Tumores de la democracia

Leer esta nota en: www.talcualdigital.com

Felix Arellano

La corrupción y la impunidad han hecho metástasis en el proceso bolivariano, sería conveniente evaluar la posibilidad de conformar, como ocurrió con éxito en Guatemala, una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) con el apoyo de las Naciones Unidas

Pareciera que la corrupción representa uno de los tumores más peligrosos del sistema democrático y, por paradójico que resulte, para enfrentarla efectivamente se requiere fortalecer las instituciones democráticas. Mayor transparencia, mayor libertad de expresión, mayor participación y control social, efectiva separación y regulación de los poderes públicos; son algunos de los elementos democráticos que permiten atacar este flagelo. Por el contrario, en los gobiernos autoritarios la corrupción y la impunidad hacen metástasis, pues constituye uno de los instrumentos que consolidan la camarilla en el poder.

En los últimos años ha crecido la democracia y, con la excepción de Cuba, es el sistema predominante en la región; empero, enfrenta serios retos, entre ellos  la corrupción. Buena parte del desasosiego o rechazo social contra la democracia, tiene que ver con el incremento de la corrupción y la impunidad.  Los pueblos rechazan que la política, por vía de la corrupción de los recursos públicos, se constituya en la maquinaria para generar nuevos ricos, cuando las mayorías enfrentan una creciente miseria.

El auge de la anti política tiene mucho que ver con la corrupción que se ha enquistado en nuestras democracias, debilitando sus mecanismos de control. Los movimientos radicales como el Partido de los Trabajadores en Brasil o el proceso bolivariano en Venezuela, incorporaron en sus discursos populistas, la lucha contra la corrupción como una de las banderas fundamentales para lograr el poder. Ahora bien, una vez triunfantes, la corrupción se ha constituido en una de los mecanismos para comprar consciencias, chantajear y perpetuarse en el poder. Son evidentes las señales de enriquecimiento ilícito, de malversación de recursos públicos, de trafico de influencias o de narcotráfico; empero, las instituciones encargadas del control están persiguiendo a los críticos, a la oposición.

La espantosa corrupción del proceso bolivariano, que ha lapidado los recursos públicos, depositando en cuentas personales fortunas faraónicas denunciadas por los medios internacionales, no importan a la Contraloría, su tarea es supervisar los cesta ticket de los miembros de la oposición. En tan lamentable panorama nacional, desde la región llegan aires reconfortantes, cuando organismos autónomos abren investigaciones a los intocables, como Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina o la nuera de la Sra. Bachelet en Chile.

Resulta significativo observar que instituciones autónomas logran detener a Presidentes como a Otto Pérez Molina en Guatemala o poderosos exministros o empresarios como es el caso en Brasil, como ejemplo el presidente de Oldebrecht, el tesorero del Partido de Trabajadores o el asesor de campañas electorales.

La situación que enfrenta Brasil es muy delicada, pues combina una creciente crisis económica, con la grave crisis política por la investigación de las máximas autoridades del partido de gobierno, incluyendo la Presidenta Rousseff; empero, también representa una gran oportunidad para consolidar un sistema democrático más eficiente y transparente. Por lo pronto, el mundo admira el respeto a las instituciones judiciales. No pareciera que la Presidenta esté comprando jueces o cerrando investigaciones. Esperamos que luego de esta tormenta pudiera resultar una democracia brasileña más sólida.

El respeto que evidencia la Sra. Rousseff a sus instituciones internas, debería también practicarlo en el ámbito internacional y apoyar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el caso venezolano, que desde hace varios años enfrenta el progresivo deterioro de las instituciones democráticas. Ahora, con la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ (Nro. 9), se puede apreciar que se pretende anular al poder Legislativo,que resulta incómodo para un gobierno autoritario. Nos encontramos en una situación parecida al llamado “fujimorazo”, cuando el Presidente Fujimori en Perú, en 1992, cierra del Congreso e interviene el poder judicial.

La corrupción y la impunidad han hecho metástasis en el proceso bolivariano, sería conveniente evaluar la posibilidad de conformar, como ocurrió con éxito en Guatemala, una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) con el apoyo de las Naciones Unidas, para poder identificar tanto los delitos como los delincuentes y aplicar las sanciones que correspondan.