Trátese de interrelación inflación-escasez, inflación-controles, inflación-distorsión de los precios relativos debe señalarse que se ha hecho evidente que lo atinente a control de precios ha presentado una administración del país que, a pesar de ubicarse en una posición de controlar los precios, realmente la evolución de estos ha dependido en casos y lugares de manejos discrecionales de los mismos -incluso por oferentes informales- y, correspondientemente, de manera acelerada la economía ha ido perdiendo parámetros de precios relativos con alguna racionalidad, en un escenario económico donde la escasez se ha convertido en un problema estructural que ha pasado a inspirar –paradójicamente- mayores medidas de control o regulación de las actividades económicas.
En los últimos lustros -más aún en el contexto de la administración bolivariana- los extremos han sido aumentar el estatismo y el control o no controlar o regular nada en la economía (más allá de regulaciones muy básicas). Los extremismos de la administración bolivariana derivan de sus posiciones políticas y económicas –y de su proyecto político general-. En la otra perspectiva están los neoliberales extremistas. Como se sabe en situaciones extremas -como son por ejemplo las economías de guerra- que no es el caso de Venezuela, pueden tomarse medidas de control. Debería poderse considerar algún tipo de mecanismo de supervisión que permitiese alterar las deformaciones que se producen en la escasez, inflación y dinámica de los precios relativos, dados los desenfrenos de los propios consumidores que pueden ser tan determinantes en efectos, como el contrabando y la corrupción ya institucionalizados. En cualesquiera de los casos, no pareciera el contexto venezolano un escenario adecuado a tales excepciones que pudieran temporal y programádamente ejecutarse.
En esa línea se enmarca el propuesto sistema biométrico para el control de precios y escasez y que contradice las reactivaciones y aumentos de producción que la administración del presidente Nicolás Maduro ofreció llevaría a cabo desde 2013. En este sentido el Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, señaló recientemente que el 30 de noviembre del año en curso, todas las redes de alimentación públicas y privadas del país debían tener instalado el sistema biométrico de abastecimiento basado en capta huellas que impedirían las compras repetidas que pueden ser destinadas al contrabando o a la economía informal, donde una u otra tienen repercusión directa en inflación o escasez.
Uno de los puntos fuertes del contrabando es el de la frontera tachirense con Colombia. Para atender tal situación, la administración bolivariana implementó, a partir de la segunda quincena de agosto, las restricciones nocturnas en la circulación de vehículos y personas por los pasos fronterizos implicados entre Colombia y Venezuela, buscando aminorar la fuga de productos y alimentos a aquel país. Los factores empresariales involucrados en el caso del Estado Táchira que ha sido uno de los estados más afectados por escasez, controles y manifestaciones políticas –y más aún en 2014- no han visto como muy positivas distintas acciones de la administración bolivariana. En tal sentido, en los momentos actuales de la propuesta del Sistema Biométrico y de ya estar en funcionamiento las restricciones en los pasos fronterizos, el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Táchira, Aceta, Pietro Cenicola señaló: “Una de las debilidades en nuestro sistema económico es que hay una desvinculación absoluta entre la empresa y el gobierno. No hay mecanismo por el cual, de alguna manera, podamos tener un franco diálogo continuo y sincero. Estamos casi que a las órdenes de lo que diga el gobierno. No ha habido ninguna comunicación entre nosotros. Por muy apreciable que pueda ser la ayuda que le podamos dar a otros pueblos necesitados, aquí también hay bastante necesidad”. Con la ayuda a otros pueblos se refiere a que parte de lo recuperado en las acciones contra el contrabando se destinaron a ayudas a los afectados en el conflicto de Gaza entre Israelitas y palestinos (www.el-nacional.com 24 de agosto 2014).
Varias observaciones pueden hacerse sobre la aplicabilidad de un sistema como este para la economía venezolana, en el contexto en que se encuadra la administración bolivariana después de 15 años. En primer lugar los problemas de escasez, inflación y distorsión de los precios relativos están íntimamente relacionados con las políticas de control ficticio o real que apoyadas en una dinámica cambiaria, fiscal y política particular se han estructurado en una política económica y social no exitosa. En segundo lugar, puede ser un sistema más operativo en economías más pequeñas o menos estratificadas por regiones estados o grupos sociales. En tercer lugar, se requiere un desarrollo institucional de registro, supervisión, ejecución y sanción que no es acorde con el proceso de deterioro institucional y de desinstitucionalización por el cual ha transitado la nación venezolana en por lo menos los últimos veinticinco años. La experiencia de la administración bolivariana – en lo visto en más de quince años de gobierno- en manejo de alimentos y bienes en empresas como Mercal, PDVAL y otras, no es precisamente las más exitosa En cuarto lugar, requiere un sistema de vigilancia estricto que no es seguro pueda conseguirse en la sociedad venezolana de los últimos lustros, donde funcionarios, organizaciones de seguridad y vigilancia se han visto inmiscuidas en agudos procesos de corrupción. En quinto lugar, el deterioro de la civilidad y los valores ciudadanos señalado más arriba, no pareciera haberse detenido durante la administración bolivariana si no que por el contrario ha aumentado, dentro del propio contexto de deterioro económico y social de los últimos 15 años, lo cual brinda un elemento de entorno difícil para la aplicabilidad de un sistema de este tipo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario