Haití: un caos institucional,
por Félix Arellano
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Uno de los problemas estructurales que enfrenta la región tiene que ver con la fragilidad de las instituciones democráticas, situación que presenta diferentes niveles de intensidad, alcanzando su máxima expresión en el desastre institucional que atraviesa actualmente Haití o la aparente estabilidad que exhiben los gobiernos autoritarios, que se sostienen bajo la coerción y el uso de la fuerza.
Democracias que han gozado de estabilidad en países como Colombia, Chile, Costa Rica y Perú en los últimos tiempos han enfrentado importantes estallidos de protesta social, en gran medida producto de la desconexión de los políticos con la realidad que enfrentan sus pueblos, en particular los sectores más vulnerables.
La ausencia de políticas de apoyo e incentivos para establecer mecanismos eficientes de inserción de los grupos afectados; en un contexto de deficientes políticas de asistencia social, salud, educación; ha generado, entre otros, que los niveles de pobreza se han multiplicado, lo que está creando las condiciones para el ascenso de los movimientos populistas y radicales con sus narrativas manipuladoras.
En estos momentos nos encontramos con el caso del partido Perú Libre, que con un discurso marxista leninista, que ha demostrado su colosal fracaso en todas las experiencias históricas conocidas, y con unas propuestas que suponen destrucción de los avances alcanzados, sin atender la equidad, ha logrado un importante respaldo de los sectores tradicionalmente excluidos en la sociedad peruana, lo que plantea una profunda incertidumbre sobre la estabilidad de la democracia.
En el contexto de las debilidades institucionales el caso de Haití alcanza la mayor gravedad. Una larga historia de país fallido, con los más altos niveles de pobreza, exclusión, corrupción, violencia e inseguridad del hemisferio.
A un país que enfrenta todas las plagas, los desastres naturales de los constantes huracanes, se suma el destructivo terremoto del 2010, cuyas consecuencias no han sido superadas plenamente y, ahora afronta las graves consecuencias de la pandemia del covid-19.
Desde la perspectiva política, luego de la magna gesta emancipadora que representó una referencia para las colonias españolas, ha transcurrido una amarga historia, que inicia con las sanciones económicas que aplicó la metrópoli francesa por su independencia; luego, los episodios de ocupación de la nueva potencia americana. Más recientemente, la dinámica política contemporánea queda marcada por la impronta de sangre y terror de la dictadura de los Duvalier (1957-1986), que pareciera seguir determinando su presente de violencia, con el lamentable récord de 20 presidentes en los últimos 35 años.
En el contexto de una pobreza desoladora, el país ha estado sometido por una oligarquía corrupta y la proliferación de mafias que acumulan poder en convivencia con grupos irregulares armados, con mayor capacidad que las fuerzas policiales. Cabe destacar que, en los últimos años, el gobierno Jovenel Moïse no ha logrado controlar gran parte del territorio.
Por su parte, los políticos, que en términos generales representan los intereses de los grupos de poder, se han concentrado en sus agendas personales y clientelares sin mayor atención por la grave situación del país, lo que ha estimulado el creciente rechazo popular frente a los partidos tradicionales.
La comunidad internacional no ha sido indiferente ante la dramática situación de Haití, empero, sus esfuerzos han resultado poco efectivos.
Al respecto, y como medida extrema, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobó en el 2004, la conformación de una misión de paz, definida como Misión de Estabilización de Haití, que inicialmente desplegó un alto componente militar, pero también contribuyó en la reingeniería institucional del país. La misión se mantuvo en la isla por más de una década; empero, en estos momentos no se aprecian mayores resultados.
También conviene señalar que como reacción al devastador terremoto del 2010 las donaciones aportadas por la comunidad internacional, ante la desconfianza que caracterizaba al gobierno, se administraron fundamentalmente por intermedio de las ONG; pero los resultados han sido muy limitados, lo que ha dejado una estela de dudas sobre la eficiencia y pulcritud de tales instituciones.
Por otra parte, las expectativas de cambio y unidad nacional que generó en la comunidad internacional el presidente Jovenel Moïse, que llega al poder luego de un tercer intento, en un proceso que se desarrolla entre el 2015 y el 2016 con muy bajo apoyo popular y alto cuestionamiento de los grupos de oposición, prontamente se fueron disipando; en gran medida por su talante autoritario y personalista que, entre otros, se evidencia con el cierre del Congreso en el 2020 y, según los críticos, por la creciente corrupción que ha caracterizado su gestión de gobierno.
El magnicidio del presidente Moïse, ocurrido el pasado miércoles 7 de julio por un comando de mercenarios, aún se desconoce la autoría intelectual, acelera la crisis institucional del país y abre la puerta para el potencial incremento de la anarquía y posibles enfrentamientos, pues los grupos irregulares están armados y cuentan con el respaldo de mafias y negocios ilícitos.
Institucionalmente la constitución establece la ruta que se debería desarrollar ante el vacío de poder, pero las circunstancias se presentan más complejas. En principio debería asumir el primer ministro, pero en estos momentos el país cuenta con dos primeros ministros, uno en ejercicio y otro designado por decreto por el presidente fallecido, pero ninguno de los dos cumple las condiciones legales, pues para asumir el cargo debería ser confirmado por el Poder Legislativo, cerrado desde enero del 2020 y el presidente gobernando por decreto.
Ante la confusión sobre la situación del primer ministro, la normativa establece que debería asumir el presidente del Congreso, pero, como se indicó, no está funcionando. Luego, según el ordenamiento, sigue en línea el presidente del máximo órgano judicial, quien falleció recientemente como consecuencia del covid-19.
Ante el vacío de poder que se presenta se espera que los grupos políticos puedan alcanzar los acuerdos que permitan la conformación de un gobierno interino que convoque a unas elecciones extraordinarias, pero debemos tener presente que son múltiples los obstáculos, además de las serias diferencias entre los grupos políticos y la desconfianza de la población; el país enfrenta la incapacidad del órgano electoral para cumplir con ese objetivo, la inseguridad generalizada y la pandemia del covid-19.
Todo pareciera indicar que en estos momentos el futuro de Haití está en manos de la débil sociedad civil y la activa participación de la comunidad internacional, donde el gobierno de los Estados Unidos está llamado a jugar un papel protagónico, que trabajando coordinadamente deberían definir la hoja de ruta para una salida pacífica y democrática, que abra caminos ciertos y seguros para la recuperación del país.
Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.
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