en la
administración bolivariana. Otros han interpretado la decisión de renuncia como
debida a las, para el momento del caso, recientes opiniones de Ramírez sobre la
actuación de algunos funcionarios públicos y la situación económica del país
(ver www.elcorreodelOrinoco.com 5 de diciembre 2017). Por lo sorpresivo del conjunto de acciones,
también se conjeturó sobre la posibilidad de que ello correspondiese a
presiones de inversionistas rusos o chinos para exigir adecentamientos en los
ámbitos de la inversión en petróleo (ver www.es.panampost.com 4 de diciembre 2007).
[62] Debe
señalarse que esta experiencia terminó con un acuerdo que se firmó en mayo
2003. Sin embargo, es bueno recordar que “El mecanismo electoral,
materializado en la figura del referendo revocatorio presidencial, concentró
todos los esfuerzos de la acción multilateral externa, hasta el punto de que
otros aspectos necesarios para una verdadera transformación del conflicto y una
completa construcción de la paz (peacebuilding), tales como la
constitución de una Comisión de la Verdad o el desarme de la población civil,
fueron descuidados”, así como que “…en Venezuela sólo se produjo una
pacificación relativa (entendida como reducción de la conflictividad interna),
pero el conflicto político fue más bien suprimido y permanece latente en el
país”. Este enfoque de Miguel Ángel Martínez Meucci es de un trabajo de 2010 y
puede verse en: https://www.academia.edu/4111405/La_Mesa_de_Negociaci%C3%B3n_y_Acuerdos_2002-2003_y_el_proceso_de_facilitaci%C3%B3n_de_la_OEA_y_el_Centro_Carter.
[64] A pesar
de poder plantearlo así, numerosas fisuras, sesgos, personalismos y descuidos
existentes en la parte de la oposición que se inclinó a este dialogo, facilitan
destacar el planteamiento de Antonio
Ledezma (quien huyó del país tal cual se señaló), líder de la plataforma Soy Venezuela (sector de la
oposición que rechaza el nuevo intento de diálogo con el gobierno iniciado en noviembre/diciembre
2017) y que comenzó formalmente el viernes 1-2 de diciembre en república
dominicana, señaló: “Una
cosa es intentar una elección con todas las de la ley y otra intentar un
fraude, lo que se quiere es intentar un nuevo fraude, porque si vamos a unas
elecciones con el mismo aparato electoral con el que forjaron el fraude de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), eso no es una elección, es un
asalto al poder”; “(Y lo hace el Gobierno) apoyándose en una elite militar que
lo respalda porque están comprometidos con hechos de corrupción que ya no
pueden ocultar, contra eso se va a rebelar el pueblo, estoy seguro de que el
pueblo va a protestar contra cualquier intento de perpetuar el fraude”; “Si se va (al diálogo) sin condiciones, sin
términos… cuando hemos ido a dialogar, el Gobierno se lleva todos los trofeos y
nosotros salimos trasquilados” (ver www.elpitazo.com
29 de noviembre 2017). Por su parte, María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, desde inicios de
noviembre, alertó sobre lo inviable de este dialogo, asunto que ratificó el 29
de noviembre en la reunión de dirigentes de la oposición con el político
español Adolfo Suarez (ver www.anlitica.com
10 de noviembre 2017 y www.el-nacional.com
29 de noviembre 2017). En el campo internacional el Secretario general de OEA,
Luis Almagro, expresó serias críticas o dudas al dialogo (“la política no es un
juego florentino, no es mover piezas en el tablero de las élites”; lo calificó
como “no inclusivo” pues “no dio las condiciones para que
pueda sumarse”); igual lo hizo el canciller peruano, Ricardo Luna, miembro del
grupo de Lima (“Yo no me siento en condiciones de recomendar nada a la
oposición, pero si yo fuera venezolano, no iría al diálogo”). Debe señalarse
que el día 30 de noviembre se formalizó que el canciller Paraguayo no asistiría
a Republica Dominicana, lo cual implicaba que la oposición tuviese un canciller
menos como garante (quedándole México y Chile), mientras del lado del gobierno
de NM se habría añadido San Vicente y las Granadinas (sumándose a Nicaragua y
Bolivia). Esto fue interpretado por algunos como un mal comienzo, pero al fin y
al cabo se siguió con el encuentro programado (ver www.es.panampost.com 29 de noviembre
2017; www.elunivrsal.com
30 de noviembre 2017).
[65] Al
momento de acercarse las reuniones del 1y 2 de diciembre de 2017, el Foro Penal Venezolano, organización
fundamental en la defensa de los presos políticos y denuncia de asesinatos y
abusos en manifestaciones diversas y muy activa en las de 2017, hizo una serie
de planteamientos sobre las propias negociaciones y las actitudes de la llamada
oposición: “Rechazamos que, en lo que se refiere a la situación de los presos
políticos, perseguidos y exiliados, no se conozcan aún los objetivos precisos,
o las condiciones ni exigencias previas que han sido o serán planteadas”; en el
mismo comunicado, presentado en el contexto de cercanía de esas
conversaciones/negociaciones la organización puntualizó que se prefirió “no asistir a las
reuniones realizadas por una Comisión Especial de la Asamblea Nacional dirigida
por el diputado Stalin González, en vista de que dicha claridad de propósitos y
objetivos no existían ni existen actualmente”; y así también “Nuestra
obligación es no legitimar ni otorgar potestades a ciegas que sirvan para
realizar planteamientos no acordes con nuestros objetivos de libertad y
justicia” y, en tal razón, aun no estando en contra de dialogar, toda
negociación tiene que ser “honesta y sincera”. Posición y palabras categóricas,
firmes y acordes con el respeto que para ciertos sectores o grupos sociales y
políticos merece el conjunto de actividades de esta organización (puede verse www.es.panampost.com, Noviembre 27
2017).
[66] De los
episodios más bochornosos y asociados a algunas de esta actitudes, están las
juramentaciones ante la ANC o las dudas o pronunciamientos sobre lo no problemático
de hacerlo. “La ANC (…) es una realidad política, si queremos que en Venezuela
haya un cambio, debemos asumir esa convocatoria de juramentación” (Manuel
Rosales, www.elestimulo.com 17/11/17;
ex gobernador del Zulia, excandidato presidencial y candidato a la gobernación
del Zulia para elecciones diciembre 2017).
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